Manifiesto del Ejido Ch'ol Tila, Chiapas

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Creado: Martes, 01 Diciembre 2015 06:43

Escrito por ORGANOS DE REPRESENTACION EJIDAL

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EJIDO TILA CHIAPAS A 17 DE DICIEMBRE DE 2015

A LA OPINION PUBLICA

A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS ADHERENES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI).

A LOS LUCHADORES SOCIALE NO GUBERNAMENTALES.

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, LES INFORMAMOS QUE AYER 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 SE CUMPLIO 7 AÑOS QUE EL ESTADO MEXICANO NOS CONCEDIO A NUESTRO FAVOR LA SENTENCIA DE AMPARO NUM. 259/1982 Y NOS DECLARAMOS PARA RECONOCER NUESTRAS PROPIAS AUTORIDADES EN LA AUTONOMIA Y LA LIBRE DETERMINACION DE NUESTRO EJIDO TILA, FRACCION II DEL ART. 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR LA LARGA ESPERA DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, SE RESOLVIO MEDIANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS APLICAR SUS PROPIOS SISTEMAS NORMATIVOS EN LA REGULACION Y SOLUCION DE SUS CONFLICTOS INTERNOS. COMO PUEBLO INDIGENA CHOL FUNDADA ANTES DE LA COLONIZACION SE RETOMO EL ART. 39 DE LA PROPIA CONSTITUCION POLITICA QUE A LA LETRA DICE: QUE EL PUEBLO TIENE EN TODO EL TIEMPO EL INALIENABLE DERECHOS DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO. SOMOS UN PUEBLO PLURICULTURAL DEL TERRITORIO NACIONAL Y NOS GARANTIZA EL PROMULGATORIO DEL CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, DECRETADO Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION POR CARLOS SALINAS DE GORTARI EN EL AÑO DE 1990. DE IGUAL FORMA EN LA DECLARACION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ACERCA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y TERRITORIO EN EL ART. 26 EN SUS NUMERANDOS 1,2 Y 3; QUE LOS TERRRITORIOS Y RECURSOS. DICHO RECONOCIMIENTO RESPETARA DEBIDAMENTE LAS COSTUMBRES, LAS TRADICIONES Y LOS SISTEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS QUE SE TRATE; ASI COMO, EL ART. 21 DE LA CONVENCION AMERICANA.

HACIA 1943 LAS AUTORIDADES MUNICIPALES HAN APROVECHADO LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES EJIDALES SOBRE LOS DOCUMENTOS PRESIDENCIALES Y ASI HAN VENIDO VIOLANDO NUESTROS DERECHOS Y TUVIERON QUE PASAR 72 AÑOS PARA QUE EL EJIDO TILA PUDIERA DECLARAR SU AUTONOMIA, SIN EMBARGO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIO QUE SE NOS HA COMETIDO, PARA EL ESTADO NO ES UN DELITO; MIENTRAS TANTO A NOSOTROS, SI SE NOS ACUSA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO CON EL EXPEDIENTE NUM. 177/2015, SE NOS ACUSA DE LESIONES CUANDO EN 1980 ENTRARON CON ARMAS DE FUEGO LOS CACIQUES EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO Y A LOS TRES DIAS POR EL LUGAR ERA LA CONASUPO FUE AGREDIDO CON ARMAS DE FUEGO EN EL HOMBRO EL C. DOMINGO PEREZ MARTINEZ, A CASO NO ES DELITO MIENTRAS QUE EL AGRESOR DISFRUTO DE PLENA LIBERTAD DENTRO DE NUESTRA PROPIEDAD EJIDAL. TAMBIEN SE NOS ACUSA DE MOTIN CUANDO LAS AUTORIDADES MUNICIPALES BAJAN UN PRESUPUESTO MILLONARIO Y DEJAN OBRAS INCONCLUSAS ROBANDOSE MILLONADAS DE PESOS Y NO LES HACEN NADA, A CASO ESO NO ES UN DELITO AUN CUANDO EL PALACIO MUNICIPAL FUE CONSTRUIDO SIN PERMISO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS VIOLANDO LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA Y EL ART. 74 DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA: EN LOS TERRENOS EJIDALES ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE E INEMBARGABLE; EN EL CUAL, SE HA PRESTADO PARA ESCRITURAR SOLARES DENTRO DEL EJIDO DE 1943 A 1968 HACIENDO UN TOTAL DE 265 ESCRITURAS PRIVADAS MAS LO QUE HA VENIDO ESCRITURANDO HOY EN DIA Y PARA EL ESTADO ESTO NO SON DAÑOS CAUSADOS AL EJIDO TILA. ASIMISMO SE NOS ACUSA DE ATENTADO CONTRA LA PAZ PUBLICA CUANDO EN 2005 FUIMOS BOMBARDEADO CON GASES LACRIMOGENO CON LA PARTICIPACION DE 2 HELICOPTEROS Y 20 CONBOYS DE POLICIAS SECTORIALES DESPLAZANDO A MUCHA FAMILIAS A OTROS PUEBLOS, CAUSANDO LA MUERTE DE RECIEN NACIDOS Y MAS DE 50 DETENIDOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES INOCENTES Y DE MUCHOS LESIONADOS CON GARROTES; ASI COMO, EL SECUESTRO DE UNA PERSONA MAYOR DE EDAD, EL PANICO Y LA SOSOBRA A CASO NO ES ALTERAR LA PAZ SOCIAL DE LOS INDIGENAS CHOLES, TODOS ESTOS DELITOS QUE SE NOS HA COMETIDO PARA EL GOBIERNO NO LO HA RECONOCIDO COMO UN DAÑO A NUESTRAS GARANTIAS INDIVIDUALES Y LAS VIOLACIONES A LOS ART. 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA. LA ENTRADA DE POLICIAS ESTATALES Y MILITARES A CASO NO ES ANTICONSTITUCIONAL DENTRO DE UN EJIDO COMO ES EL CASO DE TILA. EN LAS ELECCIONES PASADAS DEL 19 DE JULIO DE 2015 LA ENTRADA DE VARIOS CAMIONES DE PARAMILITARES ENCAPUCHADOS CONTRATADOS EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS C. MANUEL VELASCO COELLO, LAS DETONCIONES DE BALA DE ALTO CALIBRE DENTRO DEL EJIDO HECHA POR LOS PARAMILITARES AL SERVICIO DEL ESTADO FALTANDO EL RESPETO A UN PUEBLO INDIGENA CHOL QUE HA BUSCADO JUSTICIA DESDE HACE 72 AÑOS Y SE LE HA NEGADO PORQUE LAS LEYES NO ESTA HECHA PARA LOS POBRES A CASO ESO NO ES ALTERAR LA PAZ SOCIAL.

LA INCONFORMIDAD ES POR LA EXPROPIACION DE TIERRA Y NO COMO LO DICE EL DIARIO MERIDIANO 90 NOTICIAS SIN FRONTERAS DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS EN UNA DE SUS FRASES DE LA HOJA 13 QUE ACUDIERON POLICIAS ESTATALES PARA CONTRARESTAR LA VIOLENCIA Y QUE LOS EJIDATARIOS ATACARON DOMICILIOS DE LOS HABITANTES QUE ES COMPLETAMENTE FALSO COMO SIEMRE ACOSTUMBRAN A MENTIR YA QUE LOS PROPIOS HABITANTES SON TESTIGOS QUE NUNCA OCURRIO. DE LA MISMA PAGINA 13 TAMBIEN ACLARAMOS QUE EL C. FRANCISCO ALVAREZ NO FUE DETENIDO DURANTE LA MANIFESTACION, SINO QUE LO DETUVIERON LOS POLICIAS MUNICIPALES CUANDO ACUDIA A SU CASA EN EL ARCO RUMBO AL CERRO DE LA SANTA CRUZ Y A EL LO GOLPEARON, LO AMENAZARON DE MUERTE Y LE PUSIERON UNA PISTOLA EN SUS PIERNAS Y LE TOMARON VARIAS FOTOGRAFIAS PARA PREFABRICARLE DELITOS QUE ES LO QUE ACOSTUMBRAN HACER LOS POLICIAS AL SERVICIO DELE STADO Y TEME POR SU FAMILIA POR LO QUE LO AMENAZARON QUE PODIAN ATENTAR CONTRA SU FAMILIA PORQUE SABEN DONDE VIVA Y COMO NO TIENE DELITO LO LIBERARON, LE DIERON $20.00  (VEINTE PESOS 001/100 M.N.) PARA SU PASAJE DE REGRESO.

ADEMAS EN LA PAG. 14 DEL MISMO DIARIO DICE QUE: LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CHOL-TSELTAL INTERVINO EN UN DIALOGO, QUEREMOS DECIRLES QUE NO INTERVINO EN NINGUN DIALOGO PARA ESTABLECER LA PAZ SOCIAL PORQUE NO HUBO VIOLENCIA NI MUCHO MENOS ENFRENTAMIENTOS Y PEDIR A QUE SE NOS RESTITUYAN NUESTRAS TIERRAS NO ES UN ENFRENTAMIENTO, CABE SEÑALAR QUE EN EL ART. 27 CONSTITUCIONAL EN SU FRACCION VIII SE DECLARAN NULAS: TODAS LAS ENAJENACIONES DE TIERRAS HECHAS POR LOS JEFES POLITICOS, GOBERNADORES Y AUTORIDADES LOCALES EN ESTE CASO EL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL.

EN NINGUN MOMENTO HUBO AMENAZAS DE QUEMA DE CASAS Y ESTE ES LA INCONFORMODIDAD PORQUE UNA AUTORIDAD NO DEBE MENTIR Y POR ESO SON MAL VISTOS ANTE LA SOCIEDAD, LO QUE SE MENCIONA EN LAS INMEDIACIONES DEL PANTEON LA MISMA SOCIEDAD ES TESTIGO QUE NO EXISTIO NINGUN GRUPO DE EJIDATARIOS CON BOMBAS MOLOTOV Y MUCHO MENOS HUBO AMENAZAS DE NINGUN GRUPO Y ES LAMENTABLE TENER UNA AUTORIDAD QUE CON MENTIRAS Y ENGAÑOS QUIERE CONFUNDIR A LA POBLACION QUE NISIQUIERA TIENE LEGALIDAD SU POSESION.

POR ULTIMO SE NOS CONCEDIO LA RESOLUCION PRESIDENCIAL DE 1934 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL MARTES 16 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, NO QUEDO SEPARADO LA ZONA URBANA Y MUCHO MENOS PARA EL FUNDO LEGAL; POR ESO, SE NOS CONCEDIO LA SENTENCIA DE AMPARO NUM. 259/1982 EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y QUE QUEDE CLARO EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CONSTRUIDA ILEGALMENTE EN EL EJIDO TILA NO LE CORRESPONDE NI UN SOLO CENTIMETRO DE TERRENO.

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA SOCIEDAD ES UNA VERGÜENZA DAR A CONOCER DE CÓMO NOS QUISIERON GOBERNAR ILEGALMENTE EN NUESTRA TIERRA Y TERRITORIO Y AUN NOS HACEN LA DEMANDA NUM. 177/2015 PARA DICTAR ORDENES DE APREHENSION EN NUESTRA PROPIA TIERRA, LA HERENCIA QUE NOS DEJO NUESTROS PADRES Y ABUELOS PARA ALIMENTARNOS, PARA COBIJARNOS PERO NO PARA QUE NOS HAGAN UNA DEMANDA DE AQUELLOS QUE NOS HAN CAUSADO MUCHO DAÑO Y QUE NINGUNO DE ELLOS SEAN CASTIGADOS HASTA EL MOMENTO PORQUE  EL MISMO GOBIERNO LOS PROTEGE. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTA PASANDO ESTO, EN 1981 FUERON PROCESADOS 27 EJIDATARIOS SINQ UE HAYAN COMETIDO DELITOS LO MISMO DE SIEMPRE PREFABRICADOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES SE HAN APROVECHADO DE NUESTRA HUMILDAD, DE NUESTRA SENCILLEZ HASTA QUE NOS CANSARON.

ATENTAMENTE

ORGANOS DE REPRESENTACION EJIDAL

(SELLAN PRESIDENTE DEL COMISARIADO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA)

Atentamente

Tierra y Libertad

Ejido Ch'ol Tila, Chiapas. Adherentes a La Sexta Declaracion
laotraejidotila.blogspot.mx

Número 40, Noviembre-Diciembre de 2015

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Creado: Martes, 01 Diciembre 2015 06:36

Escrito por Redacción En el Volcan

Visto: 1495

Manifiesto de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

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Creado: Martes, 01 Diciembre 2015 06:43

Escrito por Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Visto: 7880

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

ante el riesgo de daño al medio ambiente y a la salud

propiciado por la política pública desarrollada por el Estado mexicano

para la transición a la Televisión Digital Terrestre en el país

12 de diciembre de 2015

Con el pretexto de realizar exitosamente la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), las autoridades mexicanas han incumplido con sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos, especialmente en relación con los derechos constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y a la participación social en los asuntos públicos.

El Estado mexicano ha promovido el desuso y desecho de las televisiones analógicas sin desarrollar políticas ambientales y de salud adecuadas y suficientes en términos técnicos y jurídicos para su tratamiento integral en tanto residuos peligrosos, con efectos potencialmente graves para el ambiente y la salud pública. La política pública consistente en dotar de televisiones digitales a la población, además de ser excesivamente onerosa para las finanzas públicas y constituir potencialmente un delito electoral, quebranta el principio de minimización de residuos y coloca a la población ante el inminente problema de gestionar el tratamiento de hasta 34,384,915 aparatos de televisión analógicos en un contexto de desamparo e incapacidad institucionales. Bajo las condiciones actuales, podrían ser liberadas al ambiente hasta 67,319 toneladas de óxido de plomo y de retardantes de flama bromados contenidos en las televisiones analógicas.

La exposición al plomo es la responsable por el 0.6% de las enfermedades en el mundo. El plomo afecta múltiples sistemas del cuerpo incluyendo los sistemas neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Aun con bajos niveles de exposición relativa se pueden causar serios daños neurológicos, en algunas ocasiones irreversibles. Se trata de un metal pesado tóxico que forma complejos con diferentes enzimas que afectan virtualmente todo el proceso de la síntesis de la hemoglobina, además de influir en el metabolismo de las porfirinas. Altos niveles de plomo en el ser humano han sido relacionados a encefalopatías, ataques o retrasos mentales. El plomo está asociado con la disminución de la audición en los adultos mayores, además de que interfiere en el cerebro con la transmisión y el procesamiento de los sonidos. Los expertos coincidieron en que, incluso niveles en sangre considerados aceptables para los niños de Estados Unidos (menos de 10 mcg/dL) podrían ser no seguros y, por ello, han propuesto que el nuevo límite de plomo en sangre para los niños sea de 2 mcg/dL.

Los retardantes de flama bromados (RFBs) son aditivos sintéticos usados principalmente como agentes ignífugos en aparatos eléctricos y electrodomésticos (como por ejemplo en las carcasas plásticas de los televisores). Las propiedades de algunos RFBs son típicas de los contaminantes orgánicos persistentes (son ubicuos, debido a que son lipofílicos y persistentes, se bioacumulan en los seres vivos y se biomagnifican). Particularmente algunos éteres bifenilos polibromados (PBDE’s-) y el hexabromo ciclododecano (HBCD) causan efectos nocivos a la salud.

Una vez más, a propósito de sus reformas estructurales, el Estado mexicano, respaldando el interés particular privado de las empresas involucradas en la llamada reforma de telecomunicaciones y beneficiadas con el paso de la señal analógica a la señal digital terrestre, ha colocado en una situación de grave riesgo ambiental y de salud al grueso de la población: habitantes de las 32 entidades federativas, las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y los dos mil 468 municipios del país. La reforma de telecomunicaciones impuso a las autoridades locales una serie de atribuciones y obligaciones sustanciales dentro del proceso que no fueron acompañadas de las condiciones prácticas, financieras e institucionales mínimas para su ejercicio y cumplimiento. Las instancias competentes en las entidades federativas y municipios no están capacitadas ni dotadas de la infraestructura y los recursos económicos adecuados y suficientes para atender debidamente el problema de la disposición, tratamiento o confinamiento de los residuos que generarán los millones de aparatos televisores desechados.

Por si lo anterior fuera poco, el gobierno federal ha organizado el manejo de las televisiones analógicas de manera tardía y con un presupuesto insuficiente e inadecuado, siendo que miles de aparatos televisores han sido ya desmantelados informalmente. Según las licitaciones emitidas por la SCT para el manejo de los televisores analógicos, el acopio oficial de aparatos concluye de manera abrupta el 31 de diciembre del 2015, sin embargo, los residuos seguirán acumulándose y gestionándose inadecuadamente por meses, por lo que la actual vulneración impune de derechos se prolongará igualmente.

La transición a la TDT ha sido, además, impulsada por la administración pública federal sin poner a disposición de la población los medios necesarios para acceder a información básica relacionada con los riesgos ambientales y de salud del tratamiento de los televisores obsoletos, los cuales serán desechados como si fuesen basura ordinaria y se les mezclará con los residuos sólidos municipales. El plomo y los retardantes de flama bromados son sustancias que se volatilizan y dispersan en el ambiente, con altas posibilidades de contaminar cuerpos de agua, suelo y aire, así como de envenenar flora y fauna. No obstante, las autoridades responsables del proceso no le han informado al pueblo de México de manera adecuada, completa y efectiva de dichos riesgos, lo cual evidencia también que todos los niveles de gobierno son incapaces de planificar procesos de esta envergadura, y mucho menos de vigilar y garantizar los derechos fundamentales de quienes serán afectados.

La población directamente afectada o en riesgo de afectación, así como todas aquellas personas que quisieran prevenir una situación de peligro, se encuentran en estado de indefensión, pues carecen de la información mínima necesaria para afrontar el problema, sin mencionar que tampoco tienen información sobre los mecanismos jurídico-institucionales que les permitirían acceder a la justicia, hacer valer sus derechos y obligar a las autoridades a corregir sus acciones y reparar los daños causados por su actuar negligente.  

Asimismo, el proceso completo de transición tecnológica ha sido gestionado por las autoridades unilateralmente y de espaldas a la población, siendo que se trata de un asunto de interés público que impacta o impactaría negativa y contundentemente en los entornos vitales y la integridad física de las personas expuestas o en riesgo de exposición a las sustancias contenidas en los aparatos una vez considerados y tratados como basura.

En la disputa entre los grandes consorcios televisivos del país y el Estado mexicano por retardar o no el “apagón analógico” no aparecen como parte del debate las cuestiones ambientales, de salud, información y participación social. Los impactos ambientales y de salud de la transición a la TDT en perjuicio de la población no han sido valorados por la opinión pública ni en los espacios institucionales de deliberación como un problema social gravísimo de atención urgente, lo cual contribuye a su invisibilidad y a la consolidación de una estructura de impunidad en agravio de los millones de mexicanas y mexicanos que ya somos afectados ambientales. Sin embargo, autoridades y empresas son ética y jurídicamente responsables por el daño o riesgo de daño ambiental y de salud que su actuar provoque.

Por todo lo anterior:

1. Exigimos al Estado mexicano cumplir con la normatividad ambiental que sistemáticamente ha omitido durante el proceso de transición a la TDT, así como con sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos con el propósito de que la población afectada o en riesgo de afectación sea informada del problema, participe en la conducción de la política pública respectiva y goce efectivamente de sus derechos a un medio ambiente sano y a la protección de la salud.
2. Exigimos que el Estado mexicano, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, elabore un plan integral de manejo de los televisores analógicos que serán desechados por la población, el cual debe incluir, entre otros aspectos, la remediación de los impactos ya ocasionados por la ausencia de dicho plan.
3. Asimismo, reclamamos del Estado mexicano el ejercicio de sus atribuciones legales para obligar a que las empresas involucradas en el proceso respeten los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
4. Apoyamos la petición que diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos y ciudadanos han hecho ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) denunciando las violaciones a los tratados internacionales y a la legislación ambiental mexicana en relación con la gestión de los televisores analógicos desechados por la transición a la televisión digital terrestre.
5. Finalmente, exhortamos a la población a que levante quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al localizar cementerios de televisiones analógicas en la vía pública, baldíos, basureros, terrenos, o en cualquier lugar en el que puedan causar daños al ambiente y a la salud al quedar expuestos sus materiales tóxicos, llamando sin costo al teléfono 01 800 715 2000. De igual manera se puede presentar una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llamando al 01 800 770 33 72.

Atentamente,

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales