Número 45

32 Ayotzinapa cuna de la conciencia social En contextos como el guerrerense, la atomización del poder implicó el fortalecimiento de la delincuencia organizada, heredera y continuadora de los caciques de siempre. Lo hemos dicho hasta el cansancio: en Gue - rrero, la línea entre la delincuencia organizada y amplias franjas de los gobiernos es indistinguible. No se sabe dónde comienza uno, donde ter- mina el otro, quién infiltra a cual. 15 Los sucesos de Iguala, Guerrero, en perjuicio de los normalistas de Ayotzinapa, han desatado una movilización e indignación nacional e internacional, a casi seis meses de la tragedia la demostración de ineptitud, colusión e inoperancia gubernamental ha ido en aumento. Ninguna autoridad ha sido capaz de dar una explicación sólida y creíble sobre las razones de esos asesinatos ni de las desapa- riciones forzadas, ni se ha emprendido ninguna acción verosímil para encontrar a los 43 normalistas que siguen desparecidos y procurar justicia para las víctimas y sus familiares. Al momento de escribir estos párrafos, están ya los resolutivos del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas CD-ONU or- ganismo que puso en duda la “certeza jurídica” y la “verdad histórica” del procu- rador Jesús Murillo Karam. Explica el Comité que el caso “ilustra los serios desa- fíos que enfrenta el Estado (mexicano) en materia de prevención, investigación, y sanción de las desapariciones forzadas”, afirmando que la desaparición forzada es delito “generalizado” en gran parte del país y que sus perpetradores gozan en su inmensa mayoría de total impunidad. El señalamiento no es menor, dado que en el derecho internacional humanitario, como lo señala el Tribunal Penal Inter- nacional (Roma, 1998), la desaparición forzada practicada de forma generalizada o sistemática incluso en tiempos de guerra es considerada un crimen contra la humanidad, continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto o amnistía y debe ser investigado por el fuero común. 16 La respuesta del gobierno mexicano se dio a través del titular de la Se- cretaria de Relaciones exteriores José Antonio Meade, quien calificó de “in - exactitudes” las recomendaciones del Comité de la ONU, asimismo dicho Comité recomendó al gobierno mexicano la urgencia de llevar a cabo ac- ciones para resolver dicho problema, entre ellas, crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional. Interesante y necesario sería saber a partir de este registro de víctimas, a qué estratos de la sociedad pertenecen, el género y la edad. Recordemos que varios estu- diosos (Víctor Toledo en 2006 y Gilberto López y Rivas en 2015) han seña- lado que el Estado mexicano ha implementado una política de juvenicidios en donde los agredidos son precisamente los jóvenes, de cualquier género, pobres e indígenas. 17 Asimismo para documentar esta política en contra de los jóvenes aplicada en Guerrero recomiendo leer el artículo de Mariana 15 Barrera, Abel. Del 2 de octubre al 26 de septiembre. La jornada 3 de octubre del 2014, página 26 16 Confrontar el artículo de Carlos Fazio en la Jornada. Murillo Karam y su viernes 13, 16 de febrero, pág. 21 17 La violencia estructural contra los jóvenes ha sido examinada por el Tribunal Perma - nente de los Pueblos en su Audiencia Temática sobre la Destrucción de la Juventud. Capítulo México que se llevó a cabo del 8 al 10 de diciembre del 2014 en la Ciudad de México. . Jovenese - mergencia.org/tag/tribunal-permanente-de-los-pueblos/tribunal Permanente de los Pueblos. DSC_0061