Vuelos de la muerte en México: una aproximación etnográfica

Detalles: Creado: Sábado, 01 Marzo 2025 11:41; Escrito por Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez; Visto: 221

Resumen

Este artículo plantea la necesidad de ampliar el ángulo de visión en torno a lo que se entiende por “vuelos de la muerte” y redefinir el objetivo militar que persiguió esta táctica iniciada en Vietnam durante la década de 1960 y continuada hasta por lo menos principios del siglo XX en México. Las formas que asume la violencia política o de Estado son diversas y, en ocasiones, dispersas; sin embargo, lo que se sabe hasta ahora es que los agentes de dicha violencia persiguen el objetivo de mantener el control social en amplias regiones del país. Este objetivo es, nada más y nada menos, que uno derivado de un modo de ser y estar en el mundo, una cultura que solo se explica desde la perspectiva de confrontación directa con la guerra como pilar en la concepción de las relaciones sociales ampliadas.

Introducción

Hasta el momento, la producción periodística, historiográfica y de derechos humanos relativa a los “vuelos al mar” o “vuelos de la muerte” en México circunscribe el hecho a lo que comúnmente se conoce como “Guerra sucia”.[1] En este artículo se amplía el ángulo de visión y, como resultado de la investigación a profundidad con fuentes primarias y secundarias, testimoniales y documentales, en el marco del trabajo de investigación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), se plantean los hallazgos alcanzados sobre los “vuelos de la muerte” como una táctica militar extendida y continuada, y se reflexiona desde la antropología en torno a la cultura castrense como un modo de vida institucionalizado en el que la violencia es parte fundamental del axis mundi.

Como se verá en adelante, la violencia es el elemento fundamental en la noción de política. La política es una acción violenta, se gobierna desde el poder político por medio de la violencia y la persuasión, cualesquiera que sean sus manifestaciones, hasta llegar a la acción militar directa. Este accionar institucional es un modo de ser y estar en el mundo. De acuerdo con distintas fuentes documentales de origen militar, en México es posible asumir la existencia de una cultura castrense que tras los postulados de orden y disciplina se oculta una estructura organizativa sostenida por un conjunto de símbolos que, como sistema de creencias, otorga sentido y justifica a un conjunto de prácticas particulares, propias del aparato militar integrado por secretarías y dependencias de Estado en cuyo seno recae el monopolio de la violencia.

El monopolio de la violencia no es otra cosa que la manifestación del poder institucionalizado, el Estado mismo. Cuando un grupo ajeno al aparato militar detenta dicho monopolio, se establece una situación de excepción que decanta en la ejecución de planes, programas u operaciones de acción directa con el objetivo de mantener la estabilidad política de un régimen determinado. El régimen, como forma de gobierno, es el conjunto de normas nacionales de las que dispone la burocracia administrativa para mantener el orden social y, a su vez, la ciudadanía para hacer valer su personalidad; sin embargo, cuando dicho conjunto de normas es insuficiente, o se le falta por acción u omisión, es común que de entre la ciudadanía emerja la disidencia y reclame lo que por derecho le pertenece y el gobierno responda desde el monopolio de la violencia. De esto, la historiografía mantiene repleta las bibliotecas.[2]

“Estar ahí”, cuestión epistemológica

Desde que las ciencias antropológicas asumieron la etnografía como ruta para construir la narrativa en torno al modo de vida de grupos sociales culturalmente diversos, el “estar ahí” se volcó en una cuestión epistemológica. La manera de proceder para construir conocimiento respecto a la diversidad social, así como para el abordaje de distintas problemáticas, lleva a las y los investigadores a recorrer amplios senderos en aras de recopilar la información necesaria que permita interpretar los hechos que interesan en el marco de una temática particular.

Esta manera de proceder implica comunicación y convivencia con las personas involucradas, de una u otra manera, en los hechos de interés que ocurrieron en un momento y lugar específicos. Por lo tanto, el “estar ahí” implica escuchar al “otro”, poner atención, considerar sus modos y ritmos de expresión, aceptar sus silencios y límites o limitantes, pero también participar de las emociones y acompañarle en las actividades cotidianas a las que se nos convoque como agentes externos que, en determinado momento, estamos ahí para indagar sobre un asunto en particular. La etnografía implica tender lazos para generar la empatía necesaria que permita profundizar en los significados que revisten los hechos investigados concatenándolos a un referente conceptual pertinente, así se produce el dato etnográfico. Es pues una descripción densa, sistemática y rigurosa.[3]

Para la investigación realizada sobre las violaciones graves a los derechos humanos (VVGGDDHH) cometidas en contra de personas en casos de control territorial por militares en zonas rurales durante el periodo de 1965 a 1990, los equipos de investigación del MEH asistimos a una serie de ranchos, rancherías, pueblos, parajes y localidades en las que, previo diagnóstico, se sabía que habían ocurrido eventos violentos en los cuales militares, policías y paramilitares (sean guardias blancas o grupos de choque) actuaron en detrimento de los derechos humanos de comunidades enteras. En aquellas localidades se levantaron cientos de testimonios y se revisaron acervos documentales públicos y privados, éstos muchas veces puestos a disposición por parte de los mismos testimoniantes, lo que permitió identificar a profundidad las formas que asumió la violencia de Estado.

Imagen 1. Avión IAI Arava-201 en Museo Militar de la Aviación (MUMA), B.A.M. No. 1 en Santa Lucia, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.

Las y los investigadores estuvieron en sierras y planicies, asistieron a reuniones comunitarias, asambleas ejidales, realizaron entrevistas colectivas a integrantes de familias violentadas, aplicaron técnicas como entrevistas estructuradas y semiestructuradas a grupos focales, fueron y vinieron de una entidad federativa a otra durante año y medio aproximadamente. Organizaron la información recabada por región y temática de interés, cruzaron fuentes de distinta índole y redactaron informes de investigación. En síntesis, las y los investigadores dedicados a estas temáticas produjeron un cúmulo de información etnográfica e historiográfica con enfoque en derechos humanos que se presenta en distintos capítulos de la colección Fue el Estado: 1965-1990 del Informe final del MEH.

Por ejemplo, este trajín permitió identificar información precisa respecto a los “vuelos al mar” o “vuelos de la muerte” in situ, además de indagar en fuentes documentales de origen militar editados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que son utilizados por el personal militar para su profesionalización. Si bien el acceso a los archivos militares fue restringido, los materiales que se lograron conseguir fuera de los archivos de concentración respecto a la cultura castrense aportaron información importante que, en su momento, nos aproximó al entendimiento de la forma de proceder que tiene el personal militar en tanto se encuentra inmerso en un modo de vida estructural y estructurante, esto es, general en tanto que es parte de una institución del Estado y particular en tanto que forma o moldea la personalidad de los directamente involucrados.

Los “vuelos” como táctica militar extendida y continuada

En México, como se afirma en la primera parte del Volumen 2 de la colección Fue el Estado: 1965-1990 del MEH, la información documental y algunos de los testimonios recabados por los equipos del MEH apuntan hacia la conceptualización de lo que en Guerrero se conoce como “vuelos al mar” y que los colectivos de víctimas de la “Guerra sucia” han dado por llamar “vuelos de la muerte”, como una táctica de origen militar de carácter extendida y continuada que cierra el circuito detención-desaparición; esto es, señalar que el trasladar deliberadamente en aeronaves a personas detenidas de manera arbitraria para, desde las alturas, aplicar técnicas de tortura o deshacerse de cadáveres de personas previamente ejecutadas en prisiones clandestinas o durante enfrentamientos con elementos de seguridad o defensa estatales, es una práctica de origen militar ocurrida en entidades federativas como Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa o Veracruz, durante el periodo de 1965 a 1990 en adelante.

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones previas lo publicado en la colección del MEH, los “vuelos de la muerte” hacen referencia al hecho de arrojar cadáveres mar adentro elevándose desde la costa de Pie de Cuesta en Acapulco, Guerrero, lo que ocurrió con el uso de la aeronave IAI Arava-201 matricula 2005 (también señalado con matrículas 2003 y 2004) por lo menos entre 1975 y 1979.[4] La versión de transporte militar IAI 201 fue la que tuvo en uso la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) durante 1973 a 2013, que adquirió 16 de estas unidades para misiones de apoyo durante los despliegues del Plan DN-III-E.

De acuerdo con las fichas técnicas de museografía que acompañan a las dos unidades expuestas en el Museo Militar de Aviación (MUMA), ubicado en la BAM-1 de Santa Lucía, Estado de México, y en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, dichas aeronaves fueron utilizadas únicamente para el rescate de personas o acciones humanitarias; sin embargo, la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) por medio de distintas fuentes, entre esas testimonios, documenta la utilización de por lo menos una aeronave de este tipo para acciones de contrainsurgencia.

De acuerdo con algunos de los testimonios recabados por el MEH, el arrojar cadáveres mar adentro desde aeronaves se debe considerar como una práctica extendida y continuada que ocurre también con el uso de aeronaves del tipo Alouette II o Bell 212, entre otros helicópteros utilizados para búsqueda y rescate de personas utilizados entre 1965 y la década de 1990 con capacidad para transportar a sus operadores y por lo menos con dos plazas más y área de carga. Este tipo de aeronaves de hélice se encuentran documentadas en las enciclopedias de aeronáutica, materiales que permitieron identificar las unidades aéreas con las que contaba la FAM durante el periodo de 1965 a 1990.

Imagen 2. Representación aeronáutica que muestra al tipo de aeronaves utilizadas en los “vuelos de la muerte” como táctica militar extendida y continuada, como el Arava IAI-102 y el helicóptero Bell 206-B, entre otros. MUMA, B.A.M. No. 1 en Santa Lucia, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.

De acuerdo con la hemerografía de aquel momento, algunos medios impresos informaban que, efectivamente, la FAM adquirió este tipo de aeronaves como parte de una flota numerosa con el objetivo de realizar sobre vuelos en Guerrero y otras entidades. Por ejemplo, las siguientes imágenes informan respecto al gasto militar relacionado con la incorporación de las aeronaves para reemplazar aquellas que para el momento se consideraron obsoletas en cuanto a la ejecución de ciertas operaciones.[5]

Como lo indica el MEH, el desarrollo tecnológico y los relevos generacionales de este tipo de aeronaves adquiridas por la FAM, corresponde al desarrollo y acumulación propios de la industria armamentista mundial la cual para el periodo de estudio tuvo un impulso particular durante la Guerra de Vietnam.[6] En ese contexto, las tres hipótesis de guerra consideraban la guerra mundial, la guerra convencional y la guerra revolucionaria o irregular: “De cualquier modo la lógica de seguridad nacional en América Latina, durante la Guerra Fría, era la lógica de la política norteamericana de contención del expansionismo soviético y la neutralización de la subversión comunista”.[7]

Al revisar los dos tomos del Manual de Guerra Irregular que el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utiliza como material pedagógico para la profesionalización del personal, se identificó que en ese sistematizó algunas de las enseñanzas obtenidas en la guerra irregular, de contrainsurgencia o contraguerrilla, ocurrida en países como Vietnam, Grecia, Filipinas y Bolivia, entre las que se destaca el uso de aeronaves para cumplir con el objetivo de aniquilar al “enemigo interno”,[8] al traidor a la patria. Ese tipo de documentos señala el uso de helicópteros y aviones de enlace para el sobrevuelo e identificación de zonas de interés, así como la quema de bengalas lanzadas desde lo alto del vuelo para ordenar a las unidades militares el ataque inmediato de contraguerrilla.[9]

El uso táctico de aeronaves con fines militares de combate es aceptado por la propia Sedena, pero además de recurrir a ésas para el desplazamiento del personal de combate o identificación de lugares, como se ha dicho, la FEMOSPP identificó el uso de la aeronave lAI Arava-201 matricula 2005 con motivos de ejecución y desaparición forzada. Así dicha práctica puede reconocerse como una táctica aérea de contrainsurgencia o contraguerrilla -hipótesis de guerra irregular- y en algunos otros casos documentados por el Mecanismo, como táctica de persuasión y tortura. En dicha práctica se reproduce la organización militar, la cadena de mando en acción se caracteriza en el terreno por el mando a cargo del plan u operación, en estos se identifican secciones y unidades de combate, en ocasiones especializadas, como se asegura actúa el Ejército mexicano:

Toda unidad empeñada en operación de contraguerrilla, deberá planear con máximo cuidado la o las operaciones que vaya a ejecutar, tomando en consideración la misión encomendada y el objetivo final de las operaciones de contraguerrilla, que será la destrucción de las bandas de traidores; para lo cual es necesario un planeo detallado de la unidad ejecutante que responda con precisión al plan de la unidad superior, el que deberá coordinar a su vez los planes de cada una de las unidades subordinadas para evitar confusiones […][10]

Con la investigación desarrollada por las y los investigadores del MEH, es posible afirmar que la cadena de mando puede tomarse como una manifestación concreta de la cultura castrense,[11] cultura en la que la guerra se considera mito de origen y servicio a la patria, la disciplina queda conceptualizada como la relación mando-obediencia y la lealtad institucional como identidad o linaje, todas como premisas constantes.[12] Con estos elementos de cultura, las Fuerzas Armadas (FFAA) otorgan sentido a su práctica, a su accionar, son fundamento de su modo de vida en el marco del Estado nacional y la seguridad interior. Esta es una afirmación que llama a profundizar en el estudio antropológico de uno de los aparatos del poder institucionalizado, del Estado mismo.

Imágenes 3 y 4. Notas periodísticas recuperadas en acervo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales del Archivo General de la Nación relacionadas con la adquisición y uso de aeronaves.

Dicha profundización permitirá caracterizar el porqué, bajo tales premisas, debe entenderse el apotegma militar “Contra la Nación, nadie tiene la razón”. En el marco de la seguridad interior el “enemigo interno” es la población objetivo de los planes y operaciones militares. En particular, los “vuelos de la muerte” ejemplifican el extremo del combate a las organizaciones político-militares y a las disidencias, así como a otro tipo de grupos identificados como población objetivo. Al respecto, el MEH consideró que el periodo en el que dicha práctica fue recurrente debe considerar a partir de la segunda mitad de la década de 1960 hacia 1990 y en adelante hasta por lo menos el año 2018 en el que se tiene un caso registrado de este tipo de eventos.

La información recabada por el MEH permite introducirse a la lógica cultural castrense en cuanto a identificar el estímulo-respuesta de la relación bilateral de subordinación mando-obediencia, sobre la cual se edifica formalmente la expresión culmen del circuito detención-desaparición con los “vuelos de la muerte”, como una de las tácticas militares para evitar dejar rastro físico de los “enemigos de la patria”, aunque por fortuna no del todo asertiva. De esta manera, la visión militarista derivada de una cultura castrense se asume como parte de lo necesario para mantener la estabilidad política, lo que se traduce en lo que hasta hoy en día los presidentes en turno asumen con la categoría de seguridad nacional (Estado de seguridad) de cuño norteamericana.

El ocultamiento, la verdad bajo reserva militar

De acuerdo con el lenguaje jurídico, el dicho “poner a la vista” implica que, como parte de una indagatoria, las partes están obligadas a mostrar y mostrarse, esto es, evitar el ocultamiento de la información y, con eso, permitirse ahondar en los hechos que se indagan. Sin embargo, justo cuando las condiciones de consulta documental en el archivo de la Dirección General del Archivo Histórico (DGAH) de la Sedena posibilitaban la revisión de expedientes y tipos documentales de concentración, se establecieron restricciones que hicieron imposible revisar la documentación que el MEH identificó como de interés, lo cual fue documentado en el reporte Las formas del silencio,[13] elaborado por las y los investigadores del MEH.

Esta circunstancia no solamente obstaculizó la posibilidad de lograr obtener indicios, por ejemplo, sobre la identidad de las personas que fueron arrojadas mar adentro en las costas de Guerrero sino también violó el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general; además de ser contraria a los principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Con la restricción de la consulta a los archivos de la DGAH, se violó el derecho a la verdad porque los Estados deben poner a disposición toda información relativa a la violación, precisamente, de los derechos humanos. La obligación de garantizar los derechos implica establecer las medidas y mecanismos para su efectividad. En este caso, se debió permitir el acceso y la consulta irrestricta al equipo de investigadores del Mecanismo no solamente para dar efectividad al derecho a la verdad de la sociedad, sino también por ser uno de los cinco mecanismos que integraron la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), de acuerdo con el Decreto presidencial del 6 de octubre de 2021. Sin embargo, el mismo decreto es contradictorio dado que indicó que la misma institución a la que se le solicitase información sobre violaciones a los derechos humanos, sería la misma que definiría cuál información pondría a disposición de la investigación y cuál no.

Imagen 5. Ficha informativa de la aeronave Arava IAI-102 ubicada en las instalaciones de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, México. Este es uno de los ejemplares utilizados en los “vuelos de la muerte”; sin embargo, la ficha no informa al respecto.

Por fortuna, de otras fuentes se obtuvo información testimonial y documental referente a los “vuelos de la muerte”. Como se refiere por el MEH, la B.A.M No. 7 fue utilizada como centro de detención clandestina, el caso de José Alfredo Medina Vizcaino detenido por la Brigada Blanca en Ciudad Juárez el año de 1978, trasladado al Campo Militar No. 1 y después a la B.A.M. No. 7 de Pie de la Cuesta, dio cuenta de eso:

Nos subieron a un avión bimotor de la Fuerza Aérea Mexicana y nos llevaron hasta un lugar que en contraste con el frío imperando de donde habíamos estado era muy caluroso, después nos dimos cuenta de que estábamos en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde el avión aterrizó sobre una pista de terracería de ahí nos recogieron en una troca con caja cerrada como las que usan los rastros, y nos llevaron a un lugar donde al parecer había sido un balneario y fue acondicionado como prisión; en ese lugar, después de tomarnos otro declaración nos permitieron quitarnos las vendas y como adjunto a la cabaña en que nos introdujeron había un cuarto de baño en que nos introdujeron y nos permitieron bañarnos; ahí me percato de que además de Soto Cervantes, Reyes Herrera y yo se encontraban los otros camaradas también, entre los cuales como dije anteriormente se encontraba una mujer. Super los nombres de todos ellos, pero debido a las circunstancias y a los acontecimientos anteriores no recuerdo más que el nombre de Alicia de Los Ríos Merino, la cual es originaria de esta Cd. de Chihuahua y los otros camaradas eran del estado de Sinaloa.

Ahí nos mantuvieron por espacio de tres días sin movernos al cuarto día por la noche nos sacaron de ahí y nos llevaron, en el mismo vehículo, a una Base Aérea Militar en “Pie de la Cuesta”, que resultó ser la BAM No. 5 [7], al amanecer nos ordenaron salir de ahí y nos subieron otra vez en la troca en la que nos regresaron al balneario-cárcel donde habíamos estado, dos días después nos volvieron a llevar a la BAM No. 5 [7] que está enclavada a orillas del mar, y esa noche nos volvieron a tomar una de las muchas declaraciones, al preguntarnos los nombres a Reyes Herrera y a mí nos separaron de los demás, nos metieron a un cuarto de baño y ahí permanecimos hasta el día siguiente; esa mañana nos dimos cuenta que los demás camaradas ya no se encontraban ahí, sentimos sed, y mucha hambre pues hacia días que tan solo nos daban de comer una vez al día, al medio día se acercaban a donde nos encontrábamos, Herrera y yo, y nos llevaron a una avioneta en la cual llegamos hasta el Aeropuerto de Acapulco.

De ahí nos regresaron al balneario-cárcel en el que habíamos estado y ahí permanecimos algunos días más, ya había perdido la noción del tiempo.

Después nos sacaron otra vez al aeropuerto de Acapulco y esta vez nos estaba esperando el avión bimotor que nos había llevado hasta allá nos dimos cuenta que nos iban a llevar de regreso a la Ciudad de México pero debido al mal tiempo imperante el avión tuvo que aterrizaren el estado de Morelos en donde llovía mucho; permanecimos en el avión todo el día, vigilados y acompañados por agentes de la policía militar y federal, por la noche miembros de ejército y los agentes nos trasladaron al cuartel militar de ese lugar donde nos metieron en una especie de cuarto cavado en el subsuelo, ahí estuvimos toda una noche sin poder dormir a causa de las alimañas que ahí había y a causa del frio; y a la mañana siguiente nos recogieron en una combi y nos llevaron de regreso a la Cd. de México donde fuimos encerrados otra vez en el campo de concentración militar No. 1.[14]

No obstante, los obstáculos que se presentaron en las consultas de los archivos militares, el MEH realizó todas las acciones posibles, sin mucho éxito, para ubicar los nombres de las personas arrojadas mar adentro. El “estar ahí” fue el tablón que a la deriva nos permitió mantener la nave a flote, es decir, el acudir a realzar entrevistas a distintos puntos del país en los que de una u otra manera se identificaron indicios de haber sido realizados los “vuelos de la muerte”. Así obtuvimos y ahondamos, lo que el tiempo destinado para la investigación nos lo permitió, en las diversas formas en las que dicha táctica militar había sido ejecutada en distintas zonas del país, con una diversidad de población más allá de los militantes de organizaciones político-militares, con un objetivo ampliado que fue no solamente deshacerse de los restos humanos de milicianos, sino de aplicarla también a lideres sociales de movilizaciones en contra de megaproyectos o en defensa de sus territorios, así como en contra de personas de las cuales se sospechó participan en el tráfico de enervantes.

De esta manera, en el MEH conseguimos llevara a cabo una suerte de etnografía o descripción densa a manera de historiografía experimental, una forma similar de aplicar las técnicas y habilidades de investigación como lo hace la arqueología experimental, aproximándonos lo que más pudimos a los hechos del pasado reciente desde la práctica cuasi pericial. Así fue que la información pública identificada en el Archivo General de la Nación (AGN) se cruzó con la información hemerográfica y los testimonios obtenidos, incluso, de personas que en su juventud fueron pescadores en Pie de la Cuesta, Acapulco, de quienes anduvieron en la sierra de Chihuahua o la costa de Mazatlán, Sinaloa, de quienes resistieron al despojo territorial en Chiapas, entre otras personas más. Aunado a esto, se ubicaron algunas de las aeronaves señaladas por los testimonios y que ahora se encuentran ubicadas en la Universidad Aeronáutica de Querétaro y el Museo Militar de Aviación (MUMA) y por lo menos estuvimos ante ellas y les fotografiamos cada uno de sus ángulos para tratar de entender la capacidad de carga y desplazamiento indicadas en las fichas técnicas de las enciclopedias de aeronáutica.

Después de un arduo trabajo de sistematización e interpretación de la información dispersa hasta ese momento, lo que afirmamos desde el MEH en la primera parte del Volumen 2 de la colección Fue el Estado: 1965-1990 es que, precisamente, los “vuelos al mar” o “vuelos de la muerte” ahora deben considerarse una táctica de origen militar de carácter extendida y continuada que ha sido ejecutada de distintas maneras, en distintos momentos y con distintos propósitos según el plan u operación de la que se tratase, pero invariablemente implementada por elementos de seguridad y defensa estatales que cierra el circuito detención-desaparición; esto es, la relevancia de señalar que el trasladar deliberadamente en aeronaves a personas detenidas de manera arbitraria para, desde las alturas, aplicar técnicas de tortura o deshacerse de cadáveres de personas previamente ejecutadas en prisiones clandestinas o durante enfrentamientos con elementos de seguridad o defensa estatales, es una práctica de origen militar documentada por este Mecanismo y otras investigaciones para estados como Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa o Veracruz, durante el periodo de 1965 a 1990 en adelante.[15]

La política de contrainsurgencia hoy en día

El silencio respecto a las violaciones graves a los derechos humanos y el ocultamiento de la información respecto a lo ocurrido con la política de contrainsurgencia se mantiene. Anteriormente mencione el impedimento para la consulta del archivo histórico de concentración de la Sedena, a lo que luego se sumó la negativa de la misma por atender la solicitud de información ciudadana que las Personas Comisionadas del MEH hicieron por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) para conocer los nombres de las personas arrojadas mar adentro con los “vuelos de la muerte” (Expediente SCSC/034/2000/IV/IE-BIS), a lo que se sumó la descalificación que hicieron la presidenta en turno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las y los integrantes del Comité Eureka de la lista de nombres de personas que según distintos reportajes periodísticos pusieron a la luz pública en el marco de la presentación de la colección Fue el Estado: 1965-1990. Esto dejó en claro que, tanto la Sedena como la CNDH y el Comité Eureka, son reacios en cuanto a develar la verdad detrás de la política de contrainsurgencia en México porque se han plegado a un mismo rumbo político que aboga al clima de la desinformación promovido desde la administración federal.

Recientemente, hemos atestiguado que la administración federal actual por medio de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Fiscalía General de la Republica (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sedena, entre otras instituciones del Estado, han interpuesto una serie de apelaciones ante la sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato (Juicio de amparo 565/2018-I) a favor de la búsqueda y castigo de los culpables por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el estado de Guerrero durante el periodo de la “Guerra sucia”. Sentencia que a su vez actúa en contra de las omisiones cometidas en la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007 por omisiones en la investigación para esclarecer los hechos y establecer los probables responsables, y sentencia en la que se señala a la violencia política como terrorismo de Estado. Por ejemplo, una de las omisiones significativas fue, como se señala en la sentencia:

Primera omisión: clasificar adecuadamente los hechos delictivos en los tipos penales aplicables. La autoridad responsable demoró diecisiete años en reclasificar las conductas que victimizaron a Rosendo Radilla en el tipo penal de desaparición forzada de personas, pues hasta marzo de dos mil veinticuatro investigaba únicamente los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. Además, ha soslayado por completo el contexto de violencia sistemática y generalizada emanada de órganos públicos, del que esta desaparición forma parte y, por ende, no ha investigado tales hechos como terrorismo de Estado. Para demostrarlo, en la sentencia se analiza el tipo penal de terrorismo y la agravante de su comisión por parte de servidores públicos, acorde con el Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, y se evidencia que el acervo probatorio de la averiguación previa es suficiente para acreditar el cuerpo de dicho delito y para individualizar a múltiples posibles autores materiales.

Al respecto cabe destacar que, a diferencia de la CNHD y el Comité Eureka, el colectivo Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (AFADEM) que preside Tita Radilla, entre otros colectivos, señalaron que la lista de nombres relacionados con los “vuelos de la muerte” publicada en los reportajes periodísticos debe integrarse a las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos y encontrar la justicia que tanto anhelan las familias de las víctimas, que se debe tener la disposición de poner a la vista toda la información con la que se cuente sin ocultarla o descalificarla. Por nuestra parte, el MEH integró al Volumen 6 de su colección la lista de nombres a manera de Anexo 6 acompañada de una breve presentación que explica su contenido como sigue:

A continuación, se presenta la carta escrita por el C. Benjamín Apresa dirigida a la Sra. Rosario Ibarra de Piedra, con fecha del 26 de mayo de 2004 en la que se muestra una relación de nombres, fechas, lugares e instancias militares y policiacas supuestamente involucradas en lo que se conoce como ‘vuelos de la muerte’. En esta misiva, el remitente asegura haber estado comisionado en la Base Área Militar No. 7 de Pie de la Cuesta, Acapulco de Juárez, Gro., durante el año de 1974 bajo las órdenes del entonces capitán Javier Barquín Alonso.

Originalmente, dicha carta forma parte de la documentación que constituyó el archivo histórico del Comité Eureka, posteriormente depositado en las instalaciones del Museo de la Memoria Indómita, que luego celebró un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UAMC), lo que constituyó uno de los fondos documentales del actual Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales adscrito a dicha casa de estudios. Para esta investigación, la carta fue puesta a disposición del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) por la periodista y documentalista mexicana Marcela Turati.

Con la lectura de esta carta, las y los interesados en el esclarecimiento histórico, víctimas sobrevivientes y familiares, notarán que en ella se mencionan a 183 nombres de personas que se suponen víctimas de la violencia política que el Estado implementó en contra de integrantes de organizaciones político-militares oriundas de distintas localidades ubicadas en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Jalisco, México o el Distrito Federal.

De los 183 nombres registrados, se identifican 7 nombres de mujeres con sus respectivos seudónimos o “nombres de lucha” en su mayoría y el del niño Marcelo Serafín, quien fuera detenido por militares el 2 de diciembre de 1974 día de la ejecución de Lucio Cabañas, así como algunas de las agrupaciones militares y policiacas implicadas en la política de contrainsurgencia durante el periodo de 1965 a 1990: 27/a Zona Militar, Batallón de Fusileros Paracaidistas, Policía Militar, Dirección Federal de Seguridad, o la Policía Judicial, en un conjunto de 25 traslados aéreos (1 especial y 24 corrientes) realizados a bordo del Arava IAI 201 matricula 2003 (también con matrículas 2004 y 2005) entre el miércoles 3 de julio de 1974 al martes 10 de diciembre de 1974.

Como parte del trabajo de investigación, el MEH realizó el cotejo de la información plasmada en dicha carta, lo cual permitió corroborar hasta ahora la siguiente información: el tipo de la aeronave mencionada coincide con la información que cuenta el MEH respecto al modelo, matricula, capacidad de traslado y periodo de uso de la misma. Asimismo, cabe recordar que dicha aeronave fue sometida a una serie de exámenes periciales durante el periodo de funciones de la Femospp, la que aún se encuentra exhibida en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, como algunas del mismo tipo en el Museo Militar de la Aviación ubicado en el complejo aeroportuario mixto de Santa Lucia, en Tecámac de Felipe Villanueva, estado de México, de las poco más de 20 que adquirió la Sedena. Sin embargo, además de la versión de transporte militar Arava IAI 201 que tuvo en uso la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) durante el periodo de 1973 a 2013, también se documentó el uso de aeronaves del tipo Alouette II o Bell 212, entre otros helicópteros utilizados para arrojar cuerpos mar adentro o a ríos y cañadas en distintas entidades federativas. De hecho, es probable que además del Arava IAI 201 con matrícula 2003, hayan sido utilizadas más aeronaves del tipo con el mismo fin de arrojar cuerpos mar adentro.

En cuanto a la relación de nombres de supuestas víctimas de los “vuelos de la muerte” que muestra la carta en cuestión, se encontraron coincidencias entre algunos de esos y los registrados por el MEH tanto en entrevistas y testimonios orales como escritos que sobrevivientes y familiares de distintos conjuntos de víctimas ofrecieron a este Mecanismo.

Además, de dichas víctimas coinciden las entidades federativas señaladas, así como el señalamiento a las agrupaciones militares y policiacas que intervinieron en la detención-desaparición de las personas victimadas.

Desafortunadamente, dada la negativa de la Sedena respecto a la consulta del archivo histórico y de concentración, lo que ahora se afirma no fue posible cotejarlo con documentación de origen militar como serían las listas elaboradas por los elementos castrenses con los nombres de las personas sometidas por las Fuerzas Armadas y las agrupaciones policiacas que fueron arrojadas mar adentro,3 como lo señala el C. Benjamín Apresa en su carta a la Sra. Rosario Ibarra de Piedra.[16]

A este ambiente de incertidumbre y desinformación deliberado, se sumó la decisión política de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob que excluyó de su Informe final 2024. Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la CoVEHJ[17] la relación de casos y víctimas de VVGGDDHH elaborada para la colección Fue el Estado: 1965-1990. Definitivamente, la política de contrainsurgencia persiste en México y la administración actual asume como posición política la militarización de la vida pública nacional, lo cual implica la continuidad y profundización del Estado policiaco,[18] de cuyo planteamiento se desprende lo que conceptualizo como la triada militarismo, militarización y acumulación militarizada:

En mi experiencia etnográfica como antropólogo, en México he observado cómo la acumulación militarizada avanza por medio del militarismo y la militarización. Al militarismo lo entiendo como el recurso ideológico desde el cual se intenta justificar la intervención que el conjunto de las FFAA realiza en tareas civiles como lo son la seguridad pública y sanitaria, la investigación científica, el resguardo de zonas arqueológicas y turísticas, el desarrollo de infraestructura financiera, educativa, hospitalaria, de comunicaciones y transporte, así como la administración de puertos y aduanas.

El militarismo como recurso ideológico, acompaña a la militarización, que se entiende como la ocupación territorial de los pueblos y las calles de las ciudades, la presencia y posicionamiento de las FFAA en terreno que a la fecha ha llegado, incluso, a permear en instituciones de carácter civil. Esta es una triada, no se explica una sin la otra. Así por medio del Acuerdo presidencial gestionado a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en 2021, el Gobierno federal ha declarado oficialmente de ‘interés público’ y de ‘seguridad nacional’ la instrumentación de proyectos y obras de infraestructura a manera de ‘blindaje’ a favor de la acumulación militarizada. Lo cual es por demás preocupante y un retroceso en materia de promoción y ejercicio efectivo de los derechos humanos, en particular de los pueblos originarios y el proyecto de libre determinación.[19]

La política de contrainsurgencia sigue ejecutándose, la dialéctica entre persuasión/dominación desde la lógica del Estado recorren la ruta de la violencia en sus distintas manifestaciones. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia por demás significativa que muestra aún aplicables en varios sentidos para años más recientes las conclusiones a las que llegaron las y los investigaciones del MEH para el periodo de 1965 a 1990: la política de contrainsurgencia es un conjunto de tácticas y estrategias militares extendidas y continuadas con factores de persistencia que le sostienen como la ruta de la violencia ha seguir por el Estado. De acuerdo con la sentencia emitida por la CIDH para el caso González Méndez y otros vs México, el Estado sigue involucrado en la comisión de VVGGDDHH en el combate a organizaciones político-militares como les ocurre a las bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN):

El Tribunal determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez, que inició el 19 de enero de 1999, ocurrió en un contexto de violencia rural en el estado de Chiapas, que se intensificó a partir de 1994. El 1 de enero de ese año se produjo el alzamiento del EZLN, que se presentó como una fuerza insurgente contra el gobierno mexicano. Como reacción, a fin de ‘destruir’ la ‘estructura política militar’ del EZLN, la Secretaría de Defensa Nacional implementó el ‘Plan Campaña Chiapas 1994’ (en adelante ‘Plan Chiapas’). En ese marco, surgieron grupos paramilitares, entre estos ‘Paz y Justicia’, que actuaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado con el objetivo de neutralizar a las fuerzas consideradas enemigas. El señor Antonio González Méndez pertenecía a las bases civiles de apoyo del EZLN y era simpatizante del PRD.

[…]

Uno de los grupos paramilitares que surgió en este contexto fue ‘Paz y Justicia’, al cual se le atribuye la autoría de violaciones de derechos humanos como ejecuciones, desapariciones, el bloqueo de varias comunidades y caminos, la quema de casas y el desplazamiento forzado de muchas familias y comunidades enteras. Estas acciones estuvieron, principalmente, dirigidas en contra de militantes del PRD y movimientos favorables a reivindicaciones indígenas, en particular de autonomía y propiedad de la tierra. En 1997 dicha agrupación se constituyó formalmente como una asociación civil bajo el nombre de ‘Desarrollo, Paz y Justicia’ y el 4 de julio de ese año celebró un convenio con el gobierno estatal de Chiapas, por el cual obtuvo financiamiento.

[…]

El Tribunal, en congruencia con los estándares probatorios definidos por la jurisprudencia, determinó que Antonio González Méndez fue víctima de desaparición forzada. Dicha conclusión se basó en un conjunto de indicios que permitieron inferir tal conclusión, que incluyen: a) la actividad de grupos paramilitares en Chiapas, en la época de la desaparición de la víctima, y su relación con una política concreta del Estado, plasmada en el ‘Plan Chiapas’; b) el riesgo para las personas que fueran percibidas como miembros o simpatizantes del EZLN o el PRD de ser víctimas de la acción de los grupos paramilitares; c) la constatación de que Antonio González era susceptible de ser identificado como perteneciente a un grupo o sector de la población combatido por organizaciones paramilitares; d) la aceptación, por parte del Estado, de que el señor González Méndez corría un riesgo, al reconocer que no protegió su vida; e) el hecho de que la víctima fue vista por última vez en una zona en la que actuaba el grupo ‘Paz y Justicia’; f) señalamientos que indican que el J. L. habría tenido vínculos con el grupo paramilitar; g) la negligencia de las acciones de investigación y búsqueda coincidente con la situación de impunidad que enmarcaba los actos de grupos paramilitares; y h) el señalamiento, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, de diversos elementos de convicción que tienden a la conclusión de que el señor González Méndez fue víctima de la actuación de grupos paramilitares.

Según se observa, los planes de contrainsurgencia se mantendrán vigentes en tanto los grupos paramilitares, parapoliciacos, guardias blancas o de choque, sigan presentes y actuando a plenitud en las zonas en donde la población toma consciencia de la necesidad de organizarse para hacer valer sus derechos.

Imagen 6. Acuarela “Vuelos de la muerte”, elaborada por el monero Kabeza en la que se representan algunas de las aeronaves utilizadas con el objetivo de arrojar cadáveres mar adentro o torturar a prisioneros con el fin de doblegar su voluntad.

A manera de cierre

La colección Fue el Estado: 1965-1990 del Informe final del MEH, es resultado del esfuerzo concreto de las y los investigadores que realizaron su trabajo con empeño y dedicación, compromiso y ética profesional. Cada palabra redactada muestra a la sociedad lo que la violencia política puede llegar a ocasionar en amplias zonas del país si se carecen de contrapesos capaces y canales de diálogo efectivos. Las Personas Comisionadas responsables de dicha colección hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que así sucediera. De mi parte, a pesar de los pesares, como uno de os coordinadores de investigación he quedado profundamente satisfecho de lo alcanzado por mis colegas.

En adelante, espero que la información sistematizada en los seis volúmenes de la colección Fue el Estado: 1965-1990, sea leída por las nuevas generaciones de investigadores con ojos inquietos que les lleve a continuar las líneas de investigación ahí expuestas. Nos encontramos en un momento en el que el Estado retrocede hacia momentos de la historia que se suponían superados: el ala manifiesta y el ala velada del aparato represor del Estado actúan de manera beligerante provocando afectaciones a la población en general, esta es una línea de política internacional. El control de territorios y población acudiendo al monopolio de la fuerza, sigue ahí. Se vuelve imprescindible un tipo de investigación que devele lo que oculta tras de sí la apariencia del discurso político-partidista populista.

Bibliografía

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Archivos

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Testimonios

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Entrevista20230711ECTG1. Entrevista colectiva por el MEH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 de julio de 2023.
Entrevista20230806ASH. Armando Santiago Hernández (sobreviviente de detención arbitraria y tortura en Atoyac de Álvarez, Guerrero), entrevistado por el MEH, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 6 de agosto de 2023.
Entrevista20230806CBM. Carlos Bello Manzanarez (hermano de persona desparecida, habitante de Atoyac de Álvarez, Guerrero), entrevistado por el MEH, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 6 de agosto de 2023.
Entrevista20230806IGR. Ignacio Galindo Romero (hermano de persona desparecida, habitante de Atoyac de Álvarez, Guerrero), entrevistado por el MEH, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 6 de agosto de 2023.
Entrevista20230806MSOO. Miguel Santiago Onofre Ocampo (sobreviviente de detención-desaparición y habitante de Atoyac de Álvarez, Guerrero), entrevistado por el MEH, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 6 de agosto de 2023.
Entrevista20230806RVF. Reynalda Villa Flores (familiar de persona desaparecida en El Rincón de las Parotas, Atoyac de Álvarez, Guerrero), entrevistado por el MEH, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 6 de agosto de 2023.
Entrevista20230807ABN. Aniceto Barrientos Nava (sobreviviente de desaparición transitoria y habitante de la comunidad de El Camarón, Atoyac de Álvarez, Guerrero), entrevistado por el MEH, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 7 de agosto de 2023.
Entrevista20231012BCA. Anónimo, persona entrevistada por el MEH, 12 de octubre de 2023.
Entrevista20231012VDJ. Valente Diego Jacinto (pescador y habitante de Barra de Coyuca, en Coyuca de Benítez, Guerrero), entrevistado por el MEH, Barra de Coyuca, Coyuca de Benítez, Guerrero, 12 de octubre de 2023.
Entrevista20231026AG. Antonio Gómez (líder de la CIOAC en el Estado de Chiapas) entrevistado por el MEH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de octubre de 2023.
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Notas:

[1] Turati, Marcela. “Los vuelos de Alicia”. A dónde van los desaparecidos. 4 de julio de 2023, en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/07/04/los-vuelos-de-alicia/
Rodríguez Munguía, Jacinto y José Reveles. “La verdad sobre los vuelos de la muerte”. Fábrica de periodismo. 26 de noviembre de 2023, en: https://fabricadeperiodismo.com/investigaciones/cinco-anos-de-vuelos-de-la-muerte/

[2] Tapia Valdés, Jorge. (1980). El terrorismo de Estado. La doctrina de seguridad nacional en el cono sur. México: Nueva Imagen. McNamara, Robert. (1969). La esencia de la seguridad. España: Grijalbo.

[3] Barfield, Thomas. (2000). Diccionario de antropología. México: Siglo XXI. p. 210.

[4] Entre dichas investigaciones encontramos las llevadas a cabo por la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación No. 98VG/2023 y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

[5] “Cuenca Díaz regresó ayer del Edo. De Guerrero”, Excélsior, 11 de septiembre de 1974, p. 4; “Anuncian la adquisición de 20 aviones para la fuerza aérea”, El Heraldo de México, 16 de noviembre de 1974, p. 5, en Archivo General de la Nación (AGN), Secretaría de Gobernación (Segob), Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), caja 1747-B, exp. 7, fojas: 64 y 100.

[6] “Vietnam suministra a la industria de guerra norteamericana y al Estado Mayor estadounidense un amplio campo de experiencias para sus aviones, sus bombas, sus productos químicos y para toda clase de armas nuevas, lo mismo para la organización logística o ‘psicológica’ de sus actividades”. Pomeroy. William. Guerrilla y contraguerrillas. México: Grijalbo, 1967, p. 126.

[7] Leal Buitrago, Francisco y Juan Gabriel Tokatlian (Comps.). Orden mundial y seguridad. Nuevos desafíos para Colombia y América Latina. Colombia: TM, 1994, p. 57.

[8] Sierra Guzmán, Jorge Luis. (2003) El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México. México: Plaza y Valdés.

[9] Secretaría de la Defensa Nacional. Manual de Guerra Irregular. Tomo II. México: Sedena, s/a., p. 36.

[10] Ibid. p. 45.

[11] Respecto a la psicología y la formación del perfil militar, de acuerdo a los manuales norteamericanos traducidos por personal de la Sedena, se entiende que: “La principal misión del oficial militar, aparte de todas sus demás labores y obligaciones, es la de saber mandar; es decir, controlar y conducir hombres”; en tanto que: “[…] las cualidades para el mando no deben considerarse como dotes con los cuales nace de cuando en cuando un hombre. Son, al contrario, adquiribles por medio de un perfecto conocimiento de los principios que intervienen en la conducción eficaz del elemento humano”. Pennington, L. A., Romey Hough y H. Case. La psicología del mando militar. México: Sedena, 1946, Pp. 9 y 118.

[12] Fuentes Aguilar, Raúl. Cultura castrense. México: Sedena, 1999, Pp. 13-20.

[13] Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. (2023). Informe técnico sobre archivos de la DFS-DGISEN-CISEN en AGN; Las formas del silencio. Reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso de obstrucción a la verdad.

[14] Testimonio notariado de José Alfredo Medina Vizcaino. Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Secuestrados y exiliados Políticos. Disponible en línea.

[15] Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, colección Fue el Estado: 1965-1990, “10. Vuelos de la muerte: rastreo espacio-temporal”. México: Segob/MEH. p. 228 (versión impresa).

[16] Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, colección Fue el Estado: 1965-1990, “Anexo 6”. A este número se anexa la carta y la relación de nombres de manera íntegra.

[17] Disponible en: https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/work/models/ComisionVerdadyJusticia/Documentos/Informe2024/20240909_Informe_COVEH.pdf

[18] Robinson I. William. (2020). The Global Police State. London: Pluto Press.

[19] Villanueva, Víctor. (2024). “Militarismo, militarización y acumulación militarizada en México”, en: Juan Manuel Sandoval Palacios y Juan Pohlenz Córdova (Coords.), Rompiendo el cerco. Las rebeliones de Los Ángeles (1992) y Chiapas (1994) en el marco de la globalización y el neoliberalismo. México: Ed. Ce-Acatl/Centro de Estudios de Frontera y Chicanos AC/CLACSO.