El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llevó a cabo su octava audiencia local en la ciudad de Valladolid, Yucatán, México, del 9 al 12 de marzo de 2023, por la implementación del llamado Tren Maya. Se trata del megaproyecto de transporte ferroviario en torno al cual se gesta un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán, México, que pone en grave riesgo de destrucción y degradación ecológica a los ecosistemas, así como a los pueblos mayas, afectando la sustentabilidad de sus culturas y de sus territorios ancestrales.

El Tribunal visitó in situ a las comunidades mayas de Pisté, El Señor-Xmaben y Tihosuco, afectadas de manera directa por el proyecto, donde se escucharon los testimonios de integrantes de varias comunidades mayas afectadas. Asimismo, junto con organizaciones ambientales aglutinadas en el colectivo “Sélvame del Tren” (integrado por organizaciones como SOS Cenotes y Cenotes Urbanos, entre otras, así como por científicos, académicos y ciudadanos en defensa del agua, las cuevas y la selva), el Tribunal realizó una visita a cenotes y cavernas situados en Playa del Carmen, que ya están siendo afectados por la construcción del Tren Maya. Además, durante la audiencia el Tribunal escuchó 23 testimonios de representantes de comunidades indígenas de Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo y de organizaciones ciudadanas y ambientalistas, y recibió los informes periciales de académicos e investigadores.

Amparados en lo que dispone la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las Declaraciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sustentable, y la jurisprudencia emitida tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como por el Sistema Universal de Derechos Humanos y por la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Ético, en nombre de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Humanidad y de las generaciones venideras resuelve lo siguiente:

Reconocer de modo irrefutable la violación a los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo, protector y guardián de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan los ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya.

Declarar la vulneración de derechos de la Madre Tierra, el derecho a la vida y a existir; su derecho a ser respetada, el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; derecho al agua como fuente de vida; el derecho a la salud integral; el derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos, todos ellos reconocidos en el artículo 2.1 literales a) b) c) e) g) y h) de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Condenar a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. Exigimos al Estado, particularmente al Gobierno Central y al Ejecutivo, a que cese del despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza.

Declarar a los cenotes como sujeto de derechos por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región.

Como medidas de reparación integral se ordena:

1. a) Realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas tanto de los diferentes tramos del proyecto Tren Maya como del Plan Maestro que hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades competentes. Al respecto, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no parciales y comprender no sólo a este proyecto, sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona.
2. b) Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales, así como de todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios.
3. c) Suspender los procesos de despojo y expropiación de la tierra ejidal a las comunidades y revisar los procesos de despojo y expropiación ya realizados.
4. d) Desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a este.

Exhortaciones

Exhortar a las empresas e inversionistas del proyecto a respetar los derechos colectivos de los pueblos previstos en el Acuerdo de Escazú y en las demás normas establecidas en el ordenamiento jurídico tendientes a garantizar los derechos de los pueblos.

Exhortar al Ejecutivo y Legislativo federales a:

Revisar la Ley Agraria que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan.

Realizar reformas constitucionales para incorporar el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.

Realizar las reformas constitucionales a nivel Federal para que se reconozca a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

Al Poder Judicial de la Federación:

Aplicar los más altos estándares nacionales e internacionales de protección en materia ambiental y de derechos de los Pueblos Indígenas, en todos los juicios que se han presentado en contra del Megaproyecto Tren Maya por violaciones a los derechos de la naturaleza, agua, así como los derechos culturales.