Número 47

45 la tierra ancestral de los pueblos indígenas. En los dos últimos decenios las instituciones jurídicas han estado considerando los peritajes cultu- rales (antropológicos, arqueológicos y lingüísticos) como prueba válida en los juicios, y de manera similar actúa el derecho internacional con respecto a cuestiones de derechos humanos. 13 El contexto histórico revela también las relaciones sociales involucradas y el impacto que tienen una amplia gama de actores sobre los resultados particulares de los procesos sociales. El sacar a la luz esta versión más completa y compleja de los he- chos puede comprometer los intereses de las élites en diferentes niveles. El caso aquí descrito y los fenómenos que lo componen muestra como las instituciones del Estado se comportan como un microcosmos del Es- tado en sí mismo: son políticamente centralizadas, orientadas por la acu- mulación capitalista, y basadas en un patrón de clasificación racial así como otras ‘hetero-jerarquías’ (discriminaciones de género, edad, clase, status, etc.). Al mismo tiempo, las instituciones del Estado, en este caso representadas por las oficinas sectoriales pertinentes pertenecientes a los tres poderes (Tribunales, Secretarías de la Reforma Agraria, y otras de asuntos ambientales, indígenas o los relacionados con la representación política democrática) reproducen lo que algunos autores llaman a la tra- ma de la colonialidad del poder. En otras palabras, la formación de un nuevo sistema de control de la autoridad colectiva basada en el estableci- miento de una forma de racionalidad única, dominante y legítima para la producción de conocimiento, o una “manera en que trabajo, conocimien- to, autoridad y relaciones intersubjetivas se articulan entre sí mismos, a través del mercado y la idea de raza”. 14 Antes de que las ONG´s independientes aparecieran en escena, or- ganizaciones corporativistas se ocuparon de ofrecer asesoría y apoyo a Choréachi /Pino Gordo (antes de la separación de El Durazno). El Consejo Supremo Tarahumara (CST) fue uno de los que asumió la representación de las comunidades indígenas tales como Choréachi /Pino Gordo. Esta or- ganización fue fundada por profesores rarámuri y mestizos para repre- sentar a los pueblos indígenas de la región en sus negociaciones con el gobierno, no obstante que siempre ha estado vinculada a las estructuras políticas del partido-gobierno priísta. 15 Las causas de los problemas de los pueblos indígenas difícilmente habrían de ser abordadas por estas or- ganizaciones, lo cual se demuestra por la pobre asesoría que otorgaron a Choréachi durante el proceso de disputas antes de la década de 1990 y por la forma en que desplazaron y sustituyeron los sistemas normativos indígenas en algunas comunidades de la Sierra a través de su modelo clientelar y corporativo. La representación política estaba organizada para el despojo: por un lado, la representación está diseñada para ser un mecanismo que asegure que todos los intereses estén incluidos en la agenda y sean igualmente considerados para la toma de decisiones. Sin embargo, lo que vemos es que las instituciones representativas a menudo sirven al propósito de pri- 13 Véase Monsalve (2012). 14 (Quijano, 2000: 1-2; 2000b: 202). 15 Véase Sariego (1998) y Merino (2007).