34, Noviembre-Diciembre de 2014

Editorial: México: crímenes de Estado y de lesa humanidad

Consúltalo en la revista

 

El Consejo Editorial de EN EL VOLCAN INSURGENTE, expresión de la Corriente Crítica de las y los trabajadores de la Cultura, ha decidido ceder su espacio del último número de 2014  para publicar íntegra y con ilustraciones alusivas a cada uno de sus temas, la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo México.

El fundamento para ello es el extraordinario valor del documento, al constituir una síntesis fiel e integral de la tragedia que vivimos actualmente las y los mexicanos, después de décadas de imposición férrea de la transnacionalización neoliberal, que es descrita en las siguientes páginas, por cierto, con toda su crudeza y alcances múltiples.

También, la audiencia final en la que fue presentada la Sentencia, coincidió con la sombra de la masacre de Ayotzinapa, que como bien se señala en el texto que presentamos a los lectores, condensó en unas horas de barbarie ese reino de la impunidad que es el México de hoy.

Asimismo, muchos de los temas que toca la sentencia, ejes de un intenso trabajo de más de tres años, durante los cuales se llevaron a cabo diez audiencias temáticas y  cuarenta audiencias transtemáticas, y en las que participaron centenares de organizaciones de diverso tipo,  forman parte de las inquietudes, preocupaciones, debates y reflexiones de los trabajos que hemos venido publicando durante estos años en nuestra Revista: devastación ambiental, guerra sucia, despojo territorial, violencia de género, impunidad, derechos humanos, juvenicidio, etcétera. Este proceso del Tribunal de los Pueblos, inédito en el país, e histórico por sus múltiples significados para el momento actual que vive México, bajo el enunciado general de Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos, sistematizó, documentó y juzgó el espectro exhaustivo y dramático de las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos, a lo largo del periodo específicamente considerado en los procedimientos del TPP: de 1982 a 2014.

Cabe señalar la importancia del documento en su valor jurídico en cuanto derecho de los pueblos se refiere, una vez que estamos atestiguando la virtual ruptura del estado de derecho en los ámbitos nacionales e internacionales, con la imposición de una variedad de terrorismo de Estado que instituye una guerra interna contra la ciudadanía, en particular contra los jóvenes, y una política de exterminio de la población que resulta desechable por el mercado, utilizando el pretexto de una supuesta “guerra contra el narcotráfico” como medio de control social, criminalización de las oposiciones, militarización y paramilitarización de amplias regiones del país, todo lo cual ha redundado en la elevada cifra de muertos, desaparecidos, desplazados y detenidos, que sobrepasa con mucho a conflictos bélicos de baja y mediana intensidad.

El TPP es un tribunal ético de carácter no gubernamental que examina la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, siguiendo las rutas trazadas por el memorable Tribunal Russell que juzgó los crímenes contra  la humanidad que Estados Unidos perpetró en Vietnam y tomando en cuenta la  experiencia del Tribunal de Bruselas, que  juzgó las acciones criminales de ese mismo gobierno en Irak. 

Se recurre a esta instancia en casos, que como el de México, se encuentran sometidos a esta ruptura del estado de derecho a partir de una flagrante desviación y abuso de poder. Dicho tribunal está integrado por cerca de 130 miembros de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso.

Las juezas y los jueces que integraron el jurado en México fueron el magistrado Philippe Texier, de Francia, que actuó como presidente; el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien también formó parte del grupo de garantes; el economista y profesor alemán de la Universidad Libre de Berlín, Elmar Alvater; la política, periodista y escritora italiana Luciana Castellina; la profesora de la Universidad de Buenos Aires y sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura militar argentina, Graciela Daleo; la jurista y escritora costarricense, Alda Facio; el director del Centro de Estudios sobre el Genocidio en Argentina, Daniel Feierstein; el doctor en derecho y docente titular de la Universidad del País Vasco, Juan Hernández Zubizarreta; el médico y doctor en Psicología Social, consultor de la Corte Penal Internacional, Carlos Martín Beristaín, del Estado Español; el catedrático de la Universidad Rovira y Virgili, de Tarragona, Cataluña, Antonio Pigrau Solé;  la profesora emérita de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica, Silvia Rodríguez; y el Procurador Adjunto de Roma, Italia, Nello Rossi.

Al publicar esta Sentencia, el Consejo Editorial facilita a los lectores de la revista un relevante material de estudio y análisis, producto de un enorme esfuerzo colectivo. Esperamos que este esfuerzo del Tribunal de los Pueblos redunde en favor de un cambio radical y de profundidad estratégica para nuestra dolida patria-matria.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar