Cerca de medio siglo del conflicto armado en Colombia lo hace aparecer como natural o de imposible solución. Primero se lo trató bajo la idea de que las guerrillas obedecían a mandatos del comunismo internacional y no a la pobreza y desigualdad que vivían los pueblos. Desde el gobierno de Belisario Betancur se lo considera como producto de las condiciones económicas y sociales que vive la población. Por eso hizo propuestas de paz que luego fueron replicadas por los siguientes gobiernos hasta el de Uribe Vélez.
La política de Seguridad Democrática estableció que a la guerrilla había que eliminarla. Se creyó que con el incremento de fuerza pública, mejoramiento tecnológico de las fuerzas militares, el apoyo de los Estados Unidos y la incorporación de parte de la población como colaboradores en la inteligencia sería “pan comido” su terminación. Por eso no se consideró la no existencia de un conflicto armado, sino la presencia de terroristas. Van casi diez años de esa política, y, si bien ha habido debilitamiento de las organizaciones guerrilleras, en particular de las FARC, lo cierto es que siguen ahí.
El actual gobierno hizo un ligero cambio al aceptar que si hay conflicto armado. Al hacerlo debía aceptar sus implicaciones. Si hay una guerra, hay, por lo menos, dos partes: la insurgencia y el Estado. Como tal debe atender no solo las normas internas sino las internacionales que la norman. En especial, en sus efectos sobre la población que queda en medio del conflicto.
Organizaciones sociales, ONG, instituciones, y ciudadanía en general; en especial, las víctimas del conflicto vienen presionando una solución política. Es decir que haya una negociación que conduzca a la paz. Más no de cualquier manera. Las diferentes iniciativas de paz han quedado en manos de quienes hacen la guerra; sin intervención de quienes la padecen. Quiere decir esto de los pueblos desplazados. De las comunidades que ven desfilar sus hijos hacia los grupos en combate, sin que puedan reaccionar para detener esa acción. Desde las familias que velan a sus muertos con la incertidumbre de quien será el próximo.
De allí que el pueblo del suroccidente colombiano, de nuevo, como lo hace desde la década del 90, clame por la paz y se comprometa con ella y llame a una movilización para los próximos 10 y 11 de mayo. Inicialmente convocado por organizaciones sociales bajo la denominación: “Minga por el derecho a la vida, el territorio y la paz” y luego con el aval de la gobernación del Cauca y la Alcaldía de Caloto, como “Porque la vida es sagrada la paz la construimos entre todos”.
El objetivo central es seguir insistiendo en que hay que parar la guerra. Se presentará la propuesta de una consulta popular para decidir sobre el derecho y el deber de la paz. En el centro está la idea de que la paz debe hacerse con la participación de las comunidades y de sus organizaciones y que no deben darse más aplazamientos para iniciar un proceso en esa dirección.
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.