Número 65
20 21 El derecho neoliberal tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder económico y político frente la eliminación de los ‘perdedo- res’. Además, se sustenta en la arquitectura de la impunidad construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del mismo. El gobierno mexicano ha intervenido para fa- cilitar la transformación y eliminación compul- siva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo conside- radas ‘innecesarias’ o ‘superfluas’. Los gobier- nos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la econo- mía de subsistencia. 2 Si mostramos íntegra la sentencia del Tribu- nal y no comentada o glosada es por la pertinen- cia que tiene el peso de sus palabras precisas. Es de ahí que es posible establecer una línea base a partir de la cual podamos entender el desme- surado crecimiento de la violencia, el acapara- miento de tierras, la sustitución de la agricul- tura campesina y las semillas nativas, el robo y contaminación del agua y el advenimiento de los invernaderos como un sinónimo de la pres- encia corporativa con un modelo anclado en el despojo, la reconversión del bosque, el monte, las milpas diversas en monocultivos de cereales u hortalizas, dependiente de plaguicidas, pro- motor de semillas hibridas y transgénicas, deci- dido defensor del modelo industrial. Algunos botones de muestra respecto a la lógica de la agroindustria en México A la agricultura de exportación no le impor- ta nada salvo generar dividendos, y que puede disminuir sus costos pues cuenta con los prin- cipales subsidios del gobierno hacia la agricul- tura. Según testimonios se puede obtener por 2 Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (2011-2014), “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, sentencia final, apartado 3.2. ‘Las transformaciones neoliberales en México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte’”, México, 12-15 de noviembre de 2014. lo menos 196 mil por hectárea como subsidio, como lo comenta el productor David Gutiér- rez Hernández a la revista Tierra Fértil . 3 Otras cuentas de la gente que labora en el terreno con comunidades campesinas de Jalisco nos hablan de hasta 400 mil pesos por hectárea de subsid- io, 4 lo que contrasta con los subsidios o los pa- gos directos otorgados al campesinado en este sexenio que alcanzan apenas 60 mil pesos en un año por 2.5 ha, y cotejado con lo planteado por Ana de Ita siguiendo un estudio de Fox y Haight (de Ita, 2012). Resulta que los subsidios al sector agrícola distribuidos por el gobierno mexicano son sumamente regresivos, funcionando desde el TLCAN como un “proteccionismo selectivo” ya que los recursos destinados a fortalecer la producción, los apoyos directos al campo y los apoyos y servicios de comercialización agropec- uaria, se concentran entre el 10% de los agricul- tores más grandes y relegan a los pequeños, en su mayoría campesinos, a los programas de be- neficencia social. Estos autores concluyen que los subsidios destinados al sector rural son un factor determinante de la desigualdad en Méxi- co (Fox y Haight, 2010). Lo mismo afirmó el ex-Relator Especial para la Alimentación, Olivier de Schutter, en su declaración final del misión entre el 13 y el 20 de junio de 2011, poco antes que comenzara el Tribunal Permanente de los Pueblos: Menos del 8% del gasto [del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustenta- ble] se dirige a los programas agrícolas, en un país que cuenta con 80% de los agricultores con menos de cinco hectáreas [...] Las políticas agrícolas favorecen a los estados más ricos, a los municipios más ricos y a los productores locales más ricos. En 2005, los seis estados más pobres recibieron sólo el 7% del gasto público agrícola a pesar de que en ellos habita el 55% de la pobla- ción en pobreza extrema (de Schutter, 2011). 3 El señor Gutiérrez afirma: “El costo de cultivar una hectárea de arándano es de: 672,800.00 pesos con subsidio para compra de planta. Sin subsidio aumenta a 868,800 pesos” (Tierra Fértil, 2017). 4 Comunicación personal con José Godoy y Evangelina Robles del Colecti- vo Coa, 24 de mayo de 2021. Toda esta situación, afirma el documento de Demanda Colectiva presentada por el Capítulo México en 2011, es concomitante con el crec- imiento urbano e industrial, que es excepcio- nalmente agresivo, que cada año incrementa su voracidad territorial y su metabolismo incontro- lado, que sustrae recursos y aguas vitales de los campos, para sólo regresar desechos mayores, con todo tipo de venenos tóxicos en aires, aguas y tierras. A la sazón se expanden por doquier todo tipo de megaproyectos mineros, energéti- cos, hidrológicos, infraestructuras, plantaciones y mega granjas. 5 De acuerdo con el Colectivo por la Autonomía, el panorama coteja también con lo que se cuela en las asambleas, talleres y denun- cias (Godoy, Robles y Sánchez, 2020): […] donde los campesinos identifican los efec- tos de la agroindustria promovida por ‘Jalisco, el Gigante Agroalimentario’: aumento de plagas y enfermedades, erosión de suelos, desabasto de agua, cambio de clima y múltiples afectaciones sociales. Por eso proponen hacer agroecología como una vía, como una caja de herramientas prácticas para volver a la agricultura tradicional, que en la concepción cíclica de la historia siem- pre está en el horizonte, sobre todo desde que este ataque inició con la Revolución Verde. En el trabajo del Colectivo por la Autonomía, resalta la recuperación de las voces que desde los rincones del sur de Jalisco, aprisionado por estos modelos de agricultura, se plantea reitera- damente (Godoy, 2020): El agronegocio arrebata, modifica e impone en toda la cadena alimentaria y sus procesos un ni- vel de toxicidad y contaminación nunca antes visto. Hasta el punto de vincularse a cadenas económicas criminales. En Michoacán transfor- mó a comuneros en peones de la cañada y los valles, algunas veces forzados, en los campos de zarzamora, arándanos, fresa, aguacate, brócoli o papa. Todo diseñado en reuniones y progra- mas de empresas y gobiernos. 5 Ver: Demanda colectiva que el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos presentó en la Audiencia General Introductoria de Ciudad Juárez en 2012: https://issuu.com/cencos/docs/cencos.org. Ya en el momento de que convocamos al Tri- bunal Permanente de los Pueblos insistíamos en que uno de los agravios que sufría la población mexicana era el de emprender reformas estruc- turales según los lineamientos del Fondo Mon- etario Internacional, del Banco Mundial y otros organismos internacionales, convirtiéndolas en legislaciones que abren hueco para que las em- presas puedan a su antojo despojar los territo- rios de la nación de recursos petrolíferos, min- eros, acuíferos y apropiarse de más segmentos del sistema agroalimentario. Otro agravio que identificamos fue el de fomentar la agricultura industrial que atenta contra los medios de sub- sistencia de los pueblos y expulsa a sus camp- esinos hacia las ciudades o a la migración al extranjero, o peor aún a la delincuencia gen- eralizada. Esto que parecería ser resultado de acuerdos legales y el estallido natural de una modernidad globalizada, para quienes decid- imos convocar al TPP, es un claro indicio del sojuzgamiento de la legalidad y el derecho a manos de los intereses económicos, como ya apuntaba el tribunal en su sentencia. En un taller que se realizó en Roma entre diferentes procesos del Tribunal Permanente de los Pueblos y otros Tribunales de conciencia nuestra presentación afirmaba: Las corporaciones, junto con el Estado mexicano, atentan contra los entornos de subsistencia de los pueblos (sus territorios, con su tierra, agua, bosque y bienes comunes) y socavan sus medios de subsistencia con programas autoritarios de intensificación de cultivos y modos industriales de producción que propician el acaparamiento, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la privatización y contaminación del agua, la pér- dida de semillas nativas, la criminalización de su custodia y su intercambio mientras se im- ponen semillas de laboratorio. Promueven los agrotóxicos con su cauda de muerte, propician la expulsión de las poblaciones y la devastación ulterior a manos de proyectos extractivos como la minería, el petróleo y la bioprospección. Inun- dan con basura las comunidades, y promueven la urbanización sin miramientos mediante vías
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