Número 67

47 Se señala que a raíz de dicho terremoto, los desarrolladores ven en el desastre la posibilidad de obtener ganancias mediante la especulación. Sólo en la ciudad de México, el número de inmuebles afectados y con daño es- tructural puede haber rebasado los 30,000. En la mayor parte de los 51 edi - ficios derrumbados se detectaron irregularidades: 34 colapsaron por falta de mantenimiento, 11 estaban dañados antes y no habían sido reparados, 4 cayeron por problemas de colindancia previsibles, 3 se derrumbaron a pesar de haber sido construidos supuestamente bajo la reglamentación posterior al terremoto de 1985, y 3 tenían peso extra en las azoteas. Sin embargo, el gobierno de la ciudad de México pretende ahora, con todo y terremoto, incrementar en un 35% la densidad de construcción, a pesar de las limitaciones en infraestructura (factibilidad de agua y drenaje, usos y capacidades de carga, perspectiva urbana) que desaconsejan técnicamente dicha medida, que privilegia a los desarrolladores urbanos y una perspecti- va eminentemente mercantil (Dávila, 2017b: 7-8). Cabe precisar a su vez, aun en mínimo grado, algo del alcance de los recientes temblores de septiembre en México. Así por ejemplo, en un ba- lance general, el 80% de los municipios de Oaxaca fueron declarados zona de desastre y se calcula en 120,000 el número de personas de quedaron sin casa. Es la suma de los efectos de tres procesos: con el terremoto del 7 de septiembre quedaron afectadas 67,000 casas en el Istmo de Tehuan- tepec, abarcando 290 municipios; luego, el nuevo sismo del 19 impactó en la región mixteca, con daños en otros 74 municipios y 5,000 viviendas. Y entonces, del 30 de septiembre al 1 de octubre, las lluvias provocadas por la tormenta tropical Ramón generaron deslaves, sepultaron viviendas, desbordaron ríos e inundaron cultivos en al menos otros 80 municipios (Matías, 2017: 16-17). En tanto, a nivel nacional, el 40% de los municipios carece de coordina - ción y programas de protección civil y gestión integral de riesgo, con un licenciado en administración de empresas turísticas como titular federal del área cuando, de nuevo recurriendo al referente portugués elegido, el tema de la profesionalización en las áreas de responsabilidad pública era ya un cometido en el caso de las reformas pombalinas… hace más de dos siglos y medio. Hoy, la catalogación oficial en México identifica “cinco vul - nerabilidades”: las hidrometeorológicas, sísmicas, volcánicas, los incendios forestales y las “vulnerabilidades por actividad social” en referencia a “con- centraciones masivas” (Pantoja, 2017b: 30-31). Evidentemente, como si el asunto fuera de índole meramente técnica, las “vulnerabilidades” se cata- logan pasando por alto una vulnerabilidad determinante, la producida por las condiciones estructurales que permean a todas ellas, potencializando en este caso los efectos de las contingencias referidas. Sin embargo, en términos más específicos, el terremoto nos coloca en una disyuntiva, consistente en proseguir por la senda de esa damnificación naturalizada o bien, la de apoyar y generar procesos que subvierten esa ausencia programada, para construir una vía o una presencia emancipa- toria, con lógicas y claves nuevas, orientadas en una modalidad superior de participación política. Por cierto, nada nuevo como propósito y sí, bien requerido de propuestas operativas, ya en curso en el país. 105