Número 61

71 A LA OPINIÓN PÚBLICA LA INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA E HISTORIA NO ES UNA OCURRENCIA No más recortes a la investigación en el INAH ni suspensión de plazas y contrataciones Los firmantes, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, expresamos nuestro enérgico rechazo a la pretensión de suspender contrata- ciones al personal de investigación por capítulo 3000, reducir drásticamente fondos para la misma e impedir concursos de oposición de plazas vacantes. Reconocemos la contingencia por la COVID-19, sus consecuencias económicas, y la necesidad de orientar el gasto público ante ello. Pero los problemas no se resuelven creando otros igualmente graves, ni vulnerando tareas sustantivas del Estado. La Secretaria de Cultura y el Director General del INAH deben aplicar criterios consecuentes con su obligación legal de defender nuestra ins- titución, proteger sus áreas sustantivas y racionalizar el gasto en función de ello, y no plegarse incondicionalmente a criterios que parten del desconoci- miento del Instituto y sus prioridades. Exigimos transparencia ante el manejo discrecional de la austeridad por parte de la alta burocracia del INAH, hecho a costa de sus funciones sustantivas. El futuro del INAH está en juego: es mo- mento de sumar esfuerzos para que salga fortalecido y continúe con la tarea de Finalmente, reproducimos en este nú- mero el comunicado firmado por 174 investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluyendo diez profesores eméritos, rechazando las me- didas de recorte a la investigación anun- ciadas a mediados del mes de abril por el titular del INAH, Diego Prieto, publica- da en el diario La Jornada el 20 de abril y en la revista Proceso el 26 del mismo mes. Esta expresión en defensa de la ins- titución se inscribe en un movimiento de trabajadores académicos que reivindica la relevancia de la investigación como eje del mismo Instituto, sometido en los últimos años a un proceso de precarización pro- gresiva que ha continuado en el sexenio actual, aún antes de la contingencia por la COVID-19. Declarar la importancia de la investigación sin destinar recursos para ello constituye un sinsentido más. Sin investigación del patrimonio cultural, el Estado renuncia a una responsabilidad sustantiva de su competencia, la de velar por la integridad del patrimonio cultural, la memoria y la identidad del país, porque no se puede proteger ni difundir aquello que se desconoce.