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16, Diciembre de 2012

Editorial: Y cuando despertamos el 1° de diciembre, el PRI estaba ahí y sus primeras víctimas en la cárcel

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Despediremos el 2012 sin cantar villancicos, consternados frente a un parto de los montes muy autoritario, que ha incendiado nuestra editorial. Constatamos que el poder político y el mediático del duopolio se confabularon para proyectar escenarios de legitimación priísta y de estigmatización de los contingentes de sus detractores: #YoSoy132, universitarios, sindicatos universitarios y obreros (SME), simpatizantes de Morena, organizaciones anarquistas y marxistas, entre muchos otros. Mala despedida y pésimo estreno, ambos autoritarios.

 

Los preparativos para llevar a cabo el ritual de traspaso del mandato presidencial estuvieron impugnados desde sus inicios. El PRI colocó sus referentes políticos en segundo plano con la finalidad de privilegiar los dispositivos de seguridad. Preparó en alerta a sus aparatos de fuerza, incluyendo a un contingente paramilitar, cuyos integrantes vestidos con playeras de color negro, pantalones color caqui, un guante negro en la mano derecha, portando tubo o cadena para hacer más contundente la provocación y la violencia. El calzado era de inconfundibles botines policiales o tenis. Un espejo poco original que pretendía emular a los “Olímpicos” y “halcones” del 68 y del 71, respectivamente


Foto de Miguel Dimayuga

Las peores predicciones, ahora que sobrevivimos al fin del mundo, sobre lo que sería el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Poder Ejecutivo Federal, se cumplieron. No constituye un retorno más, considerando los acuerdos entre la administración panista saliente y la de Peña Nieto. Este retorno recupera el legado del PRI salinista, tanto por su vocación neoliberal como por sus prácticas autoritarias. Su delincuencial modus operandi, que los adultos mayores mexicanos conocemos por haber vivido el régimen de partido de Estado, permea todos los actos de provocación, represión y graves violaciones a los derechos humanos y constitucionales que marcaron los acontecimientos del 1° de diciembre del 2012, fecha en que Felipe Calderón, considerado el asesino serial más peligroso del México contemporáneo, entregó el poder en la madrugada de ese día, cuando Enrique Peña Nieto tomó control de las fuerzas armadas y el aparato de seguridad del Estado, antes de rendir la protesta de ley en la sitiada sede de la Cámara de Diputados. El operativo policial y parapolicial jugó el papel de convertir la legítima y legal protesta contra la imposición, en un acto vandálico que la dictadura mediática trasmitió inmediatamente en los medios masivos de comunicación, y que recordó a las innumerables veces en que provocadores infiltraron a los manifestantes para “justificar” arbitrarias e ilegales detenciones de decenas de personas que obviamente no participaron en las rupturas de cristales, daños al mobiliario urbano y saqueos a comercios llevados a cabo por los muchachos del nuevo Secretario de Gobernación y su flamante subsecretario Mondragón, con la complicidad de Marcelo Ebrad, el democrático Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Los acuerdos políticos firmados por Jesús Zambrano con Peña Nieto, que denotan el colaboracionismo de la corriente hegemónica del PRD, tienen su fundamento en las estrategias autoritarias y de provocación de los actos represivos del 1° de diciembre y sus secuelas de heridos, torturados, detenidos y criminalizados.

Lo diferente a las siete décadas que caracterizaron al régimen priista del pasado, es que ahora la reacción de la sociedad civil y de los pocos medios de comunicación que no acatan las órdenes del Poder, junto con los medios alternativos, rápidamente desenmascararon la maniobra policiaco-militar con la que se inicia el sexenio de quien afirma, será “un presidente democrático”. Desde esta tribuna de la Corriente Crítica de los Trabajadores de la Cultura, expresamos nuestra solidaridad con los heridos y detenidos en tan lamentables sucesos, exigiendo la reparación del daño, la libertad de todos los detenidos y el cese y consignación de todos los funcionarios federales y del Distrito Federal que participaron en los actos de provocación del 1° de diciembre.


Foto de AP

El primer mensaje de advertencia autoritaria del régimen de Peña Nieto fue mediáticamente acompañado. El nuevo gobierno ha pretendido atenuar su infame acto represivo, confiriéndole un reconocimiento al padre Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes centroamericanos. Preferimos cerrar nuestras líneas citando un juicio flamígero y vigente escrito un primero de enero de 1970 en la cárcel de Lecumberri:

“… la explicación del inaudito y bárbaro atentado no debe buscarse en ningún otro punto que no sea aquel de que arranca el dogma presidencial de que ‘en México no hay presos políticos’. El empecinamiento de que da muestras el gobierno mexicano por conservar este dogma no reside tan solo en la estupidez de quien trata de negar una evidencia y cree que con darle otro nombre ya consumó el milagro de abolir la realidad… Este dogma, pese a su irracionalidad –o mejor dicho por ella misma – , y al cretinismo político que encierra, viene a convertirse de tal modo, en uno de los pilares fundamentales en que se sustenta el régimen, y de lo que era un simple ‘modus operandi’ hipócrita, chapucero, de la dictadura contra sus opositores, ha terminado por transformarse en el Talón de Aquiles de la misma”.[1]

 


[1] Revueltas, José, Año nuevo en Lecumberri 1970, México, s.e., s.f., pp. 10-11.

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