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18, Febrero de 2013

MANIFIESTO DE LAS COMUNIDADES Y RONDAS CAMPESINAS DE CAÑARIS, INCAWASI Y SALAS: PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA

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LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN JUAN DE CAÑARIS, SAN ISIDRO LABRADOR DE MARAYWACA, JOSE CARLOS MARIATEGUI, SAN PABLO DE INKAWASI, RONDAS CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MATEO PENACHI-COLAYA, FRENTES DE DEFENSA DE LOS BOSQUES HÚMEDOS DE LOS DISTRITOS KAÑARIS, INKAWUASI, SALAS, MIRACOSTA Y MOTUPE Y RONDAS CAMAPESINAS MANIFESTAMOS:

Nosotros y nosotras, autoridades de las Comunidades Campesinas de las diferentes instituciones y pueblos originarios, indígenas y ronderiles, de San Juan de Cañarís, San Isidro Labrador de Maraywaca, José Carlos Mariátegui, San Pablo de Inkawasi y Rondas Campesinas, de la provincia de Ferreñafe-región Lambayeque, participantes la Mesa de Trabajo por el Desarrollo de Cañaris, realizada el 2 de febrero del 2013, que participamos con el objetivo de analizar y ver el conflicto socio ambiental de nuestros pueblos originarios de acuerdo al Derecho Consuetudinario que nos asiste.

Considerando los impactos de la actividad extractiva minera en la vida colectiva y cultural en nuestros territorios ancestrales, y que habiendo viajado desde nuestros lejanos pueblos hasta Ferreñafe, teniendo como principal motivo manifestar que es necesario que se respete nuestro consentimiento previo, libre e informado, en el marco del Convenio 169 de la OIT, informamos que el pedido alcanzado a los Comisionados del Gobierno Nacional ha sido denegado una vez más, en complicidad con el Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos locales participantes en la Mesa de Trabajo, que obviaron nuestras propuestas, argumentando que no se han presentado a dicha Mesa nuestros planteamientos de manera formal y que ésta tiene un reglamento y si deseamos lo presentemos en la siguiente reunión para que la subcomisión la considere, para alcanzarlo al pleno de la Mesa, para que allí se decida sobre nuestros derechos indígenas. La experiencia nos demuestra que existen pocas posibilidades de diálogo con autoridades que desconocen y no respetan los derechos de los pueblos indígenas y originarios.

El fundamento de nuestra resistencia indígena, es por la intromisión e invasión en nuestro territorio ancestral de la empresa Minera Candente Copper Corporatión-Cañariaco, la que no cuenta con NUESTRO CONSENTIMIENTO. Por lo que pedimos al Estado peruano que dicha empresa minera suspenda sus operaciones y se retire definitivamente de nuestros territorios ancestrales, por haber violado nuestros derechos naturales, inherentes y consuetudinarios y que respeten nuestra Consulta Comunal del 30 de septiembre del 2012 reconocidos constitucionalmente en los Instrumentos Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, exigimos como condición para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona. A esto elevamos nuestra voz de rechazo ante la persecución de nuestros/as dirigentes y líderes/as comunales y ronderiles. Por otro lado, rechazamos categóricamente los resultados de la Asamblea General del 8 de julio del 2012 realizada por la Minera Candente Popper y sus aliados, reconocida ilegalmente por el gobierno peruano desconociendo el Convenio 169 de la OIT, autorizando a la empresa minera continuar con sus operaciones en nuestro territorio indígena – originario. La inversión para el desarrollo que plantea el Gobierno Central para nuestros pueblos en su responsabilidad como Estado donde está incluido los gobiernos regionales y locales, no puede condicionar ni confundir nuestro reclamo válido al ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios que estamos haciendo en defensa de nuestros territorios por la invasión de un megaproyecto minero transnacional.

El Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos locales con el pretexto del desarrollo y bonanzas que muchas veces se tejen tras las componendas de la mafia y la corrupción con las transnacionales no puede minimizar y distorsionar nuestra lucha legítima y legal que hemos emprendido como pueblos originarios e indígenas y ronderiles. Es por ello que pedimos a las Autoridades Nacionales, Regionales y Locales a entender y reconocer que somos pueblos culturales y ancestrales existentes desde antes y después de los Mochicas y el Tahuantinsuyo en el norte del Perú, por lo que exigimos que se nos respeten nuestros derechos en el marco Constitucional y en los Instrumentos Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Somos autoridades originarias, comunales y ronderiles que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros principios y derechos como pueblos, a no permitir la subordinación al colonialismo que rompe la estructura genuina y natural de los pueblos originarios. El Perú es un Estado pluricultural y por lo tanto los gobiernos no pueden tener prácticas monistas y anti democráticas en la toma de sus decisiones y de su desenvolvimiento como ESTADO. Los pueblos conocemos los problemas e impactos que genera la industria minera de metales a gran escala en muchas regiones del Perú donde se está dando esta actividad extractiva. Las Empresas transnacionales violan derechos de los pueblos, no cumplen con el marco normativo, no tienen en cuenta el gran costo intergeneracional, cultural y ambiental que sus actividades vienen ocasionando a los pueblos y que el Gobierno tiene la obligación de proteger.

Por lo tanto, nos pronunciamos ante las autoridades políticas, judiciales, económicas, culturales, ambientales, y a la opinión pública nacional e internacional.

1.  La imposición por parte del Gobierno Nacional del megaproyecto minero Cañariaco a los pueblos originarios de las Comunidades Campesinas de San Juan de Cañares, San Isidro Labrador de Maraywaca, José Carlos Mariátegui, San pablo de Inkawasi y Rondas Campesinas, está ocasionando que se altere nuestra forma de vida del que estamos acostumbrados los pueblos originarios, indígenas, campesinas y ronderiles. Hoy nuestros pueblos conocen sus derechos, y éstos lo haremos prevalecer legalmente. Queremos que respeten nuestro propio modelo en base a la COSMOVISION DE LOS PUEBLOS que se expresa en las actividades de la agricultura, la ganadería, la relación humana y la naturaleza de buen vivir, en el respeto de la pluriculturalidad de nuestra región Lambayeque.

  1. Respeto a los resultados de la Consulta Comunal realizada por la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, en el marco del Convenio 169 de la OIT, donde el 97% de los comuneros(as) rechazaron la actividad minera, no otorgando consentimiento a la empresa Cadente Cooper.
  2. En lugares donde las empresas operan, no tributan de acuerdo a las enormes ganancias que obtienen en el mercado internacional. hay ejemplos claros, caso Cajamarca 20 años de gran minería sin embargo los pueblos sumergidos a la extrema pobreza, Huancavelica de igual forma, etc… que según los índices en esas regiones hasta incrementaron la pobreza y exclusión, puesto que las actividades mineras compiten con las actividades productivas y económicas de las comunidades y de los pueblos, sobre todo la actividad agropecuaria y turística. Por lo tanto, la minería de metales NO contribuye al desarrollo humano sostenible de las comunidades ronderiles, eso es lo que no quisiéramos en nuestros pueblos.
  3. Condenamos que los gobiernos en vez de fiscalizar, sancionar a las mineras, implementen y hagan cumplir los estándares internacionales. El monitoreo ambiental están parcializadas tal como lo han demostrado las autoridades en el espacio de dialogo el día 2 de febrero, a favor de las empresas extractivas mineras al no querer tocar el problema por el cual luchamos. Por ello, las industrias mineras, generan daños a la salud de los pueblos. En nuestro caso las más de 13.000 hectáreas de bosques naturales que se ubican en las cordilleras alto andinas de nuestros pueblos, recursos hídricos de cabeceras de cuenca, micro cunecas y valles y toda nuestra biodiversidad y vida colectiva, expuestos a los altos riesgos desaparición e índices de contaminación, por la utilización y generación de elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico, mercurio y plomo.
  4. Desde que llegó la transnacional minera a nuestros pueblos, se está produciendo amenazas, hostigamiento y criminalización a nuestros líderes y por nuestra lucha legítima y justa hoy venimos siendo procesados y perseguidos por el Poder Judicial y Ministerio Publico. La Empresa minera en nuestras comunidades esta que promueve la corrupción de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de chantaje, división, confrontación y formación de organizaciones paralelas para debilitar y deslegitimarnos como comunidades originarias, Indígenas y ronderiles, aprovechando la débil posición de nuestro Gobierno Regional y locales que firman y aceptan diálogos amañados de acuerdo a los objetivos de las transaccionales, con el Gobierno Nacional y los grupos de poder económico, desamparando a los pueblos, las empresas implementan medidas de represión, difamación, persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento a los dirigentes o toda persona que no esté de acuerdo con su política. En tal sentido creemos que el lema de la “Responsabilidad Social Empresarial”, se convierte en acciones de “Control y sometimiento social”.
  5. Al no ser atendidos y considerados nuestros reclamos por la cual luchamos, por las autoridades nacionales, regional y locales, dentro de la mesa de trabajo, nos declaramos en permanente movilización y resistencia como pueblos originarios hasta ser atendidos. Todo nuestro respaldo y apoyo a nuestro legítimo representante y presidente de la comunidad San Juan de Cañares, Santos Cristóbal Barrios y demás miembros de las comunidades campesinas y ronderiles en mención. Nuestro rechazo a las organizaciones de fachada creadas por la transnacional minera y el gobierno nacional, en las mesas de trabajo que no están amparadas y respaldadas en el marco normativo tal como lo tienen su reconocimiento las Comunidades campesinas, indígenas y ronderiles.
  6. Reconocemos el gran apoyo de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), Comando Unitario de Lucha de la Región Lambayeque, Marcha Mundial de las Mujeres de la Macroregión Norte Perú, Junta de Regantes Chancay Lambayeque, que, como parte del pueblo acompañan la lucha de nuestros hermanos y hermanas, que creen en otra forma de vida y desarrollo: con justicia para todos, equitativo, sostenible y solidario.

Chiclayo 03 de febrero del 2013.

 

SANTOS CRISTOBAL BARRIOS CARRILLO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINAS DE SAN JUAN DE CAÑARIS

ROSA SARA HUAMAN RINZA SECRETARIA DE ASUNTOS FEMENINOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAÑARIS

NARCISO CALDERON CARLOS PRESIDENTE COCASIL – MARAYHUACA - INCAWASI

PABLO BERNILLA ROQUE SECRETARIO DE ACTAS FRENTE DE DEFENSA DE LOS BOSQUES HUMEDOS DE LOS DISTRITOS KAÑARIS, INKAWUASI, SALAS, MIRACOSTA Y MOTUPE.

GERMAN DE LA CRUZ CESPEDES PRESIDENTE DEL COMITÉ ZONAL DE RONDAS CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MATEO DE PENACHI- COLAYA, DISTRITO DE SALAS

FUENTE: Ydelso Hernandez Llamo http://www.facebook.com/ydelso.hernandezllamo

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