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10, Junio de 2012

La academia en el INAH: Entre el tope salarial y la zanahoria de los estímulos a la productividad

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La perspectiva histórica de los procesos actuales es siempre esencial en la comprensión de nuestro presente. Al reparar hoy en la génesis de los programas de estímulos al desempeño académico resulta pertinente pasar revista al contexto de su aparición.

Los salarios de los Investigadores y Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, “INAH”; están regulados por las “Condiciones Generales de Trabajo “CGT” (01 03 1977), tomando entonces como referencia los salarios y prestaciones del Instituto Politécnico Nacional, de conformidad con las Bases del 14 de diciembre de 1979.

El origen del documento regulador de las relaciones laborales entre el INAH y sus trabajadores, que es el de “Las Condiciones Generales de Trabajo del INAH”, se encuentra en la considerada en ese momento la igualdad fraterna habida entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que comparten actividades de Investigación, conservación, docencia y difusión de la cultura nacional. Esta igualdad laboral trajo como consecuencia una igualdad salarial escalafonaria que se perdió en el INAH al solicitar los presupuestos requeridos, por la negligencia de nuestros directores generales y por la debilidad de nuestra agrupación sindical para exigirlos.

Tras la represión del sindicalismo universitario de fines de los setenta, su reactivación cobró nuevos bríos y propició un debate nacional en el que intervino Guillermo Soberón, entonces rector de la UNAM, con la finalidad de contar con un mecanismo regulador de las relaciones de trabajo, lanzando como alternativa la incorporación del apartado C en el artículo 123 constitucional. Su contenido resultaba ser una traba para el reconocimiento de los sindicatos universitarios y para la paz en los campus, por lo que debía ser reformado. Los académicos habían cifrado sus expectativas en la vía sindical, a la cual dieron su respaldo. La reforma fue inevitable. Las reformas legislativas fueron atendidas a partir de 1980.

Así, un nuevo escenario laboral mediado por los sindicatos venía sacudiendo los viejos cimientos de la autonomía universitaria y de las jerarquías burocráticas y académicas. Suscitaba también nuevas preocupaciones en las esferas gubernamentales. La federalización de sindicatos universitarios iba en camino y, aunado a ella, la politización de los académicos desde la izquierda, afectando los canales tradicionales de reclutamiento de cuadros del PRI en el Estado. El saber crítico sobre la realidad nacional, continental y mundial tendía a afirmarse en las publicaciones universitarias y en los foros académicos nacionales e internacionales. Por esos tiempos, las jerarquías universitarias seguían un camino que se bifurcaba en dos direcciones: la del merito solventado por obras de calidad y de magisterio calificado y trascendente, y la de la burocracia universitaria.  Los posgrados se iban extendiendo pero su incidencia en la construcción de jerarquías académicas era relativa, si recordamos que había casi consenso en que era la producción en la investigación de calidad la que definía las distancias simbólicas entre investigadores o entre docentes.

El gobierno miraba más allá de la coyuntura; se veía en la necesidad de buscar una alternativa novedosa y seductora para disciplinar a la intelectualidad universitaria y dislocarla como base social  de los sindicatos, e ideológicamente de las izquierdas. Bajo ese contexto, se cribó el primer proyecto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a cargo de una comisión intersecretarial que debía tomar en cuenta las preocupaciones de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Programación y Presupuesto. Así, la inquietud del gobierno de López Portillo por el curso ascendente que iba tomando el sindicalismo universitario y por la ausencia de un mecanismo jurídico regulador válido para las Universidades públicas e instituciones de nivel superior resultaba lógica y urgente. El razonamiento, nunca hecho explícito, era que la oferta selectiva de la zanahoria debería ser más tentadora que el incremento salarial que resultase de las no siempre fáciles negociaciones sindicales con las autoridades universitarias. Una brecha se abriría en el campo académico entre quienes seguían entusiastas la imagen del bien limitado, que refiere Foster {tip ::El concepto de la imagen del bien limitado, formulado por Foster en 1965, pretendía caracterizar la relación entre escasez de bienes culturales, diferenciación social y prácticas de envidia y violencia simbólica. Autores más recientes, con algunos matices, utilizan el concepto en ámbitos burocráticos y académicos vinculados al arribismo y el ejercicio de la violencia simbólica vertical.}[1]{/tip}, y quienes optaban por la competencia, la ansiedad, la voracidad y la fragmentación del tejido social entre los pares.

Sin embargo, si el Proyecto de las Zanahorias Académicas no pudo ser lanzado durante la administración de López Portillo fue por la crisis económica y por la mayor atención política puesta a la reforma electoral. Finalmente, el 26 de julio de 1984, el Diario Oficial de la Federación publicó la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Su alcance fue limitado, por lo que gradualmente se fueron lanzando paralelamente los programas de estímulos a la productividad en las universidades e instituciones académicas.

El INAH fue el patito feo en este proceso. Llegó tarde y mal; el cuello de botella de su sistema podría ser exhibido en vitrina. Recordamos la febril mentalidad de uno de sus diseñadores, planteando que cada académico debería producir seis artículos científicos por año, y con ello, bien valdría el esfuerzo y serían premiados… siempre y cuando cumpliesen también con eficiencia productivista otros rubros. Cada dirección de especialidad, en coordinación con la Secretaría Técnica del Instituto definiría los términos y plazos de las convocatorias, fijaría las escalas o niveles y sancionaría el número limitado de becas que correspondiesen al área de investigación y de docencia.

Los años han pasado y la más reciente convocatoria para el bienio 2012-14 ha desnudado una vez más las excrecencias del proceso. La Dirección de la DEAS ha hecho gala de renunciar a los principios que le dieron origen y que están plasmados en su reglamento. En las evaluaciones ya no se garantiza, a través del ejercicio de sus dictaminadores la “libertad de investigación y expresión” consignada en esa disposición, especialmente cuando de compromisos sociales y de posiciones de izquierda se trata. Y la otrora postura complaciente con la descentralización del INAH es negada antidemocráticamente. La Dirección de la DEAS, en complicidad con la Secretaría Técnica, por omisión o comisión, ha excluido lisa y llanamente de la designación de dictaminadores a sus pares por pertenecer a centros regionales. Ha decidido también anular la sana opción de designar a investigadores eméritos y a dictaminadores externos, todos ellos no sujetos al mismo proceso evaluatorio, bajo un argumento pueril y vergonzoso: “es que no quieren”, “es que no pueden”.


Cortados por la misma tijera

De fondo, se ha abierto juego a una red capitalina que oficia de juez  y parte en la administración de este cuello de botella y de sus zanahorias de cuatro categorías. La violación de los términos públicos de la convocatoria en tiempo y forma, la libre interpretación a modo que ejercen los censores evaluatorios de los descriptores y el franco desconocimiento de las condiciones referenciales de la evaluación, aunado a burdos pero reiterados errores incluso de orden aritmético básico y de comprensión de textos, prueban que la tentación autoritaria ha calado en un sector minoritario de la DEAS, con la anuencia de la Secretaría Técnica y la Dirección General del INAH, a pesar de señalamientos críticos y propositivos, bianuales, presentados por investigadores como una cauda inevitable de cada proceso de evaluación.

Las cosas han llegado a un terreno incluso esquizofrénico o kafkiano, según sea la interpretación psicológica o literaria que se prefiera en ese teatro del absurdo que es el proceso de evaluación al que hay que someterse cada dos años ante la persistencia de los topes salariales dentro del INAH y la violación de las CGT, al no estar ya el INAH desde hace mucho en las condiciones de nuestros pares en la UNAM, el Politécnico y otros centros de investigación, como la UAM, que gozan de mejores prestaciones en este sentido.

De este modo, un hecho académico simple y cotidiano cualquiera tiene que ser demostrado cada vez con más documentos, que ingeniosamente se buscan cada bienio; así, por ejemplo, para comprobar que una ponencia fue presentada o un dictamen entregado, no basta con una lógica y escueta constancia: ahora hay que demostrar que hubo invitación de por medio, como si el académico se colara a los eventos y a las instituciones como aquel buen “gorrón” de la lírica del maestro Chava Flores, sin una convocatoria previa. Aun con papeles en mano, la sospecha prevalece y determina la tónica de todo el proceso. Los artículos de fondo, que pudieron ser textos de conferencias magistrales inaugurales o productos de serias investigaciones son trastocados mágicamente en “notas periodísticas” por el Tribunal de la Santa Inquisición instalado en la DEAS, presidido por la búsqueda exhaustiva de mecanismos para minimizar sistemáticamente los trabajos presentados. Pareciera que cada punto reconocido a los evaluados incrementase la angustia de los evaluadores. El rigor es trocado por la minucia, el género por la argucia, el contenido por el artilugio de la forma, al tiempo que se prescinde de brindar información elemental a los evaluados respecto a la “fundamentación” de las decisiones.

Por principio, se duda de todo y de todos, bajo la lógica que los investigadores son por naturaleza embaucadores académicos y haciendo gala de la conseja popular de que “el león cree que todos son de su condición”, hasta que no se demuestre lo contrario y de que es mejor cuidar el dinero de la patronal, que reconocer méritos y esfuerzos, sobre todo de aquellos con un nivel alto de productividad, pues en síntesis se trata de investigadores en evaluación que constituyen competidores de los mismos evaluadores, a vencer en la loca carrera del puntaje neoliberal.

Así, el camino a los estímulos-zanahorias, que debiera ser suplido por buenos salarios de base, se torna cada vez más difícil, enredoso y generador de conflictos; con resultados preliminares en los que se rasura con ligereza increíble la mitad de los puntos, con “fundados argumentos” como el lacónico “no procede”, “no corresponde”, o simplemente, dejándolos en blanco, lo cual, junto a la tardanza en la entrega de los resultados, al borde de los plazos, provocan apelaciones y contra impugnaciones que desgastan y enardecen los ánimos de quienes son juzgados -siempre a la baja- por personal que al parecer nada conoce de la disciplina del evaluado ni de su trayectoria, ni de sus publicaciones, pero que se encuentra por una temporada dotado con  un poder: el de la decisión sobre lo que constituye un alto porcentaje de las percepciones mensuales de los evaluados, que no siempre disponen del tiempo ni de la entraña suficiente para inconformarse formalmente con el proceso, pues la política de la Zanahoria Académica tiene otras entradas, como el desgaste en llenar formatos de uno y otro tipo, una y otra vez. Pocos recursos le costarían al INAH implementar  una base de datos curriculares de acuerdo a los criterios del RAPCEO, armonizando y articulando los procesos evaluatorios, pero la lógica es otra, la del desgaste y la distracción burocrática de su comunidad académica.

 

Evaluaos los unos a los otros

Así, desde hace ya algún tiempo y tal vez como parte de cierto proceso de incuria general por el que atraviesa la institución nacional encargada de cuidar nuestro patrimonio cultural –y cuidar implica conocer, estudiar, proteger, conservar, difundir-, esto es, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ha consolidado la estratagema neoliberal consistente en evadir incrementos salariales mediante procesos de evaluación atomizadores.  Y un punto crítico al respecto es que dichos programas prescinden de categorías fijas, haciendo que la productividad de unos afecte a la posibilidad de acceder a estímulos a otros. Es decir, en un toque genial del hado del individualismo, el investigador siempre será mejor recompensado o “estimulado”, a condición de que cuente con una productividad mayor que otros investigadores, lo que establece una vinculación dependiente a la inversa entre “pares” que permite, además, atomizar al cuerpo de investigadores y premiar la perspectiva privada del trabajo académico, concediendo nulo o poco valor al ejercicio de equipos de trabajo y, en particular, de manera grave para el momento de nuestro país, a las derivaciones sociales de ese trabajo.  La ingrata condición de evaluador es construida como efecto de esa estructura, al tiempo que los evaluables corren el riesgo de acabar entendiendo que el sentido esencial de su trabajo... consiste básicamente en la producción sistemática de evaluaciones. En tales condiciones, no sería inverosímil que pueda emitirse próximamente una convocatoria como la siguiente:

PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS A LA EVALUACIÓN

CONVOCATORIA 2013

Se notifica a todos los evaluadores interesados y a quienes aspiran a serlo, que ya se encuentra vigente la Convocatoria Institucional del nuevo Programa Nacional de Estímulos a la Evaluación.

Serán evaluados todos aquellos candidatos que cuenten con al menos 124,567 puntos, de acuerdo con el Catálogo de Virtudes Evaluatorias publicado en la página “evaluáoslosunosalosotros.com” de la Secretaría de la Evaluación Pública. Siguiendo los lineamientos de dicha entidad que se encuentran especificados en el apartado 123b “De cómo construir desencuentros gratuitos entre investigadores”, de la mencionada Secretaría, el Programa permitirá contar con un Cuerpo Especializado de Peritos Evaluadores de Servicio Civil Evaluatorio de Carrera. El Programa de Estímulos a la Evaluación se basa en el diseño de una estructura basada en méritos descalificatorios, que coloca a los evaluables, a los evaluados y a los evaluadores, así como a los devaluados, a los devaluadores y a los devaluables en condición de Competencia, ideal supremo que, como todos sabemos desde nuestra ya muy lejana infancia, constituye el valor referencial máximo que orienta toda producción y vinculación inter-académica y social.

Fecha de publicación: 2 de enero de 2013. Fecha límite de entrega de solicitudes: 31 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de respuestas a las autodevaluaciones: 18 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de apelaciones a las respuestas de las autodevaluaciones: 15 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de impugnaciones a las respuestas de las autodevaluaciones: 1 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de veredictos finales: 15 de noviembre de 2012.

 

Referencia:

Foster, George (1965), “La sociedad campesina y la imagen del bien limitado”, American

Anthropologist, 76: 293-315.

 


[1] El concepto de la imagen del bien limitado, formulado por Foster en 1965, pretendía caracterizar la relación entre escasez de bienes culturales, diferenciación social y prácticas de envidia y violencia simbólica. Autores más recientes, con algunos matices, utilizan el concepto en ámbitos burocráticos y académicos vinculados al arribismo y el ejercicio de la violencia simbólica vertical.

En el artículo “Haciendas y ríos”, Rafael Gutiérrez hace referencia

Comentarios   

0 #1 JulienneJuicy 17-07-2018 18:41
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