71 rivado de la disolución de las rocas calcáreas y de que no hay evidencias de abatimiento y de sobreexplotación del acuífero (CONAGUA, 2021). En respuesta a este informe, el entonces gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, no sólo expresó su desacuerdo sino también responsabilizó a este organismo por los permisos otorgados y de las irregularidades: “Ellos (Conagua) deberán de decir que nada tiene que ver (el socavón) con la extracción de agua, porque todos los permisos que están ahí siendo explotados, las extracciones que no tienen ningún permiso, ellos saben de qué se trata. O ellos otorgaron el permiso o ellos también permiten que esa extracción sea sin documentos” (Bretón, 2021). Posteriormente, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Puebla, en concordancia con el dictamen elaborado por instancias académicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se confirmaría que el socavón fue provocado por la extracción masiva de pozos irregulares junto con la erosión del suelo y las intensas lluvias del temporal (Animal Político, 2021). Desde un principio Pueblos Unidos manifestó que el socavón se debía a la explotación de los mantos acuíferos, y en conferencia de prensa a través del geógrafo y biólogo David Jiménez declararon que: “El socavón no es una fractura geológica, tiene que ver con el registro de más de 60 años donde se asentaron más 150 empresas e industrias que han saqueado el agua, pues hace 40 años aquí había un lago. ¿Cuántos millones de litros de agua se están llevando las industrias?, se preguntó el investigador durante la conferencia, y añadió que la explicación debe ser histórica y socioambiental” (Desinformémonos, 2021). Entre las distintas declaraciones y la vasta información que se hizo pública y se socializó a través de diversos medios locales, nacionales e internacionales, pasados los cuatro meses del cierre de la planta de Bonafont, el 8 de agosto de 2021, día de la conmemoración del nacimiento de Emiliano Zapata, Pueblos Unidos convocó a una reunión pública y en asamblea popular para dialogar con diversas instancias: el gobierno estatal, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la empresa Bonafont. Ningún funcionario y tampoco representante de la empresa acudieron a la reunión, pero la asamblea popular tuvo lugar. Funcionarios ausentes el 8 de agosto. Foto: Eliana Acosta
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3MTQ=