Número 47

19 reparto de utilidades desde las concesiones de aprovechamiento a em- presas privadas. Al mismo tiempo, las normas y criterios técnicos para la conservación de los bosques han sido pasados por alto, y en su lugar, los ritmos de explotación se determinan por las demandas del mercado internacional y las oportunidades políticas. En la actualidad el modelo de política forestal en México se toma como un esquema de cogestión de la silvicultura social regulada, orientado hacia el ordenamiento de la extracción de productos forestales maderables y no maderables para el aprovechamiento sostenible y la comercialización. Los propietarios de terrenos forestales establecen contratos con las empresas madereras privadas, pero los requisitos técnicos están mediados por los consultores e ingenieros forestales. El proceso completo está regulado por tres agencias ambientales principales: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Aunado a esto, se encuentran las políticas de conservación de pago por servicios ambientales con acento en la conservación del agua y de los suelos y, más recientemente, las plantaciones de árboles. Además, se es- pera que la estrategia REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) llegue en algún momento para orientar y regular todas las políticas nacionales de conservación. Uno de los factores críticos en la naturaleza conflictiva de la operación minera y forestal resulta de la relación entre los intereses de empresas y los locales. Las comunidades están excluidas de los procesos de toma de decisiones y el acceso a la información. Mientras tanto los titulares de la Poblado de Aboréachi ( Aweliachi ), ranchería cabecera. Imagen de Víctor Villanueva, 2012.