Número 65

90 91 ciones fue documentado en los espacios virtuales y se diseminó esta información a nivel mundial. Otros episodios como el de Santa Elena, La Paz, no tuvieron tal cobertura debido a su magnitud local y las restricciones en el ámbito informativo en el contexto posterior al golpe de Estado. Una constante en la lucha ambientalista ha sido la invisibilización por parte de los medios de comunicación corporativos. En el caso de la lucha ambientalista de Olancho, esta alcanzó una importante cobertura en los medios de co- municación; sin embargo, el MAO no tuvo una estrategia de incidencia en los medios naciona- les. Al respecto, integrantes del MAO indican que la cobertura de sus luchas por parte de los grandes medios de comunicación, fueron “ama- ñadas” por el gobierno y los madereros, señalan que el único medio que sacó la versión de los ambientalistas y ha hecho reportajes completos sobre el problema ambiental en Olancho es el periódico El Libertador (Tinoco, 2007: 66). Entre los métodos utilizados por el Estado y sectores empresariales para suprimir la actividad se ubican aquellos de carácter disuasivo como el impedimento por la vía legal de las formas de organización, la vigilancia de líderes y los más represivos como la intimidación, desalojo y con- frontación armada por parte de militares y pa- ramilitares. En los casos de Omoa y Santa Elena, La Paz, se muestran tácticas pasivas de impedi- mento en la movilización, mientras en el caso de la Mina de San Andrés Copán se presentan des- alojos, y los más radicales se pueden observar en Olancho desde el año 2000 a la fecha. El MAO evidenció la configuración de los ac- tores sociales en disputa, de este modo el con- flicto alcanzó mayores niveles de confrontación. En un extremo, se encontraban los madereros amparados en un marco legal que les permitía realizar dichos cortes, y en el caso de que no se les autorizara, hacían acopio a convenios frau- dulentos con las autoridades encargadas de la protección de este recurso. En el otro extremo se ubicaban una serie de pobladores: campesi- nos, amas de casa, maestros y religiosos de la zona que consideraban injusto el trato que los empresarios de este rubro les daban a los recur- sos naturales. De hecho, una serie de acciones que culminaron con tres multitudinarias mar- chas hacia la capital entre 2003 y 2007 simboli- zan el enfrentamiento constante de estos acto- res sociales polarizados (Martínez, 2012: 100). En este mismo orden de ideas la persecución e intimidación armada fue evidente en el caso de la lucha contra las esferas de almacenamiento de gas ubicadas en la Bahía de Omoa. El principal líder del movimiento, el italiano Massimo Parissi -hotelero y ambientalista de la zona- fue orillado a salir del país por amenazas a muerte. La diri- gencia consideró que hubo indiferencia por parte de los operadores de justicia, confabulación de los gobiernos locales y nacionales. De esta mane- ra lo denota una declaración del Presidente de la República en 2007 a Massimo Parissi: Me dijo que no permitiría la suspensión de esas ins- talaciones porque estaban en juego sus intereses y relaciones con el gobierno mexicano […] Si que- ríamos poner una demanda internacional al Estado hondureño, que lo hiciéramos, que de todos modos él no pondría en peligro sus relaciones con el go- bierno y el capital mexicanos (Moreno I, 2007). De igual forma ha sucedido con los defenso- res ambientalistas que se opusieron a la conce- sión minera de San Andrés en Copán. En todos los casos los líderes han recurrido al Sistema In- teramericano de Derechos Humanos (SIDH) el cual ha emitido en las últimas dos décadas más de trecientas medidas de protección a periodis- tas, defensores y ambientalistas. Cabe señalar que las víctimas de este tipo de amenazas, según los dictámenes de la SIDH, deben ser protegidos por los mismos operadores de justicia y cuerpos de seguridad que han sido señalados por ellos como partícipes directos en los procesos de cri- minalización de la protesta y estigmatización de los defensores ambientalistas. En lo concerniente a la radicalización de la contienda en algunos episodios se adoptaron for- mas transgresivas de contienda, mientras que otras no se radicalizaron. El episodio de Omoa es el caso que evidencia la forma menos radica- lizada del uso, ya que la misma además de la mo- vilización y la presión social se canalizó por la vía institucional al establecerse como una Fun- dación. En segunda instancia se puede ubicar el episodio del Golfo de Fonseca que mostró cierta confrontación que al igual que al caso de Omoa concluyó la institucionalización a través de una Fundación encargada de la protección del mismo. El episodio por concesión del rio Chinacla establece una trayectoria efímera, donde el mo- vimiento atravesó varias etapas y se radicalizó desde su inicio hasta perder fuerza y canalizar- la por la vía democrática, tomando fuerza de nuevo en la siguiente década en Santa Elena, La Paz. El episodio de la mina de San Andrés, Co- pán, ha tenido mayor vigencia, no obstante, la influencia de agentes ligados a la iglesia y or- ganizaciones no gubernamentales han mediado en la radicalización del mismo, pero no en la de la empresa minera. En el episodio del MAO, de- bido al cambio en el contexto político después del golpe de Estado y la expulsión de su líder el religioso Andrés Tamayo, la radicalización se ha evidenciado, pero de manera desorganizada y sus principales demandas han sido absorbidas por la vía electoral partidista. En el caso de la CNRP esta se asentó en asambleas democráticas nacionales denomina- das conversatorios. En estos conversatorios las dirigencias de las organizaciones regionales y de base debatían y decidían democráticamen- te sobre los contenidos, los métodos de lucha y las actividades a realizar. La conducción era la facilitadora y ejecutora de las decisiones de la Llegada a Tegucigalpa de la Tercera Marcha por la vida encabezada por el Padre Andrés Tamayo, el 29 de mayo 2008. Fuente: honduraslaboral.org