DEAS-INAH
Ya había tenido conocimiento sobre la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante los sismos de 1985. Si bien en algunas conversaciones con los compañeros de mi centro de trabajo -la Dirección de Etnología y Antropología Social- se había tocado el tema, esa experiencia compartida adquirió especial relevancia a partir de los sismos de 2017. El interés por indagar en ese momento de la historia de nuestra Institución surgió a partir de mi participación como voluntaria y después como parte de las brigadas formadas por la Coordinación Nacional de Antropología, y se acrecentó cuando tuve la oportunidad de conocer algunos de los documentos generados por la Comisión Interdisciplinaria que se formó en el Instituto durante los terremotos de 1985.[2]
Parto del principio de que saber sobre lo que sucedió entonces tiene un valor en sí mismo en cuanto al necesario conocimiento de nuestra historia, y adquiere un valor adicional si convenimos con la idea de que la memoria no sólo arroja luz sobre lo que pasó, sino también traza rutas en el horizonte. Bajo esa doble perspectiva, léanse estas notas como un primer ensayo de una investigación que apenas comienza, las cuales escribo desde una perspectiva antropológica y desde la DEAS. Junto con esta aclaración es importante advertir que estas notas se derivan de una mirada entre otras posibles, ya que sabemos que el Instituto es diverso e implica una correlación de fuerzas en el interior, en el cual convergen no sólo distintas disciplinas sino también posiciones ideológicas en cuanto al papel del INAH frente al Estado y la Nación.
San Gregorio Atlapulco posterior al sismo de 19 de septimbre de 2017
¿Qué paso en 1985?
A través de los documentos que se generaron por parte de la Comisión interdisciplinaria para investigar el impacto social del sismo es posible entrever una parte del papel del INAH ante el siniestro de 1985.[3] Entre el 1 y 31 de octubre esta Comisión desarrolló un proyecto para la reconstrucción del Centro Histórico de la Ciudad de México que da cuenta no sólo de la perspectiva de los investigadores y arquitectos sobre la conservación del patrimonio, sino también de la razón social del Instituto en contextos de desastre.
Si bien la Comisión Coordinadora, conformada por Ma. Elena Morales, Marco Aurelio Ramírez, Juan Luis Sariego, Augusto Urteaga y Leticia Reina llegó a declarar “A casi a un mes del sismo, todavía no sabemos qué pasó”, es posible constatar que en menos de un mes se elaboró un proyecto de largo alcance. Con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se buscó garantizar la participación del Instituto en la Comisión de Reconstrucción Nacional en lo concerniente a la conservación, restauración, protección y uso social de las zonas y monumentos históricos. De manera conjunta, se proyectó una investigación antropológica-histórica y urbanística (documento inicial) con una perspectiva interdisciplinaria y con un alcance interinstitucional.
En ese contexto, desde un primer momento se problematizó la marginación del Instituto y el riesgo de que otras dependencias intervinieran en el destino del patrimonio urbano-arquitectónico con fines de lucro y explotación (Documento inicial). Ante ese riesgo, se planteó la tarea de instrumentar una política de conservación protegiendo inmuebles y tomando en cuenta aspectos sociales y culturales (24 de octubre) con base en nueve objetivos (Documento inicial): 1) garantizar la protección de las zonas de monumentos del Centro Histórico, 2) participación del INAH en la reconstrucción, 3) reorientar la conservación con base en la Ley de Monumentos, 4) integrar a las organizaciones sociales, 5) protección del patrimonio por sus residentes, 6) apropiación por los residentes de su sentido histórico, 7) impulsar actividades culturales como complemento de la economía familiar, 8) capacitación en los sistemas constructivos tradicionales, 9) impulsar investigaciones antropológicas.
Previamente a estos objetivos, a pocos días del sismo se estableció como primera tarea la protección de los monumentos históricos sin perder de vista la necesidad de garantizar la permanencia de la población afectada en sus viviendas. Para ello se programó un diagnóstico general que conjuntara la problemática técnica y social (1 de octubre), el cual orientara la labor del Instituto en dos fases: en cuanto a las reparaciones urgentes y respecto a la rehabilitación de los inmuebles. Bajo esa perspectiva se proyectó un enfoque que fuera de una investigación extensiva a otra intensiva que lograra detectar características y problemas técnicos, sociales, jurídicos y políticos (24 de octubre).
Para ello se constituyó un procedimiento de trabajo: primeramente se programó que el lugar de encuentro de quienes participaran en las brigadas fuera el Museo Nacional de Antropología (1 de octubre.); desde el primer día y como primera tarea, la Comisión concentró y reprodujo toda aquella información que podía ser de utilidad, para que en días posteriores se organizara una unidad dedicada al proceso de codificación, así como otra de enlace. Se recibió el apoyo de diferentes dependencias del INAH; así, además de la Dirección de Etnología y Antropología Social y la Dirección de Estudios Históricos, destacó la participación de la Dirección de Monumentos Históricos y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Con la colaboración de aproximadamente 350 personas, se levantaron 3,092 encuestas entre el 25 y 29 de septiembre. La encuesta contempló tanto la condición de los inmuebles y sus habitantes del Centro Histórico y se reportó diariamente la demanda de servicios, alimentos, asesoría técnica, peritajes problemas jurídicos. En esos días se recuperó más de la mitad de la información programada y se contó con el apoyo de la Unidad Informática en su codificación.
Si bien habría que evaluar los alcances de este proyecto, es importante advertir que en el proceso se proyectó la formación de grupos responsables con un arquitecto e investigador social a su cargo y cursos breves de capacitación para las brigadas multidisciplinarias. Con la incorporación de personal administrativo, técnico y manual se consideró también la formación de una Comisión de prensa y equipo de filmación y otra de Recursos Financieros.
De especial relevancia es que junto con las encuestas que dieran cuenta del estado de los inmuebles y sus habitantes, se proyectó un programa de rehabilitación integral de barrios y viviendas, con un antropólogo y arquitecto a cargo. Este programa se delimitó a edificios históricos con una función habitacional en el Centro Histórico y en la colonia Guerrero, abarcando así 19 inmuebles a partir de tres grupos: 1) Leandro Valle, 2) Torres Quintero, 3) Santa Ana Cuepopan.
Prototipos Esperanza, Fundación Slim. Foto de Eliana Acosta
Como trasfondo se plantearon aspectos fundamentales que darían lugar a una investigación en sí misma, pero que es pertinente advertir aquí. Además de la preocupación por reforzar la imagen del INAH ante la sociedad, es evidente el compromiso social de quienes se involucraron en este proyecto, lo cual se expresa de manera académica y política. En ese sentido es clave la conceptualización y la acción en torno a la vivienda popular y el patrimonio de la ciudad, de lo cual fue eje central el tema de las vecindades del Centro Histórico. De éstas, además de destacar que conformaban la base poblacional de los barrios antiguos, se proclamaron como alternativa de vivienda popular, la cual además de implicar formas de organización comunitaria constituyen una barrera ante el abuso del espacio urbano y el cambio de uso de suelo a favor de la especulación.
A la par de este programa se convocó a dos Foros, uno para tratar efectos del sismo y otro sobre urbanismo y problemas de reconstrucción, de los cuales habría que conocer sus resultados además de la información recabada en las encuestas.
Perspectivas y desafíos
Si bien a la luz del 85 y bajo la reciente experiencia de los sismos de 2017 se abren múltiples interrogantes en torno al papel del INAH ante desastres naturales y antropogénicos, quisiera centrarme aquí en las funciones del Instituto con base en la Ley Orgánica en el marco de la Secretaría de Cultura.
Para empezar, es importante distinguir diferencias sustanciales entre los siniestros de 1985 y 2017. Una fundamental es la extensión geográfica y el grado del daño sobre el patrimonio cultural, pues aun cuando en 1985 las pérdidas humanas y de inmuebles fueron cuantiosas, se concentraron en la Ciudad de México, mientras que los estragos de los sismos de septiembre de 2017 se extendieron en varios estados del país. En ese sentido, las acciones del Instituto en el primer caso se pudieron concentrar y coordinar en un espacio, el Centro Histórico de la Ciudad de México; en cambio, en el segundo, las labores del INAH tuvieron que multiplicarse y diseminarse en diversos espacios geográficos.
Esta distinción fundamental no sólo facilitó la coordinación en 1985, sino también, hizo posible que investigadores del INAH de distintas Direcciones y Escuelas plantearan un proyecto a las autoridades de corto y largo alcance. En cambio, en 2017, desde las autoridades se plantearon tareas sobre todo inmediatas y con limitada coordinación entre diferentes instancias del INAH. Aunado a ello es notable otra diferencia: la perspectiva política vinculada al enfoque académico. Mientras que en 1985, junto con una conceptualización en torno al patrimonio cultural se formulaban acciones en defensa de la vivienda popular, en 2017, sin ninguna perspectiva política de ese tipo, y más bien centrada en un abordaje meramente técnico, las acciones estuvieron encaminadas a dos tareas sustantivas: al registro de los inmuebles dañados para aplicar el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Seguro del INAH y, desde la Coordinación Nacional de Antropología, a la elaboración de un Protocolo integral para futuros siniestros.
En 2017, después de acciones individuales o a partir de la participación en brigadas formadas desde la Coordinación Nacional de Antropología o el Sindicato Nacional de Investigadores, fueron significativos dos momentos. Por un lado está el mensaje dado a conocer el 27 de septiembre de 2017 a la comunidad del INAH por su director Diego Prieto, en el cual aludió a las secuelas del sismo acontecido ocho días antes. Habló del cuidado, estudio, protección, divulgación y fortalecimiento del patrimonio cultural de México y del papel que debe jugar la institución ante los daños que ha sufrido. En ese tenor, especificó la importante tarea de concretar el censo de los inmuebles afectados y de su subsecuente restauración.
San Gregorio de pie después del sismo. Foto de Eliana Acosta
Otro momento fue la Convocatoria a formar Brigadas multidisciplinarias en la reunión llevada a cabo el viernes 13 de octubre y convocada por la Coordinación Nacional de Antropología. Con la presencia de las autoridades de la misma Coordinación y de la Secretaría Técnica, Aída Castilleja, junto con una restauradora y un arquitecto, además de la participación de los brigadistas, se hizo un primer diagnóstico del impacto de los sismos sobre el patrimonio del país.
Sin cuestionar como tarea sustantiva del Instituto la conservación y la restauración, para algunos investigadores era importante también subrayar la perspectiva antropológica y abarcar el “uso social” del patrimonio y los pueblos y los grupos sociales más allá del estado de los inmuebles, tal cual se encuentran suscritos en la Ley Orgánica.[4] Esa preocupación se vio orientada a la elaboración de un protocolo para eventuales siniestros, pero quedó trunca la formación y continuidad de brigadas multidisciplinarias y a su vez las acciones de los brigadistas quedaron sin coordinación.
Si bien la Coordinación Nacional de Antropología a raíz de los sismos además del diseño de un protocolo de urgencia aprobó un proyecto al respecto nombrado “El quehacer antropológico del INAH frente a los desastres naturales” -en el cual participan activamente colegas del Instituto- los investigadores ya no fuimos convocados por las autoridades como brigadas multidisciplinarias. Este proyecto ha estado orientado a elaborar talleres para hacer frente a subsecuentes siniestros, lo cual es fundamental, sin embargo, también lo hubiera sido integrar brigadas en efecto interdisciplinarias que hicieran un seguimiento y acompañamiento con las comunidades en el proceso de reconstrucción.[5]
Sin menoscabo de la labor de los diversos especialistas quienes realizaron el inventario de las afectaciones a recintos culturales, edificios históricos, zonas arqueológicas y templos religiosos, y quienes hoy día están trabajando activamente en la restauración, la tarea y perspectiva del Instituto con base en su Ley Orgánica no tendría que limitarse a una visión patrimonial y monumental. Los antropólogos de manera coordinada con los otros especialistas podrían estar dando cuenta de la perspectiva de los afectados e impulsando su participación social en el proceso de reconstrucción.[6]
En ese sentido, quisiera terminar estas notas contrastando la labor de los colegas del INAH a propósito del sismo de 1985 y respecto al sismo de 2017. En el caso del sismo reciente, de 2017, el gobierno federal trazó una tarea al INAH: llevar a cabo protocolos de urgencia para responder Fonden y al Seguro del INAH. Sin embargo, no queda claro cuál fue la tarea que el Instituto planteó al gobierno federal desde la Secretaría de Cultura. Desde luego, sabemos que sus tareas han sido en torno a la restauración y conservación del patrimonio, pero queda sin respuesta cuál ha sido su participación y nivel de injerencia en la misma Secretaría y ante otras instancias frente a los intereses de las empresas constructoras y del mercado inmobiliario en el periodo posterior al sismo y ahora en un contexto electoral, por sólo poner un ejemplo.
No obstante, más allá de las autoridades, los investigadores no nos hemos organizado para demandar tanto información como participación. Y más aún, a diferencia de 1985, no logramos organizarnos para plantear desde la base un proyecto de restauración integral y con una visión política en un momento en el cual el patrimonio no sólo está en riesgo. Vivimos un proceso de despojo por múltiples embates e intereses y el país requiere de una ‘reconstrucción de raíz’ y, en ese camino, el Instituto Nacional de Antropología e Historia debería de jugar un papel central.
Referencias
- Comisión interdisciplinaria para investigar el impacto social del sismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Boletín de Información, 1 de octubre de 1985.
- Comisión interdisciplinaria para investigar el impacto social del sismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Documento inicial: conservación y restauración del patrimonio histórico, s/f
- Comisión interdisciplinaria para investigar el impacto social del sismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Plan Piloto: Proyecto de Autorestauración del Centro Histórico de la Ciudad de México, 14 de octubre de 1985.
- Comisión interdisciplinaria para investigar el impacto social del sismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México Plan Piloto: Proyecto de Autorestauración del Centro Histórico de la Ciudad de México, 31 de octubre de 1985.
- Comisión interdisciplinaria para investigar el impacto social del sismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México Programa Piloto de Conservación de la Vivienda en la Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de México, s/f
- Comisión interdisciplinaria para investigar el impacto social del sismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Proyecto de reconstrucción del Centro Histórico de la Ciudad de México, 8 de octubre de 1985.
- Corona Laura, Leonardo Vega y Eliana Acosta, “San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, después del 19 de septiembre 2017. Apuntes iniciales”, Rutas de Campo, (en proceso de publicación)
- Hersch, Paul, “Patrimonio cultural y participación social: una articulación imprescindible, Diario de Campo, Cuarta Época, No.2, Mayo-Agosto, 2017, pp. 7-26
- Instituto Nacional de Antropología e Historia: http://www.inah.gob.mx/sismo
- Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939 (Última reforma publicada DOF 17-12-2015).
[1] Agradezco a Mario García haberme proporcionado algunos de los documentos generados por la Comisión Interdisciplinaria que se formó en el INAH para investigar el impacto de los sismos de 1985. Tanto a él como a Ma. Elena Morales, Javier Guerrero y Teresa Mora les agradezco especialmente por compartir su experiencia durante ese proceso y hacerme partícipe de ese momento de la historia de la DEAS y del Instituto. Estoy convencida de que analizar esos documentos y, sobre todo, conocer de viva voz esa experiencia pueden sentar bases para pensar en posibilidades y construir alternativas frente a acontecimientos como los sismos y otros desastres.
[2] Junto con Laura Corona y Leonardo Vega conformamos la Brigada Ciudad de México. Nuestra labor se concentró en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, una de las partes más afectadas de la ciudad por el sismo de 2017. De nuestra participación en las brigadas se derivó el documento “San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, después del 19 de septiembre 2017. Apuntes iniciales” que se encuentra en proceso de publicación en Rutas de Campo.
[3] Es importante hacer esta aclaración, ya que la participación del Instituto fue amplia y diversa y por tanto, su historia debería de reconstruirse en colectivo retomando los múltiples puntos de vista. La mirada que ofrezco, por tanto, además de incipiente es parcial.
[4] En la Fracción VII del Artículo 2o se lee: “Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo”. Y en la Fracción X del mismo artículo se puntualiza: “Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país” (Ley Orgánica del INAH).
[5] A un año del sismo, los antropólogos que formamos las brigadas multidisciplinarias podríamos estar no sólo facilitando la gestión de la Institución, sino también dando cuenta del proceso de reconstrucción dede la perspectiva de los afectados. Un tema especialmente complejo además de las relaciones clientelares que han querido imponer las autoridades en los distintos niveles de gobierno, ha sido el privilegio del interés de las constructoras. En el caso de San Gregorio Atlapulco fue evidente el privilegio de la demolición sobre la reconstrucción; la mayor parte quería reconstruir sus casas, sin embargo, el apoyo económico exigüo para llevarlo a cabo, las orilló a demoler y tener que aceptar la donación de casas que han roto con el patrón de vivienda de la comunidad, las cuales además, han sido entregadas mal terminadas y defectuosas, como las otorgadas por Fundación Slim.
[6] Suscribo la preocupación de Paul Hersch (2017) al respecto quien en múltiples ocasiones nos ha convocado a pensar, junto con otros colegas, al patrimonio cultural en su integridad y de incluir la participación social en la labor del INAH. No basta con documentar es imperativo acompañar a los actores y desde nuestra Institución trabajar para el servicio del bien común.
