Número 40

46 Según las licitaciones emitidas por la SCT para el manejo de los televisores analógicos, el acopio oficial de aparatos concluye de manera abrupta el 31 de diciembre del 2015, sin embargo, los re - siduos seguirán acumulándose y gestionándose inadecuadamente por meses, por lo que la actual vulneración impune de derechos se prolongará igualmente. La transición a la TDT ha sido, además, impulsada por la admi - nistración pública federal sin poner a disposición de la población los medios necesarios para acceder a información básica relacio - nada con los riesgos ambientales y de salud del tratamiento de los televisores obsoletos, los cuales serán desechados como si fuesen basura ordinaria y se les mezclará con los residuos sólidos munici - pales. El plomo y los retardantes de flama bromados son sustancias que se volatilizan y dispersan en el ambiente, con altas posibili - dades de contaminar cuerpos de agua, suelo y aire, así como de envenenar flora y fauna. No obstante, las autoridades responsables del proceso no le han informado al pueblo de México de manera adecuada, completa y efectiva de dichos riesgos, lo cual evidencia también que todos los niveles de gobierno son incapaces de pla - nificar procesos de esta envergadura, y mucho menos de vigilar y garantizar los derechos fundamentales de quienes serán afectados. La población directamente afectada o en riesgo de afectación, así como todas aquellas personas que quisieran prevenir una situación de peligro, se encuentran en estado de indefensión, pues carecen de la información mínima necesaria para afrontar el problema, sin mencionar que tampoco tienen información sobre los mecanismos jurídico-institucionales que les permitirían acceder a la justicia, hacer valer sus derechos y obligar a las autoridades a corregir sus acciones y reparar los daños causados por su actuar negligente. Asimismo, el proceso completo de transición tecnológica ha sido gestionado por las autoridades unilateralmente y de espaldas a la población, siendo que se trata de un asunto de interés público que impacta o impactaría negativa y contundentemente en los entornos vitales y la integridad física de las personas expuestas o en riesgo de exposición a las sustancias contenidas en los aparatos una vez considerados y tratados como basura. En la disputa entre los grandes consorcios televisivos del país y el Estado mexicano por retardar o no el “apagón analógico” no aparecen como parte del debate las cuestiones ambientales, de sa- lud, información y participación social. Los impactos ambientales y de salud de la transición a la TDT en perjuicio de la población no han sido valorados por la opinión pública ni en los espacios insti - tucionales de deliberación como un problema social gravísimo de atención urgente, lo cual contribuye a su invisibilidad y a la conso - lidación de una estructura de impunidad en agravio de los millones de mexicanas y mexicanos que ya somos afectados ambientales.