Introducción
Entre octubre de 2011 y noviembre de 2014, sesionó en México el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), logrando acuerpar un proceso desde la base social donde cientos de comunidades en 23 entidades del país sistematizaron sus agravios relacionados con un telón de fondo bien delimitado: qué procesos se habían desatado a partir del libre comercio (reformas estructurales, tratados de libre comercio que les sirven de candados y de instrumentos de desvío del poder) y sus efectos concretos en la violencia, la impunidad y el socavamiento de los derechos de los pueblos. En un proceso autogestionario que implicó talleres, foros, preaudiencias y audiencias ante gente venida de fuera de la situación (o del país) para servir de espejo de los problemas, conflictos, agravios presentados por las poblaciones, se lograron ventilar 526 casos de todo tipo de situaciones, desde represión y asesinatos hasta la subordinación de los derechos ante los intereses económicos de las corporaciones, algo que el Tribunal Permanente ha insistido en resaltar al enfrentar al libre comercio.
Así, entre la gente que presentó sus casos en 5 preaudiencias, dos post-audiencias y 12 audiencias (más los 196 dictaminadores y los 85 jurados del TPP y con la participación de 430 organizaciones), se arribó a una sentencia final que es un diagnóstico muy puntual de la situación que en ese momento vivía México, y que sin lugar a dudas se ha seguido recrudeciendo desde entonces. No por nada, a esa sentencia final del Tribunal en 2014 se le agregaba el subtítulo A la sombra de Ayotzinapa, pues dos meses antes de la sesión final ocurría esa represión, matanza y desaparición de 43 estudiantes. Dicha sentencia es un análisis razonado de lo que con evidencias la gente reunió de las condiciones sufridas, de un modo estructural, sistémico, programado y de largo plazo, por lo que el Tribunal afirmó:
Los tratados de libre comercio forman parte de un entramado jurídico-político de dominación [...] Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social [...] Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y simultáneamente vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía. Un propósito central de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pueblos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace mucho, a través de diversos mecanismos.
Y antes, en la introducción, se insistió:
La agricultura tradicional y la soberanía alimentaria que existía antes de la firma del TLCAN fueron suplantadas por una reconstrucción deformada de una agricultura de exportación. México perdió la soberanía en la mayoría de sus áreas básicas: granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carne, alimentos procesados, etcétera. Hoy el país importa diez millones de toneladas de maíz, a la vez que subordina la nueva producción agropecuaria a los gustos del mercado estadounidense: hortalizas, ‘berries’, aguacates, frutas tropicales, marihuana, amapola, etc. Todos los programas de apoyo a la producción rural han sido desmantelados, así como las principales leyes que protegían la propiedad ejidal (colectiva) de la tierra, fomentando su privatización que avanza primordialmente en el centro del país. Aun así, la mayor parte de la propiedad rural de la tierra se mantiene en el norte y sur del país, en manos de propietarios colectivos que se resisten a registrar de forma privada sus tierras. Resulta simbólico en este contexto, la desaparición del ejido expresamente pedida por el TLCAN aun antes de su discusión y aprobación; y de la sustracción de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra comunal. De este modo se abre la puerta a la pérdida del uso colectivo de la tierra, principio y base fundamental de la organización social de México.
Por último, en su exposición de motivos, el Tribunal enfatizaba:
La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.
El derecho neoliberal tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder económico y político frente la eliminación de los ‘perdedores’. Además, se sustenta en la arquitectura de la impunidad construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del mismo.
El gobierno mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas ‘innecesarias’ o ‘superfluas’. Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia.[2]
Si mostramos íntegra la sentencia del Tribunal y no comentada o glosada es por la pertinencia que tiene el peso de sus palabras precisas. Es de ahí que es posible establecer una línea base a partir de la cual podamos entender el desmesurado crecimiento de la violencia, el acaparamiento de tierras, la sustitución de la agricultura campesina y las semillas nativas, el robo y contaminación del agua y el advenimiento de los invernaderos como un sinónimo de la presencia corporativa con un modelo anclado en el despojo, la reconversión del bosque, el monte, las milpas diversas en monocultivos de cereales u hortalizas, dependiente de plaguicidas, promotor de semillas hibridas y transgénicas, decidido defensor del modelo industrial.
Algunos botones de muestra respecto a la lógica de la agroindustria en México
A la agricultura de exportación no le importa nada salvo generar dividendos, y que puede disminuir sus costos pues cuenta con los principales subsidios del gobierno hacia la agricultura. Según testimonios se puede obtener por lo menos 196 mil por hectárea como subsidio, como lo comenta el productor David Gutiérrez Hernández a la revista Tierra Fértil.[3] Otras cuentas de la gente que labora en el terreno con comunidades campesinas de Jalisco nos hablan de hasta 400 mil pesos por hectárea de subsidio,[4] lo que contrasta con los subsidios o los pagos directos otorgados al campesinado en este sexenio que alcanzan apenas 60 mil pesos en un año por 2.5 ha, y cotejado con lo planteado por Ana de Ita siguiendo un estudio de Fox y Haight (de Ita, 2012). Resulta que los subsidios al sector agrícola distribuidos por el gobierno mexicano son sumamente regresivos, funcionando desde el TLCAN como un “proteccionismo selectivo” ya que los recursos destinados a fortalecer la producción, los apoyos directos al campo y los apoyos y servicios de comercialización agropecuaria, se concentran entre el 10% de los agricultores más grandes y relegan a los pequeños, en su mayoría campesinos, a los programas de beneficencia social. Estos autores concluyen que los subsidios destinados al sector rural son un factor determinante de la desigualdad en México (Fox y Haight, 2010).
Lo mismo afirmó el ex-Relator Especial para la Alimentación, Olivier de Schutter, en su declaración final del misión entre el 13 y el 20 de junio de 2011, poco antes que comenzara el Tribunal Permanente de los Pueblos:
Menos del 8% del gasto [del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable] se dirige a los programas agrícolas, en un país que cuenta con 80% de los agricultores con menos de cinco hectáreas [...] Las políticas agrícolas favorecen a los estados más ricos, a los municipios más ricos y a los productores locales más ricos. En 2005, los seis estados más pobres recibieron sólo el 7% del gasto público agrícola a pesar de que en ellos habita el 55% de la población en pobreza extrema (de Schutter, 2011).
Toda esta situación, afirma el documento de Demanda Colectiva presentada por el Capítulo México en 2011, es concomitante con el crecimiento urbano e industrial, que es excepcionalmente agresivo, que cada año incrementa su voracidad territorial y su metabolismo incontrolado, que sustrae recursos y aguas vitales de los campos, para sólo regresar desechos mayores, con todo tipo de venenos tóxicos en aires, aguas y tierras. A la sazón se expanden por doquier todo tipo de megaproyectos mineros, energéticos, hidrológicos, infraestructuras, plantaciones y mega granjas.[5] De acuerdo con el Colectivo por la Autonomía, el panorama coteja también con lo que se cuela en las asambleas, talleres y denuncias (Godoy, Robles y Sánchez, 2020):
[…] donde los campesinos identifican los efectos de la agroindustria promovida por ‘Jalisco, el Gigante Agroalimentario’: aumento de plagas y enfermedades, erosión de suelos, desabasto de agua, cambio de clima y múltiples afectaciones sociales. Por eso proponen hacer agroecología como una vía, como una caja de herramientas prácticas para volver a la agricultura tradicional, que en la concepción cíclica de la historia siempre está en el horizonte, sobre todo desde que este ataque inició con la Revolución Verde.
En el trabajo del Colectivo por la Autonomía, resalta la recuperación de las voces que desde los rincones del sur de Jalisco, aprisionado por estos modelos de agricultura, se plantea reiteradamente (Godoy, 2020):
El agronegocio arrebata, modifica e impone en toda la cadena alimentaria y sus procesos un nivel de toxicidad y contaminación nunca antes visto. Hasta el punto de vincularse a cadenas económicas criminales. En Michoacán transformó a comuneros en peones de la cañada y los valles, algunas veces forzados, en los campos de zarzamora, arándanos, fresa, aguacate, brócoli o papa. Todo diseñado en reuniones y programas de empresas y gobiernos.
Ya en el momento de que convocamos al Tribunal Permanente de los Pueblos insistíamos en que uno de los agravios que sufría la población mexicana era el de emprender reformas estructurales según los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otros organismos internacionales, convirtiéndolas en legislaciones que abren hueco para que las empresas puedan a su antojo despojar los territorios de la nación de recursos petrolíferos, mineros, acuíferos y apropiarse de más segmentos del sistema agroalimentario. Otro agravio que identificamos fue el de fomentar la agricultura industrial que atenta contra los medios de subsistencia de los pueblos y expulsa a sus campesinos hacia las ciudades o a la migración al extranjero, o peor aún a la delincuencia generalizada. Esto que parecería ser resultado de acuerdos legales y el estallido natural de una modernidad globalizada, para quienes decidimos convocar al TPP, es un claro indicio del sojuzgamiento de la legalidad y el derecho a manos de los intereses económicos, como ya apuntaba el tribunal en su sentencia.
En un taller que se realizó en Roma entre diferentes procesos del Tribunal Permanente de los Pueblos y otros Tribunales de conciencia nuestra presentación afirmaba:
Las corporaciones, junto con el Estado mexicano, atentan contra los entornos de subsistencia de los pueblos (sus territorios, con su tierra, agua, bosque y bienes comunes) y socavan sus medios de subsistencia con programas autoritarios de intensificación de cultivos y modos industriales de producción que propician el acaparamiento, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la privatización y contaminación del agua, la pérdida de semillas nativas, la criminalización de su custodia y su intercambio mientras se imponen semillas de laboratorio. Promueven los agrotóxicos con su cauda de muerte, propician la expulsión de las poblaciones y la devastación ulterior a manos de proyectos extractivos como la minería, el petróleo y la bioprospección. Inundan con basura las comunidades, y promueven la urbanización sin miramientos mediante vías rápidas, desarrollos inmobiliarios y turísticos, y la desaparición de especies endémicas.[6]
Un círculo vicioso de la agroindustria que provoca destrucciones en cascada
A todo lo largo del proceso del Tribunal, en las diferentes audiencias con sus preaudiencias, sobre todo las vinculadas con la Devastación Ambiental y al Maíz, la Soberanía Alimentaria y el Territorio, las comunidades fueron desgranando los agravios y realizando diagnósticos muy puntuales de las afectaciones locales que siguen tendencias mundiales concretas. En la Preaudiencia de Cherán, en Michoacán, la gente se quejaba de la expropiación de tierras para cultivos intensivos de productos para la exportación, aumentando con gran rapidez las actividades relativas al cultivo del aguacate, la fresa, la frambuesa y otras similares. La gente destacaba la expropiación de tierras indígenas y el cambio de uso del suelo de agricultura tradicional a agricultura industrial, el uso de pesticidas altamente peligrosos —prohibidos en otros países, pero considerados legales en México— y sus consecuentes impactos en la salud de los trabajadores agrícolas, entre los que se incluyen mujeres embarazadas y niños, y la contaminación intensiva de las fuentes de agua de amplios sectores de la población, sin olvidar la deforestación de los bosques de la entidad. También se denunciaba la complicidad de los tres niveles de gobierno, que resulta en la impunidad de la que gozan las compañías locales, nacionales y transnacionales involucradas en el robo de tierras indígenas con el fin de establecer cultivos industriales de aguacate, su producción y distribución en el mercado internacional generando los impactos negativos mencionados.
Todo esto, mientras se obstaculizan los procesos administrativos agrarios para la legalización de la tierra y se solapan las invasiones, el despojo de los bienes comunales como la tierra, el bosque, la destrucción de las relaciones culturales y ancestrales de los pueblos para las cuales el territorio es base principal de su desarrollo y supervivencia. Por si fuera poco: “Se han permitido políticas agrarias nacionales e internacionales que debilitan la agricultura tradicional y favorecen la importación de productos básicos para la alimentación antes producidos localmente”.[7]
Y de las preaudiencias locales, articuladas en sus agravios con otros núcleos de comunidades sistematizadoras, se pasó a las audiencias a nivel nacional, y se cotejaban las inercias y los desvíos concretos de poder. Así:
El sufrimiento de las comunidades no ocurre aleatoriamente sino sobre una base cada vez más sistemática desde la firma del TLCAN. La contaminación industrial del agua por la minería, el petróleo y la agricultura industrial se extiende en una escala masiva mientras los ríos son apresados para transferir, a través de ductos gigantes, el agua dulce de las tierras campesinas dedicadas a la producción de alimentos hacia las mega-ciudades para la producción industrial.
Existe la certeza de que esto viene acompañado por el hostigamiento, la represión, el encarcelamiento, el asesinato o la desaparición de cualquier gente que se resista a esta lógica donde la imposición de agroindustria e industrias pesadas son la invasión con despojo y devastación que busca imponer una lógica urbana en el campo:
El nuevo diseño de uso de los suelos ignoró áreas protegidas, territorios indígenas, zonas de producción de alimentos, sitios de importancia histórica y cultural para imponer usos intensivos y extractivos en beneficio mercados externos. De esto dan cuenta las presentaciones sobre preaudiencias regionales de las zonas oriente del Estado de México, de Michoacán, Morelos, Valle de Lerma, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y Veracruz.[8]
Es ominoso que esto sea provocado por una de tantas políticas decididas por las reformas estructurales a las que los tratados de libre comercio le ponen candados. Mucho de estos invernaderos comenzaron como parte del programa Nueva Visión en la Agricultura, iniciativa de 2009 del Foro Económico Mundial (FEM) e implica a 31 de las compañías socias de FEM que son parte de la industria alimentaria, ya sea en la agricultura, el procesamiento de alimentos o la venta directa. Noventa por ciento de estas compañías son de Estados Unidos y Europa. Ninguna de ellas es de China, Brasil, Japón, Corea, Tailandia o África del Sur, países que también son sede de grandes corporaciones productoras de alimentos.[9] Tales proyectos intentan integrar verticalmente cadenas de distribución de materias primas agrícolas, creando dependencia entre los campesinos hacia las corporaciones con quienes firman contratos en condiciones difíciles de cumplir.
En México, todos esos programas se llamaron VIDA en el sexenio de Enrique Peña Nieto (Nueva Visión para el Desarrollo Alimentario). Desde entonces, fue José Calzada el secretario de Agricultura (la Sagarpa de aquel tiempo), quien le dio VIDA a muchos de los proyectos agrícolas que promueve ahora también Víctor Villalobos, actual titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), de quien se dice que ya aconsejaba tales directrices. Decía en entrevista el otrora secretario Calzada: “Anteriormente México invertía mucho en apoyar la agricultura ‘muy tradicional’, mientras que ahora la mayor parte del presupuesto va para el apoyo tecnológico: construcción de invernaderos e infraestructura de alta tecnología” (Thompson, 2016). Para Calzada todo este surgimiento hortícola iba aparejado con el milagro de los alimentos procesados. En ese momento las ganancias por exportaciones hortícolas habían sobrepasado los ingresos por petróleo, como también las entradas en la industria de alimentos procesados. [10] Decía GRAIN (2017):
Los alimentos procesados y las exportaciones de cultivos hortícolas están transformando la agricultura mexicana, con la producción de materias primas agrícolas como almidón, harinas, almíbar de maíz alto en fructosa y aceites comestibles por un lado, y los cultivos en invernadero, como berries, brócoli, pepino, tomates y otros. Los campesinos están siendo empujados hacia estos sistemas, pero los beneficios se acumulan en las grandes corporaciones de agronegocios y en un modelo de producción basado en químicos, semillas híbridas, mecanización, ambientes altamente tecnificados y contratos que obligan a los productores a vender exclusivamente a las corporaciones.
Este cambio también requiere el desplazamiento masivo de jóvenes mexicanos para trabajar como mano de obra en las fincas de las corporaciones: Necesitamos mucha gente joven. Muchos dejan los campos por las ciudades. […] Tenemos 25 millones de personas en las áreas rurales y 7 millones trabajan en los campos (Thompson, 2016).
Pero este sistema de trabajo se parece mucho a una esclavitud en muchos aspectos; condiciones que han originado numerosas protestas de parte de los trabajadores agrícolas a lo largo de los dos últimos años.
De regresar a los jóvenes al campo, lo real es que los hunden en invernaderos a cuarenta y tantos grados, llenos de agroquímicos: trece, catorce horas. Y en esas horas sufren todas las vejaciones posibles para abaratar lo más que se pueda la producción de berries con las que van presumiendo por el mundo entero. Berries y brócoli, jitomates y pepinos, espárragos y otras hortalizas de las cuales somos de los diez principales productores y exportadores.
No sorprende que poco hayamos escuchado la palabra “comida”, o “alimentos”. Siempre se dijo: “22 mil 900 millones de dólares representaron las ventas al mercado estadunidense. Exportamos 60 millones diarios a EUA. En 2015 el país produjo 26 mil 600 millones de dólares en exportaciones agrícolas [sobre todo hortícolas y procedentes de los invernaderos]” (Thompson, 2016). Ahora en 2021 el incremento es muy claro. Según una nota de El economista:
Las exportaciones agrícolas de México a Estados Unidos sumarán 29 mil 500 millones de dólares en el año fiscal 2021 (concluido el 30 de septiembre de este año), lo que implicaría un alza de 0.3% interanual y un récord, de acuerdo con previsiones del Departamento de Agricultura (USDA). A su vez, las exportaciones agrícolas estadunidenses al mercado mexicano totalizarían 19 mil 500 millones de dólares en ese mismo año, un aumento interanual de 8%, también un máximo histórico. Con ello, México registraría un superávit de 10 mil millones de dólares en la balanza comercial de este sector […] México es el primer proveedor de productos agrícolas a Estados Unidos.[11]
Esto es un auge que podría hacer pensar que México encontró su camino para hacerse de divisas con la agricultura industrial, lo que es en principio cierto, pero que no refleja los enormes costos, las vejaciones, la precariedad ya mencionada y el envenenamiento general que conlleva este modelo industrial. Como bien señalan Evangelina Robles y José Godoy del Colectivo por la Autonomía (2020):
Todo el tiempo insisten en que están modernizando el campo, sacándolo de la agricultura arcaica poco rentable, y que ahora el campo es un negocio, muy productivo; que optimizan los recursos y que generan empleos. La triste realidad es que sacando cuentas el verdadero negocio es el subsidio (de acuerdo a testimonios en la zona, 400 mil pesos por hectárea) y una economía paralela que no se toma en cuenta, pues mucha de la tierra fue producto del despojo directo, pues se fueron sobre el bosque y el monte a la mala, se robaron el agua, y además tienen una mano de obra semi-esclava o directamente sometida a la esclavitud.
Esto, que comenzó con el aguacate y luego desarrolló a partir del know-how michoacano de la fresa toda la tecnología de los invernaderos, de algún modo homogeniza además los modos diferentes, diversos de trabajar y producir cultivos particulares que ahora se estandarizan. Lo cierto es que resulta que la ganancia es el subsidio. Si no fuera por esto, sus rendimientos no serían muy distintos de los despreciados agricultores de maíz industrial.[12]
Tal vez la preaudiencia que mayores relaciones afloró, al hacer legible el metabolismo y la telaraña de la agroindustria en su despojo, devastación, expulsión, contaminación, fragmentación, homogenización es la preaudiencia Territorialidad, subsistencia y vida digna celebrada en San Isidro, Jalisco, en el territorio de un ejido en lucha contra tres gigantes industriales de verdaderas ciudades de invernaderos: Nutrilite, un campo experimental de Monsanto-Bayer, y los llamados Bioparques, todo un conglomerado de invernaderos que cumple con todos los agravantes y que de algún modo han robado la posibilidad de ejercer la vida en los términos en que las comunidades anhelan cuando reivindican su autonomía. Decían los organizadores en su acusación:
Las corporaciones (reforzadas por las políticas neoliberales y dotadas de instrumentos gubernamentales de maniobra, como los tratados de libre comercio que legalizan y potencian estas políticas y las tornan inamovibles), han intentado arrancarnos de nuestras fuentes de subsistencia —de la tierra, el agua, los bosques, las semillas—, es decir, de nuestro territorio. Nos erosionan y nos arrebatan los medios de subsistencia (nuestras estrategias y saberes) con los que las comunidades logramos por siglos buscar y defender nuestro centro de referencia, nuestra vida, nuestra historia, la justicia y nuestro destino como comunidades y pueblos.
La gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad adquirida de los expulsados. La gente que es expulsada, engrosa el ejército de obreros precarizados, aumenta la población urbana y el crecimiento de las ciudades con sus problemas, mientras los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.
Todo esta destrucción hace imposible resolver por medios propios el sustento y cuidado de la vida individual y colectiva —y su transformación hacia un futuro abierto, justo y digno.
Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos.[13]
Los dictaminadores de esta preaudiencia del TPP concluyeron: quisiéramos lanzar una advertencia: “Si México pierde la guerra contra la subsistencia, los campesinos descampesinizados se agregarían a una masa desposeída vulnerable a toda suerte de manipulaciones y cautiva de quienes les otorgaría los medios de una miserable supervivencia”.[14]
La realidad del gigante agroindustrial son los conglomerados de invernaderos, verdaderas ciudades expandidas sobre enormes terrenos (en muchos casos acaparados con engaños o por la fuerza) o de galpones industriales con crías de pollos y chanchos, para imponer ahí un universo paralelo donde en la capa más superficial las condiciones son precarias y la explotación es rampante pero podría parece casi normal. En las capas intermedias la precarización laboral es mayor y puede incluso haber situaciones de gran riesgo para trabajadoras y trabajadores, la temperatura es insoportable, la profusión de agroquímicos es también altamente tóxica, pero de algún modo la gente sobrevive del trabajo infame. En el fondo más oculto por estas capas de cebolla hay casos documentados de gente que vivía esclavizada sin ningún miramiento, como lo confirman los casos de 2012-2013 de familias que se escaparon de alguno de esos infiernos.
Las comunidades que en la región sufren los acaparamientos, los diversos robos de grandes extensiones de tierra defendida todavía mediante una resistencia muy justa y muy digna, con grandes sacrificios de familias enteras que tienen que convivir con estos sitios de infamia. A nivel nacional, los sucesivos secretarios de Agricultura han sido muy arrogantes en presumir los nuevos desarrollos de esta industria de invernaderos y granjas fabriles. Ya en las demandas al Tribunal Permanente de los Pueblos se reportaban estos agravios:
Esta prosperidad empresarial no implica ningún goteo de riqueza para los nuevos millones de proletarios o trabajadores rurales mexicanos. Por el contrario, resulta cada vez más inocultable el modus operandi con que grandes capitales estadounidenses y mexicanos se dedican a la súper-explotación intensiva de los jornaleros (especialmente del trabajo infantil, femenino e indígena), y al trabajo que se efectúa bajo condiciones de alta contaminación con pesticidas (dentro y fuera de invernaderos). Trabajo al cual están encadenados en México, por lo menos, dos millones de jornaleros agrícolas; algunos de los que padecen condiciones de franca esclavitud. Condición de ignominia que eventualmente se ventila en algunos medios de algunos estados de la república como Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas y el estado de México.[15]
Por si fuera poco, el sistema agroindustrial, de monocultivos, en grandes extensiones o invernaderos, busca agregarle más pasos a la cadena pues lo cultivado se transporta, se lava, casi todo se empaca, se estiba en bodegas, se almacena, se refrigera, y todo eso va contribuyendo a agregarle valor y al mismo tiempo va haciendo que la gente se disgregue de las actividades que antes ocurrían en los circuitos cortos del mercado de producción, intercambio o comercio. Antes la gente se implicaba en todo el proceso que se resolvía en circuitos cortos. La gente que cultivaba, cosechaba pero también almacenaba y emprendía los cuidados para preparar los alimentos para su trueque o venta. Ahora todo tiene que ver con un trasiego incluso internacional. Hay casos de camarones producidos en costas europeas que se llevaban a África a lavar, descascarar y empacar y regresaban para venderse tres veces más caros pues le agregaban el transporte de un lado a otro, más la refrigeración, el congelamiento, para que el camarón estuviera bueno. Se debería hacer un estudio de cómo circula la mercancía por todo el planeta y cómo va y viene la materia prima para la producción de los alimentos procesados.
El círculo vicioso de la agroindustria acapara la tierra, deforesta, cambia el uso del suelo, impone paquetes tecnológicos de semillas y agrotóxicos, impone criterios, normas estándares, reglas y contratos, pero también métodos de trabajo y desprecio de los saberes hasta terminar expulsando a la gente por desplomar las condiciones en que las comunidades pudieran hacer rentable su actividad. Provoca gases con efecto de invernadero con la deforestación y el transporte, la refrigeración y el almacenado, y después con el procesamiento que es la otra pata de las exportaciones mexicanas (Ver la figura: El círculo vicio de la agroindustria).
Femsa-Cocacola, por ejemplo, decidió impulsar la venta de alimentos procesados mediante tiendas de conveniencia y entrar al mundo de la toma de las esquinas. Competir y desplazar a los estanquillos para establecerse. Si Pepsi es la gran promotora de frituras de maíz, panadería y otras comidas chatarras, Femsa planteó distribuir, colarse cuadra por cuadra. Se inaugura un Oxxo cada ocho horas, tres al día, hasta totalizar unos 16-18 mil tiendas tan sólo en México el país. (Por cada Oxxo que se inaugura se destruyen cinco estanquillos o misceláneas. Esos Oxxo están imponiendo la disponibilidad de ciertos alimentos, imponen una manera de comer (GRAIN, 2018).
Así, lo que se despoja no es sólo de la tierra, sino la vida que tiene relación con esa tierra. Cualquier acaparamiento implica una devastación de los saberes locales, de los tejidos sociales que hacían posible una subsistencia sustentable y una reproducción plena de las poblaciones que pierden sus tierras (sus territorios). Implica migración, y puede implicar dislocación de cultivos y por tanto de la economía, lo que contribuye al borroneo de los Estados y de su aparato jurídico en ciertos rubros concretos pero cada vez más extendidos. Los acaparadores esperan que los gobiernos que entregan, venden o arriendan tierras repriman, de ser necesario, en nombre de los consorcios o los países extranjeros acaparadores.
Finalmente la violencia se instala, y en diversos casos lo que tiene que ver con el narco y los sicariatos son modos de imponer agriculturas industriales que por un lado tiene cultivos y por otro lado mantienen cultivos ilegales en connivencia. Y reciben los apoyos.
La gente huye a las ciudades. La urbanización salvaje es muy tremenda porque el crecimiento de la ciudad fue provocado por todos esos que llegaron expulsados. Al crecer la ciudad, crecen sus requisitos, sus necesidades y entonces la ciudad se agranda más y más y hacia al campo y rompe de nuevo los tejidos comunitarios, agrícolas y rurales y entonces, viene un nuevo ciclo de acaparamiento de tierras. Un ciclo campo-ciudad cuyo metabolismo es muy nocivo. Es la ruptura del equilibrio entre campo y ciudad.
Lo realmente nocivo son esos sistemas capitalistas, corporativos, agroindustriales, apalancados en una serie de instrumentos de poder, que son los tratados de libre comercio. No es posible reformar tales instrumentos que están sojuzgando las estructuras de derecho internacional, las estructuras nacionales de la ejecución misma del gobierno. Los TLC son instrumentos de desvío de poder. Son, casi directamente, una privatización del gobierno. Y si el gobierno se privatiza, obedece las reglas de la iniciativa privada, tiene tribunales que no son los tribunales que se eligieron digamos de una manera democrática. Todo está amañado. El extremo es que un inversionista pueda tener el mismo estatus de litigante que un Estado, que un gobierno (Massarini y Carrasco, 2016). Los mecanismos de resolución o de arbitraje de conflictos entre inversionistas y Estados nos demuestran que los TLC están siendo instrumentos de desvío de poder que le abren margen de maniobra de las corporaciones y le cierran la posibilidad de defenderse legalmente a la gente.
A contrapelo, en México sobre todo las comunidades originarias (y los movimientos que de ellas se derivan), tejen y destejen en una brega cotidiana mientras ejercen luchas indispensables, luchas impostergables, inevitables (que guardan en su fertilidad un futuro que tarde o temprano asomará). Éstas no son luchas emprendidas en obediencia a un deber definido unilateralmente por un grupo, líder, partido o sector, sino que son las luchas que no puedes dejar de atender porque afectan centralmente todo lo que eres, lo que es tu comunidad, tu región, tu localidad, en su ser territorial más inmediato. En esas luchas se va la vida o su sentido más diáfano para comunidades y personas.
Tal actuar, que se multiplica y abarca regiones de todo el país, de frontera a frontera, no es mirado ni siquiera por serios compañeros de lucha. El ataque es brutal, y parece avasallante, pero la gente de las comunidades se defiende con una entereza y un cariño más que sorprendentes. Y sus logros comienzan al dejarse de juzgar con los criterios de quienes les deshabilitan y les buscan sojuzgar.[16]
Bibliografía
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- de Schutter, Olivier (2011) Declaración final de la misión a México del 13 a 20 de junio de 2011, Ciudad de México, 20 de junio de 2011, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/primera-visita-a-mexico-del-relator-especial-de-la-onu-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion/ . Recuperado en abril de 2021.
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- Massarini, Alicia y Andrés Carrasco (2016) Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, México: Ed. Ítaca.
- Ornelas, Sergio (2016) “Inside Mexico processed food industry”, en: MexicoNow, No. 79. Disponible en: http://www.mexico-now.com/index.php/past-issues/27-mexiconow-issue-79. Recuperado en abril de 2021.
- Redacción (2017) “Cuánto cuesta producir una hectárea de arándano”, en: Tierra Fértil. Disponible en línea: https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-producir-una-hectarea-de-arandano/. Recuperado en abril de 2021.
- Thompson, Thad (2016) “Food exports surpass oil for Mexico”, en: The Produce News, No. 11. Disponible en: http://www.theproducenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/18727-food-exports-surpass-oil-for-mexico. Recuperado en abril de 2021.
[1] Integrante de GRAIN. Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[2] Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (2011-2014), “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, sentencia final, apartado 3.2. ‘Las transformaciones neoliberales en México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte’”, México, 12-15 de noviembre de 2014.
[3] El señor Gutiérrez afirma: “El costo de cultivar una hectárea de arándano es de: 672,800.00 pesos con subsidio para compra de planta. Sin subsidio aumenta a 868,800 pesos” (Tierra Fértil, 2017).
[4] Comunicación personal con José Godoy y Evangelina Robles del Colectivo Coa, 24 de mayo de 2021.
[5] Ver: Demanda colectiva que el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos presentó en la Audiencia General Introductoria de Ciudad Juárez en 2012: https://issuu.com/cencos/docs/cencos.org.
[6] Presentación de la Secretaría Operativa del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en un seminario de la Fundación Lelio Basso en el taller sobre tribunales de conciencia organizado en septiembre de 2013 donde se cotejaron avances del Tribunal en varios países en México a partir de las preaudiencias de Cherán, 9 de noviembre de 2012; Tepoztlán, 24 de noviembre de 2012; San Isidro, Jalisco, 28-30 de junio de 2013.
[7] Preaudiencia sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el estado de Michoacán, San Francisco Cherán, Michoacán, 9 de noviembre de 2012.
[8] Tribunal permanente de los Pueblos. Dictamen de la Segunda Audiencia Temática, Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, 15-17 noviembre de 2013.
[9] La lista de compañías está disponible en: https://www.weforum.org/projects/new-vision-for-agriculture/
[10] México es uno de los diez más importantes exportadores de alimentos procesados.
[11] Ver: El economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Estados-Unidos-ve-compras-record-de-agro-productos-de-Mexico-en-2021-20210105-0100.html; La república.co: https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-espera-cifras-record-en-compra-de-agro-productos-de-mexico-durante-2021-3108367#:~:text=Las%20exportaciones%20agr%C3%ADcolas%20de%20M%C3%A9xico,Departamento%20de%20Agricultura%20(USDA). Ver también: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Superavit-agro-de-Mexico-con-EU-en-record-20200824-0004.html
[12] Comunicación personal con Evangelina Robles y José Godoy, 24 de mayo de 2021, que saldrá publicada como un texto en un cuaderno del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, por publicar.
[13] Acusación particular de la Preaudiencia, Territorialidad, subsistencia y vida digna, San Isidro, municipio de san Gabriel, Jalisco, 28-30 de junio de 2013.
[14] Tribunal Permanente de los Pueblos Dictamen de la preaudiencia Territorialidad, subsistencia y vida digna, 28-30 de junio.
[15] Ver: “El liderazgo de la rama agropecuaria y pesquera”, en: https://issuu.com/cencos/docs/cencos.org.
[16] Ver: “Las luchas impostergables”, Ojarasca, 8 de junio de 2018: https://ojarasca.jornada.com.mx/2018/06/08/las-luchas-impostergables-5169.html.