A continuación, presentamos la entrevista hecha a José Martínez Cruz, excolaborador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien en 2020 durante ocho meses fungió como Director General de la Primera Visitaduría en Derechos Humanos y nos cuenta su experiencia en la atención, seguimiento, acompañamiento, investigación y documentación de casos en la materia.

José ha dedicado toda una vida a la defensa de los derechos humanos y por la transformación radical de la sociedad en el país que le tocó vivir. Ha sido militante del PRT, ha dirigido el periódico Bandera Socialista y la revista Desde los Cuatro Puntos, fue fundador del Frente Pro Derechos Humanos en Morelos y participante del Frente Nacional Contra la Represión. Asimismo, es fundador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC, ha participado en el Foro Social Mundial y en una cantidad de iniciativas ciudadanas como plebiscitos, consultas y congresos, entre otras.

 

En el Volcán Insurgente: José, sabemos que a partir de la administración lopezobradorista, la CNDH tuvo algunos cambios. Cuéntanos tu experiencia ¿Cuándo ingresaste y de qué te ocupabas ahí?  

 

José Martínez Cruz: Asumí esta responsabilidad en la CNDH del primero de enero al 30 de agosto de 2020. Fueron ocho meses de intenso trabajo en defensa de los derechos humanos. Aún en medio de la pandemia trabajamos diariamente desde las oficinas de la CNDH ubicadas en el 5º piso del edificio ubicado en Periférico y Luis Cabrera, en la CdMx. El compromiso era lograr que la CNDH esté verdaderamente al servicio del pueblo y con plena autonomía frente al gobierno, como sigue siendo la exigencia que compartimos con miles de familiares de víctimas de desaparecidos desde hace décadas, como nuestra querida Rosario Ibarra y las doñas que a lo largo de su vida mostraron al mundo que podían transformar su dolor en digna rabia y lejos de doblegarse ante la infamia y los insultos, se levantaron con la dignidad a cuestas que nos heredaron con su ejemplo.

Imagen 1. José Martínez Cruz al centro, los derechos humanos como asunto de interés público.

Desde la Dirección General de la Primera Visitaduría (DGPV) a mi cargo, el compromiso de llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza implica asumir la responsabilidad de informar con transparencia a la población en su conjunto sobre las actividades llevadas a cabo, entendiendo que es un derecho a la información y obligación de rendición de cuentas. Por ello, a través de este medio quiero dar a conocer algunos de los aspectos relevantes de lo llevado a cabo con los recursos públicos que son aportados por todo el pueblo.

 

EVI: Cuéntanos sobre la relevancia de la Primera Visitaduría y el trabajo que pudiste desempeñar mientras tuviste el encargo.

 

JMC: El Programa Anual de Trabajo 2020 de la CNDH puede ser consultado en la página electrónica de ese organismo, en la dirección , en el que se detallan los proyectos y las metas programados para cada Programa Presupuestario 2020 de la Primera Visitaduría General.

Aún en medio de la pandemia decretada en marzo de ese año, reduciendo al 30% la plantilla de personal con presencia en las oficinas, con las dificultades del trabajo a distancia, ni un solo día laborable abandonamos las oficinas de la Dirección General de la Primera Visitaduría, y durante los 8 meses que permanecí al frente trabajamos intensamente. Así fue como elaboramos 14 Recomendaciones desde la Dirección General de la Primera Visitaduría: 10 por casos particulares, 3 por violaciones graves y una general. También emitimos un Informe especial.

Estas Recomendaciones fueron las siguientes:

5/2020. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida de V1, así como al acceso a la información en materia de salud en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Hermosillo, Sonora.

2020/6, 2020/7, 2020/8. La CNDH dirigió las Recomendaciones 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 8/2020 al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, por inadecuada atención médica a cuatro personas, en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” en Hermosillo, Sonora, en el Hospital Regional “1° de Octubre” y en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en la Ciudad de México y en una clínica de Guanajuato, Guanajuato, a consecuencia de lo cual tres de ellas perdieron la vida y, adicionalmente, a una persona menor de edad se le afectó su derecho a la salud y al interés superior de la niñez.

32/2020 Sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal, así como al normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, por la omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público, así como al interés superior de la niñez en agravio de V1, y al trato digno en agravio de V1, V2 y V3 por personal de una Estancia Infantil del ISSSTE, en la Ciudad de México.

33/2020 dirigida al ISSSTE. Sobre el caso de Violaciones a los Derechos Humanos a la protección de la salud y al acceso a la información en materia de salud; en agravio de V1, por personal médico de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zamora de Hidalgo, en Michoacán.

13/2020 dirigida a la FGR y a la SSPC. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y dignidad por actos de tortura cometidos en agravio de V1, atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces Policía Federal; así como a la seguridad jurídica, imputable a personal ministerial de la Federación.

19/2020 dirigida a la FGR, FGE de Jalisco y la SSPC. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y dignidad por actos de tortura, de seguridad jurídica y legalidad por inviolabilidad del domicilio, en agravio de V1, atribuible a personas servidoras públicas de la entonces Policía Federal, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, en agravio de V1, V2 y sus familiares, imputable a personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

30/2020 dirigida al ISSSTE y al IMSS. Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida de V1, en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como al derecho de acceso a la información en materia de salud por personal de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

31/2020 dirigida al IMSS. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud y a la vida, por la inadecuada atención médica, así como al acceso a la información en materia de salud en agravio de V1, persona mayor, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 19 en Altamirano, Guerrero y el Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en la Ciudad de México, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

32 VG/2020 por violación grave, dirigida al Gobernador de Guanajuato, Fiscalía General de Aguascalientes, Gobernador de Querétaro, Gobernador de Michoacán, Ayuntamiento San Luis de la Paz de Guanajuato, Ayuntamiento San Francisco del Rincón Guanajuato, Fiscalía General de Guanajuato. 

Recomendación No. 32VG/2020 Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “Ciudad de los niños salamanca A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas para el desarrollo integral de la familia de los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y de los municipios de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las fiscalías generales de justicia de los estados de Aguascalientes y Guanajuato.

33 VG/20202 por violación grave, dirigida a la SSPC y a la FGJ de Tabasco. Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por la ejecución arbitraria de V2, y otras por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de V1, así como la afectación en la integridad personal de V3 y V4, y acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad atribuibles a la entonces Policía Federal y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

34 VG/2020 por violación grave, dirigida a la FGR, FGE de Tabasco, Gobernador de Tabasco y Secretaría de la Defensa Nacional. Sobre el caso de violaciones graves y otras a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal por la detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada transitoria e integridad personal por actos de tortura en agravio de V1; así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en el municipio de Comalcalco, Tabasco.

Recomendación General 42/2020. Sobre la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y Sida en México. La presente Recomendación General se emite con la firme convicción de que todas las autoridades del Estado mexicano redoblen sus esfuerzos y redimensionen los planes, programas, políticas públicas, presupuestos y acciones actualmente emprendidas para el disfrute pleno de los derechos de las personas con VIH, a fin de cumplir con sus obligaciones irrenunciables de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dirigida a Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Educación Pública, Congreso de la Unión y Congresos Locales, Gobiernos de las Entidades Federativas, Jefatura de Gobierno y Congreso de la Ciudad de México, Direcciones Generales del Instituto de Salud para el Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petróleos Mexicanos, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, de los Institutos de Seguridad Social de las Entidades Federativas, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comisión Coordinadores de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Migración.

Informe Especial: Estudio sobre el marco de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades maya, otomí y tarahumara. Este estudio tiene el objetivo de analizar el marco específico de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad, así como las políticas y acciones emprendidas por el Estado mexicano para su protección; además de reflejar la realidad que viven las personas con discapacidad en las poblaciones seleccionadas en cuanto a sus derechos plasmados en la CDPD. Para lograrlo, se 6 llevó a cabo un acercamiento intencional a distintas comunidades indígenas en el país, en las que se obtuvo información de primera mano por parte de personas indígenas con discapacidad y sus familias, mientras que para el análisis se realizó una investigación documental.

 

EVI: Sin duda son una serie de documentales relevantes en el marco de la defensa de los derechos humanos, y producidas en un breve lapso de tiempo, lo que habla de tu compromiso y dedicación ¿Qué nos puedes contar sobre la cuestión de género y la defensa de los derechos de las mujeres?

 

JMC: Sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en la Primera Visitaduría se atendieron quejas sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de México (UNAM), aun cuando el tema de la educación se encuentra en la Segunda Visitaduría. También trabajamos sobre los derechos de las mujeres en coordinación con la Cuarta Visitaduría, que tiene el programa de mujeres. Coordinamos reuniones y elaboramos propuestas para atender los casos de violencia de género presentadas por estudiantes, académicas y trabajadoras de la UNAM, acompañando a las víctimas y realizando actividades de mediación en los diálogos con las autoridades y la comunidad estudiantil en los paros de labores académicas y toma de planteles para realizar acuerdos que permitieran el levantamiento de los paros en diversas escuelas y facultades de la UNAM, como Veterinaria, CCH Oriente, CCH Azcapotzalco, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas. Se realizó un trabajo de sistematización de las quejas y se tuvieron reuniones con la Abogada Andrea Medina para elaborar propuestas metodológicas que llevaran a la creación de protocolos de investigación sobre la violencia de género y se atendieran de manera integral a las mujeres víctimas de violencia al interior de la UNAM. Estos planteamientos se realizaron en reuniones con la Abogada General de la UNAM y con las instancias determinadas por la Rectoría de la máxima casa de estudios del país. Se avanzó en la preparación de un Informe Especial sobre violencia de género en la UNAM, que permitiera sentar las bases para una Recomendación General.

Imagen 2. Rosario Piedra Ibarra, militante del partido hegemónico y presidenta de la CNDH reelegida por la administración actual.

Asimismo, realizamos acompañamientos de las marchas y movilizaciones estudiantiles en la UNAM mediante brigadas integradas por un equipo de Visitadoras y Visitadores, con el fin de observar y documentar posibles violaciones al derecho de manifestación y libertad de expresión, así como garantizar el ejercicio de estos derechos frente a provocaciones y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos.

También estuvimos trabajando directamente con padres y madres de niñas y niños con cáncer, para exigir la atención médica adecuada en sus tratamientos y sobre todo combatir el desabasto de medicamentos oncológicos. Participamos en el acompañamiento durante las protestas y huelgas de hambre que llevaron a cabo familiares, donde demandaban establecer un diálogo con las autoridades de salud sobre la falta de atención a las urgentes necesidades de niñas y niños con cáncer.

 

EVI: Como sabes, este es un número dedicado a la difusión del Informe sobre violaciones a derechos humanos que publicó el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) durante el periodo de la “Guerra sucia” en México, y una de las violaciones con una fuerte presencia fue la desaparición forzada. Con relación a esto ¿Cómo se manifiesta este tipo de violencia hoy en día y qué te tocó conocer desde la Primera Visitaduría?

 

JMC: En cuanto al acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas en los últimos años, realizamos brigadas de acompañamiento de familiares de víctimas de desaparición, a través de brigadas de Visitadoras y Visitadores adjuntos, en labores de búsqueda en diversas zonas del país. El programa que se tiene en el primera Visitaduría sobre personas desaparecidas permite la vinculación con decenas de colectivos de familiares y organizaciones que luchan contra la desaparición forzada y cometida por particulares.

Incorporamos las denuncias de familiares de personas desaparecidas en las bases de datos en el programa de personas desaparecidas adscrito a la Primera Visitaduría, solicitando la intervención de todas las autoridades en las 32 entidades federativas, para llevar a cabo acciones de búsqueda y localización.

Realizamos acciones de coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, como la elaboración del Programa Regional de Búsqueda para el noroeste, donde se incorporaron propuestas de búsqueda en vida de personas desaparecidas en lugares donde se presumiera la posibilidad de encontrarse privadas de su libertad, como centros de reclusión, campos militares, hospitales psiquiátricos, centros de tratamiento contra las adicciones, entre otros. Se participó con colectivos de familiares para incorporar observaciones a la propuesta de protocolo de identificación forense y de entrega de los restos a sus familiares acorde a los más altos estándares en materia de derechos humanos y de trato digno.

Desde mi perspectiva, durante la pandemia se debieron seguir buscando a las personas desaparecidas. Ante la parálisis de las actividades oficiales, la Primera Visitaduría a mi cargo emitió un exhorto a los gobernadores y autoridades federales para continuar realizando las acciones tendientes a localizar a las personas desaparecidas.

 

EVI: Esto último que nos comentas es muy relevante, de acuerdo con tu perspectiva las acciones de búsqueda son, entonces, de interés público por lo que no deben detenerse ante las contingencias. Ahora bien, con esta actitud de productividad en beneficio de la salvaguardia de los derechos humanos de las personas ¿Qué fue lo que te llevó a renunciar a la CNDH?

 

JMC: Las razones de renunciar a la CNDH son varias y diversas, una de ellas es que fue difícil -y lo sigue siendo- mantener la autonomía y distancia frente al poder político de la administración lopezobradorista. Defender derechos humanos ante cualquier abuso de poder requiere autonomía y compromiso con las víctimas, desde el lugar donde nos encontremos. Por eso, ahora le comparto al público lector la carta que en su momento le envié a Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH:

Así como inicie mis actividades en la CNDH por invitación tuya, hoy es el último día en que permanezco al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría, después de 8 meses de trabajo con integridad, con convicción de siempre hacer lo correcto, con el compromiso de lucha que únicamente proviene de la conciencia de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de hacer todo lo que está en nuestras manos para transformar la realidad, desde cualquier lugar donde nos encontremos.

Me voy profundamente agradecido contigo por la oportunidad que me diste de asumir una responsabilidad y de compartir la experiencia de estar al frente de los trabajos de cientos de personas que diariamente reciben, atienden, investigan y resuelven las quejas de miles de víctimas que acuden a la CNDH, en ocasiones, como la última instancia para obtener justicia, ser escuchadas y lograr que se respeten sus derechos humanos violados por autoridades a lo largo y ancho de éste país que se desangra y desgarra cotidianamente.

Como tú sabes, acepté tu invitación luego de reflexionarlo profundamente, ante los severos cuestionamientos que hicimos al papel que desempeñaba la CNDH durante años, sobre todo debido a la falta de una verdadera autonomía frente al poder, como lo establece la Constitución, pero se pervierte por la orientación y conducción de sus titulares, como lo señaló claramente tu mamá, Rosario Ibarra de Piedra, y el Comité Eureka a lo largo de tres décadas.

Me entusiasmó la idea y la propuesta de transformar la CNDH en un verdadero órgano autónomo al servicio de las víctimas y de todas y todos los que sufren una violación de sus derechos humanos, combatiendo sin ambigüedad alguna a cualquier autoridad, del partido que sea, que cometiera abusos de poder.

Asumí esta responsabilidad que me ofreciste por la coincidencia de propósitos de lograr la justicia y la verdad por la que hemos luchado juntos desde los años 70s, cuando desaparecieron a tu hermano Jesús piedra Ibarra en abril de 1975, cuando en 1977 formamos parte del Frente Nacional Contra la Represión y en julio de 1978 cuando tú y yo fuimos con la Delegación del Comité 10 años de Lucha Revolucionaria al Onceno Congreso Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se realizó en La Habana, Cuba, cuando impulsamos y logramos en 1978 la ley de Amnistía que obtuvo la liberación de más de 1500 presos, perseguidos y exiliados políticos y la presentación con vida de más de 140 desaparecidos durante la época de la llamada Guerra Sucia que fue en realidad del terrorismo de Estado.

Esa amistad basada en principios de lucha y no de intereses mezquinos, nos ha unido durante más de cuatro décadas y no se romperá por diferencias reales o ficticias ocurridas en unos cuantos meses. Lo sabes bien tú y las entrañables Doñas del Comité Eureka donde está tu mamá Rosario Ibarra de Piedra y tus hermanos Carlos y Claudia Piedra Ibarra. Entiendo que cuando hay diferencias para llevar a cabo las tareas encomendadas por ti, te corresponde decidir mi permanencia o no dentro de la CNDH, razón por la cual hablé personalmente contigo y decidí presentar esta carta de renuncia, sin tener por qué aceptar indicaciones de otras personas que no tienen atribuciones dentro de la CNDH para decírmelo. Acostumbrados a analizar, reflexionar, compartir y debatir ideas y propuestas, como lo hicimos durante más de cuatro décadas contigo en el seno del movimiento, asumimos que ésa era la forma democrática adecuada para construir y fortalecer una CNDH autónoma, y no la decisión jerárquica y burocrática que tu misma dijiste que íbamos a combatir y que desafortunadamente se ha impuesto para tomar decisiones que afectan y laceran su función sustantiva de defender a las víctimas y no subordinarse a nadie.

Por esa confianza y cercanía es que expresamos siempre observaciones críticas a decisiones que trascendieron al ámbito público y pusieron en entredicho el alcance de los objetivos planteados. Decir la verdad entre personas queridas ayuda más que utilizar discursos para quedar bien y mantener un empleo. Este conflicto toca la fibra moral del organismo porque cualquier tipo de intervención ajena a un proyecto de autonomía y a favor de las víctimas y de la reparación del daño, representa una amenaza seria a su supervivencia a largo plazo. Durante éstos 8 meses de arduo trabajo e intensa actividad que se llevó a cabo por todo el personal de la CNDH aún en medio de la pandemia, no se dejó de trabajar un solo día sin atender de manera responsable todas las miles de quejas que llegaron, y que fueron resueltas durante el trámite de las gestiones, documentadas e investigadas con rigor y emitimos las Recomendaciones sobre violaciones graves cuando se llegó a utilizar este recurso establecido en las atribuciones legales que tiene la CNDH.

Me voy con la alegría de conocer y compartir tantas experiencias de lucha y vinculación con organizaciones defensoras de derechos humanos y de acompañar a víctimas y colectivos de familiares, de los 43 de Ayotzinapa y de miles de personas desaparecidas, de quienes defienden derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y quienes sufren el estigma por padecer VIH y siguen luchando contra la discriminación por su orientación sexual, entre muchos otros de los temas que nos tocó atender desde la primera Visitaduría de la CNDH que hoy te entrego, no como la recibí, sino fortalecida y con el compromiso de continuar y redoblar esfuerzos para acabar con la impunidad, la injusticia, la violencia feminicida y la violencia institucional, entre otros muchos abusos de poder que laceran la dignidad que está en la base de los derechos humanos.

Hemos realizado nuestro mejor esfuerzo. Que no quepa duda alguna. Cuando tocamos las fibras sensibles del corazón y ayudamos a reparar en algo los dolores de almas destrozadas, no hay motivo alguno para dejar este sitio con tristeza a otras personas que esperamos superen con creces lo hasta el día de hoy realizado, por el contrario, por la alegría hemos luchado, por la alegría para todas y todos seguiremos viviendo y amando.

Como lo sabes, querida Rosario, siempre luchamos porque las cosas sean mejores y así como deseamos que tengas salud, fortaleza y decisión para asumir plenamente tus tareas como presidenta de la CNDH, para lograr que verdaderamente esté al servicio de las víctimas y no sucumba frente a quienes la quieren conducir por caminos de sumisión al poder.

Con un abrazo fraterno como siempre.

 

José Martínez Cruz.

Desde las oficinas del 5º Piso del Edificio Jorge Carpizo de la CNDH, Ciudad de México, a 29 de agosto de 2020.

 

Imagen 3. José Martínez Cruz, después de ser primer visitador en la CNDH, mantiene la convicción, reivindica los derechos humanos y acompaña distintos movimientos sociales: “porque amamos, luchamos”. 

En este sentido, considero importante señalar algunos elementos de análisis sobre la situación de los derechos humanos en México a la luz de la crisis por la que atraviesa la CNDH, mismos que son presentados a continuación, para tener los elementos de contexto de nuestra participación y salida del máximo organismo público defensor de derechos humanos en México.

En la polarización que se generó por el primer nombramiento de Rosario y lo que significó a los ojos de la derecha, se dio el acuerdo no sólo de apoyo sino de colaboración con Rosario en el marco de la CNDH. Con una condición explícita en el acuerdo con Rosario: no solamente que la prioridad es la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento de las víctimas, sino la autonomía e independencia de la CNDH con respecto al gobierno federal. Este fue el acuerdo que se ejemplificó simbólicamente con el nombramiento de tres de los seis encargados de las Visitadurías de la CNDH. Nombrar a José Martínez, Carlos Fazio y Edgard Sánchez mandaba la señal de independencia por ser tres compañeros de izquierda, no afiliados a Morena y críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hay que precisar lo qué es la CNDH desde su origen y su utilización. No es parte del gobierno. Es para vigilar el respeto a los derechos humanos por parte del gobierno federal. Es, ciertamente, una institución del Estado, creada por el Congreso y reconocida en la Constitución, como institución “autónoma” pero no es parte del gobierno.

Por ejemplo, resolver el tema de los desaparecidos confronta directamente el papel del Ejército mexicano. No sólo de los desaparecidos reivindicados por el comité Eureka, también los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y miles más que ahora sabemos ha documentado en parte el MEH. Y esto choca con la perspectiva del gobierno de AMLO con relación al Ejército mexicano. Por eso este gobierno prioriza el perdón, el reconocimiento, la memoria, la reparación del daño y no la justicia porque implica a las Fuerzas Armadas.

Frente a esto, hemos visto las dificultades para integrar un estable polo social alternativo, aunque ahora sí, sí existen movimientos sociales y políticos independientes al gobierno que van desde el zapatismo y el CNI con su oposición al Tren Maya y los megaproyectos neoliberales, los otros movimientos ambientalistas opuestos a los megaproyectos, como el CIM, el “tronco común” alrededor del SME y su lucha de resistencia contra el neoliberalismo continuado por el nuevo gobierno, la nueva ola feminista del movimiento de mujeres, radicalmente anti patriarcal y anticapitalista y por tanto independiente del gobierno y los partidos, incluso pese a sus contradicciones internas, el movimiento magisterial que además de las consecuencias de la reforma educativa de Peña se enfrenta ahora, en medio de la pandemia, a la “educación virtual”.

En esta circunstancia, vislumbramos la importancia de intentar avanzar hacia un funcionamiento autónomo de la CNDH con respecto al gobierno apoyados en la definición inicial de Rosario Piedra y el acuerdo con nosotros. En este caso, si se lograba imponer y hacer respetar la autonomía de la CNDH frente al gobierno podría surgir, desde el terreno institucional, un posible polo alternativo o independiente o una referencia institucional que rompiera el esquema bipolar, binario, de AMLO entre gobierno y la derecha. Este papel podría jugar la CNDH en el histórico año del 2020 (e incluso en el periodo de 5 años de Rosario Piedra como Presidenta) si lograba mantener y defender la autonomía y rechazar o no ceder a las presiones del gobierno.

Ante las posibilidades reales de transformación de la CNDH, han ocurrido hechos que se transformaron en obstáculos para su concreción. La pandemia, cuyas consecuencias sociales y económicas aunado a la crisis económica, está teniendo efectos históricos, incluso en las violaciones, limitaciones y ataques a derechos humanos en todos los terrenos. En este sentido, tuvimos, cuando mucho, 2 meses “normales” antes de que en marzo estallara la crisis y el confinamiento al trabajo en casa de la mayor parte del personal de la CNDH.

La polarización política aumentada entre la derecha y el gobierno, aprovechando la crisis sanitaria y la oposición a la política del gobierno, lo que parecía reducir el margen para expresiones alternativas o independientes.

Las diferencias con la Presidencia (es decir Rosario y el Secretario Ejecutivo) tuvieron siempre como trasfondo el problema básico de la autonomía, cada vez puesta más en cuestión, con respecto al gobierno, pero sin que se expresara en un debate general al respecto, sino en la expresión de diferencias coyunturales, circunstanciales, de caso por caso u orientación pero que reflejaban este problema de fondo.

Y aunque pueden reconocerse varios elementos complicados y en general una situación política y social, especialmente con la pandemia, que están en el trasfondo de la evolución de Rosario Piedra hacia romper el acuerdo de autonomía con respecto al gobierno, no puede eludirse la responsabilidad política personal de la presidenta de la CNDH de ceder y alinearse con el gobierno. Evidentemente hay una diferencia radical entre Rosario Piedra y la compañera Rosario Ibarra que frente a diversos retos políticos en los más de 40 años de lucha jamás cedió a la institucionalidad, aun participando en el terreno institucional (como candidata presidencial, como diputada, como senadora) jamás cedió a adaptarse a la institucionalidad.

 

EVI: Esto que nos comentas es importante saberlo porque tú nos hablas de diferencias políticas al interior de la CNDH y el rumbo a seguir que, ahora vemos, es plegarse a la política de gobierno e incluso estar de lado de las Fuerzas Armadas como lo documentó el MEH recientemente. Pero, además de eso ¿Hubo diferencias de perspectiva en la defensa de los derechos humanos al interior de la CNDH?

 

JMC: Diversos temas nos llevaron a tener perspectivas distintas: La crisis sanitaria y las quejas y reclamos por falta de insumos, de personal médico, de condiciones de trabajo para este personal con seguridad, de atención hospitalaria. Por ejemplo, puntualmente hubo diferencias de perspectiva en estos casos:

• La Recomendación 1/2020 que iba contra Constellation Brands en Mexicali y el cuestionamiento no solamente al gobierno de Baja California sino al federal, por medio de Conagua, pero poniendo en evidencia el bloque burgués del negocio del agua que incluye a funcionarios como Arturo Romo, Olga Sánchez y un grupo de funcionarios enquistados, por ejemplo, en Conagua defendiendo intereses privados de ciertos sectores empresariales.
• Ayotzinapa y la “Guerra sucia”.
• La detención de Susana Prieto y luego de Nahúm Monroy y otros sindicalistas en Matamoros.
• La obstaculización de nuestro trabajo por desconfianza política.
• Los despedidos y movimientos de personal selectivos y contra la izquierda y a favor de priistas. La aplicación arbitraria y burocrática de la lucha contra “la corrupción” y por la “austeridad republicana” despidiendo no solamente a empleados de la anterior administración sino de la actual incluso gente de izquierda.
• Las diferencias políticas en relación al Gobierno federal con la Presidencia de la CNDH se van desarrollando durante semanas o meses, tienen un punto alto y explosivo con la filtración de los comentarios del Secretario Ejecutivo Francisco Estrada sobre los 3 Directores Generales pero llegan al punto el 26 de agosto en que a iniciativa de Rosario y Estrada se nos convoca para plantear nuestra renuncia.

 

Entre otras diferencias que fueron mermando la relación laboral, pero sobre todo la noción de ética profesional en la promoción y defensa de los derechos humanos, al interior de la CNDH.

 

EVI: Y en términos operativos ¿Qué dificultades, diferencias u obstáculos enfrentaste en la CNDH que afectaron tu labor? 

 

JMC: Los métodos burocráticos y autoritarios al interior de la CNDH que se impusieron. No pensamos a la CNDH como si fuera un partido de oposición al gobierno, sino como una institución autónoma del gobierno para vigilar que respete los derechos humanos. En cambio, la visión de Estrada, expresada en la conversación filtrada por Ezeta, es que su proyecto es cuidar al gobierno de AMLO y no permitir críticas que afecten su imagen y que supuestamente le hagan el juego a la derecha. De ahí se explican los obstáculos puestos a nuestro trabajo, la vigilancia a lo que hagamos o digamos, la reasignación de casos potencialmente conflictivos con el gobierno federal o incluso con algunos gobiernos estatales, como el de Tamaulipas. A pesar de lo polarizado de la discusión de julio, aparentemente, se podría seguir trabajando institucionalmente en casos difíciles como alguno de Oaxaca o lo de Ayotzinapa en la que la CNDH parecía excluida por Gobernación y la Presidencia de la investigación, o finalmente dar parte al Senado de la negativa de Conagua de aceptar la Recomendación 1/2020. Aunque la tensión en torno a estos temas siguió presente en las siguientes semanas, la decisión de Rosario Piedra de usar el argumento laboral de “pérdida de confianza” para exigir nuestra renuncia a fines de agosto parece un salto cualitativo en la diferenciación política no referida a un nuevo tema entre nosotros, sino a una presión por la polarización política y las presiones desde fuera. Es decir, a la forma en que está evolucionando la situación política nacional y la diferencias entre lo que pensamos debe ser la posición de la CNDH en este contexto entre la Presidencia de la CNDH y nosotros.

Finalmente, la ruptura política ocurrida en agosto, toma la forma de renuncias escritas en que la diferencia sobre la forma de conducir a la CNDH, en la situación política que se va complicando, ya que Rosario Piedra rompe el compromiso contraído al inicio de su gestión, explica por qué la pérdida de confianza es también por su incumplimiento de ese compromiso y al mismo tiempo de que renunciamos para no ser parte de la dinámica que se impondrá a la CNDH, en realidad, de regreso al viejo molde de subordinación al gobierno, pero al gobierno de otro partido (como ya había ocurrido antes en el tránsito entre el PRI, el PAN y nuevamente el PRI con las administraciones anteriores de la CNDH). Al usar Rosario Piedra el concepto laboral de “pérdida de la confianza” en la reunión del 26 de agosto para concluir que o renunciamos o nos cesa, en realidad el argumento es que la pérdida de confianza es mutua pues ha roto el acuerdo de inicio que tuvimos en el sentido de mantener la autonomía frente al gobierno.

El conflicto llega en agosto a un punto público y fuerte por la profundización de la crisis tanto sanitaria como económica que le da fuerza a la ofensiva sobre todo mediática de la extrema derecha por fuera del gobierno reclamando la salida de AMLO y absurdamente señalándolo como comunista, pero atizando los miedos y calificativos de la Guerra Fría.

Imagen 4. El caso Ayotzinapa se mantiene como emblema de la lucha por la verdad y la justicia, en un país que se niega a olvidar a sus muertos y resiste a la desmemoria gubernamental.

La parálisis provocada por el confinamiento empieza, al mismo tiempo, a romperse. Poco a poco vuelve a ver movilizaciones en las calles de parte de los movimientos sociales independientes de gobierno. En estas movilizaciones destacarán cada vez más las acciones de las mujeres y de diversas colectivas feministas, pero además con grandes efectos mediáticos por el continúo uso de las acciones directas que ponen en cuestión la política gubernamental de la promesa de que no volverá a haber represión en las calles, por lo menos de la Ciudad de México. En otras ciudades y en estados gobernados por el bloque de derecha anti AMLO estos insisten en mostrar el “otro camino” que es el de la represión abierta y la provocación como en Jalisco y Tamaulipas. En el caso de la Ciudad de México, aunque integrados ahora por mujeres policías reaparece la nueva versión del cuerpo de granaderos que el 68 exigió su disolución y con lo cual Sheinbaum tiene compromiso intergeneracional.

Significativamente un par de días antes del llamado para despedirnos hacemos pública la visita a la CNDH y larga y fructífera reunión de José y Edgard con los dirigentes del SME, Martín Esparza, secretario general, Humberto Montes de Oca, secretario del exterior, Bobadilla, secretario del interior y el abogado del sindicato. En las mismas horas acuden compañeros del MST apoyando a comunidades indígenas vecinas al aeropuerto de Santa Lucía en construcción que se quejan del despojo de sus tierras. Previamente los compañeros de la Red también se coordinan con nosotros, acudiendo a la CNDH, para plantear tanto su lucha contra las altas tarifas de la luz en el sureste, especialmente Campeche y la defensa del amparo que han conseguidos en Calakmul contra la construcción del Tren Maya, por lo menos en ese tramo.

 

EVI: Ante la situación que nos presentas, desde tú punto de vista ¿A dónde va a ir a parar la CNDH bajo la conducción de Rosario Piedra Ibarra, una militante del partido hegemónico?  

 

JMC: Lo que hay es el abandono del proyecto de transformar la CNDH al servicio de las víctimas. En realidad, la crisis de la CNDH es porque el propósito anunciado por Rosario Piedra, al inicio de su mandato en noviembre-diciembre de 2019, para reformar a la CNDH, de transformarla en un instrumento comprometido y acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y por tanto autónoma del gobierno federal es abandonado por la propio Rosario. Su fracaso no es debido a una presión, amenaza o represión desproporcionados desde el gobierno. Es peor pues en realidad es perder la pelea abandonándola, o sea ceder a la lógica de la institucionalidad y los intereses del Estado.

A diferencia de lo que seguramente piensa, al abandonar el intento de dotar de autonomía a la CNDH con respecto al gobierno y plegarse al mismo, profundiza la crisis y su posición se debilita más. La debilita porque, aunque no tenga ya el “problema” de nuestra presión crítica dando ejemplo de lealtad al despedirnos, eso precisamente la debilita y desmerece como titular de una institución de la importancia de la CNDH. Ya en medio de la crisis ésta se complica por la toma de sus oficinas en la calle de Cuba y la Okupa instalada que no le perdona su falta de sensibilidad y desafortunadas declaraciones sobre las movilizaciones y acciones de colectivas feministas, especialmente el 8 de marzo (de donde ellas afirman que Rosario las llamó terroristas) o en las primeras horas de la Okupa que permitió la declaración de Jorge Gálvez, a nombre de Eureka, afirmando que las feministas ocupantes eran “gente de Felipe Calderón”, aunque posteriormente ha pretendido corregir ofreciendo diálogo y ofrecimientos a una parte de las colectivas que se han separado del Bloque Negro. Simultáneamente, nuevamente Senadores y Diputados que desde el año pasado cuestionan su elección, han reiniciado sus ataques exigiendo su renuncia (ahora incluso alguna legisladora de Morena). Ciertamente, Morena la respaldará y no permitirá que la obliguen a renunciar, tampoco tendrá éxito seguramente el amparo que un excandidato a la CNDH interpuso. Pero este apoyo y respaldo de Morena para protegerla hará que la Presidencia actual de la CNDH aparezca más débil políticamente. Será el precio por abandonar la perspectiva de autonomía con respecto al gobierno. El apoyo en estas condiciones de Morena y del gobierno confirmarán su falta de independencia y la debilitará aún más. Pero sobre todo porque el intento de fortalecer e impulsar a la CNDH con autonomía del gobierno habrá fracasado por capitulación de su presidenta.

El otro paso en ese sentido ha sido la destitución de Guillermo Gutiérrez Riestra como encargado de la Oficina Regional de la CNDH en Tamaulipas. La designación de Guillermo iba más decididamente en el sentido anunciado por Rosario Piedra de cercanía con las víctimas. Guillermo Gutiérrez, como se sabe, es como Rosario Piedra familiar de desaparecido. Rosario hermana de Jesús Piedra desaparecido en 1975 y Guillermo, padre de Raquel Gutiérrez desaparecida en 2011. Guillermo es fundador y dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas, organizado en el ejemplo del Comité Eureka fundado por Rosario Ibarra y a quien Guillermo acompañó en su lucha y en sus campañas electorales presidenciales. En vez de Guillermo ha regresado a la oficina de la CNDH en Tamaulipas Oscar Castro, el anterior encargado de la oficina en Reynosa y quien coordinaba la campaña de Elizabeth Lara para presidenta de la CNDH el año pasado.

Pero el cambio seguramente se reflejará sobre todo en las funciones sustantivas de la CNDH. Es cierto que ha habido algunos cambios, sobre todo que tratan de mejorar la imagen pública, con un programa permanente de conferencias y cursos por medios virtuales. Pero los retos son mayores si se toma en cuenta que inmediatamente después de nuestra renuncia ocurre el Informe presidencial del 1 de septiembre, donde López Obrador vuelve a afirmar que la violencia (incluso el femicidio) ha disminuido en el país. Sería un tema en el que la CNDH debería volver a corregir la afirmación del presidente, pero donde se guarda silencio. Incluso, pese a que de inmediato ocurre la toma de las oficinas de la calle de Cuba por colectivas de feministas denunciando la impunidad y aumento de la violencia a las mujeres, incluso el feminicidio. Es en este terreno público donde se confrontará el papel de la CNDH y su actitud ante el gobierno federal. Ya ha habido en estos días otra prueba que le cuestiona. Después de la experiencia de años en que los movimientos como los de los estudiantes de Ayotzinapa han tomado casetas de cobro en autopistas, en estos días empieza una ofensiva para criminalizar y penalizar como delito grave la toma de estas casetas. En cuanto a la criminalización acusando que quienes toman casetas están al servicio del crimen organizado y presentando ya un castigo ejemplar para varias decenas de manifestantes que siguen en la cárcel por haber tomado una caseta de la Autopista del Sol, en Morelos. Esta orientación del gobierno parece acompañada de la dinámica de militarización ya vista con el hecho de que las fuerzas armadas se hagan cargo de los puertos y quizá aduanas y ahora también posiblemente de las carreteras. No hay advertencia de la CNDH contra esta dinámica sino silencio.

 

EVI: Sin duda el panorama que se mira en adelante no es el más propicio para las personas en la defensa de sus derechos humanos, el distanciamiento entre la vida pública institucional y el movimiento social es cada vez más notorio. Todo apunta hacia el absurdo de hacer ver y hacer creer que es el Estado la víctima y no el victimario. Así lo se aprecia cuando el gobierno se posiciona frente a las investigaciones sobre la “Guerra sucia” (MEH) o Ayotzinapa (GIEI). Sobre este último ¿Qué nos puedes comentar desde tu experiencia en la Primera Visitaduría de la CNDH?   

 

JMC: El caso de Ayotzinapa es uno en los que el Ejército mexicano tiene responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. Con relación a las solicitudes de información referidas al Informe Especial del Caso Ayotzinapa y configuración del equipo de trabajo desde la DGPV de la CNDH es necesario hacer las aclaraciones correspondientes a uno de los casos más significativos que me tocó atender durante los ocho meses que estuve a cargo.

El 29 de enero 2020 la Presidenta de la CNDH emitió un Acuerdo por el que deja sin efectos el Acuerdo de creación de la Oficina Especial para el Caso Iguala del 18 de diciembre 2014 e instruye a la Primera Visitaduría General para encabezar los trabajos de acompañamiento a las víctimas y seguimiento para abordar el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como para que brinde todas las condiciones materiales, asesoría jurídica y atención para que se tenga acceso a la verdad y a la impartición de justicia, llevando a cabo el análisis del expediente, con la finalidad de que se valore el alcance de la Recomendación y, principalmente, se encuentre la forma de que se avance en la conclusión de las investigaciones.

Con esta encomienda se elaboró un proyecto de investigación que analizara las principales hipótesis de la Recomendación 15VG/2018 y a la brevedad, en tiempo razonable, presentara líneas de investigación conducentes a entender e interpretar lo sucedido en la Noche de Iguala y la CNDH pudiera estar presente con las autoridades en las investigaciones en curso con planteamientos consistentes y acompañar a las víctimas desde una posición solidaria en materia de derechos humanos. Con un equipo de trabajo que se abocara al caso en estas líneas de investigación se estimó que un año sería un tiempo razonable a partir del inicio de actividades del equipo.

En el caso del seguimiento al Caso Iguala, la responsabilidad que como Titular saliente tengo es haber atendido al Acuerdo del 29 de enero 2020 que cumplí recibiendo la documentación de la Oficina, contratando a una persona para que se hiciera cargo con el avance de las investigaciones hasta su conclusión, comisionando personal para que trabajara en esta tarea, conociendo y apoyando la realización de las investigaciones en curso, e informando regularmente a la Presidenta Rosario Piedra sobre estos avances en diversas reuniones.

Sobre el cuestionamiento al respecto de la relación con los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, he de insistir en que ésta relación la he mantenido durante los 6 años que han transcurrido desde la fecha de desaparición en 2014, muchos años antes de que asumiera el cargo de Director General de la Primera Visitaduría, motivo por el cual el Acuerdo firmado por la Presidenta Rosario Piedra Ibarra para que me hiciese cargo del seguimiento de la relación con ellos se cumplió cabalmente durante los 8 meses que permanecí al frente de la DGPV, lo que hizo posible que se llevara a cabo la reunión de trabajo con ellos, sus abogados del Centro PRODH y Tlachinollan, donde estuvo presente la Presidenta Rosario Piedra Ibarra y llegamos al acuerdo de informarles de manera permanente sobre los avances en la investigación y el informe que en su momento se les presentaría para reorientar las conclusiones de la Recomendación de la CNDH, con la que ellos estuvieron en desacuerdo porque convalidaba la llamada verdad histórica de la PGR. Por tales acuerdos, sostuve infinidad de reuniones con ellos durante el período previo al decreto de la pandemia y durante ésta contingencia nos reunimos en diversas ocasiones de manera virtual y presencialmente en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, así como durante la visita llevada a cabo al Foro realizado en Chilpancingo, Guerrero en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, el Encuentro Nacional de Organizaciones Populares llevado a cabo en Amilcingo, Morelos, y en todos los actos que con motivo de cada 26 de mes llevan a cabo para exigir la presentación con vida de sus familiares, tanto en actos públicos en el anti monumento a los 43 ubicado en Paseo de la Reforma, como en conferencias de prensa posteriores a las reuniones con la Comisión Presidencial para atender el caso Ayotzinapa.

De igual manera se llevaron a cabo reuniones con la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa de la FGR con la presencia de personal de la Coordinación Jurídica y de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, tanto en las instalaciones de la FGR ubicadas en la Glorieta de los Insurgentes, como en las oficinas de la DGPV de la CNDH, para revisar acuerdos en el sentido de intercambiar información y establecer el procedimiento de revisión de los dictámenes periciales de los restos óseos, llamadas petrosas, con la participación de los peritos de la CNDH que emitieron dichos peritajes, como los peritos de las otras dependencias, con la finalidad de determinar su estado y su envío a Innsbruck para el estudio de restos genéticos que pudieran contribuir a identificar a quienes pertenecen dichos restos.

Se sostuvo reunión con la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, con el mismo fin de intercambiar análisis sobre los restos de las petrosas con el fin de contribuir en el esclarecimiento de los mismos.

Todas las constancias de dichas reuniones se encuentran en los archivos correspondientes de la DGPV y constan en documentales públicas donde se informa de la realización de dichas reuniones.

Es hora de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación sobre el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Basta de impunidad y complicidad, mentiras y omisiones por parte de las instituciones que han impedido esclarecer la verdad y lograr la justicia. Por eso es falso que durante mi estancia en la CNDH no se haya realizado actividad alguna para dar a conocer la versión pública del expediente del caso Ayotzinapa. Mienten con la única finalidad de desprestigiar la labor realizada durante ocho meses. Durante el tiempo en que permanecí al frente de la DGPV se dieron indicaciones que todo el equipo que estaba trabajando en la oficina del Caso Iguala se dedicara precisamente a la digitalización y el testado de los expedientes, lográndose que 180 de los tomos fueran incorporados a la plataforma de transparencia, labor que se realizó hasta la fecha en que el personal de dicha oficina fue reubicado en sus áreas de trabajo correspondientes. Por lo anterior es que resulta falsa la versión publicada en los medios de comunicación en el sentido de que los 180 tomos se digitalizaron y testaron a partir del mes de octubre de 2020, lo que indica una vez más la pretensión de descalificar la labor realizada durante la gestión que llevé a cabo en la DGPV durante ocho meses.

Por el contrario, al asumir el cargo el nuevo Director General de la Primera Visitaduría a partir que le entregué mi gestión, ordenó desaparecer el equipo de trabajo que elaboró el informe preliminar donde se analiza precisamente el papel del Ejército mexicano en un operativo de Estado que culminó con la desaparición forzada de los 43 normalistas.

He de señalar que somos sujetos obligados para transparentar todas las actuaciones en materia de defensa de los derechos humanos, por lo que es una responsabilidad con las víctimas y sus familiares y con la sociedad toda, rendir informes de todas las actuaciones que llevamos a cabo para proteger sus derechos humanos desde cualquier lugar donde llevemos a cabo nuestras funciones y actividades. Por ello es que los informes y archivos de la CNDH sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa deben ser públicos para esclarecer los hechos, ubicar a los responsables y lograr la justicia. Más de un millón 200 mil fojas en 1200 tomos que obran en poder de la Primera Visitaduría, deben ser analizados por un equipo interdisciplinario para sacar las conclusiones que no se hicieron antes y que ahora se niegan al ocultar el informe preliminar que elaboramos. El papel del Ejército mexicano, en este sentido, es uno de los aspectos claves.

El encubrimiento de la participación del Ejercito mexicano en la desaparición de los normalistas, lo hicieron las principales autoridades que estaban en funciones: el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz; el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, y el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “Verdad Histórica” que daba por concluida la búsqueda de los 43 normalistas y cerrado el caso. A todos estos personajes les informaban sus subordinados que formaban parte del “Grupo de Coordinación Guerrero”.

Enrique Peña Nieto, pretendía minimizar la magnitud de los hechos, al señalar que la desaparición de los 43 normalistas es atribuible al gobierno municipal de Iguala, por tanto, la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables, correspondía al Gobierno del Estado de Guerrero; sin embargo, desde el inicio de las investigaciones, existían los elementos constitutivos de delincuencia organizada, consecuentemente, el 05 de octubre de 2014, la PGR, ejerció su facultad de atracción del caso, por existir delincuencia organizada. Fue así que el Gobierno Federal conoció de la investigación de tan atroces hechos. Ahora bien, la PGR se enfocó solo en continuar la línea de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que apuntaba solo a líneas de investigación de elementos de la Policía Municipal de Iguala, de quienes logró acreditar su probable responsabilidad por la desaparición de los 43 normalistas y la privación de la vida de 6 personas y varios lesionados. No obstante, la PGR, citó a varios elementos castrenses a rendir su declaración ministerial respecto a su actuación dentro de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, sin que de ello se desprendiera alguna línea de investigación en contra de dichos efectivos militares. Con una celeridad inusual, dos semanas después de que la PGR atrajo el caso, dio a conocer la supuesta verdad histórica en la cual no se acreditó responsabilidad alguna o participación activa del ejército en el ataque a los normalistas.

Por todo ello es importante que hoy se asuma por parte del gobierno ir a fondo en la investigación del papel del Ejército mexicano en la desaparición de nuestros hijos, dice Felipe de la Cruz frente al anti monumento a los 43 en Avenida Reforma. Hay que tener en cuenta que el  “Grupo de Coordinación Guerrero” se constituyó para concertar las acciones de las instancias que participan y compartir información de lo que en el Estado acontece; está integrado por el Gobierno del Estado de Guerrero representado por el Gobernador del Estado, que preside este Grupo de Coordinación; el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado; y el Fiscal General del Estado de Guerrero.

La CNDH pudo establecer que el “Grupo de Coordinación Guerrero”, contaba con información de la presencia y operación de organizaciones criminales en Iguala. En relación con la investigación que la CNDH realizó por los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, requirió información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte del “Grupo de Coordinación Guerrero”; sin embargo, la Sedena se limitó a manifestar que su intervención en este grupo en el periodo 2013–2014, consistió en compartir con sus integrantes información de interés para la coordinación y actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, no solo la Sedena ocultó información, también lo hizo la Secretaría de Marina, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, como también la Procuraduría General de la República. Ninguna de estas autoridades de seguridad informó, sobre los temas y los acuerdos generales a los que llegaba el “Grupo de Coordinación Guerrero” relacionados con la operación del grupo criminal “Guerreros Unidos” en Iguala y su vinculación con las autoridades municipales de ese Municipio.

En un principio se logró establecer que los militares adscritos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, al ser parte del “Grupo Coordinación Guerrero”, sabían sobre los vínculos entre José Luis Abarca y el grupo criminal (Guerreros Unidos); sin embargo, nunca llevaron a cabo acciones en contra de dicho personaje dentro del ámbito de sus atribuciones.

Era de su conocimiento el desplazamiento de los normalistas desde Tixtla hasta Iguala, por lo que resultan poco probables las supuestas omisiones del Ejercito mexicano durante los enfrentamientos entre los normalistas de Ayotzinapa y Policías Municipales, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala. De las constancias que integran el expediente de investigación en la Recomendación 15VG/2018, se desprende que el 26 de septiembre de 2014, el ejército tuvo conocimiento de la presencia de los Normalistas en Iguala, por lo que se pudo acreditar su actuación negligente por omisión como quedó demostrado cuando miembros del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”, acudieron a solicitar auxilio al 27 Batallón de Infantería, en Iguala.

Por tratarse de una conducta omisa repetitiva por parte de la actuación del Ejército, cabe la hipótesis de que ésta sea una prueba circunstancial de que la actuación negligente por omisión por parte del personal militar fuera para encubrir todo indicio de su participación en el ataque, detención, privación de la libertad y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en coordinación con otras fuerzas del Estado y miembros de la delincuencia organizada.

Los militares adscritos al 27 Batallón de Infantería, cuentan con el grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos”, el cual predominaba en Iguala, municipios y zonas aledañas. La participación de esta organización criminal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa aquella trágica noche está ampliamente acreditada, pero se trató de ocultar que fue un operativo orquestado por el Estado, a pesar de que la FGR recogió el testimonio de un testigo que señala al Ejército mexicano como participe en los hechos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora, las ordenes de aprehensión contra militares, ponen en evidencia la manipulación oficial que se hizo para invisibilizar el crimen de Estado. Estos últimos hechos aportan nuevas pruebas supervinientes en relación a la participación del Ejército mexicano en el ataque a los normalistas aquella trágica noche. A los seis años de Ayotzinapa se confirmó que fue un operativo de Estado con la participación del Ejército mexicano.

 

EVI: José, te agradecemos mucho la confianza en este medio para dar a conocer parte de lo que fue tu experiencia al frente de una de las visitadurías de la CNDH. Con esta entrevista queremos hacer eco de la perspectiva de personas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos en México, una rama de la lucha social que tiene hondas raíces en el clamor popular desde hace décadas.

 

JMC: Para mí es muy importante que una revista de tanto prestigio como lo es En el Volcán Insurgente, nos permita dar a conocer a quienes la leen nuestra opinión y análisis sobre la experiencia personal y colectiva de participar ocho meses en la CNDH, sobre todo a la luz del terrible y lamentable espectáculo que llevó a la reelección de su actual Presidenta a pesar de contar con las peores calificaciones en la evaluación de su desempeño, lo que confirma muchas de las apreciaciones aquí expresadas, sin embargo, la necesidad de fortalecer la lucha por hacer valer plenamente los derechos humanos en nuestro país, sigue siendo un compromiso de vida que hemos asumido desde cualquier trinchera en donde nos encontramos, porque, como lo decimos al cumplir 35 años de la fundación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos donde participo desde su inicio: porque amamos, luchamos.