La acumulación de elementos para nutrir la indignación continúa, incesante. Han pasado ya seis meses del impune secuestro de  43 futuros profesores rurales y del asesinato de otro de ellos y de tres personas más, el pasado 26 de septiembre. Como parte de la cortina de humo ante ese hecho y otros muchos, aparece ahora una novísima Ley de Transparencia; se trata de una “joya” discursiva que nace como letra muerta, pues su aplicación estará en manos de viejos y nuevos cuadros de la burocracia estatal y política priista.  Su entrada en vigor no abrirá los archivos históricos ni actuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni de los policiales, ni del poder ejecutivo. No existe intención real de que dicha ley sea un instrumento a favor del combate a la impunidad o al esclarecimiento de hechos que vienen conmoviendo a la ciudadanía, sea respecto a  los manejos discrecionales en  favor de los grandes empresarios y en detrimento de los pequeños contribuyentes por parte de la Secretaría de Hacienda,  o respecto a la transferencia de las reservas en oro realizada por el Banco de México a través del banco HSBC, ya señalado por su involucramiento en el lavado de dinero,[1] o respecto al papel de los militares en las muchas pérdidas de vidas humanas durante la pretendida guerra al narcotráfico iniciada por el gobierno de Calderón y continuada por Peña Nieto, o respecto a los corruptos que se siguen enriqueciendo a costa del erario nacional y de servicios especiales, fuera de ley, al capital privado extranjero o mexicano.

El ejercicio de un periodismo de alta calidad resulta subversivo. El golpe burdo al trabajo de Carmen Aristegui y su equipo abona también a la indignación, casi tanto como la cantidad de recursos públicos destinados a perpetuar el eficiente sistema de confiscación de la voluntad popular denominado “proceso electoral”, apuntalado por el cultivado y compartido fenómeno de la subciudadanía. Sin embargo, la mera reacción paralizante no es opción. El problema en sí no es la figura de las elecciones, sino la falta de un sujeto social organizado, informado, crítico y propositivo que haga de esa figura algo valedero. El oportunismo es el color universal en la gama cromática electoral, cuando, por ejemplo, un vendedor de autos que ha saltado de partido en partido ahora es el candidato… de un nuevo partido, que mal se hace con ello. O –sin ánimo alguno de agravio a comerciantes y deportistas – se puede optar por un astro del fútbol, ¿por qué no, si ya tuvimos de presidente a un vendedor de refrescos?

Carmen Aristegui

De nuestros impuestos pagamos anuncios para que nos mezan con cuentos. Con matices a menudo deleznables, las banderías partidarias cojean todas de lo mismo. Mientras tanto, los llamados a nulificar el voto se hacen más desde el hartazgo que desde la organización cotidiana y continuada de la población, lo que completa el cuadro.  Y lo completa, porque no se avizora alternativa realista sin esa base poblacional participante y organizada, o como se decía antes, sin Pueblo.

Llegaremos así a los comicios del 7 de junio bajo un clima deplorable: las promesas de campaña se quedan en eso, mientras persisten los constantes actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, sin la más mínima perspectiva de revertir la impunidad.

Si consultamos las listas de candidatos veremos además casos del nepotismo usual en los todos los niveles de gobierno. Se heredan los cargos entre familiares, como si la capacidad de gobernar o de ser político o de llevar a cabo alguna función técnica o administrativa estuviera implícita en los genes. Puede ser, al menos en cuanto a los cromosomas del hurto. Mientras, la lógica de los «favores» entre «compadres» y «socios» completa el cuadro del basurero político y burocrático. En nuestro país (y no sólo en México) un político puede disponer depontificar sobre cualquier tema, cambiarse de puesto e ir de una Secretaría de Estado a otra o de la iniciativa privada al gobierno y de regreso, una y otra vez, o pasarse la vida en una curul, o cambiando de helicópteros. Y es que no hemos entendido que se trata de superdotados, que saben de todo y no son de “lento aprendizaje”, como aquellos académicos y científicos que se atreven a señalar incluso faltas elementales en su ejercicio.

Spot del PRI denunciando corrupción del PAN

Spot del PAN denunciando corrupción del PRI

La represión a las protestas de los ciudadanos que están hartos de tantas decisiones unilaterales tomadas por los políticos y que afectan a miles de mexicanos es constante; los más de 700 presos políticos actuales en nuestro país lo pueden atestiguar. Las acusaciones que las autoridades utilizan en contra de quienes alzan la voz y en particular de quienes pasan de la voz a los hechos  son, en la mayoría de los casos, inventadas, pero sirven para el mismo objetivo: acallar sus protestas y su proceder, llegando inclusive al asesinato.

Como si no bastara lo anterior, más elementos se acumulan para nutrir la indignación en una relación siempre incompleta y de inmediato obsoleta:

-          La entrega del territorio nacional para la implantación de minas para la extracción de metales a cielo abierto afectando a los pobladores en su economía y en su salud, así como generando inauditos daños ambientales. En Sonora, las protestas de los afectados por los derrames de 40 millones de litros de sustancias  nocivas de la mina Buenavista del Cobre continúan, pero se les puede revertir ya que pueden ser demandados por la empresa “porque les están causando afectaciones en la producción”.

-          El despojo del agua que se empleará en la extracción de combustibles o en la minería y que no toma en cuenta  la necesidad de miles de seres humanos que tienen lo mínimo necesario o que carecen de ella.

-          La violencia, que según el dicho de Graco Ramírez, gobernador del Estado de Morelos “es cuestión de perspectivas”, ya que según su cómoda atalaya, la inseguridad está disminuyendo de forma considerable y desde “su perspectiva”, no ve o no quiere ver los constantes asesinatos que se presentan en el Estado.  A nivel nacional la violencia también está presente: las noticias periodísticas hablan de cerca de 250 homicidios en lo que va del presente año. No olvidamos aquí los distractores que se presentan de forma mediática, para recordarnos aquello de “mover a México”, propósito que sin duda se está cumpliendo… el asunto es hacia dónde.

-          La separación de sus fuentes de trabajo a aquellos que se atreven a disentir o a señalar los errores de los gobernantes y políticos… trátese de un simple obrero o un comunicador social.

-          Los constantes asesinatos de los luchadores sociales, como el de Gustavo Salgado Delgado, recientemente ultimado en el Estado de Morelos.

-          La contínua alza de precios de los productos de la canasta básica y los míseros aumentos a los salarios mínimos que, según el dicho de algún iluminado político  “alcanza para compra de coche, de casa y para pagar las colegiaturas de los hijos”.

Sin embargo, algo hay que nos mantiene de pie. Por ejemplo, cuando los integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) del Valle de San Quintín, Baja California se manifiestan por el respeto a sus derechos humanos en materia laboral, por el pago oportuno y justo de sus salarios, por atención médica y por el otorgamiento de prestaciones y condiciones de vivienda digna.

Algo hay que no permite a muchos inclinarse y aceptar en sumisión. Necesitamos descubrirlo, animarlo, honrarlo con método, y en ello hay ya una insurgencia promisoria.

Este número de En el Volcán Insurgente presenta un texto de Salvador Martí, profesor universitario catalán, como efecto de un viaje llevado a cabo por las comunidades zapatistas en Chiapas, centrado en los murales que ahí se han ido pintando a propósito de dicho movimiento autonómico cuyo carácter referencial trasciende nuestras fronteras.  Más que un relato de asuntos pintorescos, se trata de un homenaje. Por supuesto, la fuerza de dichas imágenes no proviene ciertamente del color o del trazo en sí, a menudo de alta calidad. Tenemos luego una reflexión de José Miguel Candia y de Ricardo Melgar sobre “los intelectuales a la deriva, entre la producción de papers y los señuelos del poder”, en torno a la creciente distorsión del quehacer académico, modelado cada vez más por los requerimientos de una “productividad” que determina no sólo las temáticas en estudio, sino –lo que resulta más preocupante–  el enfoque y alcance de los trabajos académicos, en ciencias sociales y humanidades y en otras ramas del saber, escasamente reconocidos en su potencial de derivación y articulación con movimientos sociales.

A su vez, la arqueóloga Silvia Garza presenta una sugerente interpretación de una estela proveniente de Xochicalco, hallada recientemente en el atrio de la iglesia de la comunidad de Tetlama. El artículo sintetiza el empeño de comprender esa cultura, dejando clara la necesidad de continuar y profundizar nuestro entendimiento de la misma.  Ese trabajo de rescate y valoración es determinante hoy.  Luego, al analizar a su vez su cambiante contexto, la estela en sí atestigua como vestigio el devenir histórico de un territorio, al menos en cuatro momentos clave: el de su esplendor de Xochicalco en el marco del momento de mayor integridad; a continuación, la destrucción deliberada al decaer Xochicalco en sí; luego el desprecio y el saqueo colonial, donde ya la ubicación de la estela misma, con sus extraordinarios bajo relieves vueltos abajo y su función, para ser no sólo sometida e ignorada, sino pisada al entrar a la iglesia de Tetlama, y este momento actual, en que todo el territorio se encuentra emplazado por la amenaza inaudita de la mina a tajo abierto, en que la estela reaparece,  paradójicamente, por efecto de una maniobra de burda compra de voluntades por parte de la empresa empeñada en consumar un saqueo definitivo.

Cierra el número un pertinente trabajo de Berenice Rodríguez sobre la figura de los migrantes centroamericanos de paso en México y el indigno trato oficial que aquí reciben, incluyendo recientes denostaciones en su contra por parte de una diputada, en plena concordancia con la subordinación oficial a las indicaciones del vecino país del Norte, y en pleno contraste con la actitud de aquellos que en México se solidarizan con quienes con alto riesgo van en busca de condiciones mejores de vida y de trabajo.

Se incluyen finalmente dos llamados: uno del Sindicato de Trabajadores Académicos del INAH en contra de la agresión al trabajo de la periodista Carmen Aristegui y su equipo, y un segundo, un llamado dirigido al titular de Gobernación y a la Directora General del Archivo General de la Nación (AGN), por la defensa de la libertad y el acceso a la información histórica en México,  exigiendo el acceso directo a la información contenida en el Archivo de la extinta Dirección Federal de Seguridad , resguardado en la galería 1 del AGN, acceso que ha sido negado de manera arbitraria por dicha Secretaría de Estado.