Número 65

62 63 ma de los Acuerdos de Paz (1996) se han priva- tizado los sistemas de trasmisión, distribución y generación, teniendo como consecuencias el incremento de la tarifa para pequeños consumi- dores y del alumbrado público. En contraposi- ción, se ha favorecido el proyecto industrial de los grandes consumidores de electricidad, como son los empresarios del sector minero metalúr- gico y de la construcción. Otro de los objetivos de la política estatal ha sido convertir al país en uno de los principales exportadores de energía eléctrica de la región (PNUD, 2016: 247-248). Las prácticas de autogeneración de energía eléctrica que se instrumentan desde las comuni- dades indígenas enfrentan por un lado el despo- jo de sus territorios por parte de empresas y por el otro las necesidades básicas no cubiertas por el Estado guatemalteco; por ello, son un ejemplo de emancipación para la reapropiación de sus territorios y la producción y distribución de ser- vicios como la electricidad. Un ejemplo concre- to del empoderamiento social son las cuatro pe- queñas hidroeléctricas comunitarias que operan actualmente en la Zona Reina en el departamen- to de Quiché, Guatemala y generan electricidad a escala local sustentadas en modelos organiza- tivos propios. Estas centrales hidroeléctricas se encuentran en cuatro localidades: aldea Unión 31 de mayo Xecoyeu, aldea La Taña, aldea Lirio Putul y aldea La Gloria. En la región de la Zona Reina habitan 85 co- munidades. Es un área excluida por el Estado guatemalteco, carece de servicios básicos, como el de energía eléctrica a pesar de estar ubicada a Mapa de ubicación de las hidroeléctricas comunitarias de Zona Reina en la cuenca del Usumacinta. Elabora- do por Rogelio López y Ana Pohlenz (2019). escasos 15 kilómetros en línea recta del embal- se de Pueblo Viejo Quixal, la hidroeléctrica más grande de Guatemala, la Hidroeléctrica Chixoy. La Zona Reina 4 está ubicada en el municipio de Uspantán, en el departamento de Quiché, Guatemala. Enclavada en las quebradas surcadas por los ríos Cutzalá, Chixoy y Copón, así como la montaña de Lamay, la cual delimita su terri- torio. Colinda con la región del Ixcán al norte, al sur con los municipios de San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y al oeste con Cunén, dentro del departamento de Quiché y con el departamento de Alta Verapaz, al este (Colectivo Madre Selva, 2014: 21). La población de la Zona Reina representa el 40% de los habitantes del municipio de Uspan- tán (SEGEPLAN, 2010: 13). En su gran mayoría se identifican como indígenas q’eqch’i , y en me- nor proporción como poq’omchi’ , k’iche’ , q’an- job’al e ixil . La principal actividad económica es la producción agrícola de cardamomo, café y cultivos de subsistencia. Los índices de pobreza son altos con el 87.7% y con 36.6% de pobreza extrema (Colectivo Madre Selva, 2014: 22). Desde principios del siglo XX familias q’eqch’i entraron a la Zona Reina de forma espontánea y aislada provenientes de las Verapaces. A partir de 1974 el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) de Guatemala entregó tierras a nuevos colonos indígenas y mestizos, junto con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (AID), para incentivar el poblamiento del norte de la Zona Reina. La idea original era ubicar allí a 5 mil familias agrupándolas en 51 polígonos y dándoles 14 manzanas (10has) de terreno a cada una. Finalmente, se fundaron sólo 24 aldeas, con una población de 2 mil familias entre mes- tizos de la Costa sur y Oriente e indígenas de las Verapaces (de Vos, 2002: 297). Para los colonos de la Zona Reina la represión durante la guerra de contrainsurgencia cayó so- bre la esperanza de tener un pedazo de tierra 4 Este nombre le fue dado porque dicho territorio fue otorgado por el pre- sidente de Guatemala José María Reina Barrios (1892-1898) a milicianos en pago por sus servicios otorgados en la ofensiva liberal (Colectivo Madre Selva, 2014: 21). para sembrar y vivir (de Vos, 2002: 297). La fun- dación de estos asentamientos quedó enmarca- da por la violencia contrainsurgente de los años ochenta del siglo XX puesto que, en el departa- mento de Quiché, el Ejército guatemalteco im- plementó la política de tierra arrasada, dentro de la cual las masacres se realizaban de manera rutinaria, como “medida preventiva”, sin impor- tar si sus habitantes tenían o no vínculos con la guerrilla (Colectivo Madre Selva, 2014: 42). Los actos de violencia extrema tuvieron como consecuencia olas de desplazados y de refugia- dos que marcharon hacia México. Las narracio- nes de la guerra contrainsurgente coinciden en describir los actos de terror cometidos por el Ejército y las PAC, que impulsaron a la población a salir de sus comunidades, a veces en solitario, a veces en grupos, abandonando sus casas para no ser asesinados o torturados (Colectivo Madre Selva, 2014: 42). Particularmente las acciones en contra del pueblo maya llevadas a cabo durante los años 1982 y 1983 fueron reconocidas como de naturaleza genocida . De manera articulada con las políticas de tierra arrasada, el régimen llevó a cabo una importante acción de vigilancia sobre la selva y montañas, a las que los despla- zados acudieron buscando refugio (Wilson 1991 citado por Salamanca, 2015: 66). El Ejército utilizó la Zona Reina como centro de operaciones para el control del Ixcán, pos- teriormente todos los centros de población es- tuvieron bajo dominio militar. El terror sufrido por la estrategia de tierra arrasada que incluyó masacres en cadena y aniquiló poblaciones en- teras llevó a los sobrevivientes a buscar refugio en las montañas, ahí aprendieron a moverse de noche y esconderse de día, a habitar en vivien- das improvisadas y en constante alerta ante la posibilidad de ser descubiertos. El proceso de sobrevivencia fue tan tenaz que llevó a la con- formación de una organización que denomina- ron las Comunidades de Población en Resisten- cia (CPR), misma que les permitió mantenerse en una vida de constante huida de la persecu- ción del Ejército a lo largo de una década (de Vos, 2002: 305-312).