6, Febrero de 2012

Las políticas culturales del Estado mexicano en la transnacionalización neoliberal

Consúltalo en la revista

 

* Entregado para su publicación a la Universidad Pedagogica Nacional.

 

La transnacionalización: ocupación integral

Las políticas culturales del Estado mexicano están estrechamente relacionadas con las transformaciones que por más de cuatro décadas ha provocado en el ámbito mundial la transnacionalización neoliberal que caracteriza la actual etapa de mundialización capitalista.

“Ocupación integral”[i] es el término utilizado para identificar este proceso globalizador de privatizaciones y de adjudicación corporativa de las economías de nuestros países, a partir de un acelerado, abierto o, en ocasiones, silencioso desmantelamiento del Estado –alguna vez considerado “benefactor”— y a través de la apropiación de los recursos naturales y estratégicos que ofrecen los actuales Estados nacionales de competencia[ii]. Pablo González Casanova  considera que la globalización actual es un proceso de dominación y apropiación del mundo. (“Los indios de México hacia el nuevo milenio”, La Jornada, México, 9 de septiembre de 1998)

 

También, la trasnacionalización corporativa neoliberal trata de imponer su mensaje unidireccional a través del dominio de los medios masivos de comunicación[iii], la informática y las llamadas industrias culturales que intentan homogeneizar y uniformar a la humanidad a partir de su modelo de vida, mediatizando a su vez la fecunda creación nacida del imaginario popular y del rico patrimonio étnico-lingüístico-cultural de nuestros países.[iv]

La globalización excluyente requiere de una humanidad indiferenciada, sujeta a las leyes del mercado, al individualismo competitivo que proclama la ley del más fuerte (darwinismo social), alienada por el consumismo y el egoísmo posesivo. El capitalismo neoliberal necesita también de la propagación generalizada de un cosmopolitismo que erosione y destruya, si es posible, la identidad nacional[v], la defensa de la soberanía, el derecho a la autodeterminación, la salvaguarda de los recursos estratégicos y naturales, las autonomías indígenas, las democracias participativas; todo ello en aras de alcanzar el “paraíso terrenal” que significa una sociedad del mercado proyectada como el ideal a realizar por un aglomerado de consumidores desclasados, apátridas y apolíticos.

Se pretende que el mundo que ofrece la mundialización neoliberal en sus variantes estadounidense y europea sea el único posible, sin alternativa viable, y que la única opción realista debe ser el conformismo social y la resignación política. El cultivo del conformismo y la resignación para los explotados ha sido un propósito estructural bastante añejo por parte de los detentadores del poder económico y político. Para eso se han generado o incentivado instituciones alienantes y se han modelado los procesos de escolarización. Sin embargo, algo ha cambiado con la mundialización neoliberal: la capacidad tecnológica creciente para uniformizar y arrullar conciencias.

Pese a esta maquinaria cultural, ideológica y política desplegada por las fuerzas del mercado y sus asociados en el Estado y los poderes fácticos, tiene lugar en el ámbito planetario —y también en nuestro país— la resistencia de los explotados: pueblos originarios, afromexicanos, mujeres, homosexuales, jóvenes, obreros, campesinos y aun sectores intermedios que conforman el pueblo nación, incluyendo ecologistas, se manifiestan contra los efectos depredatorios del neoliberalismo.

En cada uno de nuestros países latinoamericanos han ido constituyéndose los pueblos-nación a través de la participación de los distintos agrupamientos étnico-clasistas, objetivamente explotados y oprimidos, en las respectivas contiendas independentistas, contra las intervenciones extranjeras, en luchas liberadoras, antidictatoriales y de transformación social que fueron conformando a su vez una cultura nacional popular, por ende, representativa del cúmulo de rebeldías e insumisiones. Esta cultura nacional popular es el sedimento de las resistencias y del afán por un futuro donde la diversidad cultural sea patrimonio de la humanidad[vi].

Es en este contexto que el patrimonio cultural[vii] de nuestro país, en su significado amplio: natural, tangible e intangible (lenguas, conocimientos o saberes, técnicas y diversas prácticas culturales de pueblos indígenas y heterogéneas culturas locales y regionales, las más de las veces, subalternas); los monumentos y vestigios arqueológicos prehispánicos, los históricos coloniales y postcoloniales,los artísticos muebles e inmuebles, considerados bienes de dominio público y uso común[viii]; todo este legado que constituye la memoria de las naciones, de sus pueblos y componentes nacional-regionales-locales, soporte también de sus identidades, esta siendo amenazado por las privatizaciones, concesiones, aprovechamientos y disposiciones individuales o de particulares, empresas, corporaciones, desarrolladores urbanos o turísticos, delincuencia organizada, grupos políticos de poder regional y nacional, que buscan su control, dominio y apropiación.


Busto de la serpiente emplumada (Quetzalcóatl) en Teotihuacán.
Foto de Jaime de la Fuente

 

Los trabajadores de la cultura versus las burocracias culturales

En el otro polo equidistante, destaca la comunidad de trabajadores de la cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), por constituir un baluarte de la defensa del patrimonio cultural y en la formación, estudio y desarrollo de nuestra identidad pluriétnica, plurilingüística y pluricultural como nación. Su especializado personal técnico, manual y administrativo, artistas,  profesionistas, investigadores y académicos no forman una burocracia despolitizada. Por el contrario, a lo largo de muchas décadas se ha distinguido por su compromiso en la protección del acosado patrimonio arqueológico, histórico y artístico a partir de posiciones nacionalistas y de contenido social.

Nuestra institución –afirmaba el sindicato de docentes e investigadores del INAH-- se ha distinguido por ser un foro permanente de discusión académica y técnica con una amplia participación de sus especialistas, lo que ha permitido ocupar un lugar preponderante en la investigación y conservación del patrimonio cultural de la nación.”(Desplegado, La Jornada, México, 4 de junio de 2008)

Acusados por la derecha privatizadora de “gremialistas” y estigmatizados como “activistas” y “radicales” por la jerarquía del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), por miembros de la clase política y aún por algunos académicos, los trabajadores de la cultura son reconocidos en la sociedad mexicana por su autoridad profesional y moral para emitir juicios y ser consultados respecto a cambios legislativos que atañan directa o indirectamente a la preservación, protección, restauración, investigación, difusión y formación de profesionales en materia de cultura, y a los organismos que por ley tienen esas atribuciones y competencias.

La clave de la resistencia relativamente exitosa de los gremios de los trabajadores de la cultura a las pretensiones privatizadoras del patrimonio, y a los intentos por fragmentar y desmantelar los Institutos, ha sido la capacidad para mantenerse unidos, con direcciones representativas y democráticas, con comunidades académicas, artísticas, técnicas, manuales y profesionales capaces de convencer con argumentos fundados y con movilizaciones decididas sobre la justeza de la defensa y uso social del patrimonio arqueológico, artístico e histórico del país.

Una revisión somera de la información periodística del 2008, identifica la intervención permanente de los trabajadores del INAH en la defensa del patrimonio cultural: en marzo de ese año, docentes e investigadores del INAH impugnaron el nuevo proyecto para regular zonas arqueológicas ya que de aprobarse, afirmaban,  “abriría la posibilidad a una explotación comercial o al usufructo privado del patrimonio arqueológico de la nación” (La Jornada, México, 12 de marzo de 2008); en junio, trabajadores del INAH manifiestan su preocupación por un posible incremento del número de permisos de construcción en el área protegida de Tulum, Quintana Roo (La Jornada, México, 24 de junio de 2008); asimismo, medio centenar de trabajadores del Instituto iniciaron un plantón permanente para repudiar a la directora del centro regional del INAH, en Yucatán, por su falta de interés en la conservación y la investigación del patrimonio arqueológico del estado (La Jornada, México, 18 de junio de 2008); en julio, los trabajadores del INAH exigieron no lucrar con los inmuebles históricos y se manifiestan en contra de su uso discrecional por parte de las autoridades (La Jornada, México, 2 de julio de 2008); en septiembre, más de 100 integrantes de la Asamblea Nacional de Arquitectura y Restauración  denunciaron a la empresa canadiense Minera San Javier S. A., de provocar daños irreparables al patrimonio de este pueblo, en el estado de San Luis Potosí (La Jornada, México, 11 de septiembre de 2008); en diciembre todos los sindicatos del INAH se movilizan para detener el proyecto Resplandor Teotihuacano (La Jornada, México, 21 de diciembre)

La burocracia de CONACULTA, por su parte, ha estado insistiendo en proyectos de ley privatizadores y en la búsqueda de su legitimación como institución centralizadora. Mientras el Instituto Nacional de Antropología e Historia  (1939) y el Instituto Nacional de Bellas Artes  (1946) tienen una larga trayectoria desde su respectiva creación por el Congreso de la Unión, el CONACULTA surgió por decreto presidencial de Carlos Salinas en 1988, quien encargó a este organismo tareas de coordinación de los Institutos que en los hechos devino, principalmente en el sexenio foxista, en una elite dispendiosa y sin conciencia social e histórica que en violación del marco jurídico existente ha ido asumiendo un estatus de superioridad sobre estas dependencias, apropiándose ilegalmente de algunas de sus funciones y trabajos en su beneficio.

Mientras los presupuestos del INAH e INBA no han crecido en estos años, el CONACULTA ha dedicado enormes sumas de dinero a proyectos no prioritarios, como es el caso de una macro biblioteca en el Distrito Federal, inaugurada apresuradamente en el 2006, para ser cerrada en marzo de 2007 con graves anomalías financieras y de construcción. En contraste, en mayo del 2008 se dio a conocer un diagnóstico del propio Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el que reconoció que los “tesoros del país” estaban resguardados en recintos obsoletos y sin recursos (La Jornada, México, 18 de mayo de 2008).

 

Las reformas legislativas

Asimismo, los sindicatos del INAH y el INBA han expuesto ante la opinión pública en estos años las razones de su rechazo a los proyectos legislativos que corresponden a las modificaciones impuestas por la globalización neoliberal de los sistemas jurídicos internos en cada Estado con el propósito de cubrir la transnacionalización de sus intervenciones. Esto ocurre principalmente a partir de la  iniciativa de “Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación” presentada por el senador del PAN Mauricio Fernández Garza, el 28 de abril de 1999[ix], y de la iniciativa de “Ley de Fomento y Difusión de la Cultura” presentada en septiembre de 2005, iniciativas que con múltiples variantes se han intentado imponer en el Congreso desde entonces.

Los proyectos de ley que recurrentemente se han presentado en materia cultural sostienen una concepción de cultura que se equipara con la del conocimiento y disfrute de la hegemónica occidental, reflejando en consecuencia el menosprecio por la diversidad y civilizatoria de los distintos pueblos indios, exhibido por los gobiernos de la derecha mexicana.

En estos proyectos se asignan facultades al CONACULTA similares a las de una Secretaría de Estado, con funciones de superior jerárquico respecto de los demás órganos del sector cultura, centralizando en su titular decisiones que por ley competen exclusivamente al INAH y al INBA. Acorde con estas propuestas, el titular de CONACULTA dirigiría, supervisaría y coordinaría las actividades de los institutos, propondría el nombramiento y remoción de sus respectivos Directores y acordaría con ellos asuntos de competencia de esas instituciones, violando con ello las leyes vigentes sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y las orgánicas del INAH y el INBA.

CONACULTA intenta transformarse ya no de facto sino por ley en un supra organismo fiscalizador, obviando su trayectoria probada de ineficiencia, corrupción, dilapidación presupuestal, manejo discrecional de recursos e intrusiones fuera de la ley, que lo han caracterizado en estos años.

En el ámbito de las ciencias sociales, la iniciativa provocó un repudio que, siendo generalizado, no se  consideró unánime. Nestor García Canclini manifestó su apoyo a la iniciativa y consideró a quienes se oponen a la misma como una “izquierda anclada en el pasado”, aferrada a un marco jurídico “anterior al video, a Internet y a las formas recientes de globalización del turismo y de las inversiones trasnacionales en cultura”; “una izquierda que no se ha percatado de que México y el mundo han cambiado”. Paradójicamente, después de que la discusión sobre legislación y políticas culturales llevaba más de 10 años desarrollándose dentro y fuera del INAH, en múltiples coloquios, mesas redondas, congresos y publicaciones, García Canclini declaró el debate inexistente, lo consideró un “no-debate” señalando que “en los últimos años se ha desvanecido la discusión sobre qué políticas culturales necesitamos en México”.

Tal vez García Canclini no se percató de la extraordinaria discusión pública que se dio hace pocos años, con motivo de la presentación en 1999 de la iniciativa del senador Mauricio Fernández Garza para reformar la fracción XXV, del artículo 73 de la Constitución Política, misma que violentaba el espíritu y la letra de la Carta Magna, promovía la privatización del patrimonio cultural, proyectaba una concepción de patrimonio cultural limitada y elitista, había sido elaborada sin tomar en cuenta a la comunidad científica, desmantelaba al INAH y al INBA y creaba incertidumbre laboral en estos organismos, promoviendo una reforma constitucional superficial, ociosa e intrascendente.

Gracias a la movilización de los gremialistas trasnochados, la reforma fue derrotada con argumentos y discusiones que trascendieron a los ámbitos legislativos. A Canclini le pareció un no-espacio el Parlamento Alternativo, al grado de entrecomillarlo. Si hubiera leído las ponencias presentadas en este “foro de la izquierda” y las que en un número superior a la centena se presentaron en el IV Congreso de Investigadores del INAH de septiembre del 2005(muchas de ellas sobre los temas que, según él, “la izquierda” desconoce o pasa por alto) se hubiera dado cuenta que el debate estaba vivo y las críticas a una iniciativa en particular, --la de Sara Bermúdez--, la de la burocracia buscando legitimarse y legalizarse, la que pretende posesionarse de la política cultural del país para beneficio de los industriosos empresarios--, están basadas en evidencias que deben rebatirse no con disquisiciones generales y descalificaciones a modo sino mediante un análisis riguroso de las características de las iniciativa de ley y del sector de clase que las sustenta.

Los proyectos de ley son particularmente peligrosos en lo que refiere a las “industrias culturales”, ya que benefician principalmente a las grandes empresas del mundo globalizado, al otorgar apoyo gubernamental amplio, abierto y casi irrestricto a  empresas privadas consideradas “culturales”, actuando el presidente de CONACULTA como el facilitador y gran concesionario de esos fondos.

Detrás de estas propuestas de ley están las trasnacionales del turismo mercancía (con todos los subterfugios y las variedades seudo ecológicas) y los intereses empresariales de sus socios locales cercanos al grupo gobernante. Centralización, poder absoluto sobre la política cultural y privatización del patrimonio del país son los fundamentos de la política cultural de los llamados “gobiernos del cambio” de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El jueves 27 de abril del 2006, por ejemplo, se aprobó un paquete de dictámenes que inician el proceso para modificar varios artículos de la Constitución Mexicana, de los cuales dos de ellos afectan de manera directa la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Las reformas constitucionales eliminaron de la fracción XXV del articulo 73 constitucional, la facultad exclusiva del Congreso de la Unión de legislar sobre “vestigios y restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional” y otorgaron a las legislaturas de los estados dicha facultad; asimismo, al modificar el artículo 124 de la Constitución, extendieron a los gobiernos de los estados y los municipios el ejercicio concurrente, junto con el gobierno federal, en materia de conservación e investigación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

La exposición de motivos de esa reforma justificó la necesidad de fortalecer el federalismo como “columna vertebral en la construcción de la República”, argumento que en una real transición democrática tendría razón de ser y motivo de apoyo.

Sin embargo, no fueron el federalismo democrático-participativo y la búsqueda de una mayor equidad en las competencias entre federación, estados y municipios los motivos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) que votaron en favor de esta reforma, con la complicidad de las demás bancadas que no se movilizaron para detenerla ni alertaron, al menos, a la opinión pública y a la comunidad de trabajadores de la cultura. Paradójicamente, fue Manuel  Bartlett, operador del fraude electoral cibernético de 1988 que posibilitó la usurpación de la presidencia de la República por Carlos Salinas, quien manifestó su preocupación por la reforma sin reflexión alguna y sin medir las repercusiones que esta tendría, mientras los senadores de la izquierda institucionalizada mostraban una irresponsable indiferencia.

Las reformas obedecieron a intereses de los grandes grupos de poder político y económico, trasnacionales, nacionales y regionales y a los poderes fácticos que desde hace décadas acechan el patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación para usufructuarlo y enajenarlo para su beneficio y para, por esa vía, dar entrada a su privatización y mercantilización.

Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de la cultura alertaron inmediatamente sobre la amenaza que estas reformas representaban y analizaron las implicaciones que las mismas tendrían en la rectoría nacional de las políticas de conservación e investigación, y en la integridad de los institutos y las instituciones respectivas.

Detrás del argumento de un supuesto fortalecimiento del federalismo, la realidad era otra: la de los gobernadores, presidentes municipales, desarrolladores, empresarios, coleccionistas y corredores de piezas arqueológicas, corporaciones que pretenden tener las manos libres para el manejo discrecional del patrimonio cultural, de las zonas arqueológicas y los monumentos históricos, contrarios a la participación de las comunidades, la sociedad civil y los pueblos indígenas, y colaboradores-socios de las grandes empresas de turismo, inmobiliarias y de comercio.


La pirámide del Sol, en Teotihuacán. Foto de advantagemexico.com

 

El INAH en la mira

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en particular, forma parte de los bienes públicos que los neoliberales desearían ver sometidos a la lógica de ese proceso de ocupación integral trasnacional y globalizador que caracterizó el grupo Paz con Democracia en el Llamamiento a la nación Mexicana, en el que se asienta:

El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como CONACULTA, violando el marco jurídico existente, han abierto el camino a su privatización y desnacionalización.

La burocracia impuesta en las direcciones de los organismos culturales sabe bien que sus principales enemigos a vencer son sus propios trabajadores, quienes no están de acuerdo con el despojo del carácter nacional y público de esas instituciones.

El actual director del INAH, Alfonso de María y Campos, un embajador muy alejado de la tradición de prestigiados antropólogos e historiadores, como Guillermo Bonfil, Gastón García Cantú y Enrique Florescano, quienes en el pasado ocuparon ese puesto, está empeñado en destruir desde dentro el Instituto a través del desconocimiento sistemático de sus representaciones sindicales.

Los profesores de investigación y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por acuerdo de sus Asambleas Generales de enero y febrero del  2009, entregaron a la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, un expediente con los documentos probatorios de las acciones y omisiones constitutivas de violaciones al corpus legal vigente en materia de Zonas y Monumentos Arqueológicos en que ha incurrido el director general del INAH.

Este expediente sustenta la exigencia de destituir al director y sus colaboradores principales, quienes son corresponsables de las trasgresiones legales y los daños provocados a los monumentos arqueológicos e históricos que siendo Bienes Nacionales —por ley--  son de utilidad pública e interés social. Se considera que las destituciones darían la certidumbre jurídica y legal a la institución seriamente quebrantada durante la actual dirección.

El editorial del periódico La Jornada del 27 de diciembre del 2008, titulado: “Defender el patrimonio histórico”, sostenía:

Lo que ocurre en Teotihuacan no es un hecho aislado; instalaciones (como las del proyecto “esplendor Teotihuacano”) se han realizado en sitios arqueológicos como los de Uxmal, en Yucatán, y Tulum, en Quintana Roo, y se pretende promover un proyecto similar en las ruinas de Tula, en el estado de Hidalgo, que incluso contempla paseos a través de la zona en vehículos concesionados, y que no han recibido, por cierto, el aval del INAH… La conducción de la cultura del país, en general, se halla supeditada a los criterios pragmáticos y mercantilistas de los gobiernos neoliberales, como quedó de manifiesto hace poco más de un año con el apoyo que la administración calderonista dio –con recursos públicos— a la candidatura de Chichen Itza en el certamen de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, organizado por el empresario suizo Bernard Weber. (La Jornada, México, 27 de diciembre de 2008)

Los investigadores del INAH documentaron entonces cuatro casos en materia de patrimonio cultural[x], empezando por Teotihuacan, cuyos detrimentos han concitado el agravio no sólo de los trabajadores de esta institución sino también de amplios sectores de la sociedad mexicana que se oponen a la enajenación y destrucción por particulares de los bienes de todos los mexicanos. En diciembre de 2007 se firmó un Convenio marco entre el INAH y el gobierno del Estado de México (EDOMEX) para llevar a cabo las acciones que contribuyan a la protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural, arqueológico e histórico localizado en su territorio.

Sin embargo, ninguna de sus cláusulas autoriza un espectáculo de luz y sonido como “Resplandor Teotihuacano”, que constituye en los hechos una explotación comercial de los monumentos arqueológicos por inversionistas privados y del gobierno del Estado de México, y cuya instrumentación ocasionó afectación, daños y alteraciones tanto físicas como visuales a las pirámides del Sol y de La Luna.

Las acciones realizadas también violan el decreto presidencial de 1988 que declara a Teotihuacán Zona de Monumentos Arqueológicos, cuyo artículo 13 establece: “En la zona de monumentos definida en este decreto no se autorizan construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma esta destinada”.

El proyecto viola asimismo varias normas jurídicas y recomendaciones internacionales sobre conservación de monumentos: la Ley General de Bienes Nacionales, la Carta de Venecia, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad emitida por la UNESCO, el documento de Nara sobre autenticidad, la declaración sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales. Más aún, en el proyecto no se consideraron las repercusiones sociales y su impacto en las comunidades circundantes, ni mucho menos se tomó en cuenta la opinión de las mismas.

El director general y su equipo también son responsables de violaciones a la ley en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichen Itzá. Los investigadores del centro INAH-Yucatán denunciaron en su momento el uso comercial de la zona para  llevar a cabo un concierto del tenor y empresario Placido Domingo, sin la autorización correspondiente. De las ganancias del evento, dos millones de pesos fueron entregados a las autoridades del  INAH,  y su director, generosa y discrecionalmente, “donó” dicha cantidad a la Universidad Autónoma de Yucatán. Favorecer a un particular para utilizar una zona de monumentos con fines comerciales viola el articulo 30 de la Ley de Bienes Nacionales, así como la Ley Federal de Zona de Monumentos Arqueológicos e Históricos en los artículos 1 y 2. Aquí también las autoridades permitieron la instalación de dos puestos comerciales fijos, un transformador y cableado eléctrico sobre monumentos arqueológicos adyacentes al Templo de Kukulkán y al Observatorio.

El tercer caso que presentan en su denuncia los investigadores y docentes es la omisión y negligencia del director general y sus colaboradores en la expropiación y demolición sin licencia del INAH, de seis monumentos históricos de la Ciudad de México por parte del Gobierno de la Capital, para ocupar sus terrenos en áreas comerciales de personas dedicadas al comercio ambulante. En este caso, el director general del INAH se reunió con “autoridades superiores” y decidió no intervenir en el momento de la flagrante demolición de los monumentos, sino hasta su conclusión.

Los monumentos estaban declarados y catalogados por el INAH y se localizaban en el perímetro “A” de la Zona de Monumentos Históricos incluidos por la UNESCO en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Los funcionarios del Instituto actuaron tardía y negligentemente, incurriendo en omisiones y comisiones a  numerosos artículos de las leyes referidas.

El cuarto caso presentado en la denuncia es gravísimo por la pérdida de vidas humanas y sucedió como consecuencia de la ocupación el 8 de septiembre del 2008 de la zona arqueológica de Chinkultik, en el estado de Chiapas, por parte de los habitantes de la vecina colonia Miguel Hidalgo. Poco después de la toma se iniciaron negociaciones entre los pobladores indígenas, el gobierno estatal y el propio INAH, en representación del Gobierno Federal.

Sin embargo, el 3 de octubre de 2008, centenares de elementos de las policías Federal Preventiva y Estatal sorprendieron a los colonos en un violento operativo de desalojo de la Zona y en contra de la colonia misma, resultando 10 heridos de gravedad y seis indígenas muertos.  Los investigadores y docentes consideran que los funcionarios del INAH y en particular su titular, estaban obligados a actuar con respeto y consideración a las necesidades de las comunidades en su derecho a participar en la protección del patrimonio arqueológico. No obstante, fueron precisamente estos funcionarios quienes insistieron en la realización del desalojo por la represiva fuerza estatal y federal, traicionando las negociaciones en curso.

Las denuncias presentadas refieren a probadas violaciones a las leyes por parte del director general y sus colaboradores, quienes seguramente seguirán en sus cargos como corresponde a un Estado sin derecho y a la deriva de la impunidad que gozan los delincuentes en el gobierno. Vásquez Mota no tomó en cuenta las exigencias de la comunidad académica del INAH, y el patrimonio cultural de la nación seguirá en venta y renta al mejor postor.


Xochicalco, Morelos. Foto de Sergio Tohtli

 

Conclusión

Las políticas culturales del Estado mexicano siguen las tendencias empresariales y privatizadoras neoliberales en el interior mismo de las instituciones dedicadas supuestamente a la defensa y preservación del patrimonio cultural; estas tendencias se expresan en las acciones, programas y articulaciones empresariales, privatizadoras y discrecionales de sus autoridades superiores. No obstante, en esos mismos espacios, los trabajadores de la cultura resisten permanente y sistemáticamente esos afanes de mercantilización y uso privado del patrimonio de la nación. Se destaca, pues, en las instituciones estudiadas en este trabajo, la dicotómica realidad actual de nuestro país. Por un lado, sus trabajadores, quienes representan los valores e intereses nacionales y universales; y por el otro, quienes detentan el poder económico y político para beneficio de una colusión apátrida e insensible al clamor social, nacional y ciudadano.

 


[i] Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez, Luís Hernández Navarro, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto López y Rivas. Llamamiento a la Nación Mexicana. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. También, publicado en La Jornada, México, 16 de noviembre de 2007.

[ii] Este término proviene de Ana María Rivadeo, quien en su obra Lesa Patria. Nación y Globalización. México: UNAM, 2003, plantea que los estados transnacionalizados compiten entre sí para garantizar al capital condiciones óptimas de rentabilidad. Esta mundialización capitalista se manifiesta en todos los espacios políticos, ideológicos y culturales de nuestras sociedades por medio de la intervención permanente y decisiva del Estado, el cual fortalece sus instituciones represivas para garantizar la estabilidad social a través del control autoritario y coercitivo de la fuerza de trabajo y la criminalización de la protesta social. Aunque la globalización incluye, pero a la vez trasciende, el ámbito de lo económico, lo técnico científico, lo cultural o lo ideológico, su matriz es de carácter político, y se anuda, en lo fundamental, en una desregulación orientada a abrir las fronteras nacionales al capital trasnacional, que busca esas localizaciones óptimas de rentabilidad.

[iii] Los medios de comunicación masiva conforman, metafóricamente, las “tropas ideológicas” que intentan someter a la opinión pública mediante la desinformación, la contra información y la propaganda abiertamente sistémica; se transforman en tribunales de facto en los que comunicadores, locutores, editorialistas, expertos y analistas políticos condenan sumariamente toda oposición al orden establecido. A esto se le ha denominado “dictadura o terrorismo mediáticos”, y a los mercenarios de los medios, “sicarios mediáticos”.

[iv] “Nueva expresión de la violencia, la corriente homogenéizante amenaza con ahogar la diversidad cultural y con borrar el rostro de las naciones y de los múltiples sectores que conviven en ellas... En el día de hoy, defender la diversidad cultural equivale a contribuir a preservar el futuro de la humanidad” V Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo. En defensa de la diversidad cultural La Habana, Cuba. (11 A 14 de junio de 2007) http://www.lacult.org/docc/Informe_Cult_y_Des_esp.pdf p, 1.

[v] En el debate que se suscitó en torno a los libros de texto gratuito Mi libro de historia de México, para Cuarto, Quinto y Sexto grados de educación primaria en el año 2003, varios autores analizamos los intentos de omisión, distorsión o tergiversación de la historia de nuestro país para socializar a las nuevas generaciones en la amnesia y la asepsia de nuestra “identidad nacional”, la cual en estos libros es obra de las élites, criollos, intelectuales, poetas y literatos, con interpretaciones hispanistas, eufemismos y el intento obvio de minimizar al máximo toda mención de Estados Unidos que pudiera ser considerada ofensiva. Para ello, se omiten y falsean datos de las relaciones entre los dos países, marcadas por la guerra de conquista (1846-48) y sus despojos territoriales, las agresiones armadas filibusteras, como las de William walker a Baja California y Sonora, y las efectuadas por las fuerzas armadas estadounidenses, como la ocupación de Veracruz en 1914 y la incursión a Chihuahua persiguiendo a Francisco Villa en 1916. Ver: Gilberto López y Rivas, “La amnesia conveniente; los libros de historia frente a los Estados Unidos” en Secuestro de la memoria. Un debate sobre los libros de texto gratuito de historia de México,  México: Delegación D-II-1A-1, Sección 10, SNTE-Colegio Mexicano de Antropólogos, A. C., 1993.  Pp. 95-100.

[vi] Estas ideas y conceptos -pueblo-nación, cultura nacional popular, étnico-nacional, etcétera-- constituyen un aspecto importante de la llamada Cuestión Nacional que he desarrollado en otros textos: Gilberto López y Rivas. Nación y Pueblos Indios en el Neoliberalismo. México: Plaza y Valdés, 1995, 1996; Alicia Castellanos Guerrero y Gilberto López y Rivas. El Debate de la Nación, Cuestión Nacional, Racismo y Autonomía. México: Claves Latinoamericanas, 1992; Gilberto López y Rivas. Antropología, Minorías Étnicas y Cuestión Nacional. México: ENAH-Aguirre y Beltrán, 1998.

[vii] Para el concepto de patrimonio cultural es muy importante la obra compilada por Enrique Florescano. El Patrimonio cultural de México. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, y la que continúa el mismo Florescano: El Patrimonio Nacional de México. México; Fondo de Cultura Económica, 1997. También, los trabajadores académicos del INAH publicaron varios libros colectivos sobre el tema: la ya citada, Secuestro de la memoria. Un debate sobre los libros de texto gratuito de historia de México,  México: Delegación D-II-1A-1, Sección 10, SNTE-Colegio Mexicano de Antropólogos, A. C., 1993. El Patrimonio Sitiado. México: Delegación D-II-1A-1, Sección 10, SNTE, 1995. Iván Franco. Transformaciones del Proyecto cultural en México. Educación, cultura y patrimonio cultural ante el neoliberalismo. México: Delegación D-II-1A-1, Sección 10, SNTE, 2005. Bolfy Cottom. La Cultura y las instituciones culturales de México. Hacía una propuesta alternativa que resuelva la problemática actual. México: Sindicatos de trabajadores de la cultura, 2004. Francisco Beristan Bravo, Aldir González Morelos Z. Et. Al. La Construcción de Wal-Mart en Teotihuacan. México: Delegación D-II-1A-1, Sección 10, SNTE, 2005.

[viii] José Ignacio Sánchez Alaniz y Susana Gurrola Briones. El uso social del patrimonio cultural. México: Ediciones Quinto Sol, 2004.

[ix] Grupos parlamentarios del PRD en las Cámaras de Diputados y Senadores. En defensa del patrimonio cultural de la nación. Posición en torno a la Iniciativa de Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. México: 57 Legislaturas del Congreso de la Unión, 1999.

[x] También El Tajín, Veracruz,  es una zona arqueológica emblemática en cuanto a la lucha por la defensa del patrimonio cultural. Desde el inicio en 1999 se ha desarrollado una amplia protesta contra un proyecto del entonces gobernador del estado de Veracruz, Miguel Alemán, conocido como la Cumbre Tajín, en la que participaron diversos sectores regionales agrupados en el Frente Papanteco en Defensa del Patrimonio Cultural. Las principales demandas de esa lucha fueron la no privatización de la zona y la participación de las comunidades indígenas en el desarrollo turístico. Uno de los sectores más combativos en la protesta era el constituido por los custodios, la gran mayoría totonacas,  quienes organizaron diversas manifestaciones con la exigencia de que los fondos que destinaba el gobierno del estado al INAH por la Cumbre y que ascendían, según declaraciones del propio director del Instituto en Veracruz, a nueve millones de pesos, fueran destinados efectivamente al mantenimiento de la zona y a dotarlos de equipo y materiales para desarrollar su tarea. El año 2000 fue declarada la zona de monumentos arqueológicos de El Tajín que incluía 1200 hectáreas. La extensión del perímetro provocó graves contradicciones con los proyectos turísticos impulsados por el gobierno del estado que buscaba que la declaratoria fuera de sólo 300 hectáreas, ya que se pretendía desarrollar un complejo turístico con hoteles de lujo, campo de golf, galerías, auditorios, etcétera.  El gobierno estatal aprovechó que también existía descontento de las comunidades indígenas que habían quedado incorporadas a la zona y se generó una crisis con el INAH, canalizada a través de un Comité de Defensa de la Propiedad, encabezado por priístas y dirigentes de comerciantes ambulantes proclives al gobierno del estado. Uno de los principales blancos de ataque fueron los custodios, apoyándose en algunos legisladores locales y recibiendo el respaldo del entonces senador Fidel Herrera, quien incluso promovió un punto de acuerdo en el Senado para derogar el decreto de la Declaratoria.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar