Según la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,[1] las víctimas de abuso del poder son aquellas personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, a consecuencia de acciones u omisiones que violan normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.
De esto, se colige que la violación a los derechos humanos por abuso de poder tiene su fuente en el Estado -el poder institucionalizado-, y que las víctimas, independientemente de su posición socioeconómica, política o ideológica, sufren el menoscabo de sus derechos como una manifestación de las relaciones sociales de dominación, control o subordinación estructural. En este orden de ideas, no cabe la distinción entre víctimas “de primera” o víctimas “de segunda”, la definición de las mismas se encuentra en la fuente de la violencia, no así en quienes son objeto de ella. Esto es, además de una definición intelectual, un principio ético-político para la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que han sido violentadas en el contexto de la represión que se vivió en México durante la llamada “Guerra sucia”, y de la cual podemos identificar actualmente una serie de factores de persistencia.
Imagen 1. Acto conmemorativo para recordar a las y los luchadores sociales que optaron por la vía armada para cambiar la sociedad que les tocó vivir, en especial se recordó a Alicia de los Ríos Merino, chihuahuense integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida en 1978 luego de ser detenida en la Ciudad de México por agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Fotografía de Marcela Turati, 2025.
Es por esto que, para el número 74 de nuestra revista En el Volcán Insurgente, hemos convocado a las y los destacados investigadores que formaron parte del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), con la intención de ampliar el ángulo de visión compartiendo su experiencia en torno a algunas de las temáticas desarrolladas en la colección Fue el Estado: 1965-1990, del Informe final del MEH. En retrospectiva, las y los investigadores nos muestran el trabajo de vinculación que los Equipos Multidisciplinarios de Investigación (EMI) tuvieron con los distintos conjuntos de víctimas identificados y las valoraciones ético-políticas que condujeron a un puerto divergente en relación al oficialismo que decidió excluir de su Informe técnico a la mayoría de los miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos (VVGGDDHH) identificadas durante el periodo que estudiaron,[2] como lo hacen manifiesto desde las primeras páginas de su Informe respecto a las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas:
El interés de este capítulo es mostrar que la política de contrainsurgencia no sólo se circunscribe al hostigamiento de organizaciones político-militares (OPM), sino que fue extensiva e impactó a comunidades enteras. Planes, operaciones y estrategias bajo la dirección de zonas militares a lo largo del país, implicó el desarrollo de tácticas, acciones y prácticas para la contención, eliminación y persecución de la movilización social. De esta manera comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas fueron sujeto de la violencia política de Estado durante el periodo de 1965 a 1990. Para ello, el conjunto de instituciones que conforman al Estado mexicano estuvo a disposición de la política de contrainsurgencia, lo que permitió contar con los recursos y personal necesarios para el asedio permanente a las disidencias.
En este sentido, respecto a la historiografía de lo que puede llamarse el ‘efecto foco guerrillero’ -por haberse concentrado el interés en la acción de las OPM y la respuesta que desde el Estado se implementó-, identificamos que es necesario mirar la temática desde un ángulo de visión distinto a través de un enfoque diferenciado en materia de derechos humanos que muestre la pluralidad sociocultural en el análisis de contexto sobre violaciones graves a derechos humanos en el marco de la política de contrainsurgencia.[3]
Tomando como base la colección Fue el Estado: 1965-1990, las y los autores de los artículos que a continuación reseñamos reflexionarán sobre los aportes éticos, sociales y académicos (historiográficos, antropológicos, sociológicos o epistemológicos) que consiguieron elaborar de la mano con las víctimas desde las temáticas, contextos, casos o problemáticas trabajadas para dicha colección. Cabe destacar que una de las definiciones centrales que guio el trabajo de investigación del MEH fue considerar al derecho a la verdad como un acto de ética profesional:
[…] el derecho de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares y la identidad de quienes fueron responsables de las violaciones. Es también el derecho de la sociedad, toda, de conocer los hechos, su magnitud, las causas de la violencia de Estado y sus consecuencias, que se hacen patentes hasta nuestros días. Esclarecer la verdad es arrancar los velos y disipar las brumas, es mostrar la evidencia, pero también es ir más allá de ella.[4]
Con este número, el equipo de trabajo de En el Volcán Insurgente queremos contribuir a la reflexión y al análisis de las consecuencias que el militarismo, la militarización y la acumulación militarizada que padecemos hoy en día en México pueden arrojar a manera de retroceso en lo que deberíamos avanzar, a saber, la cultura de paz y la vida digna.
La organización de las participaciones corre de la siguiente manera: una primera sección agrupa las reflexiones y análisis como la de Rocío Juárez, quien con sus compañeros de equipo de investigación documentó un conjunto de casos de VVGGDDHH cometidas en contra de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en distintas regiones del país en el marco de la política de contrainsurgencia; le sigue Víctor Villanueva, quien como coordinador de investigación tuvo la oportunidad de mantener una visión en amplio del conjunto de situaciones analizadas, resultado de eso son el conjunto de tesis que elabora respecto a los vuelos de la muerte como una táctica militar ejecutada más allá de la represión a las y los integrantes de las organizaciones político-militares.
Entre la diversidad de conjuntos de víctimas y casos documentados por las y los investigadores del MEH, Donnovan Romero e Ildefonso Leónides exponen lo que fue para las y los refugiados de origen maya, procedentes de Guatemala, la política de contrainsurgencia en el trato que recibieron por agentes del gobierno mexicano durante la década de 1980; también en sureste mexicano, Citlalli Jaso nos relata algunas de las estrategias por las cuales la población indígena, parte de grupos religiosos diversos, enfrentó la violencia política ocurrida en el estado de Chiapas y desde la que, a la fecha, se ha buscado intimidar y controlar a la población local. Otro de los conjuntos de víctimas a los que las y los investigadores del MEH se aproximaron para retomar sus historias de vida y tragedias, tanto personales como colectivas, fueron las disidencias sexo-genéricas organizadas y presentes en diferentes estados del país, sobre esto nos cuentan Alejandra López y Rita Canto; en esta dirección, como un ejercicio de memoria y visibilización de la diversidad de conjuntos y situaciones, Karina Baltazares reflexiona en torno a la desaparición forzada de luchadores sociales y lo que eso representa para las familias que a partir de ese evento se vuelvan a la búsqueda permanente de sus seres queridos, en ocasiones por décadas.
En la segunda sección de este número, José Martínez Cruz nos cuenta de manera amena lo que fue su experiencia como Director General de la Primera Visitaduría en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a la atención, seguimiento, acompañamiento, investigación y documentación de una variedad de casos que te tocó documentar. Con esta entrevista En el Volcan Insurgente queremos hacer eco de la perspectiva de personas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos en México, una rama de la lucha social que tiene hondas raíces en el clamor popular desde hace décadas. Sin duda el panorama que se mira en adelante no es el más propicio para las personas en la defensa de sus derechos humanos, el distanciamiento entre la vida pública institucional y el movimiento social es cada vez más notorio. Todo apunta hacia el absurdo de hacer ver y hacer creer que es el Estado la víctima y no el victimario. Así se aprecia cuando el gobierno se ha posicionado frente a las investigaciones sobre la “Guerra sucia” (MEH) o Ayotzinapa (GIEI).
También tenemos el agrado de contar con la reseña del libro 68 mexicano (en el centro y la periferia), escrita por Anuar Ortega. Un conjunto de textos que nos lleva a un entendimiento amplio en torno a la movilización estudiantil y popular de 1968, en el territorio nacional (18 estados de la república estudiados y 4 casos específicos) para equilibrar versiones historiográficas, que hasta hace algunas décadas mantuvo un carácter centralista. Ello contribuye a descentralizar la historia y a pensar la década de 1960 en el territorio mexicano en su conjunto, visibilizando redes y relaciones entre actores sociales, que habíamos interpretado independientes e inconexos, pero que en realidad mantienen conexiones profundas, mediante un flujo de ideas, noticias, personas y circunstancias; por su parte, José Luis Mariño continúa el hilo de la contrainsurgencia en regiones rurales y recoge el testimonio de Pilar Noriega, excomisionada de la Comverdad e integrante del MEH, ofreciendo una actualización ético-política de lo que aún representa para la memoria colectiva de la región guerrerense la lucha de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez
La última sección de este número incluye a manera de anexos una serie de cartas publicadas con anterioridad que muestran el posicionamiento ético-político de quienes asumieron los hallazgos de la colección Fue el Estado: 1965-1990, como aportes que enriquecen la memoria colectiva y aperturan otros rumbos para la investigación de la violencia de Estado y los derechos humanos durante el periodo de 1965 a 1990 en México.
También participa en este número, Kabeza, monero político y artista plástico chihuahuense que aporta con su pincel la acuarela intitulada “El silencio en la cultura castrense”, que sirve de portada e ilustra los hallazgos que las y los investigadores del MEH ponen a disposición de la sociedad toda.
Imagen 2. Antiguas instalaciones de la cárcel de Lecumberri ahora Archivo General de la Nación (AGN), Ciudad de México. Fotografía de Víctor Villanueva, 2024.
Finalmente, y no por ello menos relevante, en este número de nuestra Revista dedicado a la violencia de Estado y los derechos humanos, se insiste en la denuncia hecha por distintos colectivos en múltiples ocasiones, pero que en este caso por su horror nos estremece e indigna: los hallazgos del crematorio y centro de adiestramiento de narcotraficantes o sicarios en el tristemente famoso Rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Un suceso más, no el único de violencia estructural y de omisión del Estado mexicano. Además, cabe advertir que, ante esta omisión, han sido los colectivos mismos de buscadoras quienes se han dado a la tarea de investigar el paradero de sus familiares y han encontrado estos terribles sitios de exterminio, no el Estado y la supuesta inteligencia militar desplegada a lo largo y ancho del territorio, el oxímoron del momento.
Notas:
[1] Resolución 40/34 de la Asamblea General, ONU.
[2] Las VVGGDDHH investigadas fueron detención arbitraria, prisión por motivos políticos, ejecución extrajudicial, masacre, desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, tortura, tortura sexual, violencia sexual, violencia reproductiva y exilio, entre otras manifestaciones de violencia referidas en los testimonios y documentos públicos de la época.
[3] Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. (2024). Fue el Estado: 1965-1990. Vol. 2. México: Segob/MEH. p. 31.