Número 59

18 E n el contexto de la posible ratifica- ción del renegociado tratado de libre comercio entre México –el llamado T-MEC– (en esos dos últimos paí- ses, pues en México ya se ratificó) ha habido poco debate sobre la manera en la que el régimen para la protección de las inversiones trans- nacionales socava la soberanía nacional y la auto- determinación y bienestar de los pueblos afectados por sectores tales como la minería . Entre los di- versos cuestionamientos que son importantes de hacer de este sistema, nos enfocamos aquí sobre el derecho que se brindó a los inversionistas ex- tranjeros por primera vez con la introducción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en México en 1994, lo cual les permite recurrir al arbitraje supranacional y demandar al Estado cuando consideran que alguna política pú- blica o medida, por ejemplo en aras de proteger una comunidad o el medio ambiente, ha dañado sus inversiones y sus ganancias esperadas. Desde que se firmó el TLCAN, México se ha convertido en el sexto país más demandando por empresas transnacionales a nivel mundial. No- tablemente, unas pocas semanas después de la publicación del texto del TLCAN, renegociado como T-MEC, (disponible solamente en inglés), en septiembre de 2018, el Estado mexicano fue notificado de una demanda extraordinaria. Od- yssey Marine Exploration, una empresa minera Casino del extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional Jen Moore y Manuel Pérez-Rocha Loyo estadounidense de exploración, sin ninguna mina en operación y cuyo accionista principal es Alon- so Ancira de Altos Hornos de México S.A., notifi- có su intención de demandar al Estado mexicano por 3,540 millones de dólares por no haber apro- bado un permiso ambiental para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cercanos a las costas de Baja California Sur. Este proyecto ha sido fuertemente rechazado por las cooperati- vas de pescadores quienes dependen del Golfo de Ulloa para su sobrevivencia, además de organi- zaciones ambientales y ciudadanos organizados en Baja California Sur, dado los altos riesgos que este proyecto representa para la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Esta demanda es ejem- plar de la tendencia por parte de las empresas del sector minero, que hemos documentado a nivel latinoamericano, de utilizar este tipo de abusi- vos litigios para tratar de extraer desmesuradas ganancias de Estados latinoamericanos, como un recurso para enriquecerse a través de temerarias apuestas mediante un sistema donde las probabi- lidades están tildadas en su favor para enfrentar las crecientes resistencias al modelo extractivo minero. Esta tendencia de crecientes demandas a Esta- dos por parte de empresas mineras la hemos docu- mentado en el informe Casino del Extractivismo, 1 1 Consúltese el informe completo en: https://ips-dc.org/wp-content/up- loads/2019/06/ISDS-Mining-Latin-America-Report-Formatted-SPANISH.pdf