Número 67

53 Y en el origen de ello, la misma autora destaca: …son comunes la corrupción y el intercambio de favores económicos y políti- cos entre élites gubernamentales y empresariales, dejando a un lado el interés colectivo. En ese contexto impera la impunidad, las instituciones y recursos del país son entregados a intereses privados legales e ilegales, todo eso en el marco de políticas públicas de desarrollo social y político, dejando a la mayoría de la población abandonada a su suerte… (2014: 108). En ese marco, se ha calculado que la cifra de asesinatos perpetrados a causa de la violencia por el narcotráfico o encubierta bajo ese rubro, sumó los 163,000 muertos entre 2006 y 2015, además de 480,000 de personas desplazadas ( Proceso , 2013; Mendoza y Navarro, 2015; Centro Nacional de Información, en Estévez, 2015); al respecto, se ha señalado como elemen - to concomitante de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, la construcción de un “dispositivo de administración del sufrimien- to” a partir de políticas públicas ajenas a su prevención o erradicación (Estévez, 2015: 7 y 16). De 2015 a 2016 se reportó a su vez un repunte sig - nificativo en la cantidad de homicidios en México en 23 de los 32 estados (Molina y Torres, 2017). Con todo y el problema persistente y también sintomático de subregis- tro, con una tasa que decuplica la de Francia y es treinta veces mayor que la del Japón, los homicidios ocuparon el sexto lugar como causa de muer- te en México en 2013, mostrando un incremento en los últimos años desde 2008; lo mismo sucede de manera ininterrumpida con la tasa de suicidio en las últimas cuatro décadas, en particular en mujeres (González Pérez y cols., 2012: 3197 y 3203; Dávila y Pardo, 2016: 251). Se ha señalado la re - lación de ambos rubros con factores estructurales, como las condiciones económicas desfavorables, incluyendo las inequidades, la marginalidad y las deficiencias en la cohesión y el capital social, pero también con los altos índices de impunidad, “que forman parte de un proceso permanente que ha permeado toda la sociedad mexicana y refleja una creciente in- capacidad del Estado para hacer efectivas sus propias normas” (Dávila y Pardo, 2016: 259-260). En el caso específico de los homicidios, se destacan a nivel micro cues - tiones de violencia de género y a nivel macro una gama de condiciones sociales, económicas y políticas en el país que abarca el atraso económico, la pobreza, la desigualdad y exclusión social, educativa y laboral, la distri- bución arbitraria y desigual de la riqueza con sus consecuentes inequida- des y marginalidad, la debilidad del Estado, la impunidad, la corrupción, la dificultad de los jóvenes para conseguir empleo, la disponibilidad de ar - mas de fuego, la ruptura de controles sociales tradicionales, la rápida ur- banización sin planificación, las nuevas condiciones de vida, los acelerados cambios demográficos y las estrategias gubernamentales frente al crimen organizado (Dávila y Pardo, 2016: 261). En este sentido, por ejemplo, se ha constatado que en entidades con mayor impunidad, donde se destruyen más hectáreas cultivadas de mariguana y opiáceos o donde el consumo consuetudinario de alcohol es más alto, la tasa de homicidios tiende a ser más elevada (González Pérez y cols, 2012: 3201). 111