Número 59

28 Asamblea Nacional Constituyente de Ecua- dor emitió un decreto llamado el “Mandato Minero” como respuesta a las movilizaciones en diversas partes del país en contra de la apertura a la minería metálica a gran escala en Ecuador, país en el cual no había ninguna mina de este tipo en operación en ese enton- ces. El Mandato Minero ordenó la extinción sin compensación de todas las concesiones mineras por falta de consulta comunitaria previa, incluyendo por traslape con fuentes de agua, y áreas naturales protegidas, entre otros criterios. Esta medida debería de haber llevado a la cancelación de casi todas las con- cesiones mineras y todos los proyectos mi- neros que estaban vigentes en el país en este momento. Sin embargo, no se aplicó a gran parte de los proyectos mineros más avanza- dos, casi todos en manos de empresas cana- dienses, en ese momento 17 . La existencia de un par de demandas por empresas mineras, y la posible amenaza de otras, pueden haber contribuido a limitar la aplicación del Man- dato Minero que podría haber sido de gran alcance. III. Una demanda impidió la prohibición de la minería metálica en El Salvador (hasta que la empresa perdió el caso): Los esfuer- zos históricos en El Salvador emitir una ley que prohibiera la minería metálica en todo el país, no pudieron ser fructíferos mientras la demanda presentada por la empresa cana- diense Pacific Rim Cayman contra El Salva- dor en 2009 siguiera en arbitraje por 7 años. La empresa llevó su demanda en contra del gobierno salvadoreño por no haberle otor- gado los permisos para la operación de una mina de oro, dado que no cumplió con los re- quisitos ambientales regulatorios necesarios. La organización local, nacional e internacio- nal que tuvo lugar durante el arbitraje con- tribuyó a presionar al panel de árbitros del 17 MiningWatch Canada y ICLMG, “In the National Interest? Crimi- nalization of Land and Environment Defenders in the Americas”, agosto de 2015; http://miningwatch.ca/publications/2015/9/21/national-inter- est-criminalization-land-and-environment-defenders-americas CIADI del Banco Mundial y ayudó a sostener la presión sobre los legisladores salvadoreños para la prohibición minera. Cuando eventual- mente Pacific Rim (que ante su insolvencia económica fue adquirida por la empresa aus- traliana OceanaGold) perdió su demanda a finales de 2016, se creó el espacio necesa- rio para que las organizaciones salvadoreñas pudieran impulsar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que fue aprobada en la Asamblea Legislativa de El Salvador de ma- nera unánime en marzo del 2017. Si bien es cierto que hay muchas otras mane- ras a través de las cuales las empresas mineras ejercen su influencia sobre los gobiernos, entre ellas la puerta giratoria de intereses, el tráfico de influencias, la diplomacia económica, la con- tratación de empresas de relaciones públicas y el cabildeo, entre otras, con estos ejemplos documentados desde Guatemala, Ecuador y El Salvador se puede dimensionar la amenaza a la soberanía de las naciones que representa la exis- tencia de un sistema de arbitraje supranacional que les permite demandar a los Estados por can- tidades de dinero extraordinarias y ocuparles por años en procesos de arbitraje en donde las reglas están diseñadas en favor de las empresas. George Kahale III, el director de Curtis, Ma- llet-Prevost, Colt & Mosle LLP, de Washington, que es una de las dos firmas de abogados que representan únicamente a Estados en las deman- das de arbitraje, explica que el sistema es peli- groso “no para los actores de este juego (las em- presas), sino para quienes crearon el sistema y terminan siendo indefectiblemente los recepto- res de las demandas: los Estados. ¿Por qué lo de- nomino peligroso? Porque tenemos algo que se hace pasar por un sistema jurídico desarrollado en el cual se han vuelto comunes demandas por miles de millones de dólares que se crean de la nada y, aunque cueste creerlo, realmente tienen posibilidades de ganarse”. Concluye Kahale III que sería mejor diseñar un sistema de reglas de inversiones desde el principio en lugar de tratar de reformar el actual.