69 Así como lo hicieran en 2021, mujeres y hombres de diferentes edades, familias y comunidades se articularón contra el acaparamiento del agua y el hidronegocio, organizándose en 2019 en defensa del Río Metlapanapa para evitar que las empresas del Parque Industrial de Huejotzingo descargaran sus desechos tóxicos y convirtieran este río en otro drenaje a cielo abierto. Esta confluencia organizativa dio lugar a la instauración de un gobierno por usos y costumbres en la alcaldía de Santa María Zacatepec. Pero también, la lucha contra Bonafont y la defensa del Río Metlapanapa, aunada a la resistencia en la organización de Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA) y como Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), son parte de la defensa de un territorio que logra un alcance histórico y regional amplio, al oponerse al proceso de descampesinización asociado a la industrialización y urbanización de esta zona estratégica por su cercanía con el área metropolitana de Puebla y Tlaxcala y por el despojo de sus fuentes hidrológicas nacidas en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Para aproximarse a la lucha por el agua y la defensa del territorio y al despojo progresivo y la crisis hidroecólógica asociada, se debe considerar el impacto de las reformas impulsadas durante el salinismo. En efecto, aun cuando el agua es propiedad originaria de la Nación, disposición derivada de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte en 1992 se reformó la constitución y se estableció un sistema de concesiones en la Ley de Aguas Nacionales que favoreció la apropiación y mercantilización del líquido vital y su transfiguración de un bien público a una mercancía (López, 2017: 15). Este cambio se encuentra estrechamente vinculado a la reforma del artículo 27, la cual abrió la posibilidad de que los ejidos, procedentes de la restitución y dotación de tierras durante la posrevolución, dejaran de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables y pudieran establecer contratos de arrendamiento, aparcería, asociación y uso de las tierras por terceros (Guerrero, 2012: 86). Estas reformas son parte del proceso de “neoliberalización del territorio y del agua” (Ávila-García, 2015: 26) y, en específico, de los cambios estructurales que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado se impusieron a través del Estado al favorecer de manera simultánea la reorganización del territorio para su apropiación y la instrumentación de un marco legal para facilitar el despojo y la acumulación del capital. La privatización y el extractivismo van aparejados de la desregulación económica y ambiental y, con la apertura comercial y la disposición de normas ambientales laxas, se han devastado territorios y a su paso se han multiplicado los conflictos socioambientales. Es así que actualmente en México bajo el régimen de concesiones se ha incrementado en las últimas décadas la gestión privada sobre la gestión pública y social (López, 2021: 7) y se ha privilegiado el interés privado sobre el interés común, lo cual ha provocado que el 70% del agua esté concentrada en unos cuantos “millonarios del agua” y que también el 70% del agua dulce se encuentre contaminada a causa de la descarga de químicos y de aguas residuales (Gómez & Moctezuma, 2020; Román, 2018; Lira, 2018). Tal panorama nacional se exterioriza de manera notable en la región de los Cholultecas y los Volcanes. Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la explotación de los mantos acuíferos y el despojo del agua de los pueblos originarios se ha incrementado al parejo de la urbanización y al desarrollo de la industrialización y del establecimiento en la región de parques industriales donde se han asentado, entre otras múltiples compañías, Vokswagen, Hylsa-Ternium, PepsiCo, Big Cola, Bonafont, El Calvario, Industria Mexicana de Alimentos, Skytex México, Unidad Tecno Textiles. No es casual entonces que en el Valle poblano-tlaxcalteca, la Cuenca del Río Alto Atoyac que forma parte de la región hidrológica del Rio Balsas sea el segundo río más contaminado del país y sea causa de diversas enfermedades asociadas al alto grado
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