Número 68

36 se reproduce el orden semiótico con el que la hegemonía organiza la historia nacional, a tra- vés de un sistema ritualizado de la acción social. El museo aparece como complemento educa- cional que ordena la continuidad entre pasado y presente (García Canclini, 2016, p. 159), La conservación y celebración del patrimonio, su conocimiento y uso es una operación visual. Se genera una visión metafísica, ahistórica y romantizada del ser nacional, en donde las obras guardan los modelos estéticos y simbóli- cos de este grandioso pasado. Se genera además la idealización de un momento pasado propues- to como paradigma para el presente. De esta manera se configuran dos temporalidades que parecen antagónicas, por un lado un pasado sa- cro y por el otro, un presente profano (García Canclini, 2016, p. 187). Con lo mencionado anteriormente se puede observar la teatralización del patrimonio, el cual consiste en simular que hay un origen fundante que dirige el actuar de hoy, generando una ritua- lización cultural (García Canclini, 2016, p. 151). El patrimonio y la narrativa pretenden ser un re- flejo fiel de la nación. Así el Estado debe definir y delimitar la relación entre modernidad y pasado, en la cual se retoman elementos prehispánicos para reconstruir el pasado glorioso, el patrimo- nio legitimo excluye a comunidades y pueblos originarios (García Canclini, 2016, p. 155). El Estado recurre principalmente a los Museos de Historia y los Museos Nacionales para formar una identidad y un discurso propio. “Estos espa- cios acogen al visitante en su calidad de “pueblo” y ciudadano del Estado con el permanente deseo de establecer una sólida correspondencia con el presente” (León, 2010, p. 133). Las obras que es- tán exhibidas en los recintos museísticos además de mostrarse en sí, tienen otro valor de uso, el de ilustrar un relato específico que ha sido construi- do dentro de las instituciones oficiales. El museo nacional pretende ser el abarcador de la totalidad y busca volverse creíble por su ta- maño gigantesco y único (García Canclini, 2016, p. 171). La versión compacta de lo social que dan los museos nacionales es estratégica, armados me- diante una alianza fija entre tradición y moderni- dad. Al dramatizar sólo los mitos y la formación de colecciones apodícticamente constitutivas de la nacionalidad, no permiten que emerjan pregun- tas por la actual recomposición de la cultura y la sociedad (García Canclini, 2016, p. 332). El modernismo cultural ha dado el impulso y repertorio de símbolos para la construcción de la identidad nacional (García Canclini, 2016, p. 332). Los museos nacionales tienen el objetivo de crear una narración del tamaño de un país, por lo que caen en una peligrosa homogenización, con- virtiéndonos automáticamente a todos los que compartimos un territorio definido en bolivia- nos, colombianos, mexicanos, chilenos, etc. Den- tro de este discurso tan general no hay espacio para la diferencia, ni para lo que no corresponde. Los museos y los Estados en América Latina se apropian del trabajo, los símbolos y las his- torias de las grandes civilizaciones indígenas que son las raíces de cada país. En México se ha generado una exaltación ideológica de lo indio, lo cual ha mantenido el elemento indígena pre- sente en el ámbito público de nuestro país (Bon- fil Batalla, 1987). Sin embargo, a pesar de esta exaltación, durante décadas, las políticas públi- cas dirigidas a indígenas representaban más de- magogia que el fomento real para el desarrollo de comunidades indígenas. Bajo esta idea de ilustrar el pasado indígena, en 1964 el Estado mexicano extrajo de comu- nidades rurales sus grandes monolitos, como el Calendario Azteca y la deidad mexica Tlaloc, los cuales se encuentran en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Este despojo ni siquiera puede ser penado le- galmente pues fue el mismo aparato judicial que permitió a través de decretos que ambas piezas fueran removidas de su lugar de origen. La ley General de Bienes Nacionales establece “El patri- monio nacional se compone de bienes de domi- nio público y privado (…) Son bienes de dominio público Los monumentos históricos o artísticos, muebles e inmuebles, de propiedad federal, los monumentos arqueológicos muebles e inmue- bles” (Ley General de Bienes Nacionales, 1982).