Número 59

29 Una llamada a la acción preventiva: En el contexto de las enormes asimetrías econó- micas, legales y políticas multiplicadas a través de los tratados de libre comercio (TLC) y los trata- dos bilaterales de inversión (TBI) en favor de las empresas transnacionales, muchas comunidades y Pueblos Indígenas en América Latina afectados por la minería ya están incorporando lecciones de experiencias que indican que no se puede esperar hasta que se efectúen inversiones en concesiones mineras para informarse sobre sus impactos. Las comunidades y las organizaciones que las acom- pañan están estudiando dónde se han otorgado concesiones mineras y se están organizando los proyectos en sus etapas iniciales, incluso antes de que la presencia de la empresa o los inversionis- tas se haga notar. Esta manera de prevención faci- lita a las comunidades una mayor oportunidad de ejercer sus derechos colectivos, de hacer valer su autodeterminación, de declarar sus territorios li- bres de minería, así como evitar la división social, la criminalización, la violencia y la impunidad ante perjuicios. Así mismo, la prevención ayuda a evitar procedimientos arbitrales que a menudo surgen cuando las empresas ya han comenzado activida- des de prospección y exploración, más allá de que la empresa tenga verdaderos planes de construir, en algún momento, una mina en ese lugar. Además, a la luz de la amenaza que imponen las empresas mineras y de otras industrias extractivas a los pueblos, al medio ambiente, y en aras de recu- perar la soberanía nacional en materia de elabora- ción de políticas para velar por el bienestar de los Pueblos Indígenas y las comunidades afectadas, se requiere con urgencia una auditoría de los múlti- ples Acuerdos Internacionales de Inversión (tanto los tratados de libre comercio como los tratados bilaterales de inversión) actuales y, una vez que se cuente con una significativa participación pública, deben ser cancelados o elaborados nuevamente en términos que prioricen y respeten la auto-deter- minación de los Pueblos Indígenas, haciendo vin- culantes y prioritarios los derechos humanos y la protección del medio ambiente. De manera urgente, se deberían anular las cláu- sulas actuales sobre solución de controversias en- tre inversionistas y Estados y eliminar los privile- gios de inversionistas extranjeros, tales como la “Expropiación Indirecta” de ganancias esperadas, para restaurar el espacio para que los gobiernos pueden diseñar e implementar políticas públicas de interés nacional, social, cultural y medioam- bientales incluyendo la preservación, promoción y restauración de los servicios públicos. Ante la posible implementación del Trata- do de Libre Comercio de Norte América 2.0 (o T-MEC) el cual, además de representar un se- vero retroceso en muchos aspectos (tales como el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual para empresas farmacueticas, expan- sión de la biotecnología en la agricultura, etc.), es importante notar que otorga solamente a Esta- dos Unidos y Canadá el fin del uso del sistema de SCIE en tres años de ser ratificado. Sin embar- go, el mecanismo de SCIE entre Estados Unidos y México sigue vigente en el T-MEC, y aunque requiere que se agoten primero los recursos le- gales locales para imponer demandas, el sistema de demandas supranacionales inversionista - Es- tado se mantiene para contratos de gobierno con ciertos sectores, incluyendo el sector energéti- co. A su vez, si bien el mecanismo de SCIE entre Canadá y México no forma parte del T-MEC, sí forma parte del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11, o CPTPP por sus siglas en inglés) que ambos países ratifi- caron y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018. Mediante este acuerdo, las empresas mine- ras y otras empresas canadienses podrán conti- nuar presentando demandas supranacionales. Mientras sigue la amenaza de empresas mine- ras a México, América Latina y a nivel global, de someter procedimientos arbitrales con demandas con el objeto de socavar las luchas de los Pueblos Indígenas y de las comunidades afectadas dirigi- das a evitar que la industria minera destruya su territorio, sus fuentes de agua y sus modos de vida, también será necesario continuar forjando relaciones internacionales de solidaridad con sus resistencias, al tiempo que se continua demos- trando el carácter abusivo de los acuerdos inter- nacionales de protección de inversiones.