Número 65

134 135 haber asumido la “convivencia” con el máximo depredador del modelo extractivo minero. La más reciente confrontación en contra de la actual empresa minera canadiense Equinox Gold, suma 14 años de lucha en contra de 3 go- bernantes (dos del PRD y uno del PRI), signifi- ca vivir en carne propia con las arbitrariedades de las 3 empresas mineras que han llegado a sus tierras (Goldcorp, Leagold y Equinox Gold), que son recurrentes violadoras de los derechos labo- rales y colectivos a partir de sucesos reiterados con el despido masivo e injustificado de cientos de trabajadores sindicalizados y no sindicaliza- dos, el desecho de trabajadores que han dejado de ser “productivos” por lesiones de por vida ge- neradas por la actividad minera, el ocultamiento de accidentes y defunciones de trabajadores sin extender, a sus deudos, más allá de pagos sim- bólicos para cubrir lesiones o gastos de sepelios sin establecer pensiones para viudas o menores de edad. Prevalecen también incumplimientos parciales o totales de los acuerdos establecidos en los convenios de arrendamiento de tierras y de contraprestaciones sociales, así como la con- tante criminalización de los ejidatarios ante ins- tancias federarles como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) querien- do deslindar responsabilidades sobre las y los ejidatarios ante la posibilidad del desborde de las piletas de lixiviados y la potencial contami- nación del medio ambiente, esa misma institu- ción que de forma cínica le ha proporcionado el certificado de industria limpia a pesar de los in- mensurables daños a la salud y al ambiente que son evidentes, observables e innegables. De igual manera en el ejido han ocurrido múl- tiples operativos policiacos de parte del gobier- no estatal y federal a causa de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que han deri- vado en agresiones y detenciones arbitrarias e ilegales con la fabricación de pruebas que hasta la fecha no se ha logrado encontrar indicio al- guno. Además soportar extorsiones, secuestros, asesinatos, la toma del pueblo por los diversos grupos armados que pelean entre sí tanto por los beneficios mineros como por el control del territorio lo que contempla la puerta de entrada a la sierra. Estos son algunos de los retos que, cuando se atreven a cerrar las operaciones de la empresa, saben tendrán que enfrentar. El pueblo que se niega a desaparecer El 03 de septiembre del 2020, después de varias se- siones con la empresa para señalar el hartazgo de los incumplimientos al convenio de contrapresta- ciones sociales, además de recibir recurrentes se- ñalamientos racistas y discriminatorios por parte de la empresa, la asamblea agraria decide protes- tar en las afueras de la entrada a las operaciones mineras y detener la operación de extracción de oro, hasta que se corrijan los incumplimientos. Poco más de tres mil habitantes se trasladan a la entrada de la empresa y establecen un gran campamento. Carrizalillo, aunque en franca decadencia por la actividad minera, continúa siendo habitado por una comunidad campesina ubicada al norte de la capital del estado de Gue- rrero, en lo que se le conoce como la puerta a la Sierra de Tlacotepec, es aún de las pocas que producen mezcal artesanal pero también maíz, semilla de calabaza, frijol, al mismo tiempo que luchan por no perder sus tradiciones religiosas, familiares, de organización colectiva, a pesar de constantemente ser protagonista de notas na- cionales e internacionales que poco hablan de su identidad, pero sí de los efectos sociales rela- cionados con el conjunto político y armado tan estrechamente vinculado a la actividad minera. Basta con buscar noticias de esta pequeña co- munidad para encontrar una interminable lista de hechos de violencia y de confrontaciones que no en pocas ocasiones derivan en estigmas o ca- lificativos, a tal grado que, si alguno es detenido por pasarse un semáforo en la capital del estado, prefieren evitar mencionar que son originarios de este lugar para evitar se les extorsión. En ese contexto, sus vivencias han sido capa- ces de generar una nueva categoría sociológica relacionada con la violencia, la cual es una de las varias enseñanzas de Carrizalillo: “el miedo a la identidad” , el miedo a mencionar su origen comunitario significa también, aprender a so- brevivir en medio de un contexto que los alcan- zó sin que ellas y ellos esperaran tal grado de violencia, porque la minería se instaló bajo la premisa y promesa del progreso y desarrollo. Del 2007 a la fecha, la población de Carrizali- llo nunca ha disfrutado de la protección del Es- tado y en consecuencia todas sus garantías son vulneradas de forma inverosímil. No existe su derecho a la salud y a una vida digna, tampoco el derecho a respetar y proteger su integridad física, menos el derecho que debiera asegurar la igualdad y evitar la discriminación o el derecho a la información y, por supuesto, no hay forma de hacer efectivo su derecho de acceso a la justi- cia y a un recurso efectivo 6 . Los efectos no son ficticios, ni imaginados, son reales y trastocan todas las conductas y ruti- nas de la vida comunitaria, familiar y organizati- va de la población. El miedo que inhibe el cami- nar por las calles, parcelas y escuelas, el tiempo roto trastoca la convivencia entre las y los veci- nos por temor a ser levantados, extorsionados o 6 En este sentido véase el Informe de Relator Especial de la ONU de 2019. “Implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación eco- lógicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos”. Denuncia por discriminación. Fuente: Miriam Sanz (2020). Movilización y denuncia las afueras de la entrada a las operaciones mineras. Fuente: Miriam Sanz (2020).