Número 47

46 var de soberanía constitucional a los sujetos políticos. Los representantes adquieran una gran discreción y falta de responsabilidad para tomar de- cisiones que finalmente llevan a representar sólo a aquellos que ofrecen las mejores remuneraciones. Fomentando, de esta manera, relaciones de corrupción, clientelismo así como fortaleciendo las estructuras de do- minación. Los datos empíricos de la Sierra obtenidos a través de trabajo etnográfico pero en mayor medida de archivo agrario y jurídico demues- tran que esto es cierto tanto para las relaciones formales de representa- ción política como para las relaciones informales de intermediación. El análisis de procesos de dominación en las disputas de la Tarahumara encontró que la representación o “la ausencia de los representados”, sus- tituye el sujeto colectivo –el rarámuri -, cooptando su poder de decisión y ocultando la injusticia bajo el argumento de la legitimidad. En un nivel más amplio, lo que todos conocemos como sistema democrático se con- vierte en un estado avanzado de la colonialidad del poder, que al institu- cionalizarse se vuelve estructural y hegemónica, y trabaja en beneficio de aquellos en mejores posiciones dentro de la estructura social y política. En este sentido, los operadores estatales, –legislativo, ejecutivo y judi- cial- no han rendido cuentas a los grupos sociales que ocupan posiciones desfavorables en la jerarquía social. Por otra parte, las comunidades indí- genas también han sido perjudicadas por las relaciones locales de media- ción con las instituciones del Estado. A pesar de tener la posesión legíti- ma y legal de sus tierras y vivir en un supuesto país democrático, bajo un estado de derecho y con sólidas instituciones de estado heredadas de la Revolución Mexicana, las comunidades rarámuri se han visto seriamente perjudicadas por los cauces institucionales y los procesos establecidos. De hecho, jueces y otros actores institucionales dicen realizar su trabajo y de hecho lo realizan, aunque, en cada nueva etapa, los actores domi- nantes obtenían nuevas ganancias, mientras las comunidades acumula- ban derrotas. Esto fue así hasta que las comunidades rarámuri decidieron establecer otro tipo de alianzas y desafiar a las élites en su propio terreno. En última instancia, la práctica de la auto-determinación resultó ser fun- damental para la reconsideración de las relaciones con el Estado y el esta- blecimiento de nuevas relaciones con actores como las organizaciones de la sociedad civil y su equipo de profesionales (documentalistas, biólogos, antro- pólogos, abogados y otros). Dejando atrás su relación subordinada con me- diadores del Estado, las comunidades indígenas renunciaron al mismo tiempo a seguir una cultura política (como el clientelismo) que permitía el desenvol- vimiento de dominación y sus propias tácticas. A partir de estas decisiones fundamentales, las comunidades vía sus sistemas normativos han negado su consentimiento a las prácticas formales e informales de representación po- lítica, así como a algunas de las formas institucionalizadas de dominación, contrarrestando así directa e indirectamente los efectos de las representacio- nes hegemónicas. Por otra parte, la nueva relación con organizaciones civiles solidarias estableció condiciones para la aparición de diferentes formas de poder entre las comunidades y las autoridades tradicionales. Estos procesos sugieren que las comunidades están superando la invi- sibilización impuesta por los grupos o sectores dominantes en el propio