Número 62

9 bla; 17 investigadores, con el trabajo de indagar, conservar y divulgar el patrimonio material e inmaterial de Puebla; cuatro restauradoras res- ponsables del mantenimiento y restauración de bienes muebles arqueológicos, históricos y etno- gráficos y más de doscientos trabajadores admi- nistrativos y manuales. Por los encabezados citados vemos que el des- pido del Arq. Guzmán, fue atropellado. Este hizo acusaciones en contra de los arquitectos del Cen- tro INAH por el manejo de los recursos para res- taurar los templos de valor histórico afectados por el sismo de 2017, y por el deficiente desem- peño de las autoridades centrales del INAH. El Director General, Antrop. Diego Prieto, lo con- frontó y lo invitó a despedirse del cargo. Desde mi punto de vista, estos acontecimientos son los síntomas de algo más profundo. Mis reflexiones se remontan a 1988, cuando el Gobernador Mariano Piña Olaya, (1987-1993) con un Decreto emitido en el año de 1992 2 ex- propia 1081 Ha., en el sur poniente de la ciudad de Puebla, afectando terrenos ejidales de La Tri- nidad Chautenco, municipio de Cuautlancingo; ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, y de San Andrés Cholula, municipio del mismo nombre y parte del ejido de Santiago Momoxpan, munici- pio de San Pedro Cholula. Todos estos terrenos tenían la finalidad de crear la Reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl. Los terrenos ejidales fueron expropiados, otorgándoles a los campesi- 2 Esto sucede durante el mandato federal a cargo de Carlos Salinas de Gorta- ri, iniciador de un cambio en el modelo de Estado que de entrada modificó el artículo 27 de la Constitución, transformando el ejido en mercancía, anulando su estatus de propiedad social. Inaugurando así el neoliberalismo, modelo que rige los destinos sociales por las fuerzas del mercado y reduce a su mínima expresión la intervención del Estado como regulador de las fuerzas sociales. Estación final del Teleférico, dentro del Centro Cívico 5 de mayo. Foto Sonia Espinosa