4, Diciembre de 2011

Discriminación educativa y pueblos indígenas

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La discriminación en los procesos educativos  por parte del Estado mexicano y sus agentes-- activos y pasivos-- se expresa en múltiples dimensiones de clase, género e  identidad étnico-cultural. Los educandos pertenecientes a los pueblos indígenas, en particular, además de la discriminación y exclusión por sus condiciones socioeconómicas, sufren de las acciones, actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente a la construcción de los estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración-asimilación/segregación-diferenciación, igualmente disolvente de lenguas, culturas e identidades. Este binomio de etnocidio se deja sentir con especial rigor  en poblaciones indígenas migrantes que, desarraigadas de sus territorios de procedencia y de la relativa protección de los lazos comunitarios, son muy vulnerables a las vicisitudes que entraña actualmente esta condición.

A los pueblos indígenas se les niega el derecho a una educación de calidad, con pertinencia cultural y en igualdad de condiciones materiales que la ofrecida a otros sectores de la sociedad, lo cual configura una discriminación abierta o sutil, que incide en la dimensión pedagógica y en las prácticas escolares y docentes. En suma: no existe en México, y en caso particular de nuestro estado de Morelos, una educación pertinente que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas, en el marco de su identidad, sus autogobiernos y  concepciones de vida. Recordemos que hasta la década de los ochenta, se debatía en los medios gubernamentales, y aún en los académicos morelenses, si existían o no, asentamientos indígenas. La prolongada invisibilidad de los pueblos indígenas de esta entidad, no era más que la expresión exacerbada del racismo regional de las clases dominantes del Morelos criollo.

Esa discriminación institucional que sufren la niñez y la juventud indígenas se manifiesta –entre otras formas-- en su invisibilidad y estigmatización, que responden a esas lógicas contradictorias inherentes al capital, y se expresa en todos los niveles y acciones del sistema educativo con el que se atiende a los pueblos indígenas: mientras la invisibilidad borra actores, sujetos socio-culturales-políticos y comunidades, el estigma condiciona servicios de ínfima calidad y de carácter compensatorio.  La distribución presupuestal, el funcionamiento de las instituciones, y la manera en que operan las burocracias forman parte de estos esquemas de exclusión que vulneran sus derechos como ciudadanos, a la vez que constituyen una afrenta a su dignidad como pueblos y culturas de orígenes milenarios.

A pesar de la existencia de leyes –nacionales e internacionales-- que reconocen la diversidad  sociocultural y lingüística y que son el resultado de movimientos y luchas, éstas por sí solas no garantizan una educación con pertinencia cultural, ya que las acciones y políticas públicas no sólo no las respetan, sino que están dirigidas –en realidad-- a generar mecanismos y justificaciones para evadir el cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes secundarias.

Partimos de una delimitación precisa del concepto de discriminación que se basa en el marco jurídico de convenciones y convenios firmados por los Estados, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación. Así, se entiende por discriminación: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública.”

En el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señala que: “Los programas y servicios educativos dirigidos a los pueblos indígenas deberán desarrollarse y aplicarse con su participación, abarcando la historia, los conocimientos y técnicas, sus sistema de valores y todas sus aspiraciones sociales, económicas y culturales.” Este Convenio establece, asimismo, que los pueblos tomen en sus manos la realización de los programas educativos; los Estados faciliten los recursos apropiados para crear sus propias instituciones y medios educativos, utilizando los idiomas indígenas que deberán ser adoptados como idiomas de enseñanza; los programas y servicios deben impartir conocimientos generales y aptitudes que ayuden a los pueblos a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.

A pesar de la vigencia de este marco jurídico, los programas y estilos de trabajo autoritarios en los que son formados niños, niñas y jóvenes refuerzan el pensamiento y los mecanismos de discriminación social, de género y étnica, ya que la formación que reciben, sean indígenas o no, niega el diálogo entre los distintos pueblos que conviven en la nación, condiciona conductas sexistas y prácticas clasistas. No obstante,  se hace responsables de la discriminación a personas individuales ocultando el hecho de que son causales estructurales y sistémicas y las propias políticas educativas del Estado las que generan las condiciones en que los estereotipos discriminatorios se expresan.

Así, la escuela ha funcionado como un poderoso instrumento de asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural, político y social de la nación mexicana, en el que la educación que se imparte no se adapta a la situación, contexto y necesidades de los pueblos indígenas. Por el contrario, se imponen calendarios, docentes, material didáctico, planes de estudio y orientaciones pedagógicas que son únicas para todo el país. Además, la calidad de los servicios educativos que reciben los pueblos originarios es inferior a la de otros sectores de la población nacional y los instrumentos de políticas públicas –como la prueba Enlace, que supuestamente mide el desempeño de los educandos— son discriminatorios y constituyen una herramienta más contra las lenguas y culturas  de los pueblos indígenas.

Actualmente, la escuela en todo el sistema educativo nacional opera como una instancia  mono cultural, autoritaria, alienante y excluyente. La presencia de estereotipos en los procesos, programas y prácticas educativas de la escuela encubre formas perversas de discriminación, en la medida en que los sujetos son abstraídos de sus contextos y formas concretas de vida.  Por ello, es urgente poner en el centro de los esfuerzos de los educadores, los procesos y problemas que viven las personas, a fin de aportar a la construcción de nuevas formas de trabajo pedagógico que orienten tanto a los profesores, como a los procesos de formación docente. Esta perspectiva requiere sistematizar las prácticas, hacer investigación y construir experiencias.

También los maestros –incluso muchos de origen indígena-- son agentes conscientes o inconscientes que reproducen la discriminación socio-étnica y el patriarcalismo que el Estado promueve. Tomando en cuenta esta realidad, debe haber una reflexión autocritica de nuestras propias prácticas educativas para dilucidar estrategias efectivas de la lucha de los pueblos indios.  En esta dirección, la forma más coherente de combatir la discriminación y practicar una educación con pertinencia cultural es a través del fortalecimiento pleno de la autonomía de los pueblos y de los sujetos sociales y políticos subalternos,  y mediante prácticas contra hegemónicas en todos los espacios, sectores y territorios, incluyendo las instituciones del Estado. Sin embargo, se requieren cambios profundos, radicales, que den viabilidad a un gobierno nacional que mande obedeciendo. Sólo sujetos auto desarrollados -que no son representados por nadie- pueden construir su destino y atender a las necesidades, intereses y aspiraciones propias.

Los procesos autonómicos  indígenas son formas básicas de respeto y entendimiento entre diferentes. Los pueblos indígenas que luchan desde y para la autonomía, hoy dan cuenta de un gobierno y prácticas políticas radicalmente diferentes a la lógica del Estado capitalista. Es por ello que la sociedad civil juega un papel fundamental en la medida en que se renuncie a la visión estatista y se transite hacia los caminos de la autonomía.

Ante la permanente amenaza de las corporaciones a los territorios, recursos y saberes de los pueblos, la autonomía redefine la relación con el entorno circundante. En la profundidad del territorio como base material de la identidad étnica, se busca la unión complementaria de productores, comercializadores y consumidores para desarrollar una economía solidaria y la autosuficiencia alimentaria, así como la generación de proyectos económicos para beneficio general, optimizando todos los esfuerzos para el ejercicio real de la autonomía como tarea de todos y todas. La defensa de los sujetos autonómicos a la acción del mercado y sus agentes estatales significa el control de ese territorio y sus recursos desde abajo (comunidades y organizaciones) y desde la sociedad civil nacional e internacional que acompaña en ocasiones a estos movimientos.

Los procesos educativos y de socialización, asimismo, se generan a partir de y por las comunidades y organizaciones, horizontalmente y tomando en cuenta que el patrimonio cultural y político surgido de los pueblos y otros actores populares, y aquellos con contenidos liberadores que enriquecen a los sujetos autonómicos, en el entendido que el dialogo intercultural fortalece la autonomía.

Los pueblos indios que reivindican la autonomía han mostrado un camino de construcción del poder popular que descansa en sus propias fuerzas, sin intermediarios, burocracias, políticos profesionales, clase política, mesías o tlatoanis que decidan por otros. El grupo Paz con Democracia, integrado por intelectuales y académicos mexicanos, ha retomado esta experiencia y en su Llamamiento a la Nación Mexicana publicado a finales del 2007{tip ::Pablo González Casanova, et al. Llamamiento a la Nación mexicana. México: Plaza y Valdés. 2007}[1]{/tip}, convoca a la construcción de instancias autónomas en todos los espacios de la vida social, tomando en cuenta la complejidad y heterogeneidad que caracterizan el ejercicio de la autonomía como principio y estrategia políticos más allá de los autogobiernos indígenas en las etno-regiones.

Esta propuesta se fundamenta también en una historia de participación popular en todos los procesos y movimientos trascendentes en la vida del país (guerras de independencia y reforma, revolución 1910-1917, décadas de lucha social y democrática en contra del régimen de partido de Estado y sus actuales continuadores y cómplices del Partido Acción Nacional), que devino en traiciones y en relego de los sectores populares a la hora de los desenlaces y consolidación de esos procesos.

 


[1] Pablo González Casanova, et al. Llamamiento a la Nación mexicana. México: Plaza y Valdés. 2007

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