Número 47

20 Secretaría de Energía (SENER), generalmente mestizos, toman ventaja del clientelismo y otras estrategias políticas para mantener el control político y el acaparamiento de recursos. En tanto a las políticas públicas desarrollistas y partiendo de la defi- nición crítica de Escobar (2007), el concepto de desarrollo se refiere a un continuo de empresas modernistas y paradigmas colonialistas, así como un discurso que sostiene un sistema de poder y que no obstante su am- plitud y vaguedad, ha dominado el debate público por medio siglo y ha guiado los pasos de la planeación gubernamental. Aunque el término mis- mo no define el sujeto del desarrollo, en la práctica se ha identificado a las reformas macro-económicas estructurales y los grandes proyectos de infraestructura (financiados por instituciones financieras transnacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) como agentes por excelencia del desarrollo. Al considerar los bienes ambien- tales de la región en comento, la explotación forestal y la minería como actividades extractivas y generadoras de capital han sido las expresiones históricas más concretas del desarrollo en el área. Sin embargo, en la última década se han añadido a estas industrias una variedad de formas de inversión que también se presentan bajo el discurso del progreso, la modernidad y el crecimiento económico. Algunos ejemplos son el nuevo impulso dado a las industrias turística y minera (con sus nuevas tecnolo- gías y legislación), así como la construcción de infraestructura carretera, y otras orientadas a la provisión de agua, electricidad, gas natural extraí- do de algunos puntos serranos y canalizado a zonas urbanas, e incluso a otros estados de la República. A lo largo del siglo pasado la construcción de represas fue una priori- dad estatal, bajo el argumento de que es la única manera de proporcionar suficientes servicios de agua a los centros de población y el sector agrícola, en ello, lo común es el desplazamiento voluntario, forzado o negociado de comunidades originarias. Las reformas neoliberales, sin embargo, estable- cieron nuevas condiciones para la apropiación privada de tierras. En la actualidad el paradigma económico neoliberal dominante en la mayor par- te del mundo ha penetrado en todos los aspectos de las políticas públicas nacionales como, por ejemplo, el promover condiciones para la inversión y mercantilización de la tierra en regiones específicas con el fin de incremen - tar las oportunidades de hacer negocio. Estos procesos a menudo implican la construcción y puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructura (tales como carreteras, represas/centrales hidroeléctricas, proyectos turís- ticos, aeropuertos y otros) o bien extractivas (petróleo, minería o madera), así como plantaciones agrícolas, cría de ganado, e incluso la implantación de regímenes de conservación o mera especulación de tierras. De hecho, el panorama actual de la territorialidad indígena en México presenta todo un conjunto de inversiones mineras a gran escala, más pre- sas, más plantaciones de cultivos, crecimiento urbanístico, turismo en sus distintas modalidades, esquemas de conservación y, por ende, de búsque- da de acceso libre a los bienes medioambientales y culturales, incluyendo aquí la cadena producción-circulación-consumo enervantes, floreciente en áreas rurales remotas.