22, Junio de 2013

Editorial: Crudos escenarios: resistencias, dramas y fantasmagorías

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En un programa radio-televisivo de la ciudad de Cuernavaca del pasado viernes 21 de junio, un ciudadano compartió su preocupación por la falta de trabajo en el estado de Morelos y por una amenaza imaginaria: el potencial desborde popular al estilo de los indignados brasileños. El mismo ciudadano manifestó no entender por qué hay personas que se oponen a la minería a tajo abierto, cuando dicha actividad traería trabajo para los sin empleo y evitaría amenazas como la brasileña. Concluyó que él prefería “morir contaminado pero trabajando” y con la “panza llena”.

Tales declaraciones son sintomáticas: ratifican que los crudos escenarios de lo real local se vinculan con las imágenes mediáticamente globalizadas, gravitando en nuestro imaginario social y en nuestra vida cotidiana. Una pregunta surge de inmediato: ¿Qué ciudadanía estamos modelando, que orienta a algunos a asumir la defensa de la real precariedad en la existencia social? Sería exagerado pensar que todas las personas que asumen tales puntos de vista son gente pagada por los operadores de la minera canadiense.

De qué hay una masa de maniobra mercenaria, no cabe la menor duda, pero que en sus bordes se incuben respuestas espontáneas y extraviadas, llevan a otro terreno de reflexión, el terreno del trabajo. Frente a ello, consideramos que el trabajo digno es una reivindicación que debe ser reactualizada. El trabajo digno debe tener una jornada que no exceda los tiempos que la Ley Federal del Trabajo prescribe y bajo condiciones que no pongan a los trabajadores en riesgo de enfermedad, mutilación o pérdida de la vida; que garantice --gracias al pacto entre el sindicato y el empleador-- un salario que permita atender el coste de vida familiar de nuestra sociedad, según sus alzas. Sostenemos que debemos cuestionar de manera consistente las formas precarizadas del empleo por ser una obligación ciudadana, pero debemos, sobre todo, demandar nuevas fuentes de empleo y/o condiciones para generarlo.


Para quienes defendemos el derecho al trabajo digno, no es una opción respetable la que defiende ese ciudadano, quien desea contentarse con tener la panza llena aunque muera envenenado de cianuro y otras sustancias tóxicas. Y en lo que respecta a su alusión al fantasma brasileño, lamentamos su supina ignorancia. El “fantasma brasileño” requiere hartazgo ciudadano y capacidad de resistencia frente al mal gobierno y la clase empresarial. A la falta de trabajo se suma el hambre. La revista Proceso (Proceso núm. 1911, 16/6/2013, p, 7)  acaba de reportar la existencia de 8,055 hambrientos en la ciudad de Cuernavaca llevados a al campo ominoso de la desnutrición, frente a los cuales la Sedesol de Rosario Robles y Peña Nieto es incapaz de atender y abatir, salvo en sus alucinados extravíos demagógicos. Cuernavaca y Cuautla adolecen además de la presión de las mafias empresariales del transporte colectivo, las cuales apuntan injustificadamente a un alza del pasaje aprovechándose de la debilidad ciudadana, en la fragmentación social de los usuarios de dichos servicios. Pero todo tiene un límite. Brasil es por éste y otros motivos, un “fantasma” a tomar en cuenta en nuestra Cuernavaca-mundo, en nuestro México lindo y querido.

Resulta sorprendente el súbito y masivo movimiento de protesta que en Brasil ha puesto en la calle diariamente a decenas de miles de indignados ciudadanos que inicialmente protestaban por el alza del trasporte en San Paulo y otras ciudades de su extensa geografía, motivo que luego se extendió hacia diversos y sentidos agravios sociales, como los gastos ocasionados por la Copa Confederaciones (actualmente en curso), el mundial de futbol (2014) y los juegos olímpicos (2020), los excesivos impuestos (37% del salario), los graves problemas y carencias en los servicios públicos y la infraestructura urbana, la educación, la salud, la seguridad, la violencia policiaca y la corrupción de la clase política.


Se ha constatado que las clases medias urbanas se han sumado a las protestas de otros sectores populares de manera visible y significativa. Salvo focalizados casos de vandalismo delincuencial y acción violenta de grupos radicalizados, las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, se han distinguido por la presencia notable de jóvenes, la ausencia e incluso exclusión deliberada de partidos políticos, y las formas horizontales y con base en redes sociales electrónicas de su conducción y convocatoria.

La singularidad del caso brasileño se topa con interpretaciones que han querido comparar estas manifestaciones de protesta con lo que ocurre en el mundo árabe y en otros movimientos de descontento en Europa. Aquí se trata de una potencia regional que cuenta con una de las economías mundiales más influyentes, gobernada ya diez años por un partido de izquierda institucionalizada, que a través de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff han reducido la pobreza del 37.5 % al 20.9 % y la indigencia del 13.2% al 6.1 %, quienes cuentan, aún ahora, con amplios márgenes de popularidad, que no fueron suficientes para evitar una rechifla generalizada para la presidenta en funciones en la inauguración de la Copa FIFA Confederaciones el 14 de junio pasado.

No obstante los logros macro-económicos, los programas asistenciales y el desarrollo cuantitativo de la llamada “clase media”, el caso brasileño muestra los límites del progresismo, ya que el desarrollo no se ha orientado a resolver los ingentes problemas de sectores importantes de la población como los campesinos, los jóvenes, los trabajadores de las grandes urbes, los indígenas, entre otros. No se ha llevado a cabo una reforma agraria y la concentración de la tierra en pocas manos sigue siendo una de las realidades ocultas por el “milagro brasileño”, expulsando del campo tecnificado de las agroindustrias a millones de trabajadores rurales que engrosan las villas miserias de las ciudades y presionan ante servicios públicos pésimos, arcaicos e incapaces de satisfacer las demandas cada vez más extendidas de la población.


Los grandes proyectos urbanos relacionados con los compromisos contraídos por Brasil para los mega-eventos deportivos, para los gigantescos proyectos industriales y portuarios alentados por el gobierno, para los proyectos urbanos de lujo, han ocasionado grandes desplazamientos de población y de “limpieza social”, concretados con frecuencia a través de la violencia policiaca. Igualmente, la lucha contra la delincuencia y la inseguridad se ha llevado a cabo sin contemplaciones, involucrando incluso operaciones militares no exentas de graves violaciones a los derechos humanos.

La llamada “democracia racial” que ha ocultado convenientemente el racismo en Brasil, no ha logrado sacar a la población negra de los índices más altos de desempleo, marginalidad y pobreza.

El extractivismo de los gobiernos de Lula y Dilma ha sumado a los pueblos indígenas al contingente de los indignados brasileños. Prueba de ello es el proyecto de la hidroeléctrica de Belo Monte, cuyos trabajos de ingeniería se proponen dos mega-desviaciones canalizadas del lecho original de uno de los dos principales afluentes del Amazonas, con excavaciones comparadas a las que se hicieron para construir el canal de Panamá, lo que impactaría la vida de los pueblos indígenas asentados en las riberas del río Xingú y regiones aledañas, quienes perderían sus territorios –base material de su existencia y reproducción como entidades colectivas–, recursos naturales, incluida el agua, formas tradicionales de organización social, economía y subsistencia, así como el acceso a la navegación fluvial; asimismo, provocarían la migración abrupta, hacia la región, de al menos 100 mil personas, con el caos social y humano que esto representa; la muerte de millones de peces, aves y otras especies animales, así como la pérdida irreparable de una rica y variada biodiversidad. En suma, se trata de un etnocidio y un ecocidio combinados, ambos de lesa humanidad, cometidos por un gobierno progresista.

Así, el pueblo de Brasil, que según los estereotipos debería estar enajenado por el opio del futbol, se manifiesta en las calles y en los estadios, por múltiples factores y causas que lo llevan a la búsqueda de una nueva realidad. No se trata de un movimiento de derecha, aunque rápidamente los grupos monopólicos han querido influir en el movimiento a través del manejo mediático y del golpeteo a un gobierno que no obstante las concesiones otorgadas para el gran capital y sus asociados, no consideran “suyo”.


En la geopolítica regional y mundial, Brasil, defendiendo sus propios planes de hegemonía, ha jugado un papel importante en los proyectos de integración liderados por Venezuela, que hizo posible mandar el ALCA aproximadamente al carajo. Es indudable que la caída de los gobiernos del PT sería vista con buenos ojos por Estados Unidos. Así, la paradoja del progresismo sitúa a este consejo editorial en complicadas tomas de posición. Por un lado, en preciso destacar los límites de esta socialdemocracia a la brasileña; por el otro, señalar los peligros de que el gobierno de ese “gigante que despierta”, vuelva a caer en la órbita de Washington.

En este número 22 de nuestra revista, publicamos el artículo de nuestro colega Andrés Cuyul Soto, “Salud intercultural y la patrimonialización de la Salud Mapuche en Chile.”, tratando de ampliar nuestros horizontes sobre la cuestión indígena en el continente, y en particular, revisando críticamente y a partir del caso chileno, el manejo demagógico y asocial de la denominada “interculturalidad en salud” tan en boga en ciertos circuitos. También se presenta, resultado del foro recientemente organizado por el consejo editorial de EN EL VOLCAN, la ponencia de Gilberto López y Rivas: “La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal”. Igualmente, damos conocer el trabajo conjunto de Osbelia Quiroz González, Gustavo Flores Zúñiga y Francoise Neff Nuixa denominado “Tlaxomolco, Yohualinchan: sitios en peligro de destrucción por ampliación de la autopista La Pera-Oacalco”, que refiere a un conflicto sentido de nuestro estado de Morelos y se inscribe oportunamente en la amplia problemática socioambiental por la cual estamos atravesando no sólo a nivel estatal, sino en todo el país y el continente mismo. Se trata de una invitación a la reflexión ante la diversidad de elementos que entran en juego en estos escenarios de conflicto.

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