21, Mayo de 2013

Frente al archivo muerto y la depredación: Repatrimonialicemos el capital letrado

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Primera entrada

A lo largo de este artículo discutiremos la construcción ideológica del «archivo muerto», generada por la burocracia de la administración pública estatal y a veces por la propia miopía de las academias. Sus efectos negativos sobre el acervo histórico del capital letrado suponen riesgos de deterioro o eliminación, secrecía o discrecionalidad autoritaria para su consulta o devaloración.


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Se propone que una política patrimonialista del capital letrado debe criticar la noción de «archivo muerto» que atraviesa la normativa que rige a la burocracia estatal encargada de su transferencia, custodia y acceso restringido.


Un giro axiológico y una nueva senda en la investigación

El patrimonio cultural se proyecta sobre un conjunto variado de bienes culturales, pero todavía debe lidiar con algunas de sus expresiones que son motivo de reconocimiento parcial y tardío como lo acervos estatales. La forma más degradada es la de carácter administrativo. Ilustraremos tal problemática a partir de un hecho que marcó un hito en su revaloración. Los expedientes administrativos coloniales carecían de interés para la historiografía tradicional, aproximándose al sentido burocrático de «archivo muerto». El año de 1967 fui gratamente sorprendido por la lectura de un libro de John Murra, el prestigiado etnohistoriador norteamericano. Sus estudios sobre la verticalidad de los pisos ecológicos andinos y la sociedad Inca representaban un viraje novedoso y propositivo de cómo leer la economía y la sociedad prehispánica. Lo que llamó mi atención y la de los especialistas, es que Murra hubiese rescatado del olvido un voluminoso informe administrativo colonial del año de 1562 elaborado por el visitador español Iñigo Ortiz de Zúñigay lo hubiese publicado como libro, precedido por un estudio crítico de su autoría. Murrasustentó la primera y más convincente reivindicación de sobre la utilidad de las fuentes administrativas. Gracias a este informe pudo dar cuenta de los asentamientos y heterogeneidad étnica de sus pobladores en una región andina del Perú, ponderar sus pesos demográficos, su economía, sus excedentes, flujos, ritmos y volúmenes tributarios.[1]Hasta ese momento, las investigaciones giraban en torno a un círculo hermenéutico cerrado sobre las crónicas y algunos documentos.

Una nueva axiología sobre este género devaluado del capital letrado conmocionó a los medios académicos latinoamericanos. La trascendencia  de la tesis de Murra acerca de los informes administrativos coloniales llamó la atención del ala más renovadora de los historiadores y otros científicos sociales acerca de otros potenciales valores y usos de tales fuentes. Y claro, obligaba a los estudiosos a tomar posición frente a los archivos contemporáneos. Tenían y tienen que recusar esa denominación devalorativa del «archivo muerto»construida a partir de la miopía o falta de interés de los historiadores tradicionales.


Desaparición o invisibilidad de un Fondo documental en el INAH

El segundo evento que me generó consternación y repudio y tiene que ver con que el fondo documental y biblio-hemerográfico  «Luis Eduardo Enríquez Cabrera», donado por sus descendientes a la Biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1981, fuese una década más tarde remitido a Bodega como “archivo muerto”. Poco importó que sus materiales hubiesen sido referidos en un libro publicado por FLACSO.[2] Tampoco importó que en su documentación epistolar hubiese un número de valiosas  cartas cruzadas entre intelectuales y políticos mexicanos y latinoamericanos,  además de una excepcional información acerca del exilio andino en México durante los años 1928 a 1956. Este fondo constituía el mayor acervo documental existente sobre el más importante proyecto populista latinoamericano. El criterio del nuevo director de la Biblioteca de la ENAH era que un texto, libro o revista que no tenía un mínimo de cinco consultas anuales debería ser objeto de descarte por lo que justificó el barrido de todo el acervo.


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Me movilicé y gracias a la sensibilidad del historiador Alejandro Pinet, a la sazón director de la ENAH, supo atender mi justo reclamo, pudo ser rescatado parcialmente, las colecciones de revistas y periódicos: Inkánida, Indoamérica, Kollasuyo, América, La Sierra, Pututo, Boletín Titikaca, Amauta, APRA, así como todos los libros sobre indigenismo andino se perdieron irremediablemente.

La desatención de ese acervo mereció un proyecto de digitalización de la UNAM a cargo del Dr. Javier Torres Parés cuya base de datos fue eliminada durante el relevo de autoridades y de personal de la Biblioteca. De su consulta, salió un libro mío sobre las redes del exilio aprista durante el régimen de Lázaro Cárdenas, y la tesis de Sergio Méndez Moissen dedicada al  aprismo en Chile y Bolivia. En 2009, Leandro Sessa, historiador argentino de la Universidad de la Plata interesado en dicho acervo detectó que los materiales que habían justificado su viaje a México habían desaparecido. Informado de tal situación, colegí que la lógica del archivo muerto nos pesa como plomo; sus inercias eran más agresivas de lo que uno pudiera imaginar. Presenté ante la dirección de ENAH al cargo del Dr. Alejandro Villalobos una relación de hechos y como anexo, un detallado inventario de la documentación realizado por estudiantes de Antropología Social en 1980, el cual sirvió de guía para su recepción y formal donación según consta en Cuicuilco, el boletín informativo de la ENAH de junio de 1981. Lo más sorprendente es que el director de la ENAH me respondiese que no procedía mi denuncia porque no existía documento alguno que probase la existencia del Fondo “Luis Eduardo Enríquez Cabrera”. El convenio de donación que había pasado por la acuciosa revisión del jurídico había desaparecido, o pasado al mentado archivo muerto, al igual que la valiosa documentación histórica que poseía cartas de ex presidentes latinoamericanos como Lázaro Cárdenas, Rómulo Betancourt y de José María Velasco Ibarra. No descarto otra hipótesis: la sustracción y venta clandestina de dicha documentación.


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La burocracia y el archivo

Max Weber, considerado un clásico y pionero en los estudios de esta categoría social adscrita a las  instituciones estatales afirmó que: “la burocracia se caracteriza frente a otros vínculos históricos del orden de la vida nacional moderna por su inevitabilidad mucho mayor…”[3]. Y el  mismo autor, refiriéndose a los preceptos que rigen a la burocracia estatal de las sociedades modernas, sostuvo que:

  1. El principio de zonas precisas y jurisdicción, donde la división del trabajo burocrático rutiniza los hábitos y sigue una cadena vertical de mando que fija deberes, órdenes y sanciones.
  2. El principio de jerarquía, por lo que el tejido subalterno se debe por escalones de abajo a arriba a las voces de mando y fiscalización de sus superiores.
  3. La administración se basa en «documentos escritos» y en la organización y control de los archivos. La escritura atraviesa a todo el tejido burocrático.
  4. El principio de especialización, que en América Latina es relativo, toda vez que el ingreso a la burocracia depende en buena medida de los cambios políticos y de las prácticas de padrinazgo, compadrazgo y favor.
  5. Cuando las funciones propias de un cargo han alcanzado su plenitud, se incrementan las demandas sobre el funcionario, más allá de la formalidad que pauta el horario del trabajo.
  6. Las reglas generales de trabajo prescriben el desempeño de la labor de los burócratas y su aplicación supone un aprendizaje técnico especial.[4]

En lo general, considerando los preceptos precedentes, sostenemos que la noción ideológica de «archivo muerto» depende del principio jerárquico de la burocracia así como de las reglas generales y particulares encargadas de su formación, custodia y gestión.  La crítica de tal noción y su posibilidad de ser eliminada y revocada sus reglas, depende de la alta burocracia institucional.

Fernando Mires, refiriéndose a una situación límite del proceso de archivar en la Alemania Nazi con la complicidad de una burocracia sumisa y rutinaria, que llegó a «contabilizar millones de cadáveres, a incluirlos en ítems, a catalogarlos en archivos y despacharlos en  largos informes».[5]


El capital letrado

Se ha reivindicado a los códices prehispánicos como la forma más antigua de patrimonio escrito en México, aunque restringida a los «gobernantes y sacerdotes que los guardaban celosamente en sus palacios y templos». Su destrucción formó parte de la estrategia de colonización, aunque algunos códices sobrevivieron a tal campaña.[6]

La colonización introdujo otro patrón de escritura con sus respectivos instrumentos, prácticas y medios. Y el punto más alto lo constituyó la aparición del libro impreso como forma mayor del capital letrado. El libro impreso en serie, sustituyó a la práctica más lenta y restringida de reproducción debida a los copistas. El patrimonio bibliográfico generado gracias a la imprenta, sirvió de soporte a la constitución de bibliotecas, mientras que los archivos, seguirían siendo lugares de concentración de textos manuscritos de diversa índole y extensión, hasta la incorporación de la máquinas de escribir y del papel carbón a principios del siglo XX, que permitían generar de una a seis copias simultáneas como promedio.

Partimos de una premisa que estimamos que puede ser motivo de consenso: el que la burocracia de las entidades de gobierno en América Latina, tanto la que corresponde al periodo colonial como al republicano, han generado los acervos más importantes del capital letrado (manuscrito, mecanográfico y digital). La burocracia como generadora, receptora y custodia ha asumido funciones complementarias frente al capital letrado. Además de lo anterior, dicha burocracia o parte de ella -para ser más exactos- ha censurado, tergiversado o depredado parcialmente dichos acervos. Los documentos administrativos, judiciales, políticos, etc., de los que ha sido la burocracia autora o receptora. Esos acervos que albergan el más importante capital letrado de cada país latinoamericano, enfrentan en el corto plazo, la ausencia de una política patrimonialista. La aplicación variable que realizan los diversos segmentos especializados de la burocracia de criterios que le permiten distinguir entre documentación vigente y desactualizada ha construido un estigma para la segunda. Nos referimos a la noción burocrática de «archivo muerto».

Como bien ha subrayado Harvey nos toca vivir un tiempo en que el capitalismo tardío ha posibilitado la expansión de empresas de servicios y entre éstas, es novedad las que se ofrecen para desaparecer «archivos muertos» o almacenarlos. No resulta casual que un periodista titulase su reportaje a una empresa del ramo, «¡Adiós al archivo muerto!»[7] Se refería a Todo de Cartón, empresa que tiene medio siglo de existencia y que a partir del 2000 adoptó el concepto de franquicia con 41 sucursales.


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El empresario comentó que, aunque el negocio sigue creciendo, la producción se ve mermada ya que el papel se encareció. La celulosa tiene un incremento anual de 10% que incide en los costos. Fue esta empresa que patentó un diseño de caja de almacenaje con el inconfundible título de Archivo muerto. Sin embargo, el empresario de Todo de cartón realizó una clara distinción entre el sentido de su patente de caja y el de su potencial contenido y uso, así sostuvo:

«Esa marca registrada es nuestra y en la actualidad se usa como un genérico de forma coloquial aunque la definición correcta es archivo de concentración para ese tipo de documentación que está en desuso».[8]

El mercado ofrece ahora respaldos digitales de lo que debe ser destruido en aras de recuperar espacios en entidades públicas y privadas. El acecho y la amenaza al capital letrado cobra nuevas formas y riesgos.


Normatividades y poderes fácticos

El capital letrado que deber ser patrimonializado nos remite a su vez a la historia sus repositorios, llamados archivos, sus axiologías y sus formas de gestión y de servicio de consulta de dominio público o restrictivo. En México el  archivo público nació tardíamente a finales del Siglo de las Luces al constituirse el Archivo General de la Nueva España en 1790. La independencia de México y los primeros años de la República le fueron dando forma al Archivo General de la Nación, bajo parecidos criterios de preservación y clasificación, sin discriminar el material administrativo del considerado histórico. El Reglamento de 1846 fijo la obligatoriedad de la concentración de los acervos. Fue el gobierno posrevolucionario de Venustiano Carranza quien en 1920 promulgó una reforma reglamentaria, para que a partir de esta fecha, se exonerara al AGN de toda recepción de materiales administrativos. Tal medida escindió los archivos y sirvió de pilar para construir una axiología sobre el capital letrado vinculada a la investigación histórica, la memoria del poder, la restrictiva gestión burocrática y la demanda ciudadana de consulta pública.

La promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) de 2002 cambió las reglas de juego, aunque las inercias de la burocracia, han retrasado su finalidad primordial. Esta ley reconoce tres tipos de archivos –de trámite, de concentraciones e histórico– sin establecer ninguna diferencia en cuanto al acceso de la información. En agosto de 2003 se publicaron  los «Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de los archivos federales», y en enero de 2004 se expidieron los «Lineamientos para la organización y conservación de los archivos públicos federales», sin que estas normativas precisaran mecanismos específicos para el manejo de fondos documentales de carácter histórico. La puja ciudadana por el respeto a la ley  de transparencia y las maniobras de la burocracia y otros grupos de interés por mantener en reserva documentación privilegiada o comprometedora persiste. En medio de este tejido de contradicciones agravado por la incompetencia o venalidad burocrática, gravita sin rumbo el estigma construido sobre una parte significativa del capital letrado.

Aclaremos el sentido de estigma toda vez que sus usos pueden generar confusión. La palabra estigma se deriva de la voz latina stigma, que remite a su vez a una voz griega cuyo sentido es de picadura. El diccionario señala su tenor polisémico y en su inventario de usos, hay una connotación  que nos interesa: «desdoro, afrenta, mala fama».[9] En otros diccionarios aparece el estigma como sinónimo de “mancha”. En las ciencias sociales, Goffman ha señalado que dicho término está asociado a las teorías de la desviación de la conducta, no a los productos generados por los hombres. Sin embargo, consideramos válido su uso extensivo para el caso del «archivo muerto», en razón de que se trata de un «signo» físico con contenido socio-cultural que lo devalúa.

El discurso normativo de diversas dependencias públicas insiste en reproducir el estigma del denominado «archivo muerto». Veamos un ejemplo municipal en la frontera norte. La norma técnica 44 del Municipio de Tijuana nombra entre comillas al «Archivo Muerto»,«que por su antigüedad requiere ser almacenada y tiene como objetivo definir un procedimiento óptimo aplicable para esta actividad, identificando claramente las funciones y actividades de las personas que en ella intervienen».[10]Contrariando la Ley Federal de Transparencia sólo se permite: «el acceso a consultar dicha información a personal autorizado por cada unidad».Rezagos de otros tiempos.


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Conclusión

El archivo muerto como noción ideológica es una amenaza para las leyes de la transparencia de la administración pública en América Latina, así como para la preservación del capital letrado burocrático que debe ser tomado en cuenta por una política que defienda el patrimonio cultural.

Hay mucho de ironía popular, que en Teotihuacan ese emblemático y controversial lugar de la política patrimonialista del INAH, emergiese un grupo rockero llamado Archivo Muerto, que no entierra sus rolas, todo lo contrario, las pone en vitrina a dominio público. La carnavalización del archivo muerto, la inversión de sentidos, es la mejor lección patrimonialista que nos brinda el rock desde un rincón de Teotihuacán. Los acervos del INAH merecen mejor personal y destino.


Bibliografía

-Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 1992.

-Dirección de Normatividad  de la Sindicatura Municipal, XIX Ayuntamiento de Tijuana: Norma técnica 44: Archivo muerto en las dependencias del Ayuntamiento y entidades paramunicipales, Baja California, 3 de julio de 2003.

-González, José Luis, "Cuando las letras eran patrimonio exclusivo de una élite", Patrimonio cultural de México, Enrique Florescano, México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 285-302.

- Mires, Fernando, Introducción a la política Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2004

-Ortiz de Zúñiga, Iñigo, Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562, (estudio de John Murra), Huánuco, Perú, Universidad Nacional HermilioValdizán, Facultad de Letras y Educación, 1967.

- Sánchez González, José Juan,  La administración pública como ciencia: su objeto y su estudio, México: Plaza y Valdés, 2001



[1] Ortiz de Zúñiga, Iñigo, Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562, (estudio de John Murra), Huánuco, Perú, Universidad Nacional HermilioValdizán, Facultad de Letras y Educación, 1967.

[2] Nieto Montesinos, Jorge. El proceso de constitución de la doctrina aprista en el pensamiento de Haya de la Torre. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1986.

[3] Sánchez González, José Juan,  La administración pública como ciencia: su objeto y su estudio, México: Plaza y Valdés, 2001, p. 83.

[4]Ibíd. 182.

[5] Mires, Fernando, Introducción a la política Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2004, p.64.

[6] González, José Luis, "Cuando las letras eran patrimonio exclusivo de una élite", Patrimonio cultural de México, Enrique Florescano, México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 285-302.

[7] Camacho, Eduardo «¡Adiós al archivo muerto!», El Universal, 20 de noviembre de 2008.

[8]Ídem.

[9]Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 1992: 644.

[10] Dirección de Normatividad  de la Sindicatura Municipal, XIX Ayuntamiento de Tijuana: Norma técnica 44: Archivo muerto en las dependencias del Ayuntamiento y entidades paramunicipales, Baja California, 3 de julio de 2003, 17 pp.

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