No. 45, Septiembre-Octubre

Editorial 45: Ausencia Programada

.

 

A dos años de la tragedia de Ayotzinapa, nuestra revista dedica su número 45 a un ejercicio de memoria, pero de una memoria crítica e incómoda, aguda y rigurosa, ante esta manifestación específica del amplio proceso de ausencia programada a la cual se encuentra sujeta, en diversas modalidades, la mayor parte de la población en México. De ese proceso proviene la ocurrencia de instaurar por decreto la “superación” psicológica de todos y cada uno de los agravios que nos tocan, de distintas maneras.

En ese sentido de una memoria crítica a ejercitar, los materiales que se exponen en este número constituyen reflexiones relevantes sobre Ayotzinapa que no han perdido pertinencia, aunque se generaron antes del desarrollo más reciente de los procesos que se han seguido suscitando.  Los textos fueron compilados por nuestra compañera la arqueóloga Rosa Reyna y derivaron de la sesión organizada en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH por el Grupo de Estudios sobre Guerrero, conformado por investigadores del INAH y de otras instituciones, el 18 de febrero de 2015, bajo el título “¡Vivos los queremos! Significado y consecuencias de la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero”. A esos textos se suma un poema del profesor Guerrerense Lorenzo Esteban.  Agradecemos a todos los autores su generosa anuencia para integrarlos en este número de la revista. El número se completa con la glosa y liga de materiales audiovisuales alusivos al tema.

La ausencia tiene muchas dimensiones y canales. Sus modos son diversos y a menudo lacerantes: la distancia, el abandono, la desaparición, la partida, la privación, el vacío, forman parte de una realidad que ahora enfrentamos, pero para la cual uno(a) nunca está preparado(a).

Sin embargo, cuando esa ausencia se programa, se comete, se produce, cuando se presenta de manera deliberada, cuando se perpetra por acción u omisión del Estado, cuando se vuelca en desaparición forzada, entonces la carga de dolor e indignación se dispara, crece aún más, se intensifica.  Y al agravio de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, se suma el agravio por el manejo que el Estado ha hecho de aquello.  Al ultraje y el menosprecio patentes en esa fecha, se ha sumado la tergiversación, la negación y la insolencia. 

El crimen organizado permea al Estado y se sabe impune. Y lo sabemos impune.

La desaparición forzada constituye una expresión brutal de la ausencia programada que preside la vida cotidiana de tantas y tantos mexicanos. Y ese dolor profundo de Ayotzinapa remite a su irrelevancia como seres humanos, a su llana inexistencia, subyace y se expresa no en los discursos por supuesto, sino en la definición programática y operativa de las políticas públicas, en las distribuciones presupuestales definidas como se reparte a mano sucia el botín luego de un robo, quitándole fondos a la salud, a la educación, a la cultura, y protegiendo al mismo tiempo los insultantes ingresos de funcionarios, jueces y legisladores sin patria ni conciencia.

Y si las buenas conciencias no se inquietan, porque al fin y al cabo “cada quien a lo suyo”, arrulladas con la rancia tonada de “que siga el mundo girando mientras lo haga en torno a mí y no me quiten mi pedazo”, en contraste, lo que aparece es la solidez e integridad de quienes buscan con denuedo a sus familiares y amigos y la convicción de quienes no quieren ni pueden ver todo esto como algo “natural”, como otro escándalo más, como otra noticia de fondo de una vida banal.

Ayotzinapa delata la naturaleza delincuencial del Estado en tanto que aparato, cuyo compromiso fundamental descansa ahora en dos ejes de acción: el uno, proteger a toda costa la acumulación de capital en su fase extendida e intensiva; el otro, facilitar ampliamente la circulación de capital transnacional. De estos ejes, se decanta el cúmulo de operaciones delictivas que ejecuta por órdenes del mismo capital al que protege, lo cual se enfrenta con la posición de clase y la ascendencia indígena que los estudiantes normalistas agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), manifiestan en sus acciones.

 

La indignación ha dado paso a la entereza ejemplar que demuestran las “víctimas colaterales” o indirectas: madres, padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, abuelos, tías, nietos, padrinos, amigos, amores y amistades que buscan con coraje y determinación a sus “ausentados”; ha dado paso a la exigencia incesante y organizada de justicia, a la franca denuncia de un estado de indefensión que ejemplifica la profunda crisis de humanidad como tormenta que se ha llevado en los últimos años a más de 28,400 personas y en su mayoría de edad joven (RNPED, 2007-2016).[1]

En México, el estado de indefensión al que somos sujetos se ha robustecido a fuerza de la intervención directa del gobierno. La responsabilidad que recae sobre autoridades, funcionarios y servidores públicos está a la luz de los hechos ocurridos aquella noche del 26 de septiembre de 2014: el asesinato, tortura y desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, demuestra que ante la presente crisis de humanidad, la memoria es nuestro medio de permanencia para con los ausentados.

La memoria de la ausencia confronta a la “verdad histórica” ofrecida tempranamente -fuera de todo protocolo judicial- por el entonces “cansado” Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y orquestada por quien fungió como Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, funcionario que en todo momento omitió deliberadamente información relevante para el esclarecimiento de los hechos, pero que luego fue ascendido por Enrique Peña Nieto al puesto de Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Eso, a pesar de enfrentar una demanda por obstaculizar el proceso de investigación y sembrar evidencias, lo que abrió en la PGR una investigación interna en su contra.

No es un hecho fortuito que a partir de la negativa que el gobierno federal diera respecto de la ampliación del término para la continuidad de los trabajos periciales por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH), la “verdad histórica” levantada sobre un proceso de investigación tergiversado a voluntad, intente ser colocada ahora como “verdad jurídica”, al promover la clausura de las líneas de investigación propuestas como parte de las recomendaciones hechas por el GIEI en su Informe Final, en el que se señala la actuación de las policías Municipal, Estatal, Federal, Federal Ministerial y el 27 Batallón del Ejército Mexicano aquella noche del 26 de septiembre de hace 2 años.[2]

Frente al actuar de las instituciones de gobierno, la movilización social se ha volcado transnacional al organizarse allende las fronteras nacionales en torno a la demanda fundamental de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y a la consigna “nos faltan 43”; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas-DH, entre muchas otras agrupaciones que acompañan y siguen de cerca el proceso, han coadyuvado a que la resistencia de los padres de “los 43” se consolide al aportar elementos fundamentales que desmienten la “verdad histórica” propuesta por la PGR.

La hoguera en el paraje (basurero) de Cocula, el depósito de restos óseos en el río San Juan, la vinculación de algunos normalistas con grupos de narcotraficantes, son argumentos que se han desvanecido, dada la inconsistencia de las pruebas elaboradas por el cuerpo de peritos oficiales y ofrecidas por las autoridades –primero ante los medios de información enajenantes y después ante los padres de los 43 jóvenes desaparecidos–; aunado a ello, en los primeros días de la búsqueda de “los 43” y con la participación de un sector de la Policía Comunitaria de Guerrero que incursionó en los municipios de Huitzuco y Tepecoacuilco –al sureste de Iguala– así como Cocula y Apipilulco   –en el noroeste de Iguala–, donde localizaron decenas de fosas clandestinas y algunas de las casas de seguridad presuntamente adjudicadas al grupo narcotraficante “Guerreros Unidos”, se colocó de nueva cuenta a México en el ámbito internacional como “cementerio de estudiantes” y como el país del juvenicidio, como sucedió en el año 2008 con el movimiento encabezado por Javier Sicilia.

Esa imagen vuelve día con día al continuar la desaparición forzada y las ejecuciones como es el caso del asesinato de cuatro jóvenes ocurrido los días 13 y 14 de septiembre pasado en Oaxaca en el que murió Agustín Pavia Pavia, activista político y locutor de la estación de radio comunitaria Tu´Un Ñuú Savi (Voz de la lluvia), así como el asesinato de cuatro jóvenes más ocurrido este 4 de octubre en la carretera Chilpancingo-Tixtla y entre los que se encontraban dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mismos que fueron despedidos por sus compañeros con honores al considerarlos víctimas de la estrategia que sigue el Estado para desarticular la lucha por la verdad y la justicia para Ayotzinapa.

Como se ha documentado ya en México, el estado de indefensión y la crisis de humanidad operan desde un patrón de corrupción e impunidad en la procuración de justicia en el contexto el capitalismo transnacional, lo cual pone en evidencia en manos de qué tipo de personas se encuentra la investigación forense en México y la administración “pública”. No perdamos de vista que en este país, entorpecer la justicia se premia con ascensos laborales al interior de las instituciones de gobierno. Por eso, la memoria de la ausencia como presencia de los desaparecidos es vital en la reconstrucción del tejido social impactado y un freno para la cultura de la violencia.

A su vez, en este marco, hay que dar cuenta de la desaparición forzada como una expresión brutal y particular de un proceso naturalizado y cotidiano de ausencia programada de nuestra población.

 

 

[1] Usted puede descargar los informes sobre desapariciones 2016 aquí:  http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php .

[2] Usted puede descargar los informes del GIEI aquí: http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei.asp. La síntesis del informe se reproduce al final de este número de En el Volcán Insurgente.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar