Corrían a esconderse, porque se decían que iban a echar bombas,
cuando llegaba el helicóptero ella cargaba a su hermano más chiquito,
incluso se acuerda que hasta se cayó y quedó encima de él,
corrían a casa de una tía porque pensaban que ahí no les iba a pasar nada.[1]
Resumen
Este texto es una reflexión sobre el impacto comunitario de las violaciones graves a derechos humanos (VVGGDDHH) en el contexto de luchas agrarias durante el periodo de 1965 a 1990 documentadas por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) en su colección Fue el Estado: 1965-1990. Se destacan las posibilidades analíticas de una perspectiva histórica y estructural sobre la lucha por la tierra y los aportes del levantamiento testimonial desde un enfoque diferencial atendiendo la diversidad cultural y su intersección con factores de vulnerabilidad para dar cuenta de las formas que adquiere el proceso de concentración de tierras y las afectaciones a mujeres, niñas, niños y adolescentes integrantes de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas.
Introducción
La búsqueda y sistematización de información para el esclarecimiento histórico de violaciones graves a derechos humanos durante el periodo de 1965 a 1990 implicó un esfuerzo colectivo organizado en grupos multidisciplinarios que realizamos investigación documental y nos acercamos a personas quienes brindaron su testimonio, la pregunta por el ¿qué pasó? abrió una veta de múltiples dimensiones de la violencia y su continuidad. Por lo tanto, la colección Fue el Estado: 1965-1990 es resultado de los invaluables aportes testimoniales y el trabajo de investigadoras e investigadores interesados en profundizar en las implicaciones y alcances de la violencia ejercida por el Estado durante el período conocido como “Guerra sucia”, más allá de la persecución y represión a las organizaciones político-militares (OPM).
El papel histórico de las OPM no puede entenderse a profundidad sin articular las causas estructurales y una larga historia de agravios con la movilización de otros grupos y sus especificidades, así como el impacto de la violencia a una variedad de conjuntos de víctimas en los ámbitos rural y urbano.
Como refiere Carlos Montemayor (2007), la violencia de Estado es una herida en el tejido social que no cicatriza, así que la inconformidad, organización y lucha por la justicia son latentes. El autor advierte que hay una violencia institucional cotidiana, una pauperización constante y una injusticia que desgasta. La persistencia de estos elementos también es una línea que se destaca en todo el informe en el que se documentan casos ilustrativos que dan cuenta del amplio espectro de responsabilidad del Estado.
En este sentido, en los casos desarrollados acerca de la comisión de violaciones graves a derechos humanos para el tema de luchas agrarias y represión, se muestra la participación no sólo de agentes estatales, funcionarios públicos y cuerpos policiacos, sino la acción conjunta de caciques, pistoleros, guardias blancas y grupos de choque quienes operaron el control territorial. La obstaculización institucional para el acceso a derechos agrarios y la falta de diligencia a las denuncias de grupos organizados constituyeron la trama de la represión, discriminación e impunidad en distintas geografías y contextos. Recuperar los testimonios y experiencia de diversos grupos, colectivos y personas en distintas regiones del país se planteó como un eje fundamental de esclarecimiento histórico durante este periodo. Si bien los actos represivos fueron una tendencia en todo el territorio nacional, se desarrollaron casos ilustrativos de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.
Mirada histórica y estructural sobre el control territorial y las luchas agrarias
La persistencia de la violencia institucional, injusticia e impunidad tiene que ver con elementos históricos y estructurales que explican las condiciones en las que se desarrollaron las movilizaciones de lucha por la tierra. En este informe se mostró que la tierra y el trabajo campesino son fundamentales para los intereses de acumulación y reproducción de capital, así que la concentración de tierras y su control está relacionado con una política económica en consonancia con los mercados globales, basada en la expansión e intensificación de los procesos productivos y fortalecimiento de capitales regionales y transnacionales.
En América Latina, durante el periodo de 1960 a 1970 la distribución de tierras fue reorganizada a través de los aparatos estatales que redefinieron el acceso a las mismas, a lo largo de los siguientes años se llevaron a cabo reformas agrarias en consonancia con las necesidades de un modelo de acumulación que consolidó monopolios a través de la expansión de mercados agropecuarios y la profundización de la desigualdad en el acceso a la tierra. Para finales de la década de 1990, el 90% de toda la tierra en América Latina estaba concentrada en grandes fincas.[2] En este sentido, el Estado cumple un papel estratégico en la administración de la disposición territorial a través de normas, políticas y fuerza castrense y policial para la operación de proyectos y para la contención de las disidencias.
Imagen 1. Panorámica desde vivienda en Guajaray, municipio de Álamos, Sonora. Fuente: MEH, 2023.
A lo largo del periodo de 1965 a 1990 en el caso de México esta disparidad en el acceso y control sobre la tierra operó a través de la aplicación de la especificación de las condiciones de inafectabilidad ganadera, las reformas al artículo 27 constitucional y los amparos promovidos por los grandes propietarios articulados a grupos empresariales que consolidaron su poder afectando la vida de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas. Tales injusticias institucionalizadas desbordaron el descontento social por todo el país, como se menciona en el informe, la diversidad en formas y frentes de lucha muestran los impactos de las estrategias de acumulación capitalista en el campo mexicano. Por ejemplo, el norte del país se caracterizó por el avance del empresariado agrícola con infraestructura, prácticas y tecnologías legado de la Revolución Verde, y en centro y sur del país se desarrollaron además de la ganadería extensiva, las actividades turísticas, silvícolas y mineras las cuales requerían expansión territorial y profundizaron las afectaciones a las tierras comunales.[3] Ante las demandas, organización y lucha por la tierra, la respuesta por parte del Estado y la clase dominante fue desproporcionada y criminal.
Comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas
Estas comunidades culturalmente diferenciadas tienen tras de sí una historia donde el racismo, las relaciones de opresión social y la expoliación de sus territorios han sido una constante. Las alternativas brindadas por el Estado para integrarse al desarrollo nacional se han basado en la asimilación, la simulación o en el exterminio. Ante esta tendencia, pueblos y comunidades impugnaron este ejercicio de poder avasallante que afectó sus formas y medios de vida.
Es importante mencionar que, dentro de las colectividades hay diferencias, sin embargo, la heterogeneidad de su composición no borra la generalidad de la violencia perpetrada por el Estado. En el volumen dedicado a las afectaciones de estos grupos, se puede observar el impacto diferenciado de la amplitud y sistematicidad de la violencia política estatal para establecer el control político y social de la población convirtiendo a comunidades enteras en objetos prescindibles.
Uno de los aportes más relevantes de este informe es precisamente la documentación y levantamiento testimonial de comunidades de víctimas históricamente invisibilizadas. Al mostrar en esta diversidad, prácticas generalizadas, sostenidas en la discriminación por clase, origen étnico y género se hace evidente una línea continua de violencia que se expande y diversifica. La entrada de fuerzas policiales, terratenientes, pistoleros y guardias blancas para erradicar las movilizaciones a través del hostigamiento, el asedio, los cercamientos, el hambre y la masacre hacia poblaciones enteras reflejan la deshumanización de comunidades culturalmente diferenciadas.
Otro punto de interés fue mostrar que la aparición y entrada de las OPM en regiones rurales y el apoyo por parte de la población es resultado de la profunda desigualdad y los continuos abusos por parte de grupos de poder local. Por lo tanto, si bien el gobierno implementó operaciones específicas de contrainsurgencia ante la presencia de OPM, hay procesos de lucha y resistencia comunitaria que anteceden a la aparición de estas organizaciones, por lo tanto, dichas operaciones de contrainsurgencia forman parte de ese amplio espectro de control territorial que se conjunta con acciones de sometimiento perpetradas por terratenientes, grupos de choque y policías locales. La influencia que llegaron a tener las OPM está relacionada con las propias problemáticas de pueblos y comunidades, incluso algunos integrantes de la insurgencia armada provenían de estos contextos donde cada vez era más evidente que a través de la vía institucional sus demandas no eran resueltas.
Imagen 2. Detalle Represión, Leopoldo Méndez, s/año. Fuente: Anthropos (facsimilar) 2007.
Como se mencionó líneas arriba, abrir el abanico de víctimas no implica borrar los aportes y luchas de las OPM, sino de contextualizar el periodo y dejar de lado la tesis de que fueron acciones encaminadas a desaparecer a grupos focalizados, más bien, estos actos formaron parte de una tendencia represiva que acabó con proyectos de vida y sueños, que arrasó con pueblos, y dejó en la memoria de hombres, mujeres, niñas y niños el poder de la impunidad.
Las violaciones graves a los derechos humanos que se registraron fueron: detención arbitraria, detención arbitraria masiva, desplazamiento forzado interno, ejecución extrajudicial, masacre, desaparición forzada, prisión política, ocupación militar del territorio, tortura, violencia sexual y violencias en contra de niños niñas y adolescentes. Otras violencias acompañan, complementan y profundizan dichas violaciones como la persecución política, linchamientos, golpizas, afectaciones y quema de bienes, retención ilegal carcelaria, ataques paramilitares en predios tomados, agresiones, separación de menores de sus padres, robo de identidad, extorsión, negar el acceso a la justicia, a la participación política, a los servicios públicos como transporte y agua, o derechos fundamentales como la educación y atención médica oportuna, así como la discriminación por origen étnico, clase social, género, identidad u orientación sexual. Además, la falta de seguimiento a las denuncias promovidas por las víctimas, la falta de diligencias adecuadas atendiendo las diferencias lingüísticas y culturales, la omisión de las autoridades y la apuesta al desgaste también son otras formas de violencia.
Un punto fundamental que se quiso destacar en el informe es que el impacto de la comisión de violaciones graves a derechos humanos no remite únicamente al individuo, sino que los daños se extienden a la comunidad, ya que transforman dinámicas y proyectos, formas de vida y trascienden generaciones. Al acceder a los testimonios que brindaron familiares, víctimas y testigos de este periodo, encontramos en los relatos de mujeres, niñas y niños sobrevivientes de los hechos, la hondura y persistencia de la violencia ejercida por el Estado.
Participación de las mujeres y testimonios de niñas, niños y adolescentes
Yo quisiera contarles todo lo sucedido porque no tengo ningún escrito, todo lo tengo en mi mente y en mi corazón.[4]
La posibilidad de acudir a distintas localidades para el levantamiento testimonial permitió el acercamiento con hombres y mujeres que en aquél entonces eran niños, niñas o adolescentes testigos de la tortura, desaparición y/o ejecución de sus figuras de sustento; así como con mujeres que relataron su participación en los movimientos, organización comunitaria y labores de cuidado que posibilitaron la reproducción de la vida. De esta manera, se abrió la mirada sobre las luchas agrarias y la participación no sólo de hombres, sino de poblaciones enteras quienes fueron víctimas de tortura, masacres, violencia sexual y un constante asedio por parte de elementos policiales y particulares.
Conocer las historias de múltiples subjetividades que sostuvieron las luchas agrarias y organizaron procesos de resistencia frente al embate de terratenientes, grupos de choque y representantes gubernamentales fue una de las experiencias más significativas durante la investigación, ya que estamos hablando de impactos a poblaciones enteras. Como se mencionó en el Informe, el movimiento de lucha por la tierra aglutina a grupos de personas que desafiaron al Estado, terratenientes y organizaciones corporativas, de esta manera, peones acasillados, jornaleros agrícolas, campesinos sin tierra, comunidades indígenas y afromexicanas que vieron amenazados sus formas de vivir, habitar y significar sus territorios, emprendieron contiendas contra la violencia y el despojo.
Detenerse en los relatos de las mujeres permitió colocar sus acciones en el centro del sostén de las movilizaciones, no sólo a través de la preparación de alimentos y labores de cuidado, sino también como agentes activas de los procesos organizativos como la toma de predios y oficinas gubernamentales, la conformación de asambleas, la protección de compañeras y compañeros, la vigilancia de espacios comunes y la propuesta de estrategias de lucha. Es decir que, la lucha por la tierra no sólo implicó la participación de hombres, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes también fueron víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Dichas violaciones quedaron ampliamente documentadas en la primera parte del Volumen 2 de la colección Fue el Estado: 1965-1990, y muestran que la deshumanización y transfiguración de las mujeres en objeto a través de la violencia y tortura sexual, así como las golpizas, detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado interno, la separación de los padres y madres de familia, así como el negar el acceso a servicios fundamentales y atención médica que en ocasiones llevó a la muerte a niñas y niños, representaron una afrenta colectiva con profundas heridas en la memoria y vida de testigos y sobrevivientes.
En el caso de las mujeres, se detectaron impactos a largo plazo en términos físicos y psicológicos que les impidió seguir con sus actividades cotidianas, daños en su salud sexual y reproductiva, la presencia de enfermedades crónicas resultado de golpizas y torturas que incluso las llevaron a la muerte; también se enfrentaron a la necesidad de buscar opciones de vida y trabajo al quedarse sin casa, bienes, ni compañeros con quienes compartir los gastos de manutención y tiempos de cuidado de familiares, mujeres que fueron separadas de sus hijos, golpeadas durante su embarazo y puerperio, torturadas y violadas por miembros de fuerzas policiales y grupos de choque, cientos de mujeres relataron cómo todo ello implicó un giro en su vida en el que no hubo vuelta atrás.
Imagen 3. Detalle mural en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Fuente: MEH, 2023.
Por otro lado, quienes eran niñas, niños y adolescentes en el momento en el que las fuerzas estatales irrumpieron en sus vidas, refirieron que, en aquél entonces cumplían jornadas de trabajo extenuante junto con sus progenitores, narraron la detención, desaparición, tortura y ejecución de sus figuras de cuidado y cómo crecieron en la pérdida y ausencia de sus padres. También hubo menores en las masacres perpetradas por agentes estatales, adolescentes torturados para dar con el paradero de familiares, jovencitas detenidas de manera arbitraria y forzadas a trabajar.
Las afectaciones fueron múltiples y el enfoque diferencial que se aplicó en el trabajo de investigación permitió documentar la gravedad y profundo calado de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas durante este periodo. Bajo este enfoque se reconocen las implicaciones del racismo y el sexismo como lentillas de jerarquización social y justificantes de la desigualdad. Las relaciones opresivas que históricamente han enfrentado mujeres, pueblos y comunidades ahondan las repercusiones de los hechos represivos de los que fueron objeto.
Estamos hablando de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes miembros de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas con daños en distintas facetas de su vida, en condiciones desfavorables y que han vivido en la zozobra. Regresar a través de los relatos a esos momentos en los que vidas enteras fueron definidas por hechos violentos es desolador. Así como la violencia fue generalizada, también la impunidad, que es la persistencia más lacerante para familiares, testigos, víctimas y sobrevivientes que buscan verdad y justicia.
Frente a este panorama en el que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones ni se ha hecho responsable, la continuidad de las violencias conexas en las que las afectaciones trascendieron el tiempo y espacio de los sucesos, en las que las injusticias del pasado se le suman injusticias del presente, la memoria aparece como un ejercicio indispensable. Una mujer durante su testimonio destacó la importancia de que los jóvenes, las nuevas generaciones, conozcan lo que sucedió para que puedan valorar los procesos de lucha. Revivir en los recuerdos la organización y lucha disidente es una posibilidad de abrir el horizonte, posicionarse en el mundo para decir no más y exigir justicia. Contra la idea de que está todo dado, tejer las memorias de hijas, hijos, madres, hermanas, abuelas, tías, niños, niñas y adolescentes frente a un contexto en el que parece un sueño cualquier esperanza, es un acto de rebeldía.
Memoria ¿desde dónde? ¿para qué?
En la colección Fue el Estado: 1965-1990, además de abordar la complejidad de la articulación entre instituciones castrenses, policiales y privados para el control y disposición de los bienes comunes, se documentó cómo las violaciones graves a los derechos humanos están enlazadas a redes de corrupción, estrategias de cooptación y el ejercicio de otras violencias que configuran la continuidad de la impunidad.
La presencia y acción de grupos de poder local a través de pistoleros y guardias blancas operaron el control territorial con anuencia estatal por todo el territorio nacional, así que estamos hablando de un dominio y violencia de amplio espectro. Hay grupos de poder local que se extendieron por generaciones, a través de los eventos represivos consolidaron su dominio por medio del terror y el privilegio. Además, la alianza con capitales regionales y transnacionales y los acuerdos con los gobiernos en turno les permitió ampliar su margen de acción y posibilidades de ganancia a costa del bienestar y vida de poblaciones enteras. Si bien, la formalización de la propiedad fue una estrategia de defensa contra el despojo, la vía institucional para acceder a sus derechos agrarios fue insuficiente, de esta manera, la toma de tierras y la vía armada se abrieron como posibilidades.
Hay que dejar claro que las movilizaciones y luchas no son espontáneas, tienen tras de sí una abigarrada densidad de injusticias, múltiples oprobios sostenidos por la exclusión y discriminación. Al afirmar que la tierra es una base material concreta de la que no se pueden desligar relaciones, prácticas, significaciones y estructuras organizativas de grupos sociales que la habitan y transforman, se busca ahondar en los elementos socioculturales amenazados por la operación de planes de desarrollo y acciones de contrainsurgencia que atraviesan subjetividades. La lucha por la tierra y el territorio es fundamental en la lucha por la autonomía, la tierra es medio de sustento colectivo y se ha transfigurado en mercancía y activo financiero bajo el modo de producción capitalista. Los proyectos de desarrollo económico implementados por los gobiernos en turno han dejado de lado las exigencias históricas y los aportes de pueblos y comunidades.
Lamentablemente no es algo del pasado y el impacto ha sido constante, hay una continuidad de las relaciones de explotación, dominio y subordinación encarnadas en el ejercicio de violencias conexas.
Entonces, recordar ¿desde dónde? La memoria de las disidencias es una apuesta por reconocer desde la experiencia de poblaciones históricamente relegadas la responsabilidad estatal en el ejercicio de la violencia y el terror como respuesta a los procesos organizativos de lucha y resistencia. Documentar el dolor y la rabia ante acciones atroces como dejar cuerpos inertes a la intemperie -sin posibilidad de recuperarlos para sepultarlos- después de una masacre y ver cómo animales del monte desmiembran y se alimentan de los cadáveres, el golpear a una mujer embarazada hasta que pierda a su hijo, el quemar viviendas y cultivos, cercar a poblaciones enteras sin acceso al agua y alimentos causando la muerte de infantes, la violencia sexual ejercida contra mujeres de todas las edades, vivir en la incertidumbre después de la detención, tortura y desaparición de familiares aunado a la descalificación de las movilizaciones sociales y al desgaste de esa justicia que nomás no llega, es posicionar en el centro a las víctimas.
Imagen 4. Detalle mural que hace referencia al ataque perpetrado por fuerzas policiales en 1980. Ocumicho, municipio de Charapan, Michoacán. Fuente: MEH, 2023.
Entonces, recordar ¿para qué? Para acceder a la justicia, esa fue una constante al momento de acercarnos a las y los testimoniantes. Ante perpetradores ya fallecidos sin pagar por sus acciones, familias poderosas que continúan con el control de las tierras más productivas, grupos empresariales que comandan las actividades económicas de la región y continúan azuzando a los pobladores, el desplazamiento forzado que agrava la condiciones de precariedad, frente a un engarce consolidado entre actividades legales e ilegales que amplía el margen de acciones criminales y fortalece la impunidad, se extiende la rabia, el sufrimiento y la desesperanza. La construcción de la memoria también tiene que ver con la construcción de alternativas tomando en cuenta el desgaste que implica el no acceder a la justicia, así el Estado continúa ejerciendo violencia al no resolver casos que llevan décadas en los archivos de la Fiscalía, reveses legales, amparos, falta de diligencia, protección de particulares, mandos policiales y castrenses, el no reconocimiento de responsabilidades sigue estirando la liga de oprobios, como dijo Faulkner: “el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado” (2023).
La persistencia de la injusticia e impunidad ante crímenes que niegan la humanidad de pueblos enteros y evidencian los mandatos opresivos impuestos en los cuerpos, son un golpe seco a la esperanza y avivan la rabia. Es una constante en la que hay que detenerse y cambiar de rumbo, quienes participamos en este ejercicio de construcción de la memoria a lado de las víctimas y que gracias a ellas conocimos trayectorias de vida vulneradas, rotas, agrietadas y alteradas por la violencia somos testigos que, a pesar de todo luchan y resisten. Documentamos que ese pasado está vivo y ávido de justicia, por lo tanto, el Estado debe actuar en consecuencia y garantizar el acceso a la verdad, justicia y establecer mecanismos de no repetición de manera integral, la simulación e impunidad no son respuestas adecuadas ante las atrocidades, el terror y la pérdida.
Referencias
- Faulkner, William. (2023). Réquiem por una mujer. España: Penguin Random House.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia. (2007). Anthropos edición facsimilar. México: INAH.
- Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. (2024). Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en su colección Fue el Estado: 1965-1990. México: CoVEHJ/MEH/SEGOB.
- Montemayor, Carlos. (2007). La guerrilla recurrente. México: Debate.
- Rubio, Blanca (1987). Resistencia campesina y explotación rural en México. México: ERA.
- Veltmeyer, Henry. (2008). “La dinámica de las ocupaciones de tierras en América Latina”, en: Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina. Sam Moyo y Paris Yeros [coord.]. Buenos Aires: CLACSO.
Notas:
[1] Entrevista colectiva 20230411EC, entrevista colectiva (sobrevivientes de ocupación militar), entrevistados por el MEH, El Refugio, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 11 de abril 2023.
[4] Entrevista 20230630EUF. Elia Uris Fabián (comunera), entrevistada por el MEH, Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, 30 de junio de 2023.