Número 47

42 de Tuáripa, Chinatú y Las Coloradas, que dio lugar a su conversión en núcleos agrarios independientes separándose así del territorio original indígena de Choréachi . Más tarde, por los 50 peticionarios de Pino Gordo en 1937, luego por las 69 personas que recibieron la dotación ejidal de ma- nera física (aunque sin reconocimiento de propiedad individual), y final- mente, por el grupo de Montoya quien acaparó los derechos de propiedad para su propio grupo a través de la depuración censal. En segundo lugar, el reconocimiento de límites por las autoridades agrarias requiere el consentimiento de las comunidades vecinas, sin embargo, Choréa- chi no fue llamado a la verificación y reconocimiento del polígono de Pino Gordo ni al de Las Coloradas como está prescrito por la misma Ley Agraria. Y en tercer lugar, los funcionarios negociaron directamente con Mon- toya y Las Coloradas para llevar a cabo las depuraciones censales y para el reconocimiento de derechos agrarios individuales, excluyendo una vez más a Choréachi. Estas formas de exclusión resultaron en la desposesión de derechos agrarios y el territorio a Choréachi . Empero, consideramos que esta invisibilización de los pueblos y comu- nidades indígenas tiene expresiones también en otras dimensiones, como es el contexto de la reforma constitucional de 2001. En ese caso, los pode- res ejecutivo, legislativo y judicial se negaron a reconocer a los pueblos indígenas en México como sujetos de derechos colectivos conforme a los acuerdos internacionales. Cuando los intentos de suprimir a los subalternos de la agenda políti- ca no son suficientes, los actores dominantes optan por hacer uso de su poderío y representar el asunto en cuestión de manera tal que esconda los sutiles mecanismos empleados en el ejercicio de la dominación. Para ello, basándose en interpretaciones técnicas e individualistas respecto al Derecho, se presenta una narrativa de la controversia descontextualiza- da, invisibilizando así las relaciones sociales y políticas y, en contraste, impulsando una perspectiva monolítica que oscurece la complejidad que envuelve la controversia, como lo muestran los argumentos de Las Colo- radas, El Durazno y los funcionarios gubernamentales, pero sobre todo el tipo de pruebas que son aceptadas por los tribunales. Otra estrategia de despojo basada en representaciones dominantes es la despolitización de los problemas, fenómeno que aquí se define como la práctica de ofrecer interpretaciones técnicas de un problema desligán- dolo de todas las relaciones políticas y sociales. Ya que las relaciones de poder son parte de la causalidad de la injusticia social, estas narrativas se enfocan en los efectos del problema, y no sobre los orígenes del mismo. Poniendo de relieve en la agenda los efectos y no las causas, la aten- ción se desvía de las acciones deliberadas que dieron lugar a un acto de dominación, garantizando así la impunidad de sus autores. Los actores dominantes tienden a despolitizar el tema gracias al poder que tienen para controlar la forma en que se difunde la información. El propósito es tratar de minimizar el efecto de la información en los procesos de toma de decisiones o la eventual demanda de rendición de cuentas por los