No. 45, Septiembre-Octubre

Ayotzinapa: cuna de la conciencia social

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Introducción

Varias dimensiones están presentes en el análisis de lo sucedido en Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, todas ellas históricas. No referirse a estos antecedentes, aunque sea enunciándolos, limita la reflexión a suponer que la tragedia de Iguala es un hecho aislado, local, versión que intenta, inútilmente, el Estado mexicano de convertir en una “verdad histórica”. Pensar sobre el estado de Guerrero nos remite necesariamente a carencias y necesidades: pobreza alimentaria y extrema pobreza, (después de Chiapas es la segunda entidad con mayor porcentaje de personas en extrema pobreza, 31.7 de cada 100 habitantes la sufren;  CONEVAL 20110-2012); en Guerrero, de cada 100 personas de 15 años y más, 17 no saben leer ni escribir, es decir, un 14.4% de la población estatal, comparado con el promedio de 7 % de analfabetismo a nivel nacional. El promedio de escolaridad de los individuos de 15 años o más fue de 7.3 años, un 13.1% inferior al 8.4% del promedio nacional; Guerrero tiene el significativo precedente de la guerra sucia de la década 1960-70 perpetrada por el ejército; sufre el ancestral abandono de sus comunidades indígenas; cacicazgo; muertes; violencia y desapariciones forzadas; violación sistemática de los derechos humanos; violencia de género; saqueo de los recursos naturales de los pueblos; narco y narco política y un largo etcétera. [2]

 Lo anterior nos dirige a valorar otros hechos que son respuestas locales a la inseguridad y a la violencia, respuestas desde abajo, desde el Guerrero profundo. Me refiero a los movimientos sociales como la Asociación Cívica Guerrerense (1959) fundada por el después guerrillero Genaro Vázquez Rojas,   la creación desde hace más de 20 años de la CRAP_PC (1995)[3] (con su territorio histórico, Costa y Montaña de Guerrero), las distintas policías comunitarias de reciente formación, como las de Tlapa, Olinalá, Temalacatzingo, Huamuxtitlán, Copala, Tixtla, etcétera, pertenecientes a la CRAP-PC;  La Unión de pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero formada en 2013 (UPOEG);[4] la construcción del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en la Montaña de Guerrero, también con 20 años de antigüedad; el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).  El papel de estas respuestas organizativas locales es de vital importancia, pues forman parte de la memoria histórica del estado, además cuentan con una fuerte presencia y arraigo ante la profunda crisis de inseguridad, violencia y violación sistemática de los derechos humanos. Las policías comunitarias son la respuesta desde la tradición, desde lógicas culturales para la resolución de conflictos a través de normas comunitarias de larga data. Asimismo muestran la “incapacidad” del Estado para brindar seguridad y justicia en amplias regiones del país. Abel Barrera Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, acertadamente expresó en julio de 2013,  el sentir de su organización:

En Guerrero dos gobiernos consecutivos autodefinidos como izquierdistas en el discurso, no han revertido los patrones de violaciones a derechos humanos, como lo evidenciaron los abusos cometidos en el marco de la represión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011. En este escenario, la lucha  por los derechos humanos aparece para el oficialismo como una quimera respaldada por gente inconforme. Pero paradójicamente, en el contexto de la Montaña de Guerrero, donde los derechos reconocidos en las normas son negados cotidianamente por la oprobiosa realidad, la apropiación y el uso de los mismos derechos desde la lógica comunitaria sigue siendo un instrumento efectivo para cohesionar las luchas sociales, para crear movimientos emblemáticos que resisten la violencia caciquil y delincuencial.[5]

Este escenario de oprobio, brevemente enunciado remite por último, al Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (15 de octubre de 2014).[6]  La Comverdad  define la guerra sucia en México y la sitúa a finales de los años 1960 a principios de los 1980, señalando que los autores materiales e intelectuales fueron  corporaciones del Estado mexicano en contra de la sociedad civil (ejército y policías, características semejantes a lo sucedido en Iguala) y para caracterizarla señala torturas, violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, impunidad, desapariciones forzadas, acciones armadas y de intimidación contra comunidades de campesinos, estudiantes y maestros. Todo ello con el agravante del ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. Resumiendo, para la Comverdad guerra sucia es violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. De acuerdo a este enunciado, concluyo que en el Estado de Guerrero existe una permanente guerra sucia, desde los 1960 hasta la actualidad. [7](Condición que parece haberse extendido a todo el país, ver Tlataya, San Fernando, Atenco, APPO). Cuando la acción de la justicia es inexistente, veremos la repetición de estos lamentables hechos una y otra vez.

La historia que documenta la Comisión de la Verdad de Guerrero sigue presente en la memoria histórica de los habitantes de la Montaña que vinculan la presencia del ejército siempre con la violencia y la impunidad que se vive en la región desde la década de los años sesentas. A estas historias se unen las memorias más recientes de la masacre del Charco, precisamente en el municipio de Ayutla de los libres y de donde son originarios cuatro de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Así, todos estos hechos se han vivido como un continuum de violencia que ha marcado especialmente a los pueblos indígenas de la región con el estado mexicano. La complicidad del ejército mexicano en los hechos de Ayotzinapa es evidente gracias a testimonios como el de Omar García, integrante del comité estudiantil de esa normal, señalando que cuando por fin aparecen las fuerzas armadas el día de la agresión, fue dos horas después de los hechos y en lugar de ofrecer asistencia a los heridos, detuvieron a los jóvenes y los golpearon “…nos dijeron ustedes se lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen”.[8]

 

La creación de las normales rurales en México y la reforma educativa del siglo XXI

Antecedentes

La revolución de 1910, de profunda raíz nacionalista, creó las bases para una educación laica, gratuita, así como para la revaloración de las culturas indígenas, “pero sólo en la medida en que representaban lo nativo, lo que no es extraño, lo que es un componente orgánico y fundamental de la nacionalidad”.[9]  Así, siendo presidente Álvaro Obregón, sustituye en 1921 el viejo Ministerio de Instrucción Pública por la Secretaria de Educación Pública poniendo a José Vasconcelos a cargo, quien de inmediato efectuó su plan de fundación de escuelas rurales, escuelas de artes y oficios, bibliotecas, así como la formación de nuevos maestros. Sin embargo, la apertura de escuelas normales regionales realmente se ejecutó con los secretarios de educación pública Moisés Sáenz y Rafael Ramírez.

La primera escuela Normal regional fue la de Tacámbaro, Michoacán. Desde sus inicios estas normales trabajaron con un plan de dos años, combinando materias académicas con el aprendizaje de labores agrícolas y oficios. Fue hasta 1926 que se diseñó un plan de estudios de manera formal. En la legislación de 1927 se estipuló que todas las normales tendrían internado y que los alumnos contarían con becas. En su origen las normales rurales representaron una encrucijada entre la lógica de forjar patria y los derechos sociales conquistados desde abajo. En ellas se formaron maestros misioneros, profesores dispuestos a desplazarse a los lugares más recónditos del país. “Organicemos al ejército de los educadores que sustituya al ejército de destructores”, declaró Vasconcelos en 1920. Era una lógica de estado para crear una nación. Sin embargo la educación rural también correspondía a una lógica social de los de abajo  (lógica social que la reforma educativa actual pretende ignorar y hasta destruir). Por siglos no hubo escuela para los pobres; por siglos la tierra de  los campesinos había sido consumida por los hacendados; por siglos trabajadores laboraban en condiciones de esclavitud en las plantaciones y en las minas; por siglos los recursos naturales que esta mano de obra extraía pasaban a manos extranjeras.

En las normales rurales se revertía esa lógica: muchas, como es el caso de Ayotzinapa (fundada en 1926, hace 89 años), se fundaban o instalaban en antiguas haciendas; se formaron cooperativas agrícolas como parte de la pedagogía; los alumnos recibían, como ya se dijo, becas y derecho a una plaza de maestro al terminar la carrera.

Los alumnos de las normales rurales organizaron la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSUM. Actualmente es la organización estudiantil más antigua de México con 80 años de vida, agrupa a estudiantes de las 17 normales sobrevivientes. La FECSUM no sólo se encarga de labores de concientización sino también se moviliza en apoyo de luchas campesinas, obreras, estudiantiles y magisteriales. En resumen: ser fiel a los principios que originaron estas instituciones. La fidelidad a estos preceptos originarios, explica por qué el Estado ha intentado desde la década de 1940, después del cardenismo cuando las normales rurales tuvieron un gran impulso, contener y desparecer estas instituciones.

En 1969, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se cerraron 15 de las 29 normales rurales. Las protestas no se hicieron esperar enarbolando el derecho a la educación y la responsabilidad constitucional del Estado. “llegaron a la SEP enérgicas condenas de ejidatarios, normalistas y padres de familia: ‘No nos obliguen a pensar que seguimos en la etapa del porfirismo, en que sólo a los hijos de los burgueses se les impartía la educación, ya que a cada momento se habla del progreso en el aspecto cultural”[10].

El tipo de conciencia forjada a raíz de la Revolución y resguardada en un notable proceso histórico de resistencia en las normales rurales es una conciencia que tiene muy clara la hipocresía de un gobierno que habla del progreso (mover a México) mientras ejecuta una política educativa y social que facilita todo menos eso. El proceso de concientización de los preceptos resguardados en las normales rurales parte de un principio fundamental: la educación no debe ser un privilegio destinado sólo a las élites, por tanto su extinción como educación pública, es no sólo un asunto académico sino también social.

Afirma Eduardo Galeano:

La educación está vinculada con todos los aspectos de la vida. Culto no es el que más sabe, culto es el que más aprende a entenderse con los demás, el culto aprende a recrear un mundo donde el prójimo sea una promesa y no una amenaza. Donde yo pueda reconocer en otro alguien con quien pueda comulgar, con quien tengo cosas para compartir, alguien que tiene que decirme cosas que vale la pena escuchar.[11]

 

Las Normales rurales y los maestros en el neoliberalismo

La normal rural de Mactumatzá, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.[12]

Inicio este apartado describiendo brevemente lo sucedido en la Normal rural de Mactumatzá pues considero que es un ejemplo documentado de las políticas gubernamentales en torno a la privatización de la educación pública en México.

En 2002 ya solo existían 17 Normales rurales, para esa fecha el Banco Mundial aprobó un préstamo de 40 millones de dólares. Una de las condicionantes de tal préstamo fue la conversión de algunas normales rurales en secundarias técnicas semiprivadas, en concreto se refería a la normal de Mactumatzá. [13] De acuerdo a estos lineamientos el gobierno despojó a esta normal de una de las conquistas históricas del magisterio, la seguridad de la plaza al terminar su preparación, con ese fin impuso un examen como requisito para la obtención de la seguridad en el empleo a través de la plaza. La reacción de los estudiantes, padres y profesores no se hizo esperar organizándose un movimiento en contra de tales medidas. El gobierno canceló el semestre, y desató una feroz represión encarcelando a 150 maestros y estudiantes y un chofer asesinado, trasladando a los presos a una prisión de máxima seguridad. En 2004 la escuela que por 46 años sirvió a las comunidades pobres e indígenas de Chiapas, era ya una sombra, se canceló el sistema de internado, se contrató a una agencia privada para aplicar exámenes estandarizados. 

 Mactumatzá es una muestra de lo que el sistema neoliberal ha hecho con las normales rurales y con la educación en México. Actualmente están en proceso de extinción o de conversión en secundarias técnicas, Mactumatzá y la normal de El Mexe en Hidalgo.

 

Las normales rurales y los maestros en el neoliberalismo

Los que ganan dinero con la privatización son los grandes capitales nacionales e internacionales (esto se confirma con lo recientemente expresado por Roberto Servitje[14], uno de los fundadores del Grupo Industrial Bimbo, resulta extraño, por decir lo menos, que un empresario dedicado a mal nutrir y volver obesos a los mexicanos declare en contra de la normal de Ayotzinapa) pues sólo a estos capitales depredadores les conviene tener masas sin educación y sin identidad nacional, es una concepción de la educación al servicio de las maquiladoras, las grandes transnacionales, y el narco, ya se habla de una categoría social nueva: los jóvenes narco lumpen. Así la educación dejó de ser un mecanismo para fomentar la participación social, la movilidad social y en el caso concreto de la normales rurales la organización con las comunidades aledañas, como es el caso de Ayotzinapa, la educación ya no sirve para construir la democracia y  la formación de la conciencia social, es en cambio un mecanismo para clasificar o seleccionar la fuerza laboral, reduciendo la educación en mercancía.

Estas medidas aplicadas desde el gobierno no se han dado sin resistencia por parte de los protagonistas, un corolario de estas inconformidades es la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE ante décadas de corrupción y cacicazgo sindical (1978). Muchos de sus líderes son graduados de normales rurales, otros son maestros sobrevivientes del 68 y del 71, etcétera.

Lo que se aprecia en la formación de los normalistas es que poseen una larga historia de liderazgo social, de salir de las aulas para participar en luchas comunitarias (ejemplos como los de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas,  egresados de la normal de Ayotzinapa, Othón Salazar, preso político y dirigente del Movimiento revolucionario del magisterio MRM, quien por cierto cursó el segundo grado también en Ayotzinapa). La represión a estos líderes es conocida, el asesinato de los dos dirigentes guerrilleros, el olvido y despojo de su plaza de maestro de Othón Salazar quien muere prácticamente en la miseria exigiendo siempre una pensión como maestro y la impune desaparición forzada y muerte, aún sin aclarar, de alrededor de 150 maestros, desde que se inicia el movimiento de la CNTE, entre ellos Misael Núñez egresado también de la normal rural de Tenería, estado de México.

El primero de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC). Los estragos a 21 años de la firma de este Tratado los estamos constatando actualmente, más de un millón de campesinos fueron desplazados, se acabó con los cultivos de milpa, se importa maíz a través de cadenas minoristas como Wal-Mart, se afectó gravemente el pequeño comercio, entre otras muy graves consecuencias.

El TLC fue el primer tratado internacional de libre comercio que define a la educación como un servicio mercantil, socavando y violando el artículo 3º de la Constitución.

Posteriormente durante el gobierno de Fox, se promueve que en las escuelas primarias se paguen “cuotas” que de hecho son colegiaturas, aplicando pruebas estandarizadas manejadas por una agencia privada de “examinaciones”, son exámenes racistas y clasistas que catalogan a los alumnos en ganadores y perdedores. No obstante lo más fuerte, lo que ha causado el mayor estrago, ha sido reducir notablemente el presupuesto para la educación, estrategia perversa de privatización aplicada sistemáticamente desde hace décadas, cada año las normales rurales deben negociar con la SEP y con los gobiernos estatales las convocatorias de nuevo ingreso y viven en una permanente penuria económica.

Al mismo tiempo el Estado subvenciona con fondos públicos a la educación privada. Cuando los jóvenes hacen su examen de admisión para entrar a estudiar en instituciones de educación media y superior, a los candidatos, sin autorización alguna, les envían sus datos a instituciones privadas, ofreciendo el “beneficio” de una media beca.

El acoso constante en contra de las normales rurales forma parte de las estrategias para desaparecer la educación pública comprometida con las mejores causas de este país.

Actualmente sobreviven 17 Normales Rurales:

  1. Quinto, Sonora.
  2. Saucillo, Chihuahua
  3. Aguilera, Durango
  4. San Marcos, Zacatecas
  5. Cañada Honda, Aguascalientes
  6. El Cedral, San Luis Potosí
  7. Atequiza, Jalisco
  8. Tiripetío, Michoacán
  9. Tenería, estado de México (Misael Núñez Acosta asesinado presuntamente por órdenes de Elba Esther Gordillo, es egresado de esta normal).
  10. Panotla, Tlaxcala
  11. Amilcingo, Morelos
  12. Teteles, Puebla
  13. Ayotzinapa, Guerrero
  14. Tamazulapa, Oaxaca
  15. Hecelchakún, Campeche

Más las dos mencionadas en proceso de cierre, Mactumatzá en Chiapas y El Mexe en Hidalgo.

 

Ayotzinapa cuna de la conciencia social

En contextos como el guerrerense, la atomización del poder implicó el fortalecimiento de la delincuencia organizada, heredera y continuadora de los caciques de siempre. Lo hemos dicho hasta el cansancio: en Guerrero, la línea entre la delincuencia organizada y amplias franjas de los gobiernos es indistinguible. No se sabe dónde comienza uno, donde termina el otro, quién infiltra a cual. [15]

Los sucesos de Iguala, Guerrero, en perjuicio de los normalistas de Ayotzinapa, han desatado una movilización e indignación nacional e internacional, a casi seis meses de la tragedia la demostración de ineptitud, colusión e inoperancia gubernamental ha ido en aumento. Ninguna autoridad ha sido capaz de dar una explicación sólida y creíble sobre las razones de esos asesinatos ni de las desapariciones forzadas, ni se ha emprendido ninguna acción verosímil para encontrar a los 43 normalistas que siguen desparecidos y procurar justicia para las víctimas y sus familiares. Al momento de escribir estos párrafos, están ya los resolutivos del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas CD-ONU organismo que puso en duda la “certeza jurídica” y la “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam. Explica el Comité que el caso “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado (mexicano) en materia de prevención, investigación, y sanción de las desapariciones forzadas”, afirmando que la desaparición forzada es delito “generalizado” en gran parte del país y que sus perpetradores gozan en su inmensa mayoría de total impunidad. El señalamiento no es menor, dado que en el derecho internacional humanitario, como lo señala el Tribunal Penal Internacional (Roma, 1998), la desaparición forzada practicada de forma generalizada o sistemática incluso en tiempos de guerra es considerada un crimen contra la humanidad, continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto o amnistía y debe ser investigado por el fuero común.[16]

La respuesta del gobierno mexicano se dio a través del titular de la Secretaria de Relaciones exteriores José Antonio Meade, quien calificó de “inexactitudes” las recomendaciones del Comité de la ONU, asimismo dicho Comité recomendó al gobierno mexicano la urgencia de llevar a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas, crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional. Interesante y necesario sería saber a partir de este registro de víctimas, a qué estratos de la sociedad pertenecen, el género y la edad. Recordemos que varios estudiosos (Víctor Toledo en 2006 y Gilberto López y Rivas en 2015) han señalado que el Estado mexicano ha implementado una política de juvenicidios en donde los agredidos son precisamente los jóvenes, de cualquier género, pobres e indígenas.[17] Asimismo para documentar esta política en contra de los jóvenes aplicada en Guerrero recomiendo leer el artículo de Mariana Mora Ayotzinapa, violencia y el sentido del agravio colectivo. [18]

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, CED, también se refirió al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y afirma: “…ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”. [19]  A estas recomendaciones respondió, como ya se comentó, la Secretaria de Relaciones Exteriores, pero también la de Gobernación.  En su misiva refutan las observaciones del comité y aseguran que “éstas no reflejan adecuadamente la información presentada por nuestro país el 2 y 3 de febrero pasados en Ginebra Suiza”; en el comunicado se destaca que “las recomendaciones emitidas no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”. Es difícil reforzar acciones y compromisos inexistentes; este comunicado, al ser como siempre impreciso, genera mayores incertidumbres y preocupación sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones y observaciones emitidas por el CED.

Al mismo tiempo se intenta evadir el escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Pero sobre todo el gobierno mexicano demuestra falta de voluntad política para respetar los derechos humanos, pretende negar la realidad y la verdadera dimensión de la crisis en materia de derechos humanos y  la ausencia de una democracia verdaderamente representativa del pueblo. [20]

Dentro de los fines de un Estado neoliberal, uno de sus ejes principales ha sido destruir la educación pública, laica y gratuita. Gracias a la tenacidad del magisterio organizado esto no se ha logrado, sin embargo, las escuelas oficiales, sobre todo las de educación básica y media, agonizan entre el abandono y la destrucción; los planes de estudio han sido prácticamente desbaratados, relegando al olvido el aprendizaje de la historia nacional, el civismo, el español, entre otros importantes temas. Incluso se promueve de año en primero, segundo y tercero, a niños que aún no aprenden a leer. Se busca la eficacia a partir de dejar en el camino a los estudiantes más pobres, los que para la lógica del sistema político hegemónico son desechables. Por eso las normales rurales le estorban al gobierno, esta es la razón execrable de lo sucedido en Iguala, Guerrero.

El crimen de lesa humanidad de Iguala tiene su base en gobiernos que decidieron desde hace por lo menos tres décadas secuestrar el derecho constitucional, destruir la soberanía nacional, impulsar un proyecto de subordinación integral a los intereses corporativos y de seguridad transnacionales. Este proyecto ha resultado en un Estado atomizado, derrumbado, carcomido, sometido a la disputa de distintas fracciones de partidos, de los grupos policiales,  de las fuerzas armadas, todos en colusión con la criminalidad.

 

[1] Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH

[2] Paradójicamente. en los años 60 Guerrero ocupaba el segundo lugar en pobreza en el país. (COMVERDAD) y cincuenta y cinco años después, como ya se apuntó, lo sigue ocupando. Comprobamos que la política estatal es mantener pobres a los pobres, quienes constituyen un ejército de reserva de mano de obra barata y prescindible (ver al respecto el documental actual “Migrar o morir”, hecho por el Centro de Derechos Humanos y compararlo con el documental de los setentas de Eduardo Maldonado, titulado “Jornaleros”.  www.youtube.com/watch?v=WLI5eRZNkmw, 2009. Y https://books.google.com.mx/books?isbn=9703236057

[3] Garza Marcué. Rosa María. Sistemas Normativos, principios comunitarios para la autodefensa: San Luis Acatlán y Olinalá Guerrero. Revista en el Volcán. Numero 25, www.enelvolcan.com. Septiembre de 2013.

[4] Para fines de 2013, en 43 de los 81 municipios de Guerrero tiene presencia algún tipo de policía comunitaria o policía ciudadana. Informe CNDH, 2013 http//www.cndh.org.mx/sites/allfuentes/documentos/informes/especiales/2013_IE_grupos_autodefensa.pdf.

[5] Barrera, Abel. Guerrero: el epicentro de las resistencias. La jornada, 20 de julio de 2013. Página 17

[6] http://w.w.w.jornada.unam.mx/2014/10/14/politica/008nlpc. http://desinformemonos.org.PDF/InformeFinalCOMVERDAD.pdf

[7] Opinión también expresada por un integrante del MPG quien habla de una “segunda guerra sucia” relatada en el artículo de Mariana Mora, Ayotzinapa, violencia y el sentido del agravio colectivo: reflexiones para el trabajo antropológico. Boletín del Ciesas, no, 25 enero de 2015.

[8] Testimonio de Omar García sobre el enfrentamiento en el 27 de Iguala: www.youtube.com/watch?v=FhMEt8xorcc

[9] Guerrero, Javier. Moisés Sáenz, el precursor olvidado. ”.   Revista Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales. No. 1 julio 1975. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=nuant&n=1

[10] Padilla, Tanalís. Los inquietos. La Jornada, 18 de octubre de 2014, página 6

[11] Entrevista a Eduardo Galeano, confrontar el documental Granito de Arena.

[12] Los datos de este apartado fueron seleccionados del documental: Granito de Arena. Directora Jill Freidberg.  www.youtube.com/watch?v=Mu2E-iTARjo.

[13] Los síntomas agudos de este proceso se advirtieron desde 1992, cuando se modificaron contenidos en los libros de historia de México, para cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria. Los académicos del INAH, agrupados en la Delegación Sindical D-II-IA-I y el Colegio Mexicano de Antropólogos realizamos un encuentro y posterior publicación sobre el tema.  Secuestro de la Memoria. Un debate sobre los libros de texto gratuito de historia de México. En esa publicación Antonio Machuca afirma: “Sabido es que para la conformación de identidades nacionales, el pasado se nos presenta como el basamento de los significados y valores del presente. Si se modifican las versiones de la historia nacional sin considerar los sustentos consensuales representados por la población…si se ignora que hay una dinámica de sanción la cual, a pesar de las decisiones unilaterales del gobierno, se desplaza siempre desde direcciones distintas de la sociedad cuando se afecta el fundamento de los más estables marcos referenciales especializados (como es el de la identidad nacional), no puede menos que desencadenarse una reacción generalizada en contra de dichos cambios”. Contraportada.

[14] El Universal.com.mx/NACIÓN. Usan a Ayotzinapa para desestabilizar: Roberto Servitje. 15 de enero de 2015. Este empresario de origen catalán, pertenece a una familia conservadora,  su hermano Lorenzo fundó el grupo A Favor de lo Mejor, intentando evitar un concierto de Madonna en 1993; se ha opuesto a la educación sexual en las escuelas, el aborto, las marchas gay y el uso del condón. Al mismo tiempo influye en las televisoras para evitar programas y contenidos “inconvenientes” para la formación de las familias mexicanas. Wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Servitje.

[15] Barrera, Abel. Del 2 de octubre al 26 de septiembre. La jornada 3 de octubre del 2014, página 26

[16] Confrontar el artículo de Carlos Fazio en la Jornada. Murillo Karam y su viernes 13, 16 de febrero, pág. 21

[17] La violencia estructural contra los jóvenes ha sido examinada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en su Audiencia Temática sobre la Destrucción de la Juventud. Capítulo México que se llevó a cabo del 8 al 10 de diciembre del 2014 en la Ciudad de México. . Jovenesemergencia.org/tag/tribunal-permanente-de-los-pueblos/tribunal Permanente de los Pueblos.DSC_0061

[18] Mora, Mariana. Óp.cit. pág. 9.

[19] Critica Meade recomendaciones del Comité de Naciones Unidas. Nota de Víctor Ballinas. La jornada, 17 de febrero de 2015, página 4.

[20] De acuerdo a Amnistía Internacional en México hay 7 mil denuncias por tortura y sólo 7 condenas a escala federal, diariamente mueren 6 mujeres por crímenes de violencia de género, que más de 22 mil personas estan desparecidas, y que México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. La jornada, nota de José Antonio Román. Falta Voluntad del gobierno considera AI. 17 de febrero, página 4.

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