Número 59

23 Puntos sobresalientes del análisis de los casos examinados: Las empresas pueden presentar demandas sobre diferentes temas alegando que sus proyectos mine- ros y ganancias futuras podrían haber sido afecta- dos por diferentes tipos de medidas gubernamen- tales. De los 38 casos revisados, encontramos: • En trece, o aproximadamente un tercio de las demandas, se disputan medidas guberna- mentales tomadas durante conflictos mine- ros dónde derechos de Pueblos Indígenas y el consentimiento de la comunidad consis- tieron razones subyacentes. De éstos, nueve fueron interpuestas por empresas que, al mo- mento del arbitraje, no contaban con ningu- na mina en operación. • En veinte, o más de la mitad de los casos que se examinan, las empresas disputan medidas gubernamentales referentes a la aplicación de protecciones ambientales y de salud . De estos, quince los interpusieron empresas que, al momento del arbitraje, no contaban con ninguna mina en operación. • En quince, o más de un tercio de los casos, se disputan medidas gubernamentales vincu- ladas a la administración de recursos (por ejemplo, medidas de nacionalización o tri- butarias). Cinco de estos las interpusieron empresas que, al momento del arbitraje, no contaban con ninguna mina en operación. También, analizamos las reglas de protección de inversionistas en los acuerdos de protección a inversionistas a las que más comúnmente apelan las empresas mineras con respecto a supuestas infracciones: • Expropiación Indirecta fue recurrida en veintiún, o más de la mitad de los casos ana- lizados. Esto resulta particularmente alar- mante ya que no se refiere a la expropiación física de propiedades o inversiones, sino a las supuestas ganancias esperadas que se alega fueron afectadas por medidas regulatorias, al igual que otras acciones gubernamentales que reducen el valor de una inversión. • Trato Justo y Equitativo/Norma Mínima de Trato se invoca en veinte, o más que la mitad de las demandas revisadas . Estos tér- minos son muy ambiguos y arbitrarios, y los