Número 65

60 61 Prácticas comunitarias de producción energética frente a la imposición de complejos hidroeléctricos en Guatemala 1 Ana Pohlenz de Tavira 2 Introducción E n Guatemala varias comunidades in- dígenas enfrentan la instalación de centrales de generación eléctrica en sus territorios. Las confrontaciones en torno al uso del agua para produ- cir energía están presentes en el país desde hace varias décadas. Según un cuadro de conflicti- vidad social del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala, se registran conflictos en por lo menos 16 de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país, algunos suspendi- dos por la oposición de las comunidades y otros que no han iniciado operaciones (Mérida, 2014). En Guatemala, desde finales de la década de los años setenta del siglo XX, comenzó el perío- do de los grandes proyectos de infraestructura hidráulica. En los planteamientos de la política pública se buscaba generar energía a gran escala por medio de plantas hidroeléctricas para fre- nar la dependencia de los hidrocarburos utiliza- dos en las termoeléctricas (INDE, 1983: 8). En la década del 2000 se construyeron en el país un puñado de represas medianas y peque- ñas esparcidas a lo largo de los territorios rura- 1 Este artículo se basa en el Capítulo 5 “Poder social y soberanía ener- gética: usos comunitarios del agua” de la tesis de mi autoría: Pohlenz de Tavira, Ana (2019) Ríos turbulentos. Conflictos en Guatemala y México por la producción hidroenergética en la cuenca del Usumacinta, Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México. 2 Dirección electrónica: anapohlenz@gmail.com les, en el marco de las reformas privatizadoras en el periodo de la posguerra. Se establecieron cinco centrales hidoreléctricas en los departa- mentos de Quiché y Alta Verapaz y se previó la instalación de 43 plantas hidroeléctricas más que incluirían al departamento de Huehuete- nango (Chan, 2016: 45-50). En los territorios donde se encuentran las centrales hidroeléctricas activas, las disputas permanecen ante la falta de resarcimiento, los escenarios de constante violencia y el reparto inequitativo de beneficios. Tal es el otro caso de los conflictos en el área de la población maya ixil del departamento de Quiché, donde se encuen- tran en operación tres centrales hidroeléctricas: Palo Viejo, Hidro Xaclbal y Xaclbal Delta, edifi- cadas en el contexto de disputas agrarias. De tal manera que los factores agrarios se redefinen en estos conflictos, ya que en los embalses se supri- me todo uso de la tierra. En San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz se han construi- do una serie de represas en cadena sobre el río Cahabón con capital español, por sus dimensio- nes más de 29 mil indígenas maya q’eqch’i , están en peligro de quedarse sin agua (Tristán, 2016). Las comunidades cercanas a los proyectos hidroeléctricos son asediadas constantemente por empresas de capital nacional y trasnacional que han impuesto, en los territorios indígenas y rurales, una dinámica de acumulación caracte- rizada por la amenaza de desalojos de tierras y exclusión del uso del agua de los ríos (Illescas, 2013: 51). Ante dichos conflictos socioambiéntales, hasta ahora el Estado guatemalteco ha incum- plido sistemáticamente su obligación de con- sulta libre, previa e informada, para otorgar o no las licencias a empresas estatales y privadas que actúan de forma impositiva y no toman en cuenta a los habitantes, a pesar de que Guatema- la ratificó en abril de 1996 el Convenio 169 de la OIT asumiendo la responsabilidad de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimien- tos apropiados y de estar obligado a ello según el Código Municipal, Decreto 12-2002 (UDEFE- GUA, 2015: 10). Los proyectos hidroeléctricos en operación y planeación se ubican en territorios con caren- cias económicas desde hace décadas y se esta- blecieron en el marco de políticas de exclusión. Los mecanismos mediante los cuales se despoja del agua de los ríos a los habitantes han variado a lo largo de la historia. Se presentan en las co- munidades como parte de una política represiva en forma de acaparamiento de tierras, desalojos violentos, engaños, compra forzada de tierras y militarización. La destrucción de los medios de vida de la po- blación y el daño a los ecosistemas provocado por las empresas generadoras de energía eléc- trica deviene en la profunda transformación de los territorios; dichos cambios van a una veloci- dad que rebasa la vida comunitaria (Merlinsky, 2013: 15). Asimismo, los desalojos violentos da- ñan la reproducción social, ya que someten a los desplazados a las decisiones de los gobiernos y los empresarios. En contraposición a los proyectos empresa- riales de producción de energía hidráulica, se encuentran una serie de prácticas de reproduc- ción social comunitaria, las cuales sientan las bases para construir propuestas alternativas que se plantean desde las necesidades de las mismas comunidades. Las comunidades que han franqueado con- flictos socioambiéntales defienden sus formas de vida vinculadas a la tierra, la naturaleza, la cultura y la organización comunitaria, con base en los vínculos colectivos y las formas de go- bierno comunitario, cuya permanencia les per- mite tener cierto control sobre sus territorios y resguardar los bienes naturales como son los bosques y los ríos (Rodríguez, 2015: 14-17). Las formas comunitarias que han garantizado la reproducción de la vida son maneras de pro- ducción de lo común. Concretamente, las expe- riencias en el campo de las energías renovables se caracterizan por el diseño e implementación de mecanismos que permiten la operación de pequeñas centrales hidroeléctricas que se ope- ran para beneficio social y no afectan los nichos ecológicos. Se trata de casos concretos de auto- gestión para el empoderamiento social. Las pro- puestas alternativas de generación de energía, realizadas y mantenidas por diversos conglome- rados sociales a escala local, se presentan como la contraparte al deterioro ecológico y social de- rivado del desarrollo capitalista. Resistencia y prácticas comunitarias de producción energética: las mini centrales hidroeléctricas de la Zona Reina, Quiché Las formas de vida comunitaria que se mantie- nen en algunos territorios indígenas de Gua- temala, en donde su población ha luchado por mantener la vida misma, permiten la realización de proyectos de autogestión energética, que son llevadas a cabo por la acción colectiva de agru- paciones sociales organizadas en torno a sus te- rritorios. Estas iniciativas son parte de las lu- chas por la liberación local desde la socialidad comunitaria (Palencia, 2015: xxxii). Es de resaltar que en Guatemala el acceso desigual al servicio eléctrico tiene una mani- festación geográfica diferenciada. La oferta de energía eléctrica no satisface las necesidades de la población 3 . A pesar de los planes de expansión eléctrica en la política pública, no se ha logrado cubrir la demanda. En cambio, a partir de la fir- 3 La cobertura del servicio de energía eléctrica en el área rural guatemal- teca es precaria e insuficiente, alrededor de 3.2 millones de personas no tienen este servicio en su vivienda (PNUD, 2016: 259).