20, Abril de 2013

Megaproyectos hídricos y mineros. “Los pueblos indígenas vivimos despojo de nuestras tierras y una nueva colonización”

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FRONTERA COMALAPA, Chis.- Los megaproyectos para explotar la minería y construir hidroeléctricas y parques eólicos han provocado el despojo de tierras, degradación de bosques, contaminación de cuerpos de agua y pérdida de saberes ancestrales dentro de los territorios de los pueblos indígenas y campesinos de todo el país. Los pobladores viven una nueva colonización.

 

En la última década, empresas trasnacionales canadienses, estadounidenses, españolas y chilenas han llegado a México para desarrollar megaproyectos que impactan en los pueblos indígenas del país, ya que en sus tierras y territorios es donde existen abundantes fuentes de agua, biodiversidad, petróleo y minería. En algunos lugares, la explotación de los recursos se había realizado con mesura para evitar el deterioro en el hábitat y en la salud de los habitantes. Sin embargo, la intensificación de obras para construir hidroeléctricas y parques eólicos con el fin de generar electricidad y la proliferación de proyectos mineros a cielo abierto para extraer metales y minerales han desequilibrado a la naturaleza y trastocado las culturas de las comunidades.

La búsqueda de oro, plata, magnetita, barita, plomo, titanio, zinc, entre otros minerales, así como el propósito gubernamental de generar energía eléctrica utilizando ríos, cuencas y arroyos ocasionan la expulsión de habitantes de sus tierras y ejidos, la contaminación de los cuerpos de agua así como el impacto irreversible de muchos ecosistemas, todo ello aunado a la desaparición de pueblos enteros con culturas y tradiciones milenarias.


Guarijíos en el Río Mayo

Los casos más divulgados a nivel nacional e internacional son la devastación del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí por la canadiense Minera San Xavier y la del territorio del pueblo Huichol de Wirikuta, concesionado a diversas empresas mineras. Pero esta situación también prolifera en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Ya son decenas de organizaciones sociales y pueblos enteros los que se han organizado para denunciar la depredación que sufren sus comunidades y el medio ambiente a raíz de estos megaproyectos. Y, a finales de 2012, en este municipio de Frontera Comalapa se realizó el Encuentro Chiapaneco en Unidad contra el Modelo extractivo Minero con la conciencia de que entre más recursos naturales se extraen de sus territorios, mayor pobreza se genera en la población.

La protesta no está de más. Entre 2000 y 2012, sólo en Chiapas, el gobierno federal otorgó 120 concesiones a empresas extranjeras para explotar minas en 40 de los 122 municipios de la entidad, lo que significa que el 15 por ciento del territorio estatal está en manos de transnacionales que tienen autorización para extraer metales y minerales durante 50 años.

Se calcula que, a través de ese número de permisos, se han entregado más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades donde se pretenden ubicar o dse ubican las minas.

Las concesiones en Chiapas son para extraer oro, plata, cobre, fierro, zinc, magnetita, barita, plomo, titanio, antimonio, molibdeno, woltramco y hasta grava y arena. Lo que más explotación tiene aquí es la barita, mineral que es utilizado por empresas como Petróleos Mexicanos. Pero también se extrae oro y para la obtención de este metal, las empresas usan cianuro, plomo, cadmio, cobre y arsénico, junto con una cantidad enorme de agua. Por eso, esta actividad deja residuos altamente tóxicos en el medio ambiente que, después, repercute en la población.

Los municipios chiapanecos donde más concesiones se otorgaron son Chicomuselo (16), Motozintla (diez), Acacoyagua (ocho), Ángel Albino Corzo (seis), Escuintla, Mapastepec, Siltepec y Venustiano Carranza (cuatro en cada uno), Cintalapa y Tapachula (tres), San Juan Chamula, La Concordia, Pichucalco, Pijijiapan, Rayón, Solosuchiapa y Villa Flores (dos en cada uno) y el resto tiene una por ayuntamiento.

Emilio Hernández, uno de los delegados de las organizaciones indígenas y campesinas de los 25 municipios que acudieron al encuentro mencionado, expresa que las empresas mineras han llegado a las tierras chiapanecas también para sembrar la división y la mentira:

-Corrompen a presidentes municipales -afirma-, autoridades ejidales y funcionarios públicos de los tres niveles del gobierno para obtener los permisos de explotación. Así, ya deforestaron y contaminaron aguas y suelos ocasionando la muerte  de animales y la desaparición de flora y fauna de todo tipo.


Mina Carrizalillo

Sus proyectos mineros son muy agresivos porque también han afectado viviendas, caminos y la salud misma de la población. El colmo es que una transnacional se instaló en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, con el apoyo de las mismas autoridades ambientales estatales y federales. Además, hay ejidos como La Grecia, San Ramón, Los Arroyos, La Revancha, La Lucha, Cuatro Caminos, El Leñadero, Siete Mulas, El Destino y La Mulita en donde las empresas se han apropiado de la región.

Originario de Siltepec, donde se extrae el oro, Hernández indica que las transnacionales, para instalar sus empresas, prometen a los gobiernos empleo e infraestructura como caminos, escuelas, pavimentación de calles, clínicas de salud y hasta museos. Pero a 12 años de operar en Chiapas nada de eso se ha cumplido. En cambio, los pobladores que no están conformes con la degradación del medio ambiente y la pérdida de sus tradiciones y sus tierras son hostigados y hasta reprimidos, ya que los dueños de las mineras solicitan la intervención de la policía y hay casos donde el gobierno ha justificado la militarización de los municipios.

-Las mejores tierras -continúa- se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, donde hay cuerpos de agua, biodiversidad, petróleo, minería, culturas ancestrales, trabajo artesanal… Dentro de esos lugares, nosotros tenemos el derecho del uso, usufructo, control y cuidado de nuestro hábitat y lo que se utiliza se hace de forma moderada para no dañar nuestras tierras. Pero los gobiernos, una vez que ubican la riqueza a explotar, empiezan a declarar áreas protegidas para despojarnos del lugar. Una vez que lo logran, las pasan a manos de privados y así es como se han instalado las mineras extranjeras en Chiapas, mismas que se quedarán aquí durante medio siglo porque el gobierno les dio una concesión por 50 años. Por eso los pueblos originarios hablamos de que vivimos el despojo de nuestras tierras y una nueva colonización.

 

Junto a Laguna Verde

Al Encuentro Chiapaneco en Unidad contra el Modelo Extractivo Minero también acudieron representantes de comunidades de otros estados de la República para exponer su situación. Este es el caso del proyecto Caballo Blanco, que la empresa canadiense Candymin desarrolla en los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz.  Emilio Chávez, representante de los pobladores afectados, comenta que esa es una mina a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre. Pero advierte que el método que empleará la transnacional para extraer los metales (cielo abierto) ocasiona severos e irreversibles efectos, como sobreexplotación y contaminación de mantos freáticos, deslaves y desertificación de suelos.

-Esa empresa -abunda Chávez- ya abrió nuevos caminos en un área considerada de alto impacto ecológico por los servicios ambientales que presta a la región, incluyendo a Xalapa. Y como si eso no fuera suficiente, se ha proyectado instalar a la minera a sólo tres kilómetros de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, pese a que las disposiciones de seguridad de la misma central establecen medidas restrictivas para realizar actividades peligrosas en un radio no menor de 16 kilómetros.

Aún y con esos riesgos, Chávez explica que los tres niveles de gobierno otorgaron la concesión para desarrollar la minera Caballo Blanco, autorizando la construcción de 24 socavones, la remoción de 30 mil toneladas de roca y la construcción de un polvorín para almacenar el material que se obtenga de las hasta cuatro detonaciones diarias que se les permitieron. Asimismo, la empresa realiza actividades de exploración mediante el uso de barrenos de diamante, lo que normalmente implica la generación de residuos líquidos, además del uso de sustancias ajenas al ecosistema local que ponen en riesgo la fauna y la flora. Ya han colocado grandes tanques de agua desde donde se bombea el líquido para el funcionamiento de barrenos.

Por otra parte, entre el Río Balsas y el noreste de la Montaña de Guerrero otro agresivo proyecto minero está en marcha. En la zona de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri, se encuentra uno de los yacimientos de oro más importantes de México. Desde 1938 existe en esta región la mina Nucay, cuya producción ha sido moderada. Pero, en 2005, la empresa canadiense Gold Corp compró ese yacimiento para desarrollar dos megaproyectos: Los Filos y El Bermejal, pese a que esos predios colindan con las comunidades agrarias de Mezcala, Mazapa y Xochipala, y con el ejido Carrizalillo, vinculados geográfica e históricamente, porque allí conviven tlapanecos, mixtecos y nahuas.

Miguel Ángel Mijangos, representante de la comunidad Carrizalillo, explica que en la colina de Los Filos, se encuentra maquinaria pesada que excava para establecer la mina más grande de Latinoamérica y la principal generadora de oro de México, pues la Gold Corp pretende extraer más de 60 millones de toneladas de ese metal preciosos durante 20 años. Además, la explotación de ese “cinturón de oro” empieza en Mezcala y llega hasta Arcelia, donde también se puede encontrar plata, cobre, zinc, plomo y hierro.


Mina en Chicomuselo

-Es un proyecto muy ambicioso -alerta Mijangos- con fuertes repercusiones sociales, culturales y ambientales. La llegada de la minera al Carrizalillo ha provocado no sólo la destrucción del cerro El Bermejal para extraer el oro, sino que ha devastado ya la flora y la fauna, debido a que se utiliza potente maquinaria que puede remover hasta 30 toneladas de tierra de los cerros en unos minutos. En estos momentos la destrucción del paisaje, el deterioro ambiental y la contaminación del territorio son irreversibles.

Mijangos lamenta que, además, existe una feroz disputa por el control de las tierras ejidales y comunales de las cuatro comunidades, así como por el usufructo del agua, vital en el proceso de la minería. Situación que rompió los lazos comunitarios entre la población. Ahora, los pobladores viven en un valle envenenado por el cianuro, ya que la empresa riega ese químico sobre las piedras del cerro para extraer el oro y la plata.

-Como las afectaciones son severas en la región -añade-, en julio de 2012 nos reunimos para que las comunidades de los países que tenemos problemas con la empresa Gold Corp pusiéramos una denuncia pública ante el Tribunal Internacional Popular de la Salud, presidido por la organización Red Solidaria en contra de la Injusticia Minera, de Toronto, Canadá, y el Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4). Ahí presentamos el caso del Carrizalillo, el del Valle de Siria, en Honduras, y la mina Marlin, en Guatemala. La sentencia, emitida en agosto, declara a esa compañía culpable por daños ambientales, problemas de salud y enfermedades, así como de las violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, la Gold Corp no aceptó una copia de la sentencia, negándose a colaborar con los líderes de las comunidades afectadas por la minería. Aún así, en el Tribunal Popular las comunidades lograron documentar con testimonios de los pueblos e informes científicos el impacto de la minería que ejecuta la Gold Corp en México, Honduras y Guatemala. El Tribunal ha instado a los gobiernos de esos países a no invertir en este tipo de compañías y poner fin a la complicidad, así como a implementar una mayor regulación para responsabilizar a las corporaciones de ocasionar los desastres territoriales.

 

Explotación y represión

Para Alfonso Morales -del pueblo Mame de Huehuetenango, Guatemala, y del Consejo del Pueblo de Occidente que aglutina las seis provincias de su país- es claro que la presencia de las compañías mineras en tierras indígenas representa una nueva colonización:

-Es una nueva invasión -agrega-, como la que padecieron los pueblos originarios hace más de 500 años. Ahora nos imponen un modelo de desarrollo contrario a lo que pensamos en las comunidades indígenas e instalan hidroeléctricas, minerías, parques eólicos y extractoras de petróleo. Ya se han trazado las áreas de paso de la explotación petrolera que viene desde Estados Unidos, pasa por México y se interna en el Petén guatemalteco. Aún así hemos dado la batalla y en nuestros pueblos lo que hemos hecho son las consultas comunitarias para declarar territorios libres de megaproyectos. Realizamos amparos, recursos de inconstitucionalidad, marchas, plantones, bloqueos, memoriales en todas las provincias. Nuestras autoridades ancestrales han trabajado la parte legal y política, afirma.

Morales expresa que las consultas comunitarias son un derecho de los pueblos y son legítimas porque se pregunta a la población de todas las edades su opinión sobre determinado problema. De esas voces ha surgido la oposición a los megaproyectos:

-Nuestros pueblos rechazan esos atroces proyectos -asegura-. Como pueblo maya de Guatemala exponemos la forma como queremos el desarrollo, más no como las transnacionales enfocan su perspectiva para la explotación de los recursos naturales. En el consenso comunitario radica el poder de los pueblos.

El problema, ahora, es que el gobierno respete las consultas:

-Empezamos nuestra consulta -precisa- en 2005. Pero la respuesta del gobierno de Guatemala es racista. No toma en cuenta nuestra palabra y organización. Reprime las manifestaciones porque para ellos nosotros nos oponemos al desarrollo del Estado. Somos el retraso. Con ese argumento, realiza persecuciones judiciales, control de nuestros territorios, infiltra a las organizaciones, manda paramilitares a nuestras comunidades para sembrar miedo. Todo para acallarnos. El 1 de mayo de 2007 el pueblo de Santa Cruz Barillas hizo su consulta: 46 mil de los 60 mil habitantes dijeron No a las hidroeléctricas y mineras. Pero llegó la compañía italiana y, sin consentimiento comunitario, instaló su maquinaria. Lo que ocurrió fue una represión de campesinos. Esa fue la respuesta del gobierno. Hubo un muerto y encarcelaron a 17 campesinos más.

 

De cómo sepultar un pueblo

Dentro de los municipios de Álamos y El Quiriego, al sureste de Sonora, se extiende el territorio del pueblo Guarijío; las condiciones del lugar y la defensa de sus tierras y cultura limitaron la presencia hispana en la región, pero debido al establecimiento de minerales y rutas de comercio, se generó un intenso intercambio entre Álamos y Chínipas (Chihuahua); la llegada de nuevos habitante representó el despojo de tierras para los guarijíos. Sin embargo, ellos se quedaron a vivir al lado del Río Mayo y del Arroyo Guajaray, de los cuales se nutren por practicar la pesca. Pero, en breve, esta situación cambiará: los tres niveles de gobierno han proyectado la construcción de la presa Los Pilares y una central eléctrica que impactarán negativamente esta región históricamente habitada por comunidades indígenas, ya que se plantea desde su expulsión del territorio hasta la transformación de la vida tradicional de la población.

La decisión está tomada. Se cimentará una presa que contará con una cortina de metal de 600 metros de largo y 165 metros de alto para el control de las aguas y sus posibles crecientes. El gobierno ha dicho que con esa presa habrá un mayor almacenamiento de agua para las crecientes necesidades de desarrollos agrícolas, industriales y urbanos de las regiones beneficiadas… excepto para los guarijíos; además, se propiciará la generación de energía eléctrica de 77 gigawatts de potencia, mediante la construcción de una central eléctrica que contará con dos unidades generadoras. Así es que el impacto ambiental, social y cultural caerá sobre esa población indígena porque, de inicio, pretenden reubicarlos provocando la pérdida total del territorio ancestral.


Socavón para mina Caballo Blanco

A partir de esta situación, el antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny, escribió el libro Experiencias de vida con el pueblo Guarijío, donde los pobladores narran el significado que tiene el Río Mayo en todas sus acciones de vida y su cultura. En entrevista, el también investigador del INAH explica:

-A finales de la década de 1960 los guarijíos seguían viviendo como en tiempos de Porfirio Díaz, en calidad de peones acapillados cuyo trabajo era remunerado principalmente en especie: despensas mínimas, algo de tela y sin capacidad de decisión sobre su territorio, cultura y formas de vida. Después de un breve pero intenso contacto con miembros de los movimientos revolucionarios de principios de los años setenta, los guarijíos comenzaron a luchar por su tierra, la cual fue obtenida por medio de la dotación de ejidos hasta principios de la siguiente década. Es así que desde los años ochenta se inicia un nuevo periodo de resurgimiento.

Sin embargo, ese auge duró poco. Aguilar Zeleny recuerda que desde mediados de los ochenta la aparición del narcotráfico representó otro problema para estas comunidades indígenas. Y como si esto no fuera ya suficiente para mermar las valiosas raíces históricas de esta población, ahora, se enfrentan a la construcción de una presa y una central eléctrica en la entrada al territorio guarijío, poniendo en grave peligro la existencia de esta población y su gran cultura.

-Sería un grave error –añade Aguilar- permitir la desaparición de este pueblo y su herencia cultural, sin conocerla, ni reflexionarla. Es por eso que en el libro Experiencias de vida con el pueblo Guarijío quise ofrecer distintas forma de acercamiento al conocimiento de su cultura y el mundo de esta comunidad. Se expone ahí el pensamiento de los propios guarijíos junto con testimonios poéticos y literarios que dan cuenta de la riqueza y los valores de esta sociedad de la sierra, que siempre ha vivido y ha dependido del agua de los ríos, elemento que también ocupa un lugar importante en su simbolismo, identidad y tradición oral. Estos poemas trazan los senderos por los que atraviesa este mundo indígena y que debe formar parte de nuestra conciencia. No se puede permitir que desaparezca una cultura en los tiempos actuales de reconocimiento mundial sobre la importancia de la diversidad étnica y cultural.

Aguilar Zeleny afirma que el proyecto de construcción de la presa y la central eléctrica en el Río Mayo representa un profundo impacto en la forma de vida de esta población indígena que, por muchos años, ha sido relegada del contexto nacional. Las repercusiones son en el medio ambiente, pero también en la existencia misma de la población pues están en riesgo sus fiestas, danzas, tradiciones, idioma y otros elementos de su cultura. No se trata de quitar unas casas y colocarlas en otro lugar:

-Una obra hidráulica de esa naturaleza lleva consigo pérdida de hogares, centros educativos y de cultura, espacios tradicionales de reunión, infraestructura y equipamiento para el trabajo agrícola y de ganado vacuno y caprino, impacto en el desarrollo artesanal. Se trata de un cambio radical que pone en vilo a todo un pueblo, porque al pretenderlos reubicar se está trastocando una forma de vida ancestral que tiene mucho que mostrarle a la sociedad urbana. La pérdida del pueblo Guarijío sería una tragedia irreparable. Debemos impulsar, afirma Aguilar, su desarrollo, bienestar, su cultura y su historia que, ahora, pretenden sepultar con la construcción de una presa y una central eléctrica.

Comentarios   

0 #1 WallyJuicy 11-08-2018 06:02
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