Número 52

34 En el caso de 2006, la satanización del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se convir- tió una imperiosa necesidad en tanto que des- pués de ganar apretadamente las elecciones de 2006, rápidamente su figura creció exponencial- mente en popularidad. El motivo radicó en los trece programas sociales incluidos en el Progra- ma Integrado Territorial (de pensión universal para adultos mayores; atención a personas con discapacidad; apoyo a madres solteras; crédito a la producción agraria; crédito para la amplia- ción de vivienda; construcción de vivienda nue- va para personas con escasos recursos; crédito para la pequeña empresa; atención médica y me- dicamentos gratuitos para la población excluida de la seguridad social; desayunos y uniformes escolares; apoyo al empleo; reconstrucción de unidades habitacionales; ). Estos programas no sólo beneficiaron a grandes sectores de la po- blación capitalina sino estuvieron articulados a formas de participación ciudadana (Gobierno del Distrito Federal, 2006; Secretaría de Desarrollo Social, 2006; Ortiz Pinchetti, 2006). Era necesaria pues, una vigorosa campaña de desprestigio para acabar con la figura de López Obrador. Esta comenzó con una primera ofensi- va mediática a propósito de un fallo emitido por un juez de distrito. Éste condenó al Gobierno del Distrito Federal el 6 de octubre de 2003, a pagar en el lapso de 24 horas mil 800 millones de pe- sos como indemnización al supuesto propietario de un predio de 280 hectáreas conocido como el Paraje de San Juan . La indemnización era el re- sarcimiento a una supuesta expropiación irregu- lar del citado predio. De haberse pagado hubiera mermado notablemente las finanzas del gobier- no del Distrito Federal. El proceso judicial, que culminó con el encarcelamiento del supuesto propietario después de haberse constatado fal- sificaciones para acreditar ser el dueño, fue una suerte de ensayo general con respecto al proceso de desafuero que López Obrador sufrió en 2005. La resistencia de éste a pagar la multa sirvió para que una juez le extendiera en octubre de 2003 una demanda de abuso de autoridad y desacato a una orden judicial. Finalmente el proceso termi- Fuente: tamaulipasenlared.com