Número 45

25 xtitlán, Copala, Tixtla, etcétera, pertenecientes a la CRAP-PC; La Unión de pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero formada en 2013 (UPOEG); 4 la construcción del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en la Monta- ña de Guerrero, también con 20 años de antigüedad; el Movimiento Popular Guerrerense (MPG). El papel de estas respuestas organizativas locales es de vital importancia, pues forman parte de la memoria histórica del estado, además cuentan con una fuerte presencia y arraigo ante la profunda crisis de inseguridad, violencia y violación sistemática de los derechos humanos. Las policías comunitarias son la respuesta desde la tradición, desde lógicas culturales para la resolución de conflictos a través de normas comunitarias de larga data. Asimismo muestran la “incapacidad” del Estado para brindar seguridad y justicia en amplias regiones del país. Abel Barrera Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, acertadamente expresó en julio de 2013, el sentir de su organización: En Guerrero dos gobiernos consecutivos autodefinidos como izquierdis - tas en el discurso, no han revertido los patrones de violaciones a derechos humanos, como lo evidenciaron los abusos cometidos en el marco de la represión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011. En este escenario, la lucha por los derechos huma- nos aparece para el oficialismo como una quimera respaldada por gen - te inconforme. Pero paradójicamente, en el contexto de la Montaña de Guerrero, donde los derechos reconocidos en las normas son negados cotidianamente por la oprobiosa realidad, la apropiación y el uso de los mismos derechos desde la lógica comunitaria sigue siendo un instrumen- to efectivo para cohesionar las luchas sociales, para crear movimientos emblemáticos que resisten la violencia caciquil y delincuencial. 5 Este escenario de oprobio, brevemente enunciado remite por último, al Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Gue- rrero (15 de octubre de 2014). 6 La Comverdad define la guerra sucia en Mé - xico y la sitúa a finales de los años 1960 a principios de los 1980, señalando que los autores materiales e intelectuales fueron corporaciones del Estado mexicano en contra de la sociedad civil (ejército y policías, características semejantes a lo sucedido en Iguala) y para caracterizarla señala torturas, violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, impunidad, des- apariciones forzadas, acciones armadas y de intimidación contra comuni- dades de campesinos, estudiantes y maestros. Todo ello con el agravante del ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. Resumiendo, para la Com- verdad guerra sucia es violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. De acuerdo a este enunciado, concluyo que en el Estado de Guerrero existe una permanente guerra sucia, desde los 1960 hasta la actualidad. 7 (Condi- 4 Para fines de 2013, en 43 de los 81 municipios de Guerrero tiene presencia algún tipo de policía comunitaria o policía ciudadana. Informe CNDH, 2013 http/ /www.cndh.org.mx/sites/ allfuentes/documentos/informes/especiales/2013_IE_grupos_autodefensa.pdf. 5 Barrera, Abel. Guerrero: el epicentro de las resistencias. La jornada, 20 de julio de 2013. Página 17 6 http://w.w.w.jornada.unam.mx/2014/10/14/politica/008nlpc . http://desinformemonos.org.PDF/ InformeFinalCOMVERDAD.pdf 7 Opinión también expresada por un integrante del MPG quien habla de una “segunda guerra sucia” relatada en el artículo de Mariana Mora, Ayotzinapa, violencia y el sentido del agravio colectivo: reflexiones para el trabajo antropológico. Boletín del Ciesas, no, 25 enero de 2015.