Número 65

36 37 manera se han promovido campañas de odio, se han promovido formas de corrupción, divi- sión de autoridades, promoción de la violencia, cancelación discrecional de programas de asis- tencia y proyectos de desarrollo, especialmente en contra de la Tribu Yaqui, pero cuyos efectos impactan de una manera o de otra al resto de los pueblos, pues resulta evidente que hay una inequitativa distribución de los recursos y pro- gramas del gobierno estatal con los diferentes pueblos originarios, donde destaca de manera especial el apoyo que se otorga a pueblos como los yaqui o los mayo, en especial por su impor- tancia numérica en procesos electorales. El INPI y el Programa de Justicia Yaqui Es en este contexto, apenas aquí señalado en sus rasgos más generales, que comienza a tomar for- ma un nuevo capítulo en la historia de los pue- blos originarios y en particular, de la Tribu Yaqui y tiene que ver con el surgimiento de Morena y el discurso de la Cuarta Transformación, donde se comienza a prefigura la tan anhelada respues- ta a los reclamos históricos de la yoemia . A fines del 2018 y comienzos del 2019 se llevan a cabo una serie de foros de consulta indígena para dar forma a la política indigenista del nuevo gobier- no y que daría como resultado posteriormente la creación o refundación del antiguo Instituto Nacional Indigenista. Hay que recordar que el INI, institución emblemática del indigenismo en México fue virtualmente desmantelado durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), quien lo convirtió en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), prácticamente despojada de su carácter ejecutivo y sometida a la voluntad de las diversas secretarías de Es- tado. El proceso de consulta, cuestionado desde el inicio por diversos participantes, reflejaba las mismas formas y mecanismos verticales de con- sulta y toma de decisión. En el caso de las reuniones que se llevaron a cabo en Sonora, uno de los reclamos de la gen- te de los pueblos era el de elevar a política de estado la relación con los pueblos originarios y luchar por la creación de una Secretaría de los Pueblos Originarios, idea que fue rechazada des- de un inicio por los organizadores. Se dio a co- nocer sin embargo y se discutió el anteproyecto de creación del Instituto Nacional de los Pue- blos Indígenas (INPI), el cual establecía instan- cias, normas y procedimientos para la actuación y atención a cada uno de ellos, señalando para ello una serie de procesos de consulta, diálogo y diagnóstico de carácter comunitario y partici- pativo, para diseñar los programas y estrategias que cada pueblo requería en su condición parti- cular. Dentro de este proceso y acorde a las po- líticas de austeridad se toma la decisión de hacer desaparecer el cargo de los delegados federales, directores de diversas instituciones y represen- taciones federales; es así que entre otros desa- parece el cargo de Delegado del INPI en Sonora, responsable de la coordinación y concertación de la acción de los distintos centros coordinado- res existentes y solicitados por las comunidades. De esta manera quedaría en manos de cada uno de los centros coordinadores indigenistas en el país, la organización de los trabajos necesarios para estas etapas de diagnóstico y planeación entre cada uno de los pueblos y comunidades del país, proceso que en términos generales no se ha llevado a cabo y que además sufrió tam- bién el impacto de la pandemia por Covid-19. Es en este contexto que surge y se va perfi- lando poco a poco el Programa de Justicia Yaqui, el cual es hoy por hoy el ejemplo y guía de ac- ción para una política indigenista que aún no se está llevando a cabo en toda la dimensión de los pueblos originarios de Sonora y del país. Des- de principios de su administración el presiden- te Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) anunció su decisión de hacer justicia a las de- mandas históricas de la Tribu Yaqui, ofreciendo incluso llevar a cabo un acto oficial de petición de pedirles perdón por los agravios de que han sido víctimas. De esta manera desde fines del 2019 comienza a tomar forma el Programa de Justicia para la Tribu Yaqui, con la concurrencia de las diversas secretarías de estado y depen- dencia del gobierno federal, para realizar una serie de reuniones y acuerdos con las diversas Constellation Brands, convertir el agua del río Yaqui en cerveza Entre los años 2017 y 2018 gente de Mexicali realizó diversos actos de protesta y de resis- tencia en contra del intento de ampliación de las instalaciones de la empresa Constellation Brands, productora de cerveza y que ha adqui- rido la mayoría de las marcas mexicanas; el re- clamo de la gente en Mexicali era sobre la ex- poliación de los recursos hídricos de la región para la producción de cerveza. Como resultado de estas protestas la empresa anunció su salida de Baja California, amenazando con llevarse su inversión; al día siguiente el gobierno del esta- do de Sonora, encabezado por Pavlovich dio la bienvenida a esta empresa, que anunciaba una inversión millonaria en su planta de Ciudad Obregón, la cual se alimenta precisamente de las aguas del río Yaqui y anunciando una serie de obras de infraestructura y represos, para am- pliar la capacidad productiva de su empresa. No deja de sorprender este hecho, especialmente considerando la encarnizada guerra por el agua, en el sexenio de Padrés, donde se enfrentaban intereses políticos y económicos de los grupos de poder de Hermosillo y Ciudad Obregón, bus- cando expoliar el río Yaqui, continuando con el despojo del agua a los miembros de la Tribu Ya- qui, para finalmente otorgar una libre concesión de explotación del agua para esta empresa. En el proceso, como resulta evidente, se utilizaron programas, recursos e instituciones estatales para otorgar las facilidades necesarias a todo tipo de empresas y megaproyectos, sin respeto alguno por los derechos humanos, territorio y existencia de los pueblos originarios. De esta Cerro de Boca Abierta, límite norte del territorio tradicional yoeme. Fuente: Alejandro Aguilar (2019).