Introducción
Después de años de trabajar y convivir con los pueblos originarios de Sonora, puedo decir que en el siglo XXI la guerra de conquista contra los pueblos originarios no ha concluido, sino que se ha hecho más intensa, se ha profundizado y diversificado; orquestando de esta manera intereses económicos externos y regionales con políticas y programas en un proceso continuo de despojo y desplazamiento legalizado, siendo el territorio y bienes naturales de los pueblos el interés principal; reduciendo a la vez su cultura y forma de vida al ámbito turístico y ornamental. En ese tenor acciones y programas oficiales tienen a fondo el sentido de convencer a los pueblos de las bondades del Estado y sus planes de darles una vida mejor, mediante programas, dádivas y concesiones para lograr que acepten los espejos del desarrollo y progreso con que se les quiere deslumbrar. En caso de resistencia, parece normal ejercer formas de presión e intervención, sobornando autoridades tradicionales, y en caso de ser necesario, nombrando nuevas autoridades de manera apócrifa; de igual modo, mediante el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación regionales, dispuestos a alabar programas y acciones de gobierno, se han orquestado campañas de odio, racismo y discriminación, tratando de desvirtuar líderes y movimientos de resistencia, descalificando recursos legales, decisiones, recomendaciones o veredictos de jueces y tribunales.
Desde la perspectiva de los pueblos originarios de Sonora, uno de los grandes problemas que sufren es que sin importar el color del partido político que esté en el poder, el gobierno siempre es yori, chúchika, cöcsar, dúkum o chabochi, términos todos con que los pueblos originarios de la región nombran al que no es indígena. Se trata de gobiernos excluyentes, es decir que el gobierno piensa y actúa como yori en beneficio de los yoris y particularmente, los yoris con dinero, es de saberse que contra lo que se ha creído el término “yori” no significa gente blanca, o gente que no es indígena, sino más bien “el que no respeta”, en alusión al respeto hacia la tradición, herencia y enseñanza de los mayores, que es lo que cada persona debe respetar como algo de gran importancia, valorando las cosas por su significado, no por su valor económico.
Para comprender un poco mejor la situación actual de los pueblos originarios, presentamos aquí la problemática que enfrentan hoy en día, relacionándola con algunas de las políticas y estrategias de gobierno y proyectos de desarrollo que han intervenido e impactan la vida, presente y futuro de los pueblos originarios en Sonora, en particular el caso de la yoemia o Tribu Yaqui, para lo cual en este artículo hago referencia a problemáticas específicas por las que hoy en día atraviesan los ocho pueblos tradicionales yaquis.
El acueducto Independencia y la operación política del gobierno estatal
Hace ya algunos años, a instancias de la doctora Raquel Padilla Ramos†, tuve la oportunidad de participar en el seminario Armonía y conflicto, reflexionando precisamente en torno al papel que los yeome o yaquis han tenido en la configuración de planes, proyectos y programas, que al tratar de dar respuesta a las demandas y necesidades expresadas por diferentes miembros de la Tribu Yaqui, se convierten por derivación o inercia en programas y políticas orientados en ocasiones hacia el resto de los pueblos originarios de Sonora, sin tomar en cuenta las demandas y necesidades propias y concretas de cada uno de ellos; señalaba por ello que la política indigenista sonorense se había desarrollado tradicionalmente “a la sombra del yaqui”. Y es que en más de un sentido el enemigo a vencer en la conciencia progresista, modernizadora y desarrollista yori es precisamente el mal ejemplo de resistencia y soberanía que los yoeme representan; cabe recordar que durante su administración gubernamental el doctor Samuel Ocaña (1979-1985) distribuyó en todas las oficinas de gobierno el Juramento tradicional yaqui, reconocido y respetado en cada uno de los ocho pueblos tradicionales; además de ello mandó a imprimir cientos de copias de un cuadro representado el encuentro histórico entre yaquis y españoles, como un homenaje a la fortaleza y resistencia de la Tribu Yaqui.
Los jefes del barrio, representantes de los yaquis de Hermosillo. Fuente: Alejandro Aguilar (2017).
A comienzos de la década de 1980 surge el Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui, un amplio y ambicioso documento que contemplaba a través de un diagnóstico una serie de tareas y acciones a emprender, para asegurar y fortalecer los reclamos y demandas históricas de los yoeme, para cada uno de los ocho pueblos tradicionales; en buena medida estos documentos son elaborados con la participación de diversos representantes de la tribu, especialmente algunos de los maestros bilingües, intelectuales orgánicos de los yaquis, podríamos decir. Surge de esta forma con el paso del tiempo el Programa de Apoyo para la Tribu Yaqui, conocido coloquialmente como “los patycis”.[2] Es de señalarse que algunos de los integrantes de este grupo desarrollaron posteriormente labor política y tuvieron diversos puestos y nombramientos al interior de la Tribu Yaqui.
Es tal la importancia, fortaleza y unidad del Gobierno Tradicional Yaqui, a pesar de sus diferencias y discrepancias históricas internas, que con la entrada de las políticas neoliberales al país, uno de los objetivos del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), surgido durante la presidencia de de Salinas de Gortari (1988-1994), atentaba en contra de las formas y sistemas de organización propias y tradicionales de los pueblos; de esta manera el uso discrecional de los fondos de solidaridad generó o profundizó divisiones internas, al crear diferentes programas y dotándolos de recursos de manera tal que al interior de las distintas gentes, algunas personas controlaban ciertos programas y recursos, dejando por fuera a otros grupos. Tradicionalmente, dentro del sistema de gobierno, era la comunidad, a través de las mujeres, quienes expresaban su opinión en el seno de la Iglesia Tradicional Yaqui, en cada uno de los ocho pueblos tradicionales, durante el mes de diciembre para definir quiénes serían las nuevas autoridades, al decir de la gente, se ponderaba la integridad, honestidad, fortaleza y otros atributos de la persona, como la relación con su familia y su modo de actuar, según nos platicaba alguna gente en la década de los años ochenta, luego comenzó a tomarse en cuenta si la persona tenía buenas relaciones con los del Banco Rural, o con funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por algunos sexenios la renovación del Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui se presentaba como una forma de respuesta y atención desde la propia Tribu Yaqui, a través del cual pretendían los yoeme dirigir el rumbo de su propio desarrollo. A mediados de los años noventa el Instituto Nacional Indigenista (INI) es expulsado del territorio yaqui, por no cumplir con sus metas y programas. Entre las décadas de 1980 y 1990 se generan proyectos tales como la carretera de cuatro caminos, que atravesó el territorio yaqui y el del acueducto El Novillo–Guaymas, para dotar de agua al puerto de Guaymas, sin que haya habido mayores conflictos o enfrentamientos, lo que habla del mantenimiento de una adecuada relación con los miembros y autoridades de la Tribu Yaqui, aunque no en la misma forma en que anteriormente se estilaba, dialogando paritariamente como autoridades yoris y yoemes. A principios del año 2000 las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui realizaron una ceremonia luctuosa por los cien años del asesinato de Juan Maldonado Waswechia, Tetabiate, gran líder histórico de la resistencia yaqui; en aquel período habían entregado al gobierno del estado de Sonora un Plan de Desarrollo de la Cultura Yaqui (acotado al campo cultural), que para nuestra sorpresa, le llevó seis años a las autoridades estatales no leer, ni dar respuesta a dicho documento. Volviendo al homenaje a Tetabiate, el gobernador en turno dormitaba mientras los yoeme hablaban de la trascendencia histórica de ese momento, donde ellos habían demostrado con creces su capacidad de trabajo y buena relación con el gobierno y los yoris (no indígenas); sin embargo, no tuvieron mayor respuesta que esto.
Antes de las elecciones siguientes en las que quedaría como ganador Eduardo Bours Castelo (2003-2009), al platicar con algunos yoeme sobre las próximas elecciones mucho me sorprendió que la respuesta fue que votarían por Bours, “porque era un buen patrón”, respuesta que cuando menos me resultó escalofriante; lo que este sexenio representó fue la consolidación de una serie de planes y políticas donde los priístas obregonenses lograron recuperar el control de la revolución que les fue heredada por sus antecesores, proceso en el que se siguió minando la unidad del Gobierno Tradicional Yaqui, favoreciendo diversos grupos e intereses. Es en este período que se crea la Comisión de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Sonora, que representa ya en el siglo XXI el inicio formal de algún intento de política indigenista estatal, pues hasta ese momento la relación y atención con los yoeme y demás pueblos indígenas era una cuestión fundamentalmente de carácter federal, donde el INI (ahora IMPI), determinaba acciones y programas.
“Queremos ser escuchados”. Consulta de creación del INPI, Ciudad Obregón. Fuente: Alejandro Aguilar (2018).
La caída de los priístas del gobierno de Sonora al final del período de Bours representó un corte radical en la relación entre el gobierno estatal con los pueblos originarios, llega entonces el Partido de Acción Nacional (PAN) al gobierno, encabezado por Guillermo Padrés (2009-2015), quien anunció que en su sexenio el programa principal sería el de resolver el abasto de agua para toda la región, dando a conocer así la construcción del acueducto Independencia, para llevar aguas de la presa del Novillo, proveniente del río Yaqui, a la ciudad de Hermosillo. Hay que recordar que desde el gobierno de Lázaro Cárdenas en la década de 1930, el acuerdo firmado con los yoeme fue el de dotarlos de la mitad de las aguas del río Yaqui. La transición del gobierno priísta, al panista, lejos de generar un cambio en las políticas indigenistas en la región, las radicalizó, promoviendo con fortaleza la división de las autoridades yoeme, de donde surgen los mal llamados gobiernos duales. Esta situación representa los esfuerzos de división de cada uno de los ocho pueblos tradicionales, donde el gobierno del estado dialoga y establece acuerdos con supuestos representantes de la tribu y fuera del territorio yoeme, condiciones ambas que desde el gobierno tradicional invalidan de antemano cualquier acuerdo o negociación, pues la Tribu Yaqui no negocia nada fuera del territorio.
Como parte de la política y planes propuestos y desarrollados durante la administración de Padrés surge y se decreta desde el principio de su gobierno la Ley Estatal de los Pueblos Indígenas de Sonora y se convierte la Comisión de Apoyo a los Pueblos Indígenas (CAPIS) en Comisión del Estado de Sonora para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDIS), a través de la cual se opera la atención y reconocimiento discrecional a los pueblos indígenas y mediante la cual se le da respaldo y reconocimiento a las autoridades yoeme simpatizantes del proyecto acueducto Independencia. Surge además el proyecto de elaborar un gigantesco monumento a la danza del venado, propuesto como parador turístico en las inmediaciones del territorio tradicional yoeme, a la entrada de alguno de los ocho pueblos, cosa que ninguno aceptó, por lo cual esta obra de gran dimensión terminó por ser construida fuera del territorio de la yoemia. Mientras se construía el danzante de venado y el acueducto la lucha legal, los actos de resistencia y las protestas de la Tribu Yaqui alcanzaron resonancia a nivel nacional. Como efecto de estas acciones integrantes de la tribu fueron encarcelados, debido a los bloqueos en la carretera, que llegaron a tener también resonancia internacional, entre ellos destacan Mario Luna, quien sigue luchando por los derechos de la yoemia, y el señor Tomás Rojo, recientemente secuestrado en la comunidad de Vícam Estación. Es de mencionarse también que además del proyecto del acueducto Independencia, se comenzaron a llevar a cabo también las acciones ya referidas en contra del pueblo macurawe, para que accedieran a la construcción de la presa Los Pilares-Bicentenario.
A pesar de la lucha legal de resistencia y las estrategias desarrolladas por los miembros de la Tribu Yaqui, se continuó con la construcción del acueducto y su operación, contraviniendo amparos y decisiones de los juzgados que daban el derecho a la Tribu Yaqui, ante la falta de una consulta libre, previa e informada. En ese período, como en otras ocasiones, diversos miembros de la tribu nos mencionaban que no era nada fuera de lo común que anduviera gente ofreciendo dinero y camionetas a quienes apoyaran al proyecto del acueducto Independencia, profundizando divisiones internas de carácter histórico e intereses particulares. Tanto la resistencia de los yoeme, como la corrupción y tráfico de intereses del gobernador Padrés, pusieron en evidencia desde la construcción de una presa en su propio rancho, como la dotación clandestina de las aguas del acueducto a diversos ranchos particulares. De esta manera el gobierno de Padrés terminó de igual manera que el Bours, ambos acusados de corrupción, tráfico de intereses e intervención en las formas de gobierno y organización de los pueblos originarios de Sonora.[3]
El venado y el pascola yoeme danzan en Tórim, Río Yaqui. Encuentro de líderes espirituales. Fuente: Alejandro Aguilar (2020).
El gasoducto IENOVA atraviesa el territorio yaqui
Si la debacle del gobierno priísta encabezado por Bours, propició la salida del PRI del gobierno de Sonora, al final del período del PAN las señales de corrupción, tráfico de intereses y desvío de recursos eran las mismas, en el proceso, se profundizó la división al interior de la Tribu Yaqui. Contra lo que se podía esperar, el mismo voto de castigo que sacó al partido anterior del palacio, volvió a darle su preferencia al PRI, esta vez en manos de una mujer, Claudia Pavlovich (2015-2021), quien ofrecía con valor y orgullo “Otro Sonora Ya”. El proyecto central de Pavlovich ha sido el de promover a gran escala la explotación minera de los recursos sonorenses, bajo el lema de que “Con la minería tenemos todo”, sin importar su carácter extractivista, el uso de químicos de alto riesgo e incluso prohibidos y el impacto de la contaminación del río de Sonora, propiciada desde la mina de Cananea por el Grupo México y sin interés alguno por respetar los derechos de los pueblos originarios.
Paralelamente a esta promoción y apertura a la minería es que surge de manera vertiginosa el proyecto del gasoducto de la empresa IENOVA, sorprendentemente aceptado y firmado desde un primer momento por algunas autoridades de la mayoría de los ocho pueblos tradicionales, con la honrosa excepción del heroico pueblo de Loma de Bácum, quien hasta la fecha actual sigue en resistencia y oposición a este alevoso proyecto, no sin pagar caro su osadía.
El 21 de octubre del 2016 bajo el pretexto de una reunión de diálogo, diversos integrantes de los otros siete pueblos de la Tribu Yaqui (Loma de Guamúchil, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belém) se presentaron a medio día en la Loma de Bácum e intentaron dar un “golpe de Estado” a la tribu, nombrando nuevas autoridades; la comitiva de dichos pueblos llegó en varios vehículos y portando armas, sabiendo la hora en que salían los niños de la escuela. En la discusión y forcejeo algunas personas de Loma de Bácum que resistieron frente a esta agresión, decidieron incendiar los vehículos de los invasores y atacantes, impidiendo de esta manera su escape; como resultado de esta acción muere una persona y al paso de los días Fidencio Aldama es injustamente apresado y acusado del asesinato, a pesar de la inconsistencia de las pruebas y testimonios usados en su contra.
El motivo de la resistencia de la gente de Loma de Bácum es el hecho de que el proyecto de instalación del gasoducto que atraviesa su territorio está lleno de irregularidades y no se siguieron ninguna forma leyes, políticas negociaciones adecuadas con la Tribu Yaqui, donde se acusa a la empresa de promover la división y la violencia en sus comunidades. En general el proyecto de gasoducto no respeta normas en cuanto al tipo y calidad de materiales, la escasa profundidad de la obra, el riesgo para la población yoeme y la afectación a su territorio por un negocio particular, alentado desde el gobierno del estado. De esta manera, aunque en un principio el gasoducto avanzó rápidamente por el territorio yaqui, la resistencia ejemplar de la gente de Loma de Bácum, desmantelando incluso y poniendo a la venta como fierro viejo una parte de la tubería que querían imponerles, logró detener este proyecto lleno de irregularidades
Es en este contexto que en los últimos años se ha agudizado la resistencia y formas de protesta de diversos miembros de la Tribu Yaqui, especialmente en lo que se refiere a la toma de la carretera y el establecimiento de casetas por parte de los yoeme, cobrando una cuota a camiones, transportes y particulares. En algunos de los casos las propias autoridades de los distintos pueblos desconocen estas casetas y rechazan que sea por parte de ellos que se establecen. Aunado a esto hay que tomar en cuenta que históricamente ha habido y se siguen desarrollando campañas de odio y racismo, en especial en contra de la Tribu Yaqui y donde los medios de comunicación aliados al poder alientan de alguna manera la radicalización de posturas, el racismo y la discriminación que continuamente hombres y mujeres de la tribu sufren en Ciudad Obregón.
Cerro de Boca Abierta, límite norte del territorio tradicional yoeme. Fuente: Alejandro Aguilar (2019).
Constellation Brands, convertir el agua del río Yaqui en cerveza
Entre los años 2017 y 2018 gente de Mexicali realizó diversos actos de protesta y de resistencia en contra del intento de ampliación de las instalaciones de la empresa Constellation Brands, productora de cerveza y que ha adquirido la mayoría de las marcas mexicanas; el reclamo de la gente en Mexicali era sobre la expoliación de los recursos hídricos de la región para la producción de cerveza. Como resultado de estas protestas la empresa anunció su salida de Baja California, amenazando con llevarse su inversión; al día siguiente el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Pavlovich dio la bienvenida a esta empresa, que anunciaba una inversión millonaria en su planta de Ciudad Obregón, la cual se alimenta precisamente de las aguas del río Yaqui y anunciando una serie de obras de infraestructura y represos, para ampliar la capacidad productiva de su empresa. No deja de sorprender este hecho, especialmente considerando la encarnizada guerra por el agua, en el sexenio de Padrés, donde se enfrentaban intereses políticos y económicos de los grupos de poder de Hermosillo y Ciudad Obregón, buscando expoliar el río Yaqui, continuando con el despojo del agua a los miembros de la Tribu Yaqui, para finalmente otorgar una libre concesión de explotación del agua para esta empresa. En el proceso, como resulta evidente, se utilizaron programas, recursos e instituciones estatales para otorgar las facilidades necesarias a todo tipo de empresas y megaproyectos, sin respeto alguno por los derechos humanos, territorio y existencia de los pueblos originarios. De esta manera se han promovido campañas de odio, se han promovido formas de corrupción, división de autoridades, promoción de la violencia, cancelación discrecional de programas de asistencia y proyectos de desarrollo, especialmente en contra de la Tribu Yaqui, pero cuyos efectos impactan de una manera o de otra al resto de los pueblos, pues resulta evidente que hay una inequitativa distribución de los recursos y programas del gobierno estatal con los diferentes pueblos originarios, donde destaca de manera especial el apoyo que se otorga a pueblos como los yaqui o los mayo, en especial por su importancia numérica en procesos electorales.
El INPI y el Programa de Justicia Yaqui
Es en este contexto, apenas aquí señalado en sus rasgos más generales, que comienza a tomar forma un nuevo capítulo en la historia de los pueblos originarios y en particular, de la Tribu Yaqui y tiene que ver con el surgimiento de Morena y el discurso de la Cuarta Transformación, donde se comienza a prefigura la tan anhelada respuesta a los reclamos históricos de la yoemia. A fines del 2018 y comienzos del 2019 se llevan a cabo una serie de foros de consulta indígena para dar forma a la política indigenista del nuevo gobierno y que daría como resultado posteriormente la creación o refundación del antiguo Instituto Nacional Indigenista. Hay que recordar que el INI, institución emblemática del indigenismo en México fue virtualmente desmantelado durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), quien lo convirtió en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), prácticamente despojada de su carácter ejecutivo y sometida a la voluntad de las diversas secretarías de Estado. El proceso de consulta, cuestionado desde el inicio por diversos participantes, reflejaba las mismas formas y mecanismos verticales de consulta y toma de decisión.
En el caso de las reuniones que se llevaron a cabo en Sonora, uno de los reclamos de la gente de los pueblos era el de elevar a política de estado la relación con los pueblos originarios y luchar por la creación de una Secretaría de los Pueblos Originarios, idea que fue rechazada desde un inicio por los organizadores. Se dio a conocer sin embargo y se discutió el anteproyecto de creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual establecía instancias, normas y procedimientos para la actuación y atención a cada uno de ellos, señalando para ello una serie de procesos de consulta, diálogo y diagnóstico de carácter comunitario y participativo, para diseñar los programas y estrategias que cada pueblo requería en su condición particular. Dentro de este proceso y acorde a las políticas de austeridad se toma la decisión de hacer desaparecer el cargo de los delegados federales, directores de diversas instituciones y representaciones federales; es así que entre otros desaparece el cargo de Delegado del INPI en Sonora, responsable de la coordinación y concertación de la acción de los distintos centros coordinadores existentes y solicitados por las comunidades. De esta manera quedaría en manos de cada uno de los centros coordinadores indigenistas en el país, la organización de los trabajos necesarios para estas etapas de diagnóstico y planeación entre cada uno de los pueblos y comunidades del país, proceso que en términos generales no se ha llevado a cabo y que además sufrió también el impacto de la pandemia por Covid-19.
Isla de Lobos, territorio tradicional yoeme. Fuente: Alejandro Aguilar (2019).
Es en este contexto que surge y se va perfilando poco a poco el Programa de Justicia Yaqui, el cual es hoy por hoy el ejemplo y guía de acción para una política indigenista que aún no se está llevando a cabo en toda la dimensión de los pueblos originarios de Sonora y del país. Desde principios de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) anunció su decisión de hacer justicia a las demandas históricas de la Tribu Yaqui, ofreciendo incluso llevar a cabo un acto oficial de petición de pedirles perdón por los agravios de que han sido víctimas. De esta manera desde fines del 2019 comienza a tomar forma el Programa de Justicia para la Tribu Yaqui, con la concurrencia de las diversas secretarías de estado y dependencia del gobierno federal, para realizar una serie de reuniones y acuerdos con las diversas autoridades de la Tribu Yaqui (tradicionales y consagrados). Desde nuestra perspectiva y experiencia esto representa poner el centro de atención en la problemática y justo reclamo y derechos de los yoeme, donde resulta evidente que han sido funcionarios, instituciones y diversos intereses particulares los que han operado por años en la división interna de este pueblo; sin embargo, esta gran atención a las necesidades de los yoeme pone en evidencia también la falta de atención y apoyo a las necesidades y reclamos del resto de los otros pueblos originarios, no sólo de Sonora, sino de todo el país.
Si bien el impacto de la pandemia del coronavirus impactó profundamente a nuestro país, y tratando de dar respuesta a las exigencias de la presidencia de la República con respecto a la atención a los yoeme, procurando mantener las medidas de higiene y sana distancia, a lo largo del año 2020 se avanzó en el desarrollo de este proceso de diálogo, de manera tal que el 27 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui de Sonora. A pesar de lo reciente de su emisión y de los impactos negativos de la pandemia en términos de la acción gubernamental hacia las comunidades, se plantea que esta Comisión y su programa de acción, orientado en primer lugar hacia la atención de las demandas y necesidades de los yaquis, puede ser ampliado y replicado, en el resto de los pueblos originarios, como se señala en el artículo 4to:
Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:
- Investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del Pueblo Yaqui y, en su caso, de los demás pueblos indígenas reconocidos en el país, así como las condiciones de desarrollo de las comunidades que los integran;
- Solicitar a las dependencias, entidades e instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, que en el ámbito de sus respectivas competencias les correspondan, información relacionada con el cumplimiento del objeto del presente Decreto, quienes deberán proporcionarla de conformidad con las leyes aplicables;
III. Proponer y emitir informes al Titular del Ejecutivo Federal que sirvan como base para la toma de decisiones, tendientes a garantizar la justicia al Pueblo Yaqui y, en su caso, a los pueblos indígenas reconocidos en el país, sobre sus necesidades de tierra, territorio, agua y desarrollo integral;
- Analizar las acciones que sean necesarias para hacer efectivas las medidas de justicia a favor del Pueblo Yaqui y, en su caso, de los pueblos indígenas reconocidos en el país;
- Proponer las acciones de análisis y diseño para el desarrollo integral del Pueblo Yaqui y, en su caso, de los pueblos indígenas reconocidos en el país;
- Solicitar la coadyuvancia de instituciones académicas, instancias de gobierno u organismos de la sociedad civil para sustentar sus informes y propuestas, y
VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.[4]
Al respecto de lo anterior debo señalar en primer lugar que admiro, respeto y reconozco el derecho y los reclamos sostenidos a lo largo del tiempo por los miembros de la Tribu Yaqui y que espero sinceramente que encuentren la respuesta y el apoyo necesarios para seguir viviendo y preservando su valiosa cultura y tradiciones, sin embargo me parece que someter planes y programas de justicia “y en su caso” para el resto de los pueblos originarios del país, resulta al menos algo incongruente con lo planteado justo en la etapa anterior, previa a la creación del INPI, donde se buscaba en lo específico el desarrollo de todos y cada uno de los pueblos; pareciera así que los o’ob de la sierra de Yécora o los macurawe, recién afectados por la imposición de la presa Los Pilares, tuvieran que esperar a que la justicia para los yaquis sea una realidad a la que ellos mismos puedan aspirar.
Lo que es evidente hoy en día es que en efecto hay un gran interés y trabajos diversos en la región yoeme, dentro del proceso de construcción de este programa de justicia, que incluye el reconocimiento de sus derechos territoriales, de sus reclamos por el agua del cual han sido y siguen siendo despojados; además de cuestiones de producción, infraestructura, créditos y muchos otros temas; se discute ya la creación de un nuevo distrito de riego para la yoemia. En las diversas comunidades yaquis, y en algunas de otros pueblos originarios, saltan a la vista programas de vivienda, obras de infraestructura, para el caso de los yoeme está en proceso también la conformación de la Universidad Yaqui, todo como parte de la promesa del presidente de la República de llevar a cabo este acto de petición de perdón entre agosto y septiembre de 2021. Tal vez sea aún un momento muy cercano para poder comprender y evaluar en su justa dimensión lo que está sucediendo en estos momentos en cuanto a las políticas indigenistas y la relación de los yoris y sus gobiernos con la yoemia y los demás pueblos originarios.
Es claro que en cierta manera se está buscando replicar el modelo indigenista del período del priísta Luis Echeverría (1970-1976), buscando sentar las bases para el desarrollo de los pueblos indígenas, mediante programas de viviendo, infraestructura para la producción, programas de salud y educación, todo lo cual de alguna manera se llevó a cabo en aquella época, sin que se haya logrado cabalmente promover el desarrollo de estos pueblos, es por ello que resulta importante también recuperar la memoria histórica y tratar de comprender en su justa dimensión la compleja y tensa relación entre la forma de ver el mundo y de hacer las cosas, de los distintos pueblos originarios de Sonora y de los yoris, chabochis, chúchikas, cöcsar o dúkumas, todos aquellos que no son indígenas y que tienen una forma muy distinta de ver el mundo y la naturaleza y de aprovechar y expoliar los bienes que los pueblos han sabido preservar y aprovechar por largo tiempo. En tal sentido, se puede decir que lo más importante de la Comisión o el Programa de Justicia Yaqui, no es sólo el cumplimiento de su objetivo central, en beneficio y justicia de la yoemia, sino de los demás pueblos, si tal fuera el caso.
Reunión organizativa para el Programa de Justicia Yaqui, Pótam, Río Yaqui. Fuente: Alejandro Aguilar (2019).
Falta aún medir el impacto de la pandemia por Covid-19 entre los yaquis, en términos del impacto en su salud y programas de apoyo, entre el 2020 y el 2021 se ha venido generando una intensa campaña de odio contra la yoemia, bajo el pretexto de los bloqueos en la carretera, los cuales no son reconocidos ni avalados por la gran mayoría de las autoridades y gente de los pueblos. Resulta muy evidente que existen intereses económicos muy fuertes en torno a los megaproyectos en lo que queda del territorio tradicional yaqui y también un cierto rechazo de los grupos de poder e intereses locales en contra de un programa de justicia, que les supone cierta pérdida de privilegios o el control de grandes negocios. En lo que va del presente año y en los últimos meses ha habido enfrentamientos, actos de violencia, asesinatos y secuestros de diversos integrantes de la yoemia, donde hay referencias también a la acción de grupos delictivos relacionados con el narcotráfico con presencia entre los pueblos yaquis, donde están también presentes las adicciones al alcohol y el consumo de metanfetaminas, se trata de un territorio más, como en otras partes del país, donde hablar de sicarios y de actos de violencia relacionados con esta actividad son también parte de su vida cotidiana, como en otras regiones del país.
A pesar del gran interés y apoyo que están recibiendo en el momento actual, desde la presidencia de la República y a través de distintas secretarías e instituciones, no está del todo claro aún desde nuestro punto de vista el “camino de la justicia para los yaquis”, ya que prevalecen intereses y acuerdos comerciales muy grandes, que harán difícil el desarrollo del programa propuesto, ejemplo de lo que representa hoy en día la llamada Cuarta Transformación.
Consideraciones finales
Desde la perspectiva de los pueblos originarios uno de los grandes problemas que estos enfrentan es el hecho de que más allá de los diferentes partidos políticos en el poder, el gobierno en sus niveles municipal, estatal y federal es yori (chúchika, cöcsar, dúkuma, chabochi) y piensa como tal, pensando en el desarrollo desde una perspectiva yori o no indígena y en la cual se beneficia principalmente a los yoris ricos y yoris de las altas esferas del gobierno. Desde esta perspectiva se trata esencialmente de modelos y programas de desarrollo, de concepciones de modernidad y sustentabilidad desde la visión de los yoris, donde la naturaleza es convertida en valor de cambio, susceptibles de ser vendidos, licitados y expoliados en aras del progreso, la modernidad y el desarrollo, y donde los pueblos originarios llevan por lo general la peor parte, siendo así utilizados, divididos y controlados además mediante programas asistencialistas, sin que realmente se les haya permitido participar y actuar decidida y críticamente en el diseño y generación de su propio bienestar. Unos años atrás se hablaba de “desarrollo con identidad”, discurso que se fue vaciando de sentido ante la falta de continuidad y consistencia en programas y proyectos, ejemplo de ello es precisamente el desplazamiento de la perspectiva antropológica, además de promover la participación misma de las comunidades, de una manera crítica y transparente y acorde a sus diferentes tradiciones.
Lo que ha sucedido desde la revolución mexicana y en particular desde el inicio de la época neoliberal en México, ha sido un proceso lento y a veces acelerado de despojo, intermediación y contención de los reclamos, derechos y demandas de los pueblos, mediante programas y políticas que no logran dimensionar adecuadamente los retos y compromisos desde el gobierno para generar o devolver a pueblos y comunidades derechos y capacidades de gestión y decisión. Desde la añejada tradición priísta que se comenzó a desvanecer para los sonorenses desde el asesinato del candidato presidencial Donaldo Colosio (1994), última esperanza de mucha gente por recuperar el espíritu sonorense emanado de la revolución; a nivel federal los dos gobiernos panistas consolidaron este proceso de despojo que continuó durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018); a nivel local desde el período de Mario Beltrones (1991-1997) hasta el gobierno de Bours se dio una escalada por el sometimiento, control y expoliación de los bienes naturales, que llegó a niveles extremos durante el sexenio de Guillermo Padrés y su política del agua. En el momento actual en las postrimerías del gobierno de Claudia Pavlovich, durante el cual se promovió la minería y la construcción de una red de gasoductos, que fue detenida por los yoeme de Loma de Bácum, el gobierno y el partido en el poder recurrieron a los mismos trucos y artimañas para dividir o profundizar la división entre la mayoría de los ocho pueblos, desarrollando además políticas preferenciales determinadas por los intereses de uso del agua, explotación comercial del gas y el desarrollo mismo de una gran cantidad de minas, muchas de las cuales impactarán en algún momento a cada uno de estos pueblos.
Queda pendiente aún ver el impacto y desarrollo del Programa de Justicia para la Tribu Yaqui y su eventual implementación entre el resto de los pueblos indígenas, cada uno de los cuales, como hemos visto hasta aquí, enfrenta y sigue su propio camino, pleno de retos y obstáculos para poder seguir conservando ritos, ceremonias, sitios sagrados y conocimientos que hoy en día, ante la evidencia del cambio climático, adquieren otro valor e importancia estratégica. Si han logrado sobrevivir como pueblos originarios desde la conquista virreinal hasta hoy, es posible que encuentren también hoy en día la mejor manera de preservar su forma de ser y de obtener realmente el reconocimiento y respeto efectivo de instituciones y funcionarios en la construcción de una sociedad justa e incluyente, donde los pueblos puedan seguir cantando y realizando sus ceremonias tradicionales, habitando también el presente de una mejor manera.
[1] Profesor-investigador del INAH en Sonora, desde 1984 trabaja con los pueblos originarios de Sonora. Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[2] Al respecto se puede consultar la tesis de Macrina Restor Rodríguez, La influencia de las instituciones y programas gubernamentales en la división interna entre los yaquis de Sonora, 1970 (ENAH, 2007).
[3] Con respecto a la importancia de la resistencia de los yaquis frente al acueducto Independencia es de destacarse el peritaje antropológico realizado por el INAH, donde destaca entre otros el aporte de la fallecida doctora Raquel Padilla Ramos. Véase: Jiak Batwe: El río que suena, el río yaqui. Peritaje antropológico sobre el impacto social y cultural por la operación del acueducto Independencia. Rutas de Campo, No. 8 (INAH, 2016).
[4] Véase: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603578&fecha=27/10/2020. Recuperado en marzo de 2021.