El Cinturón Dorado: la opulencia de la desgracia
Oro y Plata: “tu mejor oportunidad de inversión”, dice el título del documento publicado por la Secretaría de Energía (SENER) y la coordinación general de minería[3]. Para el 2013 México ocupaba el 5to mejor lugar para la inversión relacionada con la actividad minera, así como también se ubicaba en el 4to sitio, sólo por debajo de Canadá, EEUU y Australia como los principales destinos para la inversión. Ahí mismo se presume que sólo el 30% del territorio nacional ha sido explorado y claramente se distinguen a las que denominaron las franjas mineralizadas de oro y plata. El estado de Guerrero se codea entre el 5to y 7mo lugar por debajo de los grandes productores ubicados en los estados del norte de México, gracias a la detección de una “franja” -en realidad es un conglomerado-, que supera los 185 km de longitud por aproximadamente 130 km de ancho la cual ha sido denominada el Cinturón de Oro, no obstante que en esa misma franja prevalecen también cantidades importantes de plata, zinc, plomo y cobre.
Rey de Plata de industrias Peñoles, Los Filos de Goldcorp/Leagold/Equinox gold, Ana Paula de Argonaut Gold/P Mining/Pinehurst, Media Luna de Torex Gold, Campo Morado de Telson Resources/Reyna Maning, Biricú de Álamos Gold Inc./Ventures/ Minaurum Gold Inc., así como Agnico Eagle Mines, Oslike Gold Royaltis, Guerrero Ventures y Asia Broadband/Qiangda Investments & Economics, entre otras empresas, ocupan en concesiones prácticamente todo el Cinturón de Oro abarcando poco más de 250 mil hectáreas que corresponden en menor o mayor medida al territorio de aproximadamente 23 municipios de los 81 en total que hay en el estado de Guerrero. Esta franja dorada actualmente también está plagada de por lo menos seis operadores de diversos grupos delincuenciales, quienes mantienen un férreo control social y territorial en por lo menos 183 comunidades, grupos que, desde el año 2007 con la llegada de la primera empresa trasnacional, la canadiense Goldcorp, y los efectos generados por la denominada guerra/reposicionamiento contra el crimen organizado, comenzaron un fuerte proceso de transformación del negocio dedicado al tráfico de enervantes y armas, para dar paso a un nuevo y violento negocio gestado desde lo local.
Estimación gráfica de la extensión territorial de las concesiones mineras en el estado de Guerrero. Fuente: REMA (2020).
Conforme los grupos monolíticos del crimen organizado se fueron fragmentando a partir de los efectos y acciones derivadas de la guerra/reposicionamiento encabezada por el expresidente Felipe Calderón, sea por la detención o por la muerte de los principales líderes, comenzó una nueva configuración del control territorial, el cual, dentro del contexto estatal, se estima operan por lo menos cuarenta grupos armados quienes maniobran en un penoso y abierto contubernio con diferentes estructuras del gobierno municipal, estatal y federal. El efecto de esta nueva disputa territorial es aterrador: destrucción del tejido social, miles de desapariciones y muertes, la extorsión como elemento central de esta nueva relación económica y, una creciente expresión que actualmente se puede cuantificar en aproximadamente 15 mil desplazados forzados internos, de los cuales no pocos han pedido asilo en los EEUU por el nivel de amenazas sobre la vida que han tenido en su territorio.
Justo en esa plataforma territorial de sometimiento, impunidad y terror, a la actividad minera le ha sido “posible” construir un estrecho vínculo de colaboración político y mediático de grandes proporciones con el cual las empresas mineras han logrado extender un enorme, pero falso, velo blanco de responsabilidad social corporativa y sustentable avalada, protegida y ratificada por toda la estructura de poder estatal, parte de la federal y segmentos del sector académico relacionado con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), además de no pocos grupos ambientalistas despistados que gustosos reciben apoyo financiero de las empresas para salvar habitas o especies de fauna. Estas expresiones proteccionistas para el sector minero, se materializan de diversas maneras sobresaliendo las siguientes: la presidencia de la Comisión de minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) le corresponde al actual gobernador de Guerrero, el C. Héctor Astudillo Flores, el presidente del clúster minero del estado es encabezado por el C. Alfredo Phillips, director de asuntos corporativos de la empresa canadiense Torex Gold del proyecto Media Luna ubicado en Cocula, a pesar de ser una de las empresas más cuestionadas de la zona por su alta incidencia en acciones o indicadores de violencia[4], su estrecha relación con grupos armados legales e ilegales que someten a las poblaciones de incidencia de la empresa, y presume fuerza diplomática con el apoyo incondicional de la embajada canadiense en México. Todo en conjunto es suficiente para someter, desarticular o desaparecer expresiones de organización, por ejemplo, de trabajadores o de resistencias comunitarias ante este tipo de megaproyectos, tal como sucedió con el sometimiento, asesinatos, desapariciones y secuestros ocurridos en contra de dirigentes de las y los trabajadores de la minera Torex Gold que deseaban formar una sección sindical diferente a la actual en poder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Suficiente también para usar a investigadores de la UAGRO para manipular resultados de muestreos fisicoquímicos del agua que fueron solicitados por los pescadores en la comunidad de nuevo balsas a favor de la empresa, a pesar de que observaron la muerte masiva de peces por derrames no reconocidos por la empresa. Alcanza también para impedir la generación de expedientes o carpetas de investigación judicial en contra de los directivos de la empresa que inhibe la aclaración y en consecuencia la impunidad y falta de procuración de justicia ante los hechos de violencia, asesinatos, extorsiones, secuestros y desaparición de trabajadores de la misma compañía. Estas y otras expresiones de sometimiento y control sobre las poblaciones aledañas a los proyectos mineros son un común denominador.
Se han identificado 183 comunidades con indicadores graves de violencia en las áreas concesionadas. En esta zona se estiman aproximadamente 15 mil desplazados internos forzados. Fuente: REMA (2020).
Carrizalillo: atípico, rebelde y su “necedad” de pelear contra la empresa minera, a pesar del riesgo
En medio de ese territorio de brillo dorado, pero plasmado de una locura que parece interminable y delimitada, determinada y manifiesta por el poder minero trasnacional en donde la violencia es parte de la “vida cotidiana”, ahí se encuentra el ejido de Carrizalillo del municipio Eduardo Neri, habitado por mujeres y hombres dignos quienes han roto con todas “las formalidades de la imposición” y tradición que las jerarquías de los gobiernos y los megaproyectos establecen en cientos de comunidades tanto en México como en Latinoamérica. En ese ejido, ahí en donde la relación de poder es tan pero tan asimétrica, hay una lucha permanente por arañar al máximo los maltrechos derechos humanos y, al menos por unos días, de vez en vez, se da un fuerte reencuentro ciudadano y campesino que se dignifica desde un extraño pero elocuente retorno al significado de lo que simboliza ser pueblo.
Vista satelital del proyecto minero “Los Filos”, de la empresa canadiense Equinox Gold, el cual ocupa el 85% de todo el territorio del ejido Carrizalillo. Fuente: REMA (2020).
El ocho de enero del 2007, las y los habitantes de Carrizalillo empezaron a escribir su propia historia. Ese día no importaron los riesgos que enfrentarían por manifestarse y luchar en contra de los acuerdos previamente establecidos en un convenio de tierras[5] con la otrora poderosa compañía minera la canadiense Goldcorp. No importó tampoco el despliegue policiaco del gobierno estatal y municipal que derivó en la detención de más de 80 pobladores del ejido, entre ellos menores de edad, las y los queridos abuelos, así como también la detención de compañeros con capacidades diferentes, porque se “atrevieron” a reclamar sus derechos y, ante los oídos sordos de sus gobernantes, decidieron detener la operación de la empresa. Nada de eso importó, salvo la fuerza social gestada desde la discusión y el acuerdo colectivo. Es así como dio comienzo una de las luchas más ilustradoras, duras, y retadoras que ha tenido la Red Mexicana de Afectadas/os de la Minería (REMA), sin que ello signifique que no hayan y continúen sufriendo las barbaridades de haber asumido la “convivencia” con el máximo depredador del modelo extractivo minero.
La más reciente confrontación en contra de la actual empresa minera canadiense Equinox Gold, suma 14 años de lucha en contra de 3 gobernantes (dos del PRD y uno del PRI), significa vivir en carne propia con las arbitrariedades de las 3 empresas mineras que han llegado a sus tierras (Goldcorp, Leagold y Equinox Gold), que son recurrentes violadoras de los derechos laborales y colectivos a partir de sucesos reiterados con el despido masivo e injustificado de cientos de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, el desecho de trabajadores que han dejado de ser “productivos” por lesiones de por vida generadas por la actividad minera, el ocultamiento de accidentes y defunciones de trabajadores sin extender, a sus deudos, más allá de pagos simbólicos para cubrir lesiones o gastos de sepelios sin establecer pensiones para viudas o menores de edad. Prevalecen también incumplimientos parciales o totales de los acuerdos establecidos en los convenios de arrendamiento de tierras y de contraprestaciones sociales, así como la contante criminalización de los ejidatarios ante instancias federarles como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) queriendo deslindar responsabilidades sobre las y los ejidatarios ante la posibilidad del desborde de las piletas de lixiviados y la potencial contaminación del medio ambiente, esa misma institución que de forma cínica le ha proporcionado el certificado de industria limpia a pesar de los inmensurables daños a la salud y al ambiente que son evidentes, observables e innegables.
De igual manera en el ejido han ocurrido múltiples operativos policiacos de parte del gobierno estatal y federal a causa de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que han derivado en agresiones y detenciones arbitrarias e ilegales con la fabricación de pruebas que hasta la fecha no se ha logrado encontrar indicio alguno. Además soportar extorsiones, secuestros, asesinatos, la toma del pueblo por los diversos grupos armados que pelean entre sí tanto por los beneficios mineros como por el control del territorio lo que contempla la puerta de entrada a la sierra. Estos son algunos de los retos que, cuando se atreven a cerrar las operaciones de la empresa, saben tendrán que enfrentar.
El pueblo que se niega a desaparecer
El 03 de septiembre del 2020, después de varias sesiones con la empresa para señalar el hartazgo de los incumplimientos al convenio de contraprestaciones sociales, además de recibir recurrentes señalamientos racistas y discriminatorios por parte de la empresa, la asamblea agraria decide protestar en las afueras de la entrada a las operaciones mineras y detener la operación de extracción de oro, hasta que se corrijan los incumplimientos.
Denuncia por discriminación. Fuente: Miriam Sanz (2020).
Poco más de tres mil habitantes se trasladan a la entrada de la empresa y establecen un gran campamento. Carrizalillo, aunque en franca decadencia por la actividad minera, continúa siendo habitado por una comunidad campesina ubicada al norte de la capital del estado de Guerrero, en lo que se le conoce como la puerta a la Sierra de Tlacotepec, es aún de las pocas que producen mezcal artesanal pero también maíz, semilla de calabaza, frijol, al mismo tiempo que luchan por no perder sus tradiciones religiosas, familiares, de organización colectiva, a pesar de constantemente ser protagonista de notas nacionales e internacionales que poco hablan de su identidad, pero sí de los efectos sociales relacionados con el conjunto político y armado tan estrechamente vinculado a la actividad minera. Basta con buscar noticias de esta pequeña comunidad para encontrar una interminable lista de hechos de violencia y de confrontaciones que no en pocas ocasiones derivan en estigmas o calificativos, a tal grado que, si alguno es detenido por pasarse un semáforo en la capital del estado, prefieren evitar mencionar que son originarios de este lugar para evitar se les extorsión.
En ese contexto, sus vivencias han sido capaces de generar una nueva categoría sociológica relacionada con la violencia, la cual es una de las varias enseñanzas de Carrizalillo: “el miedo a la identidad”, el miedo a mencionar su origen comunitario significa también, aprender a sobrevivir en medio de un contexto que los alcanzó sin que ellas y ellos esperaran tal grado de violencia, porque la minería se instaló bajo la premisa y promesa del progreso y desarrollo.
Del 2007 a la fecha, la población de Carrizalillo nunca ha disfrutado de la protección del Estado y en consecuencia todas sus garantías son vulneradas de forma inverosímil. No existe su derecho a la salud y a una vida digna, tampoco el derecho a respetar y proteger su integridad física, menos el derecho que debiera asegurar la igualdad y evitar la discriminación o el derecho a la información y, por supuesto, no hay forma de hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo[6].
Los efectos no son ficticios, ni imaginados, son reales y trastocan todas las conductas y rutinas de la vida comunitaria, familiar y organizativa de la población. El miedo que inhibe el caminar por las calles, parcelas y escuelas, el tiempo roto trastoca la convivencia entre las y los vecinos por temor a ser levantados, extorsionados o ser blanco de una bala perdida, un estrés adherido de manera permanente en el cuerpo, temor de viajar a la capital del estado o al centro económico más cercano (Iguala de la Independencia) que se debe hacer en horas “convenientes o convenidas”, son sólo algunos de los sentires cotidianos que se ajustan o adaptan a la sobrevivencia. Estar ahí unas horas, unos días y ver la alteración sufrida en las dinámicas familiares también ha llevado a que algunas viviendas hayan sido modificadas y ahora tengan adaptaciones al tamaño de las circunstancias, por ejemplo, en lugar de ventanas con vidrios convencionales se cuenta con vidrios blindados o han sido sustituidos por placas de acero, igual sucede con puertas y zaguanes o con la construcción de paredes perimetrales que antes eran sólo muros de piedra sobrepuestos o alambre de púas ahora son de tabique reforzado, muy altas, gruesas y con protecciones de hierro o puntas para reducir los riesgos de intromisiones sorpresivas.
Otros impactos tienen que ver con la pérdida de los saberes del pueblo, la cultura, la cosmovisión que inevitablemente trastoca la identidad comunitaria y tradiciones. Se van mermando lentamente y una buena parte del conocimiento territorial, sobre cosas fundamentales que las y los campesinos conocen -nombres de árboles, animales, plantas medicinales, parajes e incluso de la agricultura-, van cambiando de relato, van encontrando distintos afectos y menos necesidad de compartir el conocimiento con los más jóvenes.
No obstante, aún quedan resquicios en donde los recuerdos comunitarios florecen cual día después del primer aguacero. Un campamento a la intemperie rodeado de encinos y piedras calizas en el que recuerdan cómo era vivir antes de la mina, a tal grado que sus memorias les dictan la manera de estar ahí, en donde deben encontrar confort porque saben que la lucha contra la empresa no es fácil ni la solución pronta. Ahí improvisan sanitarios con techo de palma de la zona, acomodan su fogón con lodo y rocas, las canastas de palma o de varas recién hechas penden de los árboles y se van llenando de comida u ollas y utensilios de cocina, empiezan a llevarse a las mascotas porque no se pueden quedar en el pueblo que ha quedado vacío y sin oportunidad que ahí alguien les de comer. La mesa agraria organiza la renta de luminarias y empiezan también a llegar aparatos de sonido, televisores y refrigeradores hasta trasladar por completo su vida al campamento. Es impresionante ver de nuevo a las y los niños corriendo sin que nadie tenga miedo de que les pase algo malo. Las y los doctores preparan ya un largo kit de ampolletas anti-alacrán, porque ya saben que ese será lo urgente durante los próximos meses en los que se tenga la disputa en contra de la empresa. Justo entonces tal cual retorno de alguna leyenda, Carrizalillo existe de nuevo como en su origen, previo a la llegada de la minería a cielo abierto.
Por su parte, la empresa apuesta a lo de siempre: el desgaste, la confrontación y la organización comunitaria. Reza porque la naturaleza corra a los ejidatarios después de pasar por las lluvias intensas y el frio, que los insectos acaben de masacrar sus cuerpos, que la incomodidad del estar bajo una lona los vaya menguando hasta que la resistencia se agote. El pueblo, tal cual, floreciente se encuentra, regresa a lo que era y festeja de mil formas los cumpleaños que conforme avanza el tiempo parece no acabarán nunca. El 15 y 16 de septiembre organizan una cena con antojitos tradicionales -a las afueras de la puerta 4 de la empresa-, en donde participa toda la comunidad, mientras el Comisario, responsable de dar el grito de independencia, hace referencia a la lucha del pueblo contra la empresa Equinox Gold y, por supuesto, concluyen la fiesta con baile. Y así transcurren los días mientras que por las tardes se escucha el barullo de varios jugadores que pasan horas y horas jugando el deporte por excelencia de Carrizalillo; la baraja.
Movilización y denuncia las afueras de la entrada a las operaciones mineras. Fuente: Miriam Sanz (2020).
Cuando llega el tiempo de celebrar a las y los fieles difuntos debajo de los encinos aparecen las ofrendas, el olor a copal, las fotos de quienes desde su cosmos ven nuevamente a sus parientes en resistencia, sin que nosotros dejemos de imaginarnos que llevan una sonrisa de gusto. Llegan los tamales nejos o de ceniza y el bendito mezcal, el cual nos atrevemos a decir que es el mejor de todo Guerrero. Entonces sucede lo inimaginable, la empresa empieza a ver que todas sus maniobras y argucias legales e ilegales, chocan con la persistencia y resistencia de la vida comunitaria campesina. No hay manera de que la empresa logre encontrar eco en las y los “testarudos” ejidatarios. Su lucha es simple, que la empresa cumpla los acuerdos de sus convenios y que los trate con respeto.
Todos los emisarios municipales, estatales y federales de la empresa fracasan ante la organización que, en vez de debilitarse con el paso de los meses, cada día se ve más fuerte. Llegan hordas de apoyos de otras comunidades, al igual que de trabajadores y también de subcontratistas quienes pensamos ven en la lucha de Carrizalillo una pequeña luz de lo que también ellos quisieran hacer, pero que no encuentran la forma de manifestarlo de forma masiva. Toros, chivos, marranos, fruta, pan, agua, son muestra de lo que diario llega al campamento. También reciben comunicados de solidaridad y cartas de felicitaciones por decenas de organizaciones nacionales e internacionales para recargarles de energía y se den cuenta que muchos observan su lucha con atención porque los de afuera ya saben que no es fácil pelearse con una multinacional. La empresa no sabe qué hacer con su fallida estrategia de apostarle al desgaste, menos sabe cómo actuar cuando se entera que por la noche la gente del campamento brigadea para salir de cacería como lo hacían hace 13 años, otros tantos, llegan montados en sus caballos los cuales paulatinamente han sido sustituidos por carros y camionetas. Los pendones aparecen y las danzas y bandas de música alegran cada paso que en colectivo se manifiesta. El cuerpo se cansa de tanta alegría y de tanta fiesta, pero no de acampar, eso lo disfrutan plenamente.
Cada minuto del día y de la noche se aprovecha al máximo, porque sólo cuando uno contabiliza el tiempo de forma común se da cuenta que han trascurrido meses enteros y que el cansancio inicial se ha ido totalmente. Sin duda Carrizalillo está condenado a terminar como muchos otros pueblos mineros en México, pero mientras ello sucede, cada que la empresa los reta, salen de su marasmo y se revitalizan de tal manera que, no es exagerado decir cómo incluso familiares y paisanos que viven en EEUU se dan su tiempo e ir al ejido para vivir, al menos un rato, las añoranzas que reviven a pesar de estar en medio del caos.
La exigencia en el contexto de la mexicanidad. Fuente: Miriam Sanz (2020).
Lamentablemente en esta lucha tan asimetría para la población de Carrizalillo, la Covid-19 (SARS-Cov2) vino a reforzar a la empresa minera. El 16 de mayo el gobierno mexicano declara a la minería como actividad esencial y en un acto por demás irresponsable la empresa inicia el retorno de trabajadoras/es de otros estados y de otros municipios de Guerrero, y con ello la Covid-19 ingresa a las poblaciones vinculadas a las cercanías de la operación minera. Aunque la población refiere que la Covid-19 no es el peor de sus males, lo cual de alguna manera tienen razón, ha sido doloroso perder a varias/os de ellos con quienes convivimos en el campamento tantos meses juntos, planeando, peleando un convenio menos injusto y riendo los pormenores de cada día. Queda claro que se necesitan más elementos para doblegar a esta comunidad campesina si se le reta, se le discrimina y se pretende abusar más de lo que han tolerado, pero no nos queda la menor duda de que si el ejido decide mantener la lucha y acampar de nuevo ganará esa batalla, porque justo en eso momento vuelven a ser pueblo.
[1] Integrante de la Red Mexicana de Afectadas/os de la Minería (REMA).
[2] Integrante de la Red Mexicana de Afectadas/os de la Minería (REMA). Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[3] Véase: https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/targets_mineros_0713.pdf
[4] Cuando nos referimos con acciones o indicadores de violencia, se trata de expresiones en las que prevalecen por lo menos 5 de los siguientes aspectos: extorsión, secuestro, asesinato, desapariciones, despojo, desplazamiento interno forzado, fosas clandestinas, sometimiento de las estructuras de gobernanza locales desde las agrarias hasta las municipales e incluso sindicales y de procuración de justicia, toques de queda, confrontación entre grupos armados antagónicos, expansión o contracción territorial frecuente, reclutamiento de jóvenes, violencia contra las mujeres y la combinación de trasiego de drogas y armas que poco a poco van quedando desplazadas o compensadas por la creciente extorsión.
[5] Ese convenio fue inscrito y aceptado en el Registro Agrario Nacional (RAN), a pesar de que el convenio estableció claramente la compra de tierras de uso común, lo cual en México está prohibido y para nosotros evidencia el contubernio de la Procuraduría Agraria (PA) a favor de la trasnacional.
[6] En este sentido véase el Informe de Relator Especial de la ONU de 2019. “Implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos”.