Número 54

66 Exigimos, por tanto, que se cancelen las concesiones y el modelo y marco legal que las posibilita, así como todos los megaproyectos extractivos, como son los de minería a cielo abierto por metales, pozos petroleros, hidroeléc- tricas, gasoductos, explotación por fractura hidráulica (fracking) y procesos asociados. La demanda elemental de cancelación de concesiones no es para que éstas se otor- guen mediante consulta. Es el modelo completo el que se encuentra cuestionado, porque atenta contra la vida al priorizar y naturalizar a la acumulación por desposesión, la lógica de inversión, el dominio del capital sobre el trabajo y la mercantilización del mundo, cerrando vías a las maneras y modos de vivir el mundo que no se basan en el usufructo y depredación de la vida. A su vez, es preciso que se termine la criminalización, hostigamiento y asesinatos de quienes luchan contra el despojo y la depredación; también demandamos la libertad incondicional de los presos que han sido procesados y per- seguidos por defender su territorio y sus bienes comunes. Todo esto debe estar sustentado en la garantía de la abro- gación de las leyes secundarias que le dan sustento a la re- forma energética (Ley Minera, de Agua, Hidrocarburos, de geotermia, eléctrica, entre otras). Exigimos la prohibición de cultivos transgénicos en Mé- xico por la contaminación genética en especies silvestres y criollas, y por los problemas a la salud ya claramente do- cumentados que derivan del uso del herbicida glifosato, asociado o no a los transgénicos. Es a su vez fundamental que se derogue el Decreto de aprobación del Protocolo de Nagoya en México, ya que implica la mercantilización y apropiación de la biodiversidad y de los recursos genéticos asociados a ello, así como del conocimiento tradicional que las mujeres y hombres de los pueblos tienen sobre sus usos y disposición de uso colectivo. Todas las instancias públicas en sus estatutos, leyes, re- glamentos y normatividades deben ser compatibles para garantizar y respetar los derechos colectivos de todos los pueblos, y sin menoscabo alguno a la inclusión de los pro- cedimientos por usos y costumbres de los pueblos indí- genas, afrodescendientes y equiparables. Con esta misma base cuestionamos, en el terreno de las iniciativas políticas de gobierno, la propuesta de creación de un Instituto Na- cional de los Pueblos Indígenas, con las reminiscencias que dicha propuesta provoca del viejo indigenismo de Estado que por muchos años mediatizó y manipuló a los pueblos. Cuestionamos también el establecimiento de una “Secre- taría de pueblos de la Ciudad de México”, pues se ha plan- teado al margen de su voluntad. Considerando lo anterior, la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural exige a nosotros, a las institu- ciones académicas, al gobierno y al pueblo de México un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad. No basta con documentar y denunciar los mecanismos de despojo y de mercantilización de la vida: es imperativo acompañar a los movimientos sociales, democratizar nues- tras instituciones y colocarlas al servicio del bien común. Ante los procesos impuestos de patrimonialización de los bienes comunes y la mercantilización de los saberes, las cos- movisiones y las formas de vida que se han estado impulsan- do a través de los “Pueblos Mágicos”, “Barrios Smarts”, gentri- ficación urbana y “Paraísos Indígenas”, entre otros, nosotros, por el contrario, respaldamos el impulso a proyectos autoges- tivos endógenos, basados en la valoración de la identidad, la memoria y las culturas propias de los pueblos, así como en los atributos naturales y ecológicos de los territorios. Ante mecanismos de evaluación exógenos y parciales, a cargo de los operadores de los proyectos extractivos (como es el caso de las manifestaciones de impacto am- biental y las evaluaciones de impacto social), exigimos pro- cesos participativos de diagnóstico, generados a partir de acuerdos de asambleas y protocolos integrales a cargo de instancias imparciales y autónomas. Las evaluaciones no deben depender del interés de las empresas, menos aun de operadores de gobierno que carecen de capacidades para realizarlas y evaluarlas. Ello demanda mecanismos especí- ficos de control, y el primero de ellos es la participación genuina de las comunidades en esos procesos. Sin embar- go, es preciso puntualizar de nuevo que, todas las evalua- ciones de propuestas procedentes del modelo extractivo, constituyen medidas reactivas ante proyectos generados al margen, y a su vez en contra, de la capacidad misma de los pueblos para dar cauce a una realidad ajena a la mer- cantilización del mundo. ¿Qué evaluación ambiental, so- ciocultural, sanitaria o integral puede dar cuenta cabal de los perjuicios por la imposición global de ese modelo en su conjunto? Como sucede con las consultas, los peritajes y las evaluaciones son sólo medidas reactivas que no van a fondo en cuanto al origen de los efectos de la mercantili- zación del mundo y de la vida. Y los efectos de ese modelo están a la vista, siendo tal vez el peor de ellos la anulación de posibilidades para el surgimiento y consolidación de modelos que honren la vida.